La imposición a México del compromiso de detener la migración proveniente de Centroamérica en su frontera sur, so pena de ser sancionado con alzas arancelarias a sus exportaciones a Estados Unidos, en clara violación de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC); los estímulos abiertos para lograr la salida del Reino Unido de la Unión Europea; e incluso la atribución sin pruebas a Irán de los recientes ataques contra buques petroleros en el golfo de Omán, aunque este país lo niegue, ponen de manifiesto, sin lugar a dudas, la intensidad con la que Donald Trump persigue desestabilizar las reglas fundamentales del sistema multilateral, establecido con el apoyo de su propio país en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, también hay que mencionar la intromisión de Rusia en los procesos electorales de varios países europeos, en apoyo a las posiciones nacionalistas de extrema derecha; así como la violación de los derechos humanos básicos que existe en varios países de Europa y Asia, entre los que destacan los casos de Turquía, Hungría y China.

En pocas ocasiones anteriores la situación del mundo se ha caracterizado por semejantes niveles de arbitrariedad, atribuibles a una combinación perversa de circunstancias, entre las cuales hay que mencionar la incapacidad de los sistemas políticos nacionales para responder adecuadamente a los desplazamientos geopolíticos provocados por la emergencia de China a una posición de primer orden en el mundo; al aumento de las corrientes migratorias desde África y el Medio Oriente hacia Europa, y de Centroamérica y México hacia Estados Unidos (sea para huir de las consecuencias de la guerra o para buscar mejores condiciones de vida y trabajo); y la concentración indecente de la riqueza en el 1% de la población mundial, favorecida por la globalización financiera y los paraísos fiscales.

La preocupación mayor, sin embargo, estriba en la incapacidad demostrada por los países desarrollados para enfrentar los problemas mencionados. Lo que se traduce en importantes cambios en la composición de sus sistemas políticos, donde aumenta la representación de corrientes nacionalistas, racistas y anticientíficas, pari passu con la captura del poder por parte de personajes de clara orientación autoritaria, mediante la demagogia y la manipulación de los datos personales acumulados en gran escala por plataformas como Facebook, Google y Amazon, entre otras.

En la gran mayoría de los casos se trata de problemas cuya solución no es posible sin la cooperación de varios países, e incluso de los principales organismos de las Naciones Unidas, cuya capacidad operativa tendría que ser restablecida mediante un conjunto de reformas tanto en lo que atañe a la composición del Consejo de Seguridad, así como en lo que toca al sistema decisional del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la OMC.

Es probable que se cuestione la referencia que hago a todo esto desde un país pequeño como Bolivia, que carece de toda posibilidad de modificar tales circunstancias por sí sola. Por principio de cuentas, cabría pensar al menos en que sería bueno contar con un mínimo de previsiones locales para morigerar su inexorable impacto directo e indirecto en el país. Pero mucho más importante es recordar que América Latina tuvo una participación destacada en las negociaciones internacionales de los años cuarenta, y en las que se llevaron a cabo durante las décadas de los 60 y 70 con miras al establecimiento de un nuevo orden económico internacional.

Lo deplorable es que la polarización política que impera en la región ha dado lugar al desmantelamiento de los mecanismos regionales de coordinación y concertación; lo que impide a su vez una presencia colectiva vigorosa de los países latinoamericanos en los principales foros internacionales.

En pocas ocasiones anteriores la situación del mundo ha estado caracterizada por semejantes niveles de incertidumbre y desconcierto, atribuible a una combinación perversa de circunstancias, entre la cuales cabe mencionar las reacciones masivas de amplias mayorías ciudadanas ante la concentración indecente de la riqueza en el 1% de la población mundial; el debilitamiento generalizado de los sistemas tradicionales de representación política; la proliferación de corrientes nacionalistas, racistas y xenófobas en varios países; la captura del poder por parte de personajes de clara orientación autoritaria mediante la demagogia y la manipulación digital de la información de los electores; así como la amplitud que han adquirido la corrupción, el crimen organizado y la violencia descontrolada.

La incapacidad de los sistemas políticos convencionales para responder adecuadamente a todos estos problemas ha traído consigo el ostensible deterioro de los valores humanistas, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Por otra parte, las pugnas geopolíticas y los intereses particulares han ingresado con fuerza en la escena internacional, donde operan actores como Rusia, Irán y Turquía, gobernados por líderes autocráticos u oligarquías corruptas, que recortan sistemáticamente los derechos humanos de sus opositores, en particular en lo que tiene que ver con las libertades de opinión y organización.

Tampoco se puede olvidar que la transformación de China en una potencia de primer orden trae aparejados complejos problemas de compatibilidad entre la indudable promoción internacional del multilateralismo económico y financiero por parte del país asiático, y el régimen autoritario de partido único que caracteriza a su sistema político interno.

Bajo tales circunstancias, resulta sumamente difícil la reforma del sistema multilateral de las Naciones Unidas en sus diversos ámbitos, de manera que se adecue mediante consensos colectivos a las nuevas condiciones demográficas, políticas y tecnológicas imperantes en el mundo. El debilitamiento de los mecanismos multilaterales y la instalación de una nueva constelación de disputas geopolíticas en gran escala provoca, por el contrario, la fragmentación del orden internacional en subsistemas económicos de alcance regional, zonas de conflictos militares internacionalizados y grupos de países afectados por graves crisis humanitarias.

La revolución tecnológica en su versión actual de robotización y aplicación creciente de la inteligencia artificial contiene, por último, un gran potencial disruptivo de las formas conocidas de producción y empleo, que ocasiona comprensible temor ante la probabilidad de que refuerce la concentración del poder y la riqueza en pocos monopolios en el mundo.

Por su riqueza de recursos naturales, la ausencia de conflictos religiosos y el carácter mayoritariamente mestizo de su población, todo haría pensar que América Latina puede jugar un papel relevante en la búsqueda negociada de un nuevo orden internacional, capaz de garantizar la convivencia pacífica de diversas culturas, sistemas políticos y niveles de desarrollo. Pero lejos de esto, preocupa en estos momentos la incapacidad que demuestra la región para resolver sus conflictos políticos sin injerencia externa.

Sin olvidar todas las críticas que se puedan hacer a los gobiernos que impulsaron el ciclo nacional-populista, es necesario reconocer que mediante la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ellos buscaron establecer mecanismos exclusivamente latinoamericanos para promover la cooperación y la solución de crisis políticas particulares. Por eso resulta deplorable que el nuevo ciclo político de derecha en la región propicie sin tapujos la injerencia de Estados Unidos en la crisis de Venezuela.

Ahora que el primer semestre del año ha concluido, parece oportuno intentar una sistematización de las opiniones planteadas públicamente sobre el desempeño económico del país hasta estas fechas.

Los analistas y observadores profesionales, con más o menos énfasis, coinciden en la presencia de una serie de desequilibrios macroeconómicos; y con ello, se refieren en particular a los siguientes aspectos: el abultado déficit fiscal, el rezago cambiario, el incremento de la deuda pública interna y externa, y la consiguiente reducción tendencial de las reservas internacionales. También se hace referencia a la distorsión del esquema de precios relativos que ocasionan los subsidios, y a la ausencia flagrante de medidas efectivas para mejorar la competitividad sistémica del país. Se reitera además la preocupación ya clásica en nuestro medio sobre los serios perjuicios que trae consigo el contrabando de productos que forman parte de la canasta familiar, y compiten de manera desleal con sus similares de origen nacional.

Menos frecuentes son las referencias a la burbuja de la construcción inmobiliaria, que podría estar alcanzando su nivel crítico en vista de la ostensible disparidad que ya se manifiesta entre la oferta creciente y la demanda estancada. El tema es relevante, porque la construcción es una de las actividades con mayores encadenamientos en el sistema económico, además de los importantes volúmenes de empleo directo e indirecto que genera. Es cierto que el déficit habitacional es todavía considerable en el país, pero el tipo de construcción que se ha desarrollado en los últimos años no está destinado a resolver ese problema.

Existen, por último, algunas llamadas de atención sobre las incertidumbres que han surgido en el entorno internacional, en particular por la crítica situación en que se encuentran nuestros vecinos de Argentina y Brasil, que son precisamente los principales mercados de exportación de gas natural, siempre que se certifiquen las reservas disponibles por nuestra parte.

Una cuestión que no ha merecido suficiente atención es la que se refiere a las repercusiones que podrían derivarse para nuestra economía de los quebrantos normativos del comercio internacional, así como de las guerras comerciales y cambiarias en pleno desarrollo.

A pesar de los matices identificables, parece evidente la existencia de consenso en sentido de que ya se agotó el auge espontáneo proveniente del superciclo de las materias primas; que el impulso a la demanda interna mediante la inversión pública acarrea consecuencias sobre los déficit fiscal y comercial; además de que en muchos casos no parece que las empresas públicas que se constituyen y las obras que se realizan respondan a las necesidades reveladas de la sociedad, y que convendría, por lo tanto, adoptar ahora varios ajustes en la política económica a fin de evitar situaciones traumáticas más adelante.

Así planteadas las cosas, las conclusiones correspondientes se pueden presentar en los siguientes términos. En primer lugar, es imprescindible reducir el déficit fiscal mediante una revisión a fondo del esquema de prioridades del gasto público, sin que ello signifique una ampliación de las asimetrías entre los diferentes niveles de gobierno, así como entre los distintos ámbitos de las políticas públicas sociales, ambientales y comunicacionales. Segundo, parece urgente blindar el gasto público social, con miras a reforzar los servicios de educación y salud para la población de menores ingresos. Tercero, se requiere mejorar las condiciones de acceso de la pequeña y mediana empresa al financiamiento bancario. Cuarto y último, se necesita una actualización sustantiva de la normativa laboral, a fin de promover de manera equilibrada la protección del trabajo, la generación de empleo decente y la equidad de género.

El domingo de Carnaval es, con seguridad, el día menos apropiado para elaborar reflexiones sesudas sobre los problemas que se han hecho presentes en diversas esferas de nuestra vida colectiva. Ocurre, sin embargo, que sin respeto alguno por los preparativos carnavaleros, las intensas lluvias han ocasionado inundaciones y derrumbes en varias localidades, dejando un saldo de vidas humanas perdidas y daños materiales difíciles de cuantificar hasta que no concluya la temporada de lluvias. Lo que queda claro es que muchos de los daños podrían haberse evitado si es que las autoridades municipales y los propios pobladores hubieran tomado las precauciones necesarias para prevenir tales desastres, que afectan como siempre a la población menos favorecida.

Por otra parte, resulta evidente que hasta el 21 de febrero se intensificarán las movilizaciones de los sectores afines al partido de gobierno, con miras a debilitar a las distintas fuerzas del campo opositor, como ha ocurrido, entre otros, con el paro abusivo de los transportistas sindicalizados en la ciudad de La Paz, amparado por la pasividad ostensible de la Policía.

Son muchos los que consideran que en esa fecha se medirán las reales capacidades de convocatoria de los movimientos sociales que buscan la repostulación de Evo Morales para las elecciones de 2019, por un lado; y de las diversas corrientes y organizaciones que se oponen a tal propósito mediante el llamado a un paro cívico, por otra parte.

Mientras esto ocurre en el ámbito político, hay que llamar también la atención sobre los problemas económicos que reclaman un viraje de las políticas, a fin de responder a tiempo a las nuevas circunstancias imperantes en el contexto internacional. Las semanas pasadas han puesto en evidencia la inestabilidad de los mercados financieros, expresadas en caídas importantes de las bolsas de valores, que traen como perspectiva un aumento sostenido de las tasas de interés en el futuro próximo. Se trata de malas noticias para los países suramericanos en general, que no han superado todavía las crisis económicas y políticas que arrastran desde hace un par de años, y que tienen pesadas cargas de endeudamiento externo. Un aumento del servicio de la deuda externa contraída en los últimos años aumentará ciertamente el déficit fiscal de nuestro país, y pondría a la vez en duda la conveniencia de seguir recurriendo al endeudamiento interno y externo para cubrir dicho déficit.

Un contexto internacional tan incierto en lo político y en lo económico debería dar lugar a una reconsideración de las prioridades del país en estos momentos, con miras a desplegar una serie de iniciativas de diálogo y concertación puntual de políticas y medidas de corto plazo, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes.

En primer lugar, habría que evitar retrocesos en materia social, que devuelvan a condiciones de pobreza a la población urbana y rural beneficiaria de las transferencias monetarias condicionadas (los tres bonos principales), de las remesas de los trabajadores emigrados y de las mejoras en el acceso a los servicios básicos de educación y salud. A tal efecto se requiere una reprogramación efectiva del gasto fiscal, orientada a blindar las partidas que afectan a los sectores menos favorecidos de la población, indistintamente de los cálculos electorales que puedan abrigarse.

En segundo lugar, es imprescindible proteger el empleo, que ha sido severamente maltratado en los últimos años, particularmente en los estratos de la pequeña y mediana empresa, provocando un aumento de la informalidad y de la precariedad de las condiciones laborales. Una concertación tripartita de compromisos alejados del sectarismo político podría contribuir en esta materia. Por lo demás, que disfruten sus carnavales.

La reciente cumbre del G20 en Hamburgo puso en evidencia el déficit de gobernanza que caracteriza a la situación internacional en estos momentos. Los resultados de dicho encuentro se comparan muy desfavorablemente con el formidable despliegue de recursos financieros, políticos y logísticos realizado por el país anfitrión en la fase preparatoria y en el desarrollo del evento. El inesperado vandalismo de grupos anarquistas violentos ciertamente ensombreció el encuentro de los jefes de Estado, pero perjudicó asimismo la recepción de los mensajes y demandas de las movilizaciones pacíficas de protesta de organizaciones ambientalistas y anticapitalistas.

Con las nuevas orientaciones de la política exterior de Estados Unidos y los preparativos para la negociación del brexit, se sabía que la cumbre del G20 de este año solo podía aspirar a evitar retrocesos mayores con respecto a los compromisos adoptados en la cumbre anterior en China, lo cual es aproximadamente lo que logró negociar la canciller Merkel, puesto que existía incluso la posibilidad de que no se obtenga el consenso suficiente para un comunicado final.

La escueta referencia en dicho comunicado a la situación de la economía internacional presupone que la crisis financiera global de 2008 ya ha sido superada, motivo por el cual se postula la continuidad de las políticas monetarias de apoyo al crecimiento y de austeridad fiscal, en lugar de encarar las reformas imprescindibles del sistema financiero internacional, así como el cambio de enfoque respecto de países atrapados en situaciones de grave endeudamiento, como es el caso de Grecia y otros.

La reunión de Hamburgo ha demostrado que el G20 no contiene una representación adecuada de las diferentes zonas del mundo y sus respectivos problemas, a pesar de que los países participantes ostentan más de dos terceras partes de la producción y de la población del mundo.  

Los graves desequilibrios sociales que siguen presentes en América Latina y África difícilmente podrán corregirse si la nueva normalidad de la economía internacional consiste en un nivel de crecimiento en torno al 2% anual en los países industrializados y un poco más del 3% como promedio global, atribuible en gran medida a la gravitación del crecimiento de China y de otras economías del eje Asia-Pacífico.

Las economías latinoamericanas están en un momento crítico, puesto que varios países se debaten en medio de severas crisis económicas, políticas e institucionales; además de que la región en su conjunto muestra importantes rezagos en materia de infraestructura física, desarrollo tecnológico y preocupantes brechas de calidad en los sistemas educativos y universitarios. No obstante, la región está ausente como tal para todos los fines prácticos en las discusiones internacionales, debido a la parálisis de sus mecanismos de coordinación, en vista de los problemas de corrupción y debilitamiento institucional que afectan a varias naciones latinoamericanas.

A menos que en América Latina se adopten estrategias y políticas económicas orientadas a dinamizar el intercambio comercial recíproco y la interdependencia real de sus economías mediante proyectos de infraestructura y cooperación adecuados a las nuevas condiciones económicas y geopolíticas imperantes en el mundo, su gravitación relativa en el comercio y la producción mundiales seguirá menguando en el futuro. Cabe esperar, sin embargo, que la región acompañe con iniciativas apropiadas la preparación de la siguiente cumbre del G20, que se llevará a cabo el próximo año en Argentina. En tal contexto, se esperaría que en su calidad de anfitrión el vecino país tome las iniciativas correspondientes para aumentar la presencia latinoamericana en el mecanismo del G20, al menos en sus fases preparatorias.