El 28 de enero de 2014, en una conferencia de prensa, el Vicepresidente del Estado anunció tres medidas que aplicará el Gobierno para enfrentar la baja del precio del crudo. En tal sentido habló de aumentar la inversión productiva del Estado “con los recursos de caja y bancos y con las Reservas Internacionales Netas (RIN)”. Lo cual, en principio, parece acertado, aunque contradice en parte al ministro del área, quien hace unos días indicó que “hay la confianza de no utilizar” las RIN “para enfrentar los posibles efectos de ese contexto internacional”.
No obstante, independientemente de si se utilizaran o no, algo que no queda claro es cuál es el plan del Gobierno en este caso. Esto nos lleva a analizar las otras dos medidas propuestas; a saber: la diversificación de la producción agrícola y la reorientación de los recursos de los municipios y gobernaciones hacia el ámbito productivo.
Sobre el segundo planteamiento, ya han empezado a surgir voces de disconformidad, porque solo se incluiría en la estrategia a un sector productivo, el agrícola, no necesariamente caracterizado por generar muchos empleos, un aspecto sobre el que el Vicepresidente no ha dicho nada. Por lo pronto, los agricultores del oriente del país, hoy por hoy los niños mimados del Gobierno, han sugerido una ampliación del plazo para la función económica social, presumiblemente para acceder a créditos con mayor facilidad e invertir esos recursos en la ampliación de la frontera agrícola mediante la incorporación de nuevos rubros de exportación.
Así como están las cosas, todo parece indicar que el plan consistiría en sustituir un rubro de exportación (el gas) por otros (nuevos productos agrícolas), para atender el problema de disminución de divisas en el país como resultado de la baja del precio del crudo, prolongando el carácter primario-exportador extractivista de nuestra economía.
Me pregunto si no hubiera sido mejor iniciar ahora una discusión amplia sobre la política industrial que requiere el país, tocando algunos temas de fondo tales como el papel del sector informal en el desarrollo industrial, la problemática de la ropa usada y el contrabando, el rol de las universidades en el desarrollo de ciencia y tecnología, el apoyo a las Mypes y Pymes en el marco de la implementación de la nueva ley de servicios financieros y las verdaderas ventajas competitivas del país.
Respecto a la tercera propuesta, habrá que ver cómo desemboca finalmente la reorientación de recursos, habida cuenta de que aún no existe información en torno a los tipos de proyectos productivos que se apoyará; y la aparente decisión de abrir el menú a los deseos de los diferentes sectores sociales podría llevar a las gobernaciones y municipios a financiar proyectos no necesariamente factibles o con una expectativa mínima de éxito.
En este sentido, lo único que se puede decir por ahora es que se nota la ausencia de una estrategia clara de cómo se pretende encaminar una idea básica (muy plausible, por cierto) de convertir a las gobernaciones y municipios en entidades subnacionales productivas.