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lunes 18 oct 2021 | Actualizado a 04:37

Homónimos

¿Qué haría si descubre que existen varias personas con los mismos nombres y apellidos que los suyos?

/ 1 de diciembre de 2014 / 07:17

Qué haría usted si de pronto descubre que existen no una sino varias personas que llevan los mismos nombres y apellidos que los suyos? Los casos pueden ser cientos de miles en el país, según lo anunciaron autoridades electorales al referirse a ciertas complicaciones de la construcción del Padrón Biométrico.

En una revisión preliminar del Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley 603) recientemente promulgado, busqué algún resquicio para atenuar el problema. No lo hallé. Quizá haya que introducir algo en la parte reglamentaria, puesto que este instrumento legal entrará en vigencia recién el 6 de agosto del año próximo. Parece interesante por ejemplo que a tiempo de registrar a los recién nacidos el orden de los apellidos, de común acuerdo, podría ser primero el paterno o el materno. Sin embargo, está todavía ausente o muy difusa la posibilidad de que una persona adulta pueda hacer ajustes a sus nombres y apellidos, sin largos y engorrosos trámites judiciales, precisamente para evitar los enredos que generan los homónimos.

En lo que a mí respecta, quedé espantado al constatar que en la guía telefónica de la ciudad de Santa Cruz hay cinco personas que llevan mi primer nombre y las dos partes del apellido paterno que heredé. No sé cómo andará la cosa en ciudades como Cochabamba y Oruro, donde se supone se ha extendido aún más, por varias generaciones, mi lejana parentela.

Más aún, hace algunos años, coincidí con uno de mis homónimos en un reclamo ante una compañía aérea y ambos descubrimos con sorpresa que llevábamos los mismos dos nombres de pila, por supuesto las dos partes del apellido y solo nos diferenciábamos por el poco usado apellido materno. Entre sonrisas intercambiamos tarjetas, la suya como “Gerente Financiero de Entel” y la mía como “Director del CEDOIN”.

Pero ahí no acaba. El asunto subió de castaño a oscuro cuando en el malhadado proceso de capitalización, entre 1993-94, se denunció que en Entel existía un grupo corrupto y nepotista integrado, entre otros, por mi susodicho homónimo. Envié cartas a los periódicos aclarando que no se trataba de mí. Pero ya en esa ocasión me convencí de cuán poco sirven dichas aclaraciones, cuando un viejo conocido, de profesión abogado, al encontrarme en la calle me dijo sin ambages que lo ayudara a resolver un “asuntito” que tenía pendiente en Entel. Reaccioné enojadísimo, y supongo que se convenció de que se trataba de otra persona. Y por si fuera poco, un colega periodista publicó un libro muy valioso sobre el proceso capitalizador, pero al referirse al mencionado caso de Entel, por descuido o deslealtad, quizá más por lo segundo que por lo primero, no aclaró que se trataba de otra persona que lleva los mismos dos nombres de pila míos (Carlos Alberto) y el apellido compuesto (Soria Galvarro).

La cereza de la torta de este embrollo llegó el día de Navidad del año 2000. Me disponía a viajar con mi esposa a Chile a visitar a un hermano, cuando fui retenido en el aeropuerto porque supuestamente estaba “arraigado”. Los agentes de Migración, haciendo gala de una increíble torpeza e ineficiencia, me impidieron subir al avión y no tenían en sus computadoras ni el número de carnet de identidad ni la fecha de nacimiento del verdadero arraigado, que, como es de suponer, era mi inefable homónimo. Me ocasionaron un grave perjuicio, varios días de trámites y gastos ante la Contraloría, para demostrar que el arraigado no era yo, sino otro… y las maletas a punto de extraviarse, porque ya no pudieron bajarlas del avión al que no me permitieron subir. No hay remedio fácil para esta epidemia, pero alguito se podría hacer ¿no lo creen?

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La oposición cabalga sobre los desatinos del Gobierno

/ 17 de octubre de 2021 / 00:30

Hay un par de cosas que no podemos dejar de mencionar en esta coyuntura. Por una parte, el comportamiento claramente sedicioso de algunos sectores de la oposición que se ilusionan con la posibilidad de repetir las acciones que culminaron con el derrocamiento de Evo Morales en 2019. Les guste o no, ese es un camino golpista, con todas sus letras. No se trata por cierto de un golpismo clásico, conocido por sus madrugones militares, sino de “golpes blandos” o “suaves” que un autor define como “técnicas conspirativas y desestabilizadoras no directas y en un principio no violentas, con el fin de derrocar a un gobierno democráticamente constituido… sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de un grupo económico y político”. Los ejemplos de este tipo de golpes en América Latina abundan, han ocurrido en Venezuela, Paraguay, Honduras, Ecuador, Brasil y Bolivia. Claro está que cada caso tiene matices propios, se da con o sin intervención parlamentaria, con o sin las Fuerzas Armadas y la Policía, o con una participación discreta de éstas seguida de un pronto retorno a sus cuarteles. En tales movidas está presente el rol inspirador y articulador de los Estados Unidos, en especial sus servicios de inteligencia entrenados para realizar “operaciones encubiertas”. Bastaría seguirle los pasos a Carlos Sánchez Berzaín para comprobarlo: ubicado como director y principal ideólogo de una fundación yanqui de supuesta defensa de la libertad y la democracia, es el que prodiga los recursos y las ideas a los golpistas latinoamericanos; la expresidenta Áñez, varios de sus ministros (incluido Murillo), así como algunos opositores actuales, repiten de principio a fin el discurso emitido por el extraditable Sánchez Berzaín, suponen que los bolivianos hemos olvidado a los 67 muertos que precedieron a su huida a los Estados Unidos, en octubre de 2003.

Por otra parte, ¿qué es lo que sucede en el ámbito gubernamental? Lamentablemente se confirma la ausencia de una verdadera conducción estratégica. Pareciera que señalan el camino algunos tecnócratas incapaces de hacer el más elemental análisis político, o que se guían por meras intuiciones propias o ajenas. Peor aún, da la impresión de que existiera una mano negra que actúa desde las sombras induciendo a la comisión de errores a los personeros que ostentan las mayores responsabilidades. Por ejemplo, a quién se le ocurre introducir en la agenda del país una ley para la investigación de ganancias ilícitas sin tomar en cuenta la experiencia pasada del intento de modificar el Código Penal, iniciativa que tuvo que ser retirada por Evo Morales, lo mismo que terminó haciendo Arce Catacora en esta ocasión.

Vienen las preguntas obligadas: ¿No era suficiente, por el momento, la normativa existente sobre esos delitos? ¿Cuál la verdadera urgencia de aprobar ahora mismo una nueva ley? ¿Por qué quererla “socializar” cuando ya estaba aprobada por Diputados en vez de haberla consensuado previamente? ¿Qué instancia gubernamental o del partido oficial asume la responsabilidad de redactar un proyecto con notables y embarazosos flancos al descubierto, como el caso de la presunción de inocencia y el de la confidencialidad? ¿Hasta cuándo los diputados oficialistas seguirán en el triste papel de levantamanos dejando pasar intacto todo lo que viene del Órgano Ejecutivo? ¿Quién o quiénes son los encargados de entregar en bandeja a la oposición los mejores pretextos para su labor desestabilizadora?

En última instancia, los temas más sentidos por el conjunto del pueblo debieran ser a los que se les preste mayor atención: reactivación económica, salud, educación, medio ambiente. A esto se añade la tarea de restablecer el bloque social popular, con gremiales, transportistas, cooperativistas mineros y otros, cuyos intereses fundamentales no están ubicados en el bloque oligárquico, pero pueden ser neutralizados e incluso arrastrados por éste.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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El frustrado canciller peruano y sus nexos con Bolivia

/ 3 de octubre de 2021 / 00:22

El primer ministro de Relaciones Exteriores nombrado por el presidente peruano Pedro Castillo duró apenas 19 días en el cargo. ¿Quién es el personaje que resultó ser el eslabón más débil del esquema gubernamental, fuertemente cuestionado por la derecha tradicional con mayoría parlamentaria, las instancias castrenses y las corporaciones mediáticas?

Se llama Héctor Béjar Rivera, tiene 86 años y un abultado currículo en los campos político y académico. Encabezó proyectos guerrilleros en la década de los 60 del siglo pasado, fue encarcelado durante cinco años, amnistiado por el gobierno militar progresista de Juan Velasco Alvarado, colaboró intensamente en el proceso de la reforma agraria a través de SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social). Impulsó entidades como CEDEP (Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación), que desde hace más de 40 años promueve la reflexión y el debate sobre los grandes problemas del Perú, de América latina y del mundo. En las últimas décadas, en su calidad de doctor en sociología, Béjar retornó al ámbito académico en la más importante universidad pública del Perú: San Marcos, en Lima.

Sus libros generalmente tienen la marca de los procesos vividos por el autor, de ahí el primero que es un análisis de la experiencia guerrillera escrito desde la cárcel. Después vienen, entre otros, Justicia social y Política social, Mito y utopía y Metas y mitos del milenio.

En 2015 publicó Retorno a la guerrilla, que él llama “testimonio novelado sobre el Perú de los sesenta”. Un retorno reflexivo, crítico pero también emotivo y de homenaje a los jóvenes caídos en la guerrilla peruana del Ejército de Liberación Nacional, del cual Béjar es uno de los pocos sobrevivientes.

Entre muchos de los aspectos destacables de este libro está la descripción que hace de los preparativos de la incursión guerrillera desde territorio boliviano, con la colaboración del Partido Comunista de Bolivia, entonces dirigido por Mario Monje, y la obvia tutela cubana. En efecto, el proyecto está sostenido y organizado por Cuba con una cuarentena de muchachos reclutados entre los becarios.

La presentación de los temas en formato novelístico genera un producto literario atractivo y legible. Pero tiene la desventaja de por momentos reflejar únicamente las visiones subjetivas del autor, omitiendo u oscureciendo aspectos esenciales. Tal ocurre, por ejemplo, con la posición del presidente Paz Estenssoro, ¿estaba al tanto del asunto?

 ¿Fueron los dirigentes del PCB, la embajada cubana en La Paz o San Román y sus servicios de inteligencia, cercanos a la CIA, los que le brindaron información al respecto? En el libro Béjar imagina, “algún día de 1962” a Mario Monje y Jorge Kolle en audiencia con Paz Estenssoro, como portadores de un regalo especial enviado para él por Fidel Castro, una reluciente pistola en una caja de terciopelo. Una respuesta del presidente boliviano ante la ayuda solicitada habría sido: la situación es complicada, estamos acorralados, si son hábiles yo no me entero, si fallan trataré de mirar a otro lado, manéjense con cuidado.

Entrevistado por su obligada renuncia como canciller, Héctor Béjar dijo que si no caía preso en 1966, lo más probable es que hubiera muerto en Bolivia con el Che, como lo hicieron otros tres peruanos miembros del ELN, muy cercanos correligionarios suyos (Chino, Eustaquio y Negro).

El proyecto que lideraba Béjar, superada la primera fase con la incursión fallida en Puerto Maldonado a fines de 1963, protagonizó un terrible repliegue por las selvas bolivianas, y terminó con casi todos sus miembros apresados, entre ellos el propio Béjar. Liberados muy pronto, fueron nuevamente acogidos en domicilios de militantes del PCB. Se reagruparon, pasaron a ser menos dependientes de los aparatos de inteligencia cubanos y organizaron bases de apoyo en zonas campesinas levantadas en la lucha por la tierra. Infiltrando armas, equipos y combatientes desde la vecina Bolivia, comenzaron la segunda etapa de lucha en 1965, una vez más con resultados adversos frente a una despiadada represión militar.

Faltó decir que si la guerrilla en Ayacucho se consolidaba, el Che hubiera desembarcado en el Perú y no en Bolivia. La historia pudo haber sido diferente, aunque quizás con resultados muy parecidos.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Campesinos: rehenes de la maquinaria policial-judicial

/ 19 de septiembre de 2021 / 01:09

Esta semana se supo que el juicio penal contra 40 comunarios de Río Abajo había quedado extinguido. Pero, ¡tuvieron que pasar cuatro largos años para llegar a ese fin! Fiscales arrogantes y abusivos, policías torpes e ineptos, tardaron casi 1.500 días en cerciorarse de la inocencia de todos y cada uno de los acusados. Ni unos ni otros investigaron algo.

Veamos cómo ocurrieron las cosas. La Central Agraria Las Carreras agrupa a subcentrales y sindicatos campesinos del sector Río del municipio de Mecapaca. A fines de agosto de 2017 se les ocurrió a sus dirigentes que había llegado el momento de exigirle al gobernador Patzi que cumpla su promesa de ensanche de vía y asfaltado de la carretera, desde Wancarani (puente Valencia) hasta Waricana. A tal efecto convocaron a una marcha para el martes 29. La misma, muy numerosa por cierto, llegó a la ciudad de La Paz hasta la calle 16 de Obrajes. Allí, cerca del mediodía, intervino la Policía, dialogó con los dirigentes y cuando llegaba a un acuerdo para el repliegue ordenado y pacífico de la concentración, alguien arrojó una piedra. Ese alguien pudo ser un marchista irresponsable o un exasperado conductor molesto por la trancadera. A partir de ahí, en vez de apaciguar, la Policía se dedicó a reprimir con violencia y a tomar presos a cuanto marchista estuvo a su alcance. Se armó el despelote y comenzó el enfrentamiento entre gases lacrimógenos de un lado y pedradas del otro. Así las cosas, algunos proyectiles, al parecer lanzados ex profeso, provocaron destrozos en un bus PumaKatari y, como es natural, asustaron a los pasajeros.

¿Qué deberían hacer las “fuerzas del orden” en tales circunstancias? Por supuesto, proteger a personas y bienes en riesgo, dispersar a los manifestantes, pero por sobre todo identificar y aprehender a los violentos.

No hicieron nada de eso, solo se dedicaron a tomar rehenes, hasta llegar al número de 40. A ninguno de ellos se le pudo comprobar que haya cometido delito alguno. La podrida y vetusta maquinaria policial-judicial considera “delito” el mero hecho de participar en una marcha de protesta. No les importa que justos paguen por pecadores.

No hablamos sin fundamento. Tenemos el testimonio de las víctimas. Entre ellos el de Agustín Aldo Mamani, comunicador popular, respetado y apreciado por su voluntarioso trabajo bilingüe en las radios locales y sus incursiones en la producción audiovisual. Fue detenido a varias cuadras del incidente mayor, de nada valió su credencial de colaborador de Radio El Valle y su cámara de video que demostraba el trabajo que venía realizando en la marcha. Por el contrario, secuestraron y borraron la evidencia. Más de un mes después, gracias a la intervención de la Asociación de Periodistas y del entonces presidente de la Cámara de Senadores, Gringo Gonzales, se consiguió la devolución de su herramienta de trabajo, aunque con algunas piezas faltantes.

Agustín vivió el calvario que duró los cuatro años. Cinco días encerrado con el resto de sus compañeros en una estrecha celda judicial; una prolongada “detención domiciliaria” con prohibición de ir a trabajar; la obligación de presentarse a firmar un libro cada 15 días; la asistencia a numerosas audiencias, muchas de ellas suspendidas y postergadas hasta el infinito; trabajos realizados en las comunidades para reunir los fondos destinados a cubrir las reparaciones del PumaKatari, las cuotas para pagar abogados; en fin, un sinnúmero de perjuicios de nunca acabar.

La extinción del proceso penal liberó de culpas a 32 de los 40 encausados. Uno falleció por el COVID-19. Otro, al parecer, tiene problemas de salud y de los otros seis hay pocas noticias, no se sabe si murieron, si migraron a otra región o país, o simplemente se rindieron por cansancio y no se presentaron.

Nos dicen que la obra caminera demandada avanzó en aproximadamente un 50%. Tal cual.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Alfaro: Paladín del libro y la lectura

El investigador Carlos Soria Galvarro repasa la Ley 366, de 29 abril de 2013, del Libro y la Lectura

Por Carlos Soria Galvarro

/ 6 de septiembre de 2021 / 09:57

El maestro en la escuela Agustín Aspiazu de La Paz nos pidió que no gastáramos nuestros recreos porque al final íbamos a tener una sorpresa. A la salida, en medio del bullicio atronador y el torbellino de mandiles blancos, distinguimos a un señor de lentes, traje raído y barba oscura con un inmenso bolso de cuero colgado al cuello, ofrecía por unos centavos pequeños libros infantiles con ilustraciones de animales y rondas de chiquillos. Si algo lamenté en la infancia fue el intempestivo retorno de mi familia a Cochabamba a mitad de aquel año, porque así perdí para siempre a un extraordinario profesor de escuela, Ranulfo Fernández, y a su amigo escritor y vendedor de libros, Óscar Alfaro, quien dejó sembrada en muchos la buena semilla de la lectura.

He recordado con emoción esta anécdota infantil, pues la Ley del Libro y la Lectura aprobada el 29 de abril de 2013 (Ley 366) lleva precisamente el nombre de Óscar Alfaro, en justo reconocimiento al poeta y escritor tarijeño.

En el artículo 1º esta ley dice que su objeto es: “… promover el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones culturales…”

Como propuesta no está mal, pero todavía no se hizo una evaluación de los efectos y resultados de este instrumento legal que, entre otros rasgos positivos, alivia las cargas impositivas a la producción y difusión de libros. Recordemos, entretanto, que los objetivos que plantea en su gran mayoría son todavía desafíos a cumplir:

• Generar políticas, planes y acciones dirigidas a la formación de lectores y escritores.

• Promover el hábito de lectura y escritura en la población, a través de la implementación y fortalecimiento de bibliotecas y otros espacios públicos y privados, para la lectura y difusión del libro.

• Fomentar la edición y producción de libros en idiomas oficiales del Estado Plurinacional y su traducción.

• Promover y apoyar la edición de material bibliográfico en formatos apropiados, para la consulta por personas con capacidades diferentes.

• Promover la producción bibliográfica y la industria editorial estatal y privada.

• Promover la participación ciudadana a través de actividades de fomento a la lectura, escritura y el libre acceso a bibliotecas y otros espacios interactivos.

• Fomentar el uso de nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación.

• Impulsar el desarrollo de escritura y lectura en idiomas oficiales reconocidos por la Constitución Política del Estado.

• Implementar el Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas.

• Crear el Fondo Editorial del Libro y el Comité Plurinacional del Libro y la Lectura.

En el Día Internacional del Libro, propuesto por la Unesco desde 1995 y que cada vez más se está convirtiendo en una fecha de conmemoración universal, las noticias bolivianas en este campo son pocas, pero halagadoras: está en marcha la publicación de los 200 libros para el Bicentenario, se entregan  premios de los concursos de novela, literatura infantil y producción literaria en lenguas originarias, y estamos presentes, aunque no con regularidad, en ferias internacionales del libro

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Agenda país: ¿quién le pone el cascabel al gato?

/ 5 de septiembre de 2021 / 00:46

¿Quién o quiénes dictan la lista de preocupaciones cotidianas de una determinada porción de la sociedad humana? En el caso concreto de Bolivia, con sus aproximadamente 11 millones de habitantes, ¿quién o quiénes fijan la agenda diaria de temas que suscitan la atención de la gente? ¿Serán los medios de difusión masiva que cumplen esa delicada función, es decir, los periódicos, la Tv, la radio y las llamadas “redes sociales” de internet? ¿Serán quizá los politólogos convertidos en “opinadores” de moda e invitados por los medios los que le dicen a la ciudadanía de qué temas debe ocuparse? ¿O tal vez las señales que emite el Gobierno son las que dan la pauta sobre los asuntos cotidianos a debatir? ¿Más todavía, serán los políticos de oposición los que imponen la agenda?

En una sociedad democrática y plural caben todas las interrogantes anteriores. Y una aproximada y sensata respuesta sería que todas ellas buscan tener su parcela en la dinámica construcción de la agenda cotidiana. Se trata, por cierto, de una pugna permanente, una disputa constante por ocupar un espacio bajo el sol.

Tratándose de los medios masivos, algunos se inclinan principalmente por capturar mayores audiencias a cualquier costo, incluidas delirantes crónicas rojas y payasadas a granel. Otros machacarán con el mayor énfasis los temas que perjudiquen a sus adversarios políticos. Las “redes…” dan lugar a la participación, pero también propalan noticias falsas y manifestaciones de odio irracional y racista, por lo general enmascaradas en el anonimato.

De ahí la importancia de que sea la gestión de gobierno y en su caso la oposición responsable las que de uno u otro modo influyan en la construcción de la agenda del día. Y eso es precisamente lo que no ha ocurrido en Bolivia en las últimas semanas. Luego de la letanía de “fraude” o “golpe” que tuvo su clímax en la celebración del 6 de agosto, vino la fuerte repercusión del informe del GIEI, que provocó lecturas parciales, según convenía a cada quien en vez de generar un proceso de diálogo que dé la oportunidad de aplicar conjuntamente sus principales conclusiones.

Después, el Gobierno tuvo el desatino de centrar la atención en una suerte de castigo a Jeanine Áñez, realizando acciones y promoviendo movilizaciones que pusieron a la expresidenta en calidad de víctima y objeto de pronunciamientos de solidaridad con ella, incluso a nivel internacional. ¿Alguna instancia del Gobierno o de las organizaciones sociales que lo apoyan, es capaz de hacer una mínima reflexión sobre los resultados adversos de semejante orientación política? Parece que no. Más bien, en vez de aprender de las experiencias, da la impresión de que vuelven a las mismas andadas que desembocaron en la crisis de octubre-noviembre de 2019.

Reponer el tema de la reforma judicial según los seis ejes recién propuestos por el ministro Lima, nos parece una buena señal aunque, como era de esperar, ha sido recibida con mucha desconfianza por la oposición y por la ciudadanía en general. Dados los antecedentes, no será nada fácil que funcione como punto de partida para generar consensos imprescindibles para llevarla a la práctica.

Iniciativas semejantes, acompañadas de acciones puntuales que demuestren coherencia, entre lo que se dice y lo que se hace, es lo que falta de parte del Gobierno. Los temas saltan a la vista: rehabilitación económica con la mirada puesta en la producción de alimentos (soberanía alimentaria), la pandemia y las políticas de salud, el inminente riesgo de un descalabro educativo, los incendios forestales y las secuelas del cambio climático. Esos son los asuntos que debieran figurar en la agenda del país. ¿O estamos equivocados?

Carlos Soria Galvarro es periodista.

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