En el sistema universitario nacional hay una irregularidad burocrática con tintes de discriminación y centralismo extremos. La Constitución Política del Estado manda que la educación universitaria es fiscal y privada, lo que significa que en ambos casos, tanto en las universidades públicas como en las privadas, los estudiantes deben tener igualdad de derechos a tiempo de rendir sus exámenes de grado y lograr la obtención primero de su diploma académico y después de su título en provisión nacional.
En el tema exclusivo de los exámenes de grado hay un mecanismo burocrático injusto, irracional y perjudicial para los estudiantes de las universidades privadas, a los que se los somete a un verdadero tormento para autorizarles la recepción de su examen de grado público en contra de los principios que proclama la CPE.
El caso es el siguiente. Todos los estudiantes de las universidades privadas, a tiempo de concluir sus estudios, deben rendir dos exámenes de grado, uno privado y otro público. El primero ante un tribunal conformado por docentes de la institución privada y el segundo ante un tribunal conformado por docentes nombrados por universidades públicas. Esta es la ley y no la objetamos en absoluto. La irregularidad surge cuando los estudiantes de las universidades privadas, luego de rendir su examen privado, deben esperar meses y hasta años para que el Ministerio de Educación los habilite, es decir, les autorice rendir su examen público.
El trámite es el siguiente. Una vez rendido el examen privado, la universidad privada debe elevar al Ministerio de Educación en la ciudad de La Paz todos los antecedentes académicos del estudiante y pedir autorización para organizar el examen público, trámite que por lo general dura seis meses. Una vez radicado el trámite en La Paz, se eterniza causando angustia y perjuicio en el estudiante que se ve inmovilizado de poder conseguir un trabajo o viajar, por estar pendiente del examen que debe rendir, hecho que también causa enorme perjuicio a su familia, peor aún si el estudiante es extranjero.
Un caso concreto que ilustra esta injusticia es la siguiente. El 26 y 27 de mayo del presente año, los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Petróleo, Gas y Energías de la Universidad Privada del Valle (Univalle) rindieron su examen de grado privado. La administración de dicha universidad envió los documentos de dichos estudiantes al Ministerio de Educación en La Paz el 6 de octubre, trámite que signado con el número 43096 fue radicado en la Sección de habilitación de dicho ministerio, donde seguramente tardarán por lo menos otros seis meses para despacharlo, si se toma en cuenta que en dicha oficina se concentran los trámites de todas las universidades privadas del país. Con lo que, mientras se conforme el tribunal y se organice el examen público, habrá transcurrido por lo menos un año, tiempo en el que el estudiante habrá permanecido inmovilizado, desactualizado y perjudicado en todo sentido por este trámite burocrático.
El Estado debe garantizar que los estudiantes tanto de las universidades públicas como privadas ejerzan su profesión en plazos racionales y contribuyan con su trabajo al desarrollo nacional, sin someterlos a este absurdo burocrático que no solo es un enorme perjuicio para ellos, sino que también es un mal mensaje para la juventud estudiosa.
Consideramos que el Ministerio de Educación debería encontrar un mecanismo más expedito a nivel regional, ahora que la autonomía está consagrada en nuestra Constitución, para facilitar la recepción de estos exámenes, de tal manera que, una vez rendido el examen privado, casi de inmediato, en un plazo no mayor a un mes el postulante pueda rendir su examen público de grado y tramitar su título profesional.
Una medida inmediata que ponga fin a esta injusticia constituiría un enorme alivio y beneficio no solo para los estudiantes perjudicados, sino también para sus familias y para el Estado, que necesita incorporar prontamente a estos jóvenes profesionales al desarrollo nacional.