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martes 24 may 2022 | Actualizado a 05:55

Mal servicio aéreo

Una mayor competencia en el mercado aéreo incidiría positivamente en los consumidores

/ 11 de noviembre de 2014 / 06:15

Hasta octubre, según indica un informe de la ATT, los operadores aéreos recibieron 1.349 reclamos de los usuarios en el país, la mitad corresponde a demoras y a la cancelación de vuelos. Además se registraron denuncias por una deficiente atención (107), equipajes dañados (43), cambios de itinerario (53) y maltrato al viajero (36), entre otros.

De acuerdo con un sondeo elaborado por este diario a una treintena de pasajeros, Transporte Aéreo Militar (TAM) es la compañía que concentra la mayor parte de los reclamos por demoras y la cancelación de vuelos, seguida por la estatal Boliviana de Aviación (BoA) y en menor medida Aerocon.

Para el responsable de Difusión del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, este tipo de abusos son corrientes en el país en parte porque la población aún no ha desarrollado una cultura de reclamo. Y sin las respectivas denuncias, señala, el Gobierno no puede sancionar a las firmas que no prestan un buen servicio. Empero, consultado por el gran número de quejas que pesan sobre la compañía comercial de la Fuerza Aérea Boliviana (600 hasta junio, 65% por retrasos y cancelación de vuelos, y 25% por daños en el equipaje), la autoridad aclaró que el Gobierno aún no puede sancionar a esta compañía porque no forma parte del sistema de regulación y se rige por una norma castrense. 

Las cifras antes mencionadas ponen en evidencia serias deficiencias a la hora de regular el servicio aéreo en el país, pero también y sobre todo la falta de una mayor competencia, lo que incidiría positivamente en los consumidores.

En efecto, es de conocimiento público que un reducido número de empresas que concentran la oferta de un sector comercial o industrial siempre va en desmedro de los consumidores, pues, al tener la exclusividad de un mercado se dan el lujo de imponer tarifas elevadas por bienes y servicios cuya calidad suele ser deficiente. Y esto es lo que justamente está ocurriendo con el servicio aéreo del país.  De allí la importancia de contar con entidades reguladoras sólidas que velen por el derecho de los consumidores, pero también de que el Estado garantice la libre competencia para evitar los monopolios y oligopolios, tal como ocurre actualmente.

Al respecto cabe recordar que en 2008 la compañía Aerolíneas Sudamericanas no pudo alzar vuelo, pese a haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el país. Esto porque la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil postergó en reiteradas ocasiones la entrega de la licencia comercial, hasta que la empresa ya no pudo soportar la espera y quebró. Si en ese entonces no se hubiese entorpecido el ingreso de esa compañía aérea, en estos momentos la población contaría con mejores precios, mayores opciones y un mejor servicio de aeronavegabilidad.

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Bolivia, el país con la economía más sólida

/ 24 de mayo de 2022 / 01:06

La invasión rusa contra Ucrania promovió un considerable cambio geopolítico, el cual inevitablemente condicionará la realidad mundial a largo plazo, habiéndose promovido además la transformación de la agenda internacional. Ante este escenario, es propicio mencionar que la historia refleja que algo similar ocurrió con la caída del Muro de Berlín allá por 1989 y la desaparición del bloque soviético en 1991, el atentado contra las Torres Gemelas en 2001 y la crisis financiera global de 2008. Si bien con el hecho más reciente pareciera emerger un mundo más incierto, tanto económica como geopolíticamente, se pueden avizorar espacios de oportunidad para terceros países, y un ejemplo claro de ello son los de América Latina.

En ese entendido, la actual coyuntura ha vuelto a conceder cierto protagonismo a los países latinoamericanos, los cuales han afrontado diversos efectos directamente vinculados con el conflicto bélico. Desde el punto de vista económico, un hecho perceptible es el incremento del precio de los hidrocarburos y de otras materias primas, lo que ha beneficiado a los países productores y castigado a los consumidores. Asimismo, se ha podido constatar importantes tensiones inflacionarias.

Es evidente que la invasión rusa a Ucrania ha reactivado la incertidumbre mundial, deteriorando las expectativas de crecimiento económico y dificultando aún más la salida de la crisis pospandemia en América Latina. Sin embargo, la subida del precio del petróleo es un aliciente para los países productores con problemas de inflación o caída de recursos, o que han experimentado un deterioro de sus cuentas fiscales. En este escenario, el aumento de los precios de las materias primas que comenzó en 2021 y cobró un mayor impulso a causa de la crisis ucraniana, podría promover a las economías latinoamericanas que dependen de las exportaciones de dichos insumos. Sin embargo, esto repercute en la interrogante de si el auge actual de las materias primas podría incentivar a contraer tasas de crecimiento más rápidas en una región que ha estado en un modo de crecimiento lento desde el último auge de las materias primas en 2014.

Quedando establecido que existe una fuerte correlación entre los precios de las materias primas y el crecimiento económico de los países latinoamericanos. El auge de estos insumos, fomentado por una fuerte demanda mundial, ha sido un factor clave del crecimiento económico en una región que continúa dependiendo de las exportaciones de productos básicos. Ante tal escenario, es importante reconocer que la dependencia de los países latinoamericanos de las materias primas para impulsar el crecimiento los deja vulnerable a las crisis de precios y ciclos económicos. Lo cual se pudo constatar de forma evidente en gran parte de la región, posterior al último auge de las materias primas en 2014.

Ante esta coyuntura, la revista Economist Intelligence Unit (EIU) realizó un estudio denominado Las perspectivas para América Latina en medio de la guerra de Ucrania, que tuvo la particular intención de medir qué países de esta región del mundo están mejor posicionados respecto a otros para resistir e incluso prosperar en el entorno global actual, para lo cual tuvieron a bien diseñar un mapa de calor (diseñado en una escala de 1 a 5, donde la proximidad a 1 muestra una mejor posición) que evalúa el desempeño de la región en el ámbito de siete indicadores clave, tales como la inflación, la deuda pública, los pagos de intereses/ingresos del sector público, el ratio de las exportaciones de materias primas respecto a las exportaciones totales, balanza por cuenta corriente (% del PIB, 2021), riesgo de estabilidad política y el riesgo legal y regulatorio.

Los resultados de dicho estudio demuestran que Bolivia es el país mejor posicionado entre los cinco menos vulnerables de la región, con una puntuación de 2,14, seguido por Ecuador, Paraguay, Chile y Perú. El otro lado de la moneda son El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todos están entrando en crisis con niveles relativamente altos de deuda pública, desequilibrios externos sustanciales y alta inflación, y ninguno es un importante exportador de materias primas.

Este suceso refleja una vez más, ante constantes críticas carentes de fundamentos reales, la eficiencia del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) diseñado e implementado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Es un hecho destacable que el MESCP sí funciona y prueba de ello es que ha logrado estabilizar la economía boliviana ante escenarios bastante adversos, obteniendo como resultado perspectivas favorables para la población boliviana en el ámbito interno y externo.

Álvaro Nina Nina es economista.

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El imperio del contrabando

/ 24 de mayo de 2022 / 01:00

¿Y si les dijera que la independencia de los EEUU fue inspirada por una patriótica defensa del contrabando de molasa, materia prima para la elaboración de ron, que el yugo británico sobre las Trece Colonias hacía cada día más difícil? ¿Que su revolución industrial fue impulsada por el contrabando de patentes, tecnologías y el robo de cerebros, a costillas de Inglaterra? ¿Que sus propios ejércitos independentistas financiaban sus campañas militares con los ingresos provenientes del contrabando de esclavos y cigarrillos desde el Sur? Es decir, ¿si les dijera que el contrabando es tanto acerca de construir estatalidad, como de subvertirla?

Esa es la provocadora tesis del no tan reciente libro del politólogo estadounidense Peter Andreas, Smuglers Nation: How Illicit Trade Made America (que puede traducirse como Nación de contrabandistas: Cómo el comercio ilícito construyó América), publicado en 2013, donde hace una exhaustiva revisión de la historia del imperio del norte a través de los lentes del contrabando, explicando gran parte de su éxito por su capacidad para borrar las líneas imaginarias del comercio internacional, pero a su favor. El contrabando, nos recuerda el autor, no es más que el libre comercio llevado hasta sus últimas consecuencias, razón por la cual Adam Smith les derrochaba a los agentes de esta actividad no pocos halagos.

No es, pues, una anomalía en el sistema, sino algo intrínseco a él, debido a que las mercancías que lo componen corren por las mismas vías que las de carácter legal, muchas veces movilizadas por los mismos agentes que forman parte de la economía formal. Andreas nota, en el prefacio de su libro, cómo la producción de cocaína en Latinoamérica no sería posible sin la materia prima legalmente importada desde los EEUU, como los precursores o papel higiénico.

Es de notarse cómo en el ámbito de las economías informales se repite el patrón de la división internacional del trabajo, que separa a Estados productores de materias primas de Estados que producen bienes con valor agregado o que se benefician de su comercialización. Las millonarias ganancias del narcotráfico las reportan cárteles brasileños y colombianos, no los productores campesinos bolivianos. El contrabando, huelga decirlo, puede actuar a favor de un Estado mientras lo hace en contra de otro.

¿Cuál es la diferencia entre una forma y otra de contrabando? Siguiendo a Andreas, es de notar que, de la misma forma en cómo sucede con el narcotráfico, la priorización de algunas formas de contrabando sobre otras refleja las asimetrías de poder que pueden darse en las relaciones internacionales.

Así, advierte el autor en otro artículo académico, que mientras el desecho de desperdicios del norte al sur (veamos el caso de la ropa usada en Atacama, Chile) o de antigüedades del sur al norte no reciben mucha atención en las agendas bilaterales entre dichos Estados, el narcotráfico y la migración ilegal copan sus agendas, siguiendo los intereses de los polos dominantes de estas relaciones entre países. Nuevamente, y al igual que sucede con las drogas, se trata de determinaciones políticas antes que técnicas.

¿Y si México condicionara su cooperación en la lucha contra el narcotráfico a una respuesta proporcional desde los EEUU respecto al contrabando de armas?

Este enfoque no es aplicable a todos los casos, por supuesto. El problema del contrabando de vehículos desde Chile o de alimentos desde Perú seguramente tendrá que seguir otro tipo de enfoques, pero me atrevo a suponer que la solución a estos problemas, como casi todo en la vida, es política. Para corroborar esto solo hace falta revisar la siempre polémica historia de los EEUU, el imperio del contrabando.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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Burocracia administrativa

/ 24 de mayo de 2022 / 00:57

En sujeción al Circular CI/DGAA/UGPSEP Nº 0017/2022, emitido el 12 de mayo de la presente gestión por los viceministros de Educación Regular, Bartolomé Puma Velásquez, y de Educación Alternativa y Especial, Sandra Cruz Nina, se dispone sorprendentemente la ampliación de designaciones y movimiento del personal docente y administrativo en ejercicio.

Esa disposición establece que este personal podrá participar en procesos de selección y designación (compulsa de méritos), permutas (cambio voluntario a otro contexto educativo) y reordenamientos (pertinencia académica) hasta el 31 de mayo, en ítems de nueva creación y consolidados, y que posterior a esa fecha la participación será exclusiva para reincorporados y nuevos.

Paradójicamente, en pleno empiezo del segundo trimestre algunas unidades educativas fiscales y de convenio en los niveles inicial, primario y secundario continuarán con la irregularidad en el desarrollo curricular, a causa de la vigencia del movimiento del personal docente en determinadas áreas de saberes y conocimientos.

Consiguientemente, es menester precisar que las unidades educativas involucradas en los procesos burocráticos de selección y designación, permutas y reordenamientos para el personal docente, tendrán como consecuencia inmediata la interrupción en el desarrollo curricular, afectando la secuencia en la enseñanza y el aprendizaje.

En tal sentido, los maestros salientes y entrantes de una unidad educativa a otra deberán aplicar diagnósticos a los estudiantes para determinar el nivel de asimilación de los contenidos curriculares de las áreas del año de escolaridad (curso) al cual corresponden, causando estancamiento en el cumplimiento de los objetivos holísticos anuales y trimestrales.

Es obvio, por ello, la afectación al normal desarrollo del proceso curricular, siendo que, en la mayoría de los casos, las unidades educativas afectadas con la salida de algún miembro del personal docente deberán esperar días para la designación de un nuevo maestro.

Sorprendentemente, hasta la fecha el Ministerio de Educación, las confederaciones de maestros urbanos y rurales, la Junta Nacional de Madres y Padres de Familia, además de la representación estudiantil, no lograron solucionar la burocracia administrativa que se constituye en debilidad y amenaza constante del normal desarrollo del proceso educativo.

Por tanto, los actores educativos de los niveles central, departamental y distrital deben comenzar con el trabajo de políticas administrativas que desburocraticen los procesos de selección y designación, permutas y reordenamientos del personal docente y administrativo, los cuales deberían concluir antes de la inauguración de una nueva gestión educativa y escolar.

Luis Callapino López es magíster en Políticas de Formación Docente.

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Estabilidad en tiempos de guerra

/ 24 de mayo de 2022 / 00:54

La guerra desatada en Ucrania sin duda tiene impactos más allá de sus propias fronteras. Europa se ve asolada por una inflación del 7,5%, según el periódico digital LaRepublica.com, por el efecto “boomerang” causado por las sanciones impulsadas por Estados Unidos a Rusia; en tanto que por este lado del planeta, las economías de los países de Latinoamérica también van sintiendo los efectos de este conflicto bélico.

Economist Intelligence Unit, en su estudio The outlook for Latin America amid the Ukraine war (Las perspectivas de América Latina en medio de la guerra en Ucrania), evalúa el impacto de esta guerra en nuestro continente, y lo más destacable es el posicionamiento que alcanza la economía del Estado Plurinacional de Bolivia entre los países mejor preparados para hacer frente a la crisis internacional. En efecto, nuestro país se encuentra en primer lugar entre todos los países de la región para prosperar en un contexto desfavorable, seguido por Ecuador, Paraguay, Chile, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, México y Argentina, entre otros; por el lado opuesto, entre las economías más vulnerables se encuentran Brasil, Panamá, Nicaragua y El Salvador.

Ante esta realidad, la comunidad internacional se pregunta ¿cuál es la receta que hace que Bolivia mantenga una posición estable en la coyuntura mundial? Conforme la citada unidad de negocios dependiente del grupo The Economist, algunos de los factores para este posicionamiento son: a) el uso de las materias primas, y b) el control de la inflación.

Respecto a las materias primas señala que, en la coyuntura actual, éstas impulsan al crecimiento económico de los países de Latinoamérica, ya que existe un auge en su demanda.

Afortunadamente el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Decreto Supremo 28701, nacionalizó los hidrocarburos en 2006 e incluso, a través del artículo 311 de la nueva Constitución Política del Estado de 2009, se determina que los recursos naturales son de propiedad de los bolivianos y que son administrados por el Estado. Por lo tanto, el hecho de que estos recursos estratégicos pertenezcan a los bolivianos y no a empresas internacionales le da la musculatura necesaria al país para establecer políticas y afrontar la crisis actual.

Según Economist Intelligence Unit, estas ganancias inesperadas se traducen en más inversión para el país, en la elevación del empleo y por lo tanto en un mayor consumo (es decir más movimiento económico).

Respecto a la inflación, ésta se disparó en todo el mundo, pero Bolivia tiene esta variable controlada; es más, para 2021 nuestro país obtuvo la inflación más baja de la región, con un valor del 0,9%, según el Instituto Nacional de Estadística, esto significa que el poder adquisitivo de nuestros billetes se mantiene sólido.

Por su parte, según Statista, institución de estudios de mercado internacional, la perspectiva de la inflación boliviana para 2022 es de 3,2%, lo que la convertiría en la segunda más baja de la región, solo por encima de Panamá con 3,1%; por el contrario, los países con datos no muy alentadores son: Venezuela con 500% de inflación, Argentina con 51,7% y Paraguay con 9,4%.

En síntesis, conforme este estudio internacional, mientras otros países sufren los efectos adversos de la guerra en Ucrania, Bolivia se mantiene como una “isla económica” con una inflación controlada y con perspectivas de crecimiento económico en un escenario complejo.

No faltarán los criterios opuestos que señalen que estamos en una “falsa economía blindada”, que “Bolivia está en crisis económica” o que “vivimos peor que nunca”, argumento que repiten sectores políticos hace más de 14 años; no obstante, a la luz de estudios internacionales, está demostrado una vez más que Bolivia se mantiene con estabilidad económica, incluso en tiempos de guerra.

Wilson Atahuichi es economista.

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Tentador pero ilegal

/ 23 de mayo de 2022 / 00:56

“¿Te gusta ver series y películas desde tu casa? Tu streaming favorito por solo Bs 5”.

Tentador pero ilegal. Es complejo analizar la piratería en esta ola de consumo de plataformas online, que se ha presentado especialmente tras el aislamiento social impuesto por la pandemia del COVID-19. No obstante, es un problema masivo y que va en aumento. Entre enero y septiembre de 2021, la demanda global de piratería alcanzó los 3.700 millones de transmisiones y descargas sin licencia. Con más de 64.000 millones de visitas en total, la televisión es el sector más pirateado. Le siguen el rubro editorial, del cine, música y software. Claramente, la cifra de piratería es lo suficientemente alta como para denominarlo un problema crítico. Si estos datos se relacionaran con archivos maliciosos o con la filtración de datos, se clasificaría como uno de los peores problemas.

La piratería es muy perjudicial para la industria audiovisual y afecta a aquellos que buscan actuar dentro de la ley. A la vez, los servicios de streaming pirateados abren las puertas para el acceso de los delincuentes a datos personales, institucionales y empresariales, facilitando las estafas y el fraude electrónico. Además de los delitos, este consumo perjudica a la economía, la innovación en el ámbito audiovisual y a su vez pone en riesgo varias fuentes laborales.

Según el ente regulador en Bolivia (www.att.gob.bo), el número de conexiones a Internet, a septiembre de 2021, alcanzó la cifra de 11.443.204. El eje central, es decir las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son líderes en el consumo del servicio de Internet en un 29, 28 y 18%, respectivamente.

El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL) Capítulo Bolivia, alineado a la Declaración Digital de las Américas, las recomendaciones de CITEL y la intención de apoyar el combate a la piratería, realizó un relevamiento de las condiciones del mercado de oferta de plataformas en redes sociales, las fuentes principales de acceso y otros escenarios. Detallo algunos resultados obtenidos que permiten sentar una línea de base para futuras investigaciones y análisis.

Motores de búsqueda: El 25% de éstos conducen a contenido o servicios ilegales y ciertos dominios funcionan como referencia para los sitios fraudulentos. En muchos casos hacen hincapié en el acceso gratuito a contenido con frases típicas como “ver películas gratis”.

Redes sociales: Este es el terreno fértil para los negocios ilegales de comercio de contenido. Tanto para IPTV como para OTT. Aproximadamente el 35% de posanalizados llevan a ofertas ilegales. Paralelamente, existe oferta de dispositivos (STB) ilegales y sin homologación por parte del ente regulador.

Aplicaciones: Producto de la pandemia surgieron empresas de comercio en línea mediante aplicaciones. Incorporan la oferta de contenido de las plataformas más importantes (Netflix, HBOMAX, Amazon, etc.). A partir de la aceptación por parte del interesado, la conexión es un misterio y se habilita hasta en 48 horas.

Publicidad: Se encuentran carteles diseminados por las calles de las ciudades principales, con oferta de servicios de streaming que conducen a sitios de origen ilegal. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba presentan la mayor cantidad de ofertas. Las víctimas de este negocio ilegal son principalmente las empresas legales que operan en nuestro país y las personas que ponen en riesgo sus datos.

La ATT alertó sobre el riesgo del uso de aplicaciones ilegales para Tv, sin embargo se desconoce si se han tomado acciones concretas. La Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo), que alberga a las empresas legales más importantes de Bolivia, ha tomado la decisión de combatir la piratería y, junto con CERTAL y otras organizaciones privadas, sumarse a este esfuerzo internacional.

Esta acción deberá ser complementada por las entidades públicas llamadas a combatir este negocio ilegal en nuestro territorio mediante la emisión de políticas públicas y acciones concretas para evitar el descalabro del sector audiovisual y tecnológico en Bolivia. Un tema que amerita el inicio de un diálogo nacional para preservar la seguridad jurídica de quienes apuestan por el desarrollo formal del país. Enfrentar la piratería es una tarea común y necesaria.

Cesar Bohrt es presidente del Capítulo Bolivia en el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicacio nes y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL).

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