No es la primera vez que el escándalo y la vergüenza cubren al Ministerio Público boliviano. Desafortunadamente una de las instituciones clave para la defensa de la sociedad, como reza su mandato constitucional, tiene una imagen negativa debido a los errores, excesos y hasta delitos de algunos de sus fiscales, que en las últimas semanas parecieran haberse multiplicado.
Pareciera también, sin embargo, que esta vez hay voluntad política para siquiera poner en discusión la urgente necesidad de transformar al Ministerio Público, que junto con la Policía y el sistema judicial tienen el deber, a menudo incumplido, de proteger a la sociedad y castigar el delito y todo aquello que la lastime por incumplimiento o vulneración de la ley.
El Fiscal General del Estado ha echado a dos fiscales de El Alto al conocerse denuncias de extorsión contra ellos. Otro fiscal de La Paz afronta un creciente número de denuncias en su contra por extorsión y robo; en Santa Cruz un fiscal se ha declarado culpable de idéntico delito, con la agravante de que en ese caso estuvo cerca de desatar un conflicto internacional y posibilitó la fuga del implicado, dejando en ridículo a la administración de justicia en Bolivia. Por último, para mayor vergüenza institucional, se ha denunciado a la Fiscal de Distrito de La Paz por no haber pagado durante los últimos años el alquiler de su vivienda, lo cual muestra otra forma de abuso que pueden cometer las y los servidores investidos con el poder de la Fiscalía.
Años atrás, en circunstancias similares, la entonces Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción lamentó que cuando se investiga a un fiscal, son sus colegas quienes ejecutan la tarea, posibilitando la lenidad, cuando no el encubrimiento. De ahí que sea inevitable preguntarse por qué esta vez tendría que ser distinto, si hemos llegado a la extrema situación de que la máxima autoridad del Ministerio Público necesita recordar a su gente que debe pagar el alquiler. También cabe preguntarse por qué el Ministerio de Transparencia, que ya actuó con respecto a la Fiscalía, hasta ahora no ha hecho nada, pese a que está poniéndose en duda la fe del Estado.
La situación de degradación moral que empaña la gestión del Ministerio Público es, asimismo, síntoma de un mal mayor que afecta a la ya nombrada función de protección a la sociedad, pues desafortunadamente menudean denuncias y reclamos contra policías y jueces por su incapacidad para cumplir con su deber constitucional de garantizar la seguridad de toda la sociedad y asegurar su acceso a la Justicia.
Urge, pues, una renovación que pase por los aspectos éticos y morales de las y los servidores públicos, pero también por los aspectos institucionales, pues una actitud de abuso es fruto de un ambiente de impunidad. El Ministerio Público no puede seguir siendo fuente de vergüenza y hasta de miedo.