No obstante la buena salud macroeconómica que goza Bolivia, lamentablemente la extrema burocracia, el Estado “tranca” del pasado, subsiste a través de trámites engorrosos e interminables que castigan sobre todo a los profesionales bolivianos que regresan del exterior.

A los ojos del compatriota que vuelve al país, el único fin que el Estado parecería perseguir es el de la recaudación en todo trámite, sin importarle el daño que causa al usuario con la exigencia interminable de testimonios, copias, certificados, firmas, sellos, etc., en la legalización de los documentos que deben ser presentados en el exterior. Son incontables las diligencias absurdas, difíciles y costosas. El ciudadano es sometido a la tortura sistemática ejercida por funcionarios indolentes y apáticos. Describir las múltiples exigencias burocráticas en ministerios, gobernaciones y municipios sería tarea interminable, por lo que ahora solo mencionaremos algo de lo que ocurre en el Ministerio de Educación.

En dicho ministerio, ubicado en la Av. Arce de La Paz, se destaca un pequeño y abierto galpón junto al edificio central. En dicho tinglado, que ni siquiera sirve de apropiado resguardo de la lluvia por la gran cantidad de goteras que tiene, varias decenas de confundidos ciudadanos son sometidos a “pruebas de paciencia”. No son pocos los que se enteran ahí mismo de la existencia de requisitos adicionales, consecuencia de cambios introducidos por algún “genio” burócrata. ¿Es de imaginar cómo se siente una persona llegada del interior del país o del extranjero, que hace un largo viaje hasta la sede de gobierno, y se entera a último momento que le falta un documento a su trámite? La información es prácticamente inexistente y, ante los reclamos justificados de los perjudicados, los funcionarios hacen gala de arrogancia, tozudez y desinterés.

El éxodo de profesionales debido a la falta de oportunidades laborales y de posgrado genera una alta demanda de trámites de legalización de títulos profesionales, y las instituciones estatales involucradas buscan, a su turno, sacar alguna “tajada” y, si pueden, más de una vez. El Ministerio de Educación es tan solo una de estas instituciones que vio en la desesperación de la gente la posibilidad de tener una “caja chica”. Quizás por eso no se hacen cambios en los procedimientos de legalizaciones. Es que en Bolivia hasta salir del país cuesta, basta señalar aquel abusivo Impuesto al viajero.

Con voluntad siempre se pueden simplificar trámites, pues existen instrumentos legales. Por ejemplo, el Convenio de La Haya (5 de octubre de 1961) permite simplificar el reconocimiento de títulos en el ámbito internacional, mediante la simple incorporación en el documento de una “apostilla”. Casi todos los países europeos son miembros de esta convención. En nuestra región, Perú, Ecuador y Argentina son miembros, y los títulos extendidos por sus universidades son reconocidos en gran parte del mundo con un fácil trámite. En cambio, para que un título boliviano pueda tener validez en otro país, es necesario un tedioso trámite que empieza en la universidad, sigue en el Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, en la embajada del país específico al que se va. ¿Por qué el Estado boliviano no se adhiere al Convenio de La Haya?

Las oficinas públicas, encargadas de legalizar títulos, están repletas de burócratas que parecen sentir verdadero placer en poner obstáculos a los profesionales bolivianos venidos del exterior a legalizar sus papeles para poder trabajar en los países en los que radican. Lamentablemente estas conductas burocráticas perjudiciales, a fuerza de su repetición, se han vuelto comunes y la sociedad las tolera y hasta las considera normales.

Es hora de que el cambio llegue a las oficinas públicas y que el Estado, lejos de entorpecer, facilite los trámites sobre todo de los compatriotas que vuelven por pocos días al país, buscando legalizar sus documentos para seguir trabajando o estudiando en el exterior.