Hasta octubre, según indica un informe de la ATT, los operadores aéreos recibieron 1.349 reclamos de los usuarios en el país, la mitad corresponde a demoras y a la cancelación de vuelos. Además se registraron denuncias por una deficiente atención (107), equipajes dañados (43), cambios de itinerario (53) y maltrato al viajero (36), entre otros.
De acuerdo con un sondeo elaborado por este diario a una treintena de pasajeros, Transporte Aéreo Militar (TAM) es la compañía que concentra la mayor parte de los reclamos por demoras y la cancelación de vuelos, seguida por la estatal Boliviana de Aviación (BoA) y en menor medida Aerocon.
Para el responsable de Difusión del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, este tipo de abusos son corrientes en el país en parte porque la población aún no ha desarrollado una cultura de reclamo. Y sin las respectivas denuncias, señala, el Gobierno no puede sancionar a las firmas que no prestan un buen servicio. Empero, consultado por el gran número de quejas que pesan sobre la compañía comercial de la Fuerza Aérea Boliviana (600 hasta junio, 65% por retrasos y cancelación de vuelos, y 25% por daños en el equipaje), la autoridad aclaró que el Gobierno aún no puede sancionar a esta compañía porque no forma parte del sistema de regulación y se rige por una norma castrense.
Las cifras antes mencionadas ponen en evidencia serias deficiencias a la hora de regular el servicio aéreo en el país, pero también y sobre todo la falta de una mayor competencia, lo que incidiría positivamente en los consumidores.
En efecto, es de conocimiento público que un reducido número de empresas que concentran la oferta de un sector comercial o industrial siempre va en desmedro de los consumidores, pues, al tener la exclusividad de un mercado se dan el lujo de imponer tarifas elevadas por bienes y servicios cuya calidad suele ser deficiente. Y esto es lo que justamente está ocurriendo con el servicio aéreo del país. De allí la importancia de contar con entidades reguladoras sólidas que velen por el derecho de los consumidores, pero también de que el Estado garantice la libre competencia para evitar los monopolios y oligopolios, tal como ocurre actualmente.
Al respecto cabe recordar que en 2008 la compañía Aerolíneas Sudamericanas no pudo alzar vuelo, pese a haber cumplido con todos los requisitos exigidos en el país. Esto porque la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil postergó en reiteradas ocasiones la entrega de la licencia comercial, hasta que la empresa ya no pudo soportar la espera y quebró. Si en ese entonces no se hubiese entorpecido el ingreso de esa compañía aérea, en estos momentos la población contaría con mejores precios, mayores opciones y un mejor servicio de aeronavegabilidad.