Pienso, luego me desaparecen”. El hecho es por demás conocido. El 26 de septiembre, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por la Policía municipal y sicarios armados en Iguala, estado de Guerrero, México. Tres de ellos, junto a otras tres personas, resultaron asesinados. Otros 25 están heridos, y 43 normalistas fueron secuestrados y hasta hoy continúan desaparecidos. No se trató de un clásico acto de represión/brutalidad policial. Tampoco es un ajuste de cuentas de bandas criminales.
Han transcurrido cinco semanas y el saldo de impunidad es vergonzoso. Como efecto de la creciente presión nacional e internacional, dos docenas de policías fueron consignados, el narco-alcalde de Iguala y su esposa se dieron a la fuga y el gobernador de Guerrero “pidió licencia”.
Qué tal. Y no hay rastro de los 43 desaparecidos, mientras en diferentes movilizaciones en México y en varios países del mundo se oye más fuerte la exigencia: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Asediados por la crueldad del hecho y la movilización ciudadana, el poder político y los poderes fácticos (entre ellos el mediático) ensayan fallidas “explicaciones” para zanjar el asunto. Dicen que la represión fue obra de algunos armados por orden del Alcalde hoy prófugo. O que en extremo se trató de una acción del narcotráfico en su versión local. Hasta conceden que pudo haber negligencia del nivel estatal. Pero ninguno quiere admitir lo evidente: ¡fue un crimen de Estado!
No se trató de un hecho aislado, pues, ni constituye otro “daño colateral” en la guerra del/contra el crimen organizado. Estamos ante una sistemática acción estatal orientada a debilitar cuando no destruir (criminalizar cuando no matar) a quienes se organizan y protestan. Y este crimen, en especial, tiene que ver con un “enemigo interno” del Estado mexicano: la Federación de Estudiantes Campesinos que congrega a jóvenes de 16 normales rurales. Entre ellos los de Ayotzinapa, con larga tradición de lucha.
¿Cuál es la exigencia que hoy apunta al Gobierno federal de México? Primero, la aparición con vida de los 43 normalistas secuestrados, justicia para los seis asesinados y atención a los heridos. Segundo, la identificación y castigo de los autores materiales e intelectuales de este crimen, en todos sus niveles. Y tercero, el juzgamiento del Secretario de Gobernación, el Procurador General y, claro, el presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ahora solo han respondido con dilación y cinismo.
Vea usted. En pasados días, la Procuraduría General informó el hallazgo de diez fosas clandestinas en Iguala, en las cuales se encontraron 38 cuerpos. Con sensación de alivio (sic), el Procurador aseguró que, según los estudios de ADN, ninguno corresponde a los normalistas desaparecidos. Ah, bueno, menos mal. ¿Y de dónde salieron esos cadáveres sin nombre? ¿Serán parte de los más de 26.000 desaparecidos y cerca de 147.000 asesinados registrados en la última década?
Al parecer estamos ante un régimen de terror que, con total impunidad, se ha convertido en una máquina de reprimir y matar en medio de la connivencia entre diferentes instancias/autoridades del Estado, las corporaciones militares-policiales, el sistema político y el crimen organizado.
Es una verdadera guerra. Sí. ¡Contra el pueblo de México! ¿Y los derechos humanos? ¿El derecho a la vida? Andarán por ahí, escondidos y magullados. O peor, en una fosa común.
El pasado viernes, en la ciudad de La Paz, hubo una ofrenda en homenaje a los 43 normalistas desaparecidos, al pie de cuyas fotografías se prendieron velas. El acto, impulsado por el Comité de Solidaridad por México-Bolivia, formó parte de una acción global. Pero la solidaridad y el repudio, siendo importantes, no bastan. Es fundamental indignarse con agitación y rabia. Es vital sentirse agraviados personalmente ante este crimen de Estado. “Nunca más / Ya basta”, son las consignas…