Por los diferentes medios de comunicación masiva se ha venido difundiendo que las altas autoridades del vecino país de Chile han comenzado una nueva ofensiva contra nuestra demanda centenaria de una salida soberana al océano Pacífico, presentada ante la Corte Internacional de Justicia, ofensiva que tendría por objetivo evitar un fallo favorable para nuestro país.

Como ejemplo de que se puede llegar a buenos términos en la revisión de tratados menciono los de Roboré. Las relaciones limítrofes de Bolivia con la República Federativa del Brasil tienen larga data, desde el Tratado de Tordesillas en 1494 —entre los reinos de España y Portugal— hasta las incursiones de los Bandeirantes a la zona de Chiquitos y la Guerra del Acre. Sin embargo, extraña que conocidos historiadores no hayan mencionado hasta la fecha un hecho muy importante en la vida diplomática de nuestro país como fueron los tratados de Roboré de 1954 y las notas reversales sobre límites firmados en esa época. Mediante estos tratados, Bolivia y Brasil establecieron las bases para el intercambio comercial, aprovechamiento del petróleo boliviano, aranceles preferenciales para productos bolivianos y brasileños y varios otros asuntos que se revisaron de los acuerdos de 1938. Asimismo, mediante notas reversales se modificó el tratado ferroviario de 1938, en lo relativo al ferrocarril Santa Cruz de la Sierra-Corumbá y se realizó una nueva demarcación de límites entre ambos países.

Estas notas reversales sobre límites favorecieron plenamente a Bolivia en cuanto a la recuperación de territorio. Los tratados de Roboré fueron aprobados por el Congreso brasileño en 1968; las notas reversales sobre límites y el ferrocarril por su naturaleza no necesitaron ser sometidas a la aprobación legislativa. De esta manera, podemos ver que cuando un país quiere ser solidario con otro, logra acuerdos que permiten el desarrollo de sus pueblos, sin egoísmos ni mezquindades. Sabemos que para ser un buen diplomático debemos, sobre todo, conocer la historia y la geografía, ser científicos del interactuar entre las naciones, que nos guiarán al conocimiento y a la sabiduría de proyectar buenas relaciones con los países que compartimos este hermoso planeta llamado Tierra,

Estos tratados demuestran que si un país hermano pudo tener en cuenta las necesidades del pueblo boliviano, otro también lo puede hacer despojándose de su característica soberbia que, incluso, lo ha llevado a realizar ejercicios militares en las fronteras de Bolivia y Perú, que también intervino en la Guerra del Pacífico. Digan lo que digan las autoridades chilenas, esos ejercicios fueron una amenaza abierta y descarada. Ya que hablamos de tratados es necesario revisar y hablar de los de Roboré para que los conozcan las generaciones futuras.

Para los bolivianos el tema del mar es inherente a nuestra nacionalidad. Desde niños nos enseñan la versión boliviana de la historia de la Guerra del Pacífico, versión que en Chile es diferente y no tiene tanto impacto en la vida de los ciudadanos. En el caso nuestro es un tema que se vuelve recurrente en épocas electorales.

En Bolivia estamos en elecciones desde el año pasado, por tanto, el mar estuvo presente con mucha más fuerza en los medios de comunicación, ya que formaba parte de la agenda electoral de los candidatos, pues saben que es un tema sensible que puede hacerlos bajar o subir en las encuestas y, entonces, hay que mostrarse tan patriota como Eduardo Abaroa.  Ahora que pasaron las elecciones subnacionales, que ya bajó la marea electoral, el tema debe volver a los cauces del derecho internacional, del sentido común; tenemos la obligación de abordarlo con la seriedad que amerita nuestra mediterraneidad, que sirve para excusarnos de muchas cosas, como la falta de desarrollo, una visión encajonada por las montañas sin el amplio horizonte marítimo, y hasta para justificar nuestra baja autoestima cuando el caso lo requiere.

En las últimas semanas las especulaciones han sido de todo tipo y no ha faltado la presencia del Sumo Pontífice en ellas. Mucho se ha venido especulando del posible apoyo que brindará el papa Francisco en su próxima visita, nada más falso. La Iglesia Católica sabe que es un tema muy delicado, sobre el que tiene la obligación de guardar una actitud diplomática, buscando el entendimiento entre partes, como siempre lo han hecho cuando se trata de diferendos que involucran a dos naciones. Si bien es cierto que existe cierto nerviosismo entre las autoridades chilenas por la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, también existe entre nuestras autoridades, porque saben que es la primera vez que Bolivia encara el asunto de una manera integral ante el mundo. El Gobierno boliviano, además de encargar la estrategia a expresidentes, también se está haciendo asesorar con expertos internacionales, al igual que hizo Perú en el pasado litigio que ganaron.

Nuestras autoridades saben que se están jugando algo más que lo meramente judicial, se está jugando la posibilidad de definir una política de Estado respecto a nuestra salida al mar. La aparente calma de nuestras autoridades se explica porque hemos tomado la iniciativa, hemos pasado de la defensa al ataque, y en nuestra ofensiva estamos granjeando simpatías en el mundo y eso lo saben en el Palacio de la Moneda. Ahora que bajó la marea, nos toca enrumbar hacia La Haya, navegando el barco insignia que hemos elegido y que está capitaneado por un presidente de origen indígena que ha entendido que el problema del enclaustramiento nos debe unir por encima de los colores políticos.

Cinco minutos y 37 segundos de opiniones de gente del pueblo boliviano acerca de nuestra demanda marítima bastaron para molestar a las autoridades chilenas. El audiovisual fue dirigido por Juan Carlos Valdivia, reconocido cineasta boliviano, y el guion fue elaborado por Carlos D. Mesa, historiador. El audiovisual muestra a personas de diferentes departamentos del país explicando los alcances de la demanda que Bolivia interpuso contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

La cinta se inicia afirmando que nacimos a la vida republicana con 120.000 km2 de litoral y 400 km lineales de costa, es decir una buena parte de lo que hoy es la República de Chile que posee territorios que nos arrebató luego de la Guerra del Pacífico de 1879. Si bien, este documental puede considerarse una respuesta al audiovisual chileno en el que expresidentes de esa nación reafirman que Chile no tiene asuntos pendientes con nuestro país (como una prueba de que esa nación tiene definida, desde hace décadas, una política de Estado respecto a todos y cada uno de los asuntos internacionales que considera importantes), el nuestro muestra a gente común. Ciudadanos y ciudadanas que van explicando y aclarando que no se trata de objetar el Tratado de 1904, sino de los compromisos que Chile ha incumplido con Bolivia, compromisos que incluso fueron ratificados por presidentes y cancilleres chilenos a lo largo de la historia, razón por la cual nuestro país lo demanda ante la CIJ, máximo organismo internacional para solucionar conflictos entre países.

Sabemos que muchos expresidentes y cancilleres chilenos reafirmaron en su momento nuestro derecho y reconocieron que Chile tiene asuntos pendientes con Bolivia, y en el audiovisual se menciona una nota oficial del 20 de julio de 1950, firmada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, enviada a nuestro Gobierno que dice textualmente: “mi gobierno (…) está llano a entrar formalmente en una negociación directa que pueda dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico”. Y no se trata, como tergiversan los expresidentes chilenos, una demanda de libre tránsito, ni de mayores o menores facilidades de tránsito, ni de aranceles aduaneros, ni derechos de almacenaje; se trata del derecho a un puerto propio, de un acceso soberano al mar, porque sencillamente libre tránsito no es soberanía.

El guion hace hincapié en que nuestra demanda no cuestiona el Tratado de 1904, porque lo respetamos y no ponemos en riesgo el sistema internacional de cumplimiento de tratados; en cambio Chile, al cuestionar la competencia de la Corte Internacional de Justicia en este tema, no está respetando este sistema. Así que las exageradas respuestas de las autoridades trasandinas a este documental boliviano, intentando descalificarlo, solamente lo posicionan mejor ante la opinión pública internacional y hacen que mucha gente lo busque en  internet. Un buen trabajo del Estado Plurinacional de Bolivia.
 

El 25 de noviembre, Heraldo Muñoz, canciller de Chile, publicó una columna de opinión en el periódico español El País titulada Detrás de una demanda boliviana. Desde el título es tendencioso, pues se refiere a “una demanda” como si hubiera muchas otras en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y no “la demanda” que es la que está molestando a las autoridades chilenas al punto de negar lo que está a la vista o intentar invisibilizar lo evidente.

Muñoz afirma en su artículo que: “Bolivia quiere hacer creer a la comunidad internacional que se encuentra enclaustrada. La realidad es diferente. Bolivia goza de un irrestricto acceso al mar, de manera no soberana”. Veamos, dice que queremos hacer creer que estamos enclaustrados, por supuesto que lo estamos, basta mirar un mapa para comprobarlo, y luego señala que gozamos de “un irrestricto acceso al mar” y se contradice inmediatamente al agregar “de manera no soberana”. Después, sentencia que “la demanda representa una amenaza a la estabilidad de las fronteras, así como al principio básico del derecho internacional de la observancia de los tratados”. La estabilidad de las fronteras seguirá inestable mientras no se resuelva el conflicto entre ambas naciones y no hay que ser un experto para suponerlo, es suficiente con el sentido común.  

En otro párrafo afirma que “cada vez que Chile formuló propuestas para satisfacer la aspiración marítima boliviana, las conversaciones fracasaron”. Nada más falso, pues el Estado chileno como tal, sin importar los gobiernos de turno (ya sean militares y/o democráticos), siempre ha tenido definido el propósito de negarnos la salida al mar; así que en algún punto las negociaciones estaban destinadas a fracasar porque nunca hubo la intención chilena de que prosperen. También señala que “el Gobierno de Chile está convencido de que el desarrollo de América Latina pasa en forma importante por erradicar los fantasmas del pasado y girar la vista hacia adelante. La demanda boliviana en nada ayuda a tal propósito. Chile y Bolivia tienen pendiente el desafío de construir relaciones de futuro. Dejar atrás el siglo XIX para entrar definitivamente al siglo XXI”.

“Erradicar los fantasmas del pasado y girar la vista hacia adelante” significa conjurarlos, es decir, solucionar nuestros problemas y recién entonces nunca más aparecerán. Es cierto que Bolivia y Chile tienen el desafío de construir relaciones de futuro; pero estas relaciones deben estar basadas en la sinceridad, en el respeto a los derechos del otro y mirar el siglo XXI como hermanos. Eso significa que debemos volver a sentirnos hermanos, como lo siente una gran parte del pueblo chileno que cada día se expresa y manifiesta su voluntad de avanzar hacia una salida marítima digna y soberana. El canciller Muñoz no debe desesperarse tanto.   
 

Por primera vez en nuestra historia el Estado boliviano viene desarrollando una estrategia apropiada para mostrar al mundo nuestro derecho a obtener una salida al mar, luego de un encierro de más de 100 años. La estrategia incluye la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el único organismo reconocido por la mayoría de los países del mundo con la capacidad para dirimir este tipo de diferendo entre dos países.

En esa estrategia se inscribe la publicación y distribución masiva de un documento histórico titulado El libro del mar. Esta obra ha sido trabajada para que su contenido llegue a diferentes públicos: desde los académicos hasta los sectores populares. El libro consta de cinco capítulos y un anexo. En el primero de ellos se recopila sucintamente los antecedentes históricos que nos llevaron a la pérdida de nuestro litoral de más de 400 km de costa y un territorio de casi 120.000 km2.

Los antecedentes se inician en la Colonia y se fortalecen en la República. Continúa con los comprobados y documentados compromisos de Chile para negociar un acceso soberano al mar. Aquí cabría copiar el epígrafe de Domingo Santa María, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, firmado el 26 de noviembre de 1879, quien afirma “no olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia. Privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia”.

En el capítulo tres se ocupa de los presidentes, cancilleres y embajadores de Chile que se comprometieron a negociar con Bolivia una salida al mar, entre los que suman 18 que alguna vez hicieron declaraciones favorables que ahora los actuales gobernantes pretenden negar en un fallido spot. El capítulo cuatro es acerca de nuestra demanda ante la CIJ, es decir el proceso que ha molestado al Gobierno chileno; sin embargo, existen amplios sectores del pueblo chileno, desde indígenas como los mapuches hasta obreros, campesinos, estudiantes y académicos, que han manifestado su apoyo a esta demanda. El cinco trata de las consecuencias del enclaustramiento, tanto en el comercio exterior, transporte, integración cultural, impuestos y otros. Cierra con los anexos en los que se incluyen cronológicamente todos los tratados, pactos, memorándums, notas, comunicados, actas y discursos sobre este tema tan sensible a los bolivianos y al mundo entero, porque la estrategia boliviana está dando resultados y la opinión pública está mirando con interés esta injusticia. Como dijo el presidente Evo Morales en la presentación de El libro del mar: “estamos seguros que la historia, la conciencia de la comunidad internacional, la razón y el derecho acompañan a Bolivia en su demanda marítima y que junto al pueblo chileno, encontraremos la fórmula que acabe para siempre con el enclaustramiento y nos permita tener un acceso soberano al mar”. 

Es abogada y diplomática, cursó una maestría en Derecho Internacional.