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miércoles 12 may 2021 | Actualizado a 22:57

Criterios de equidad en el pacto fiscal

La distribución de los recursos no debe ser definida únicamente de acuerdo con la cantidad poblacional

/ 5 de marzo de 2015 / 04:29

El jueves 11 de febrero se reunió por primera vez el Consejo Nacional de Autonomías. Uno de los principales puntos a tratar en ese encuentro es el pacto fiscal, el cual se refiere a la distribución de los recursos del Estado entre sus diferentes niveles de gobierno.  Al respecto, la creencia de que los recursos serán asignados en función de la cantidad de la población está altamente generalizada, incluso entre algunos intelectuales. Sin embargo, debe ser una ley la que establezca tal distribución de recursos, con base en criterios de equidad (Ley Marco de Autonomías, art. 114.VII y Disposición Transitoria 17°).

De acuerdo con la Ley 031, se tenía un plazo de seis meses luego de publicados los datos oficiales del censo 2012 para que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) elabore y entregue al Consejo Nacional de Autonomías una propuesta técnica de diálogo para el pacto fiscal; plazo que concluyó el 30 de diciembre de 2014.

Según establece la Constitución Política del Estado (CPE), esta propuesta tiene que elaborarse tomando en cuenta que la distribución de los recursos no debe ser definida únicamente de acuerdo con la cantidad poblacional de los territorios, sino además con base en: a) La carga de competencias asignadas a cada nivel de gobierno, en función al costo administrativo y operativo en su ejercicio (art. 305). b) El grado de necesidades de desarrollo de las jurisdicciones de gobierno, determinada con base en datos oficiales, aplicando la equidad en función a la población y a las condiciones en que vive esa población (arts. 306, 316, 330, 313). c) Y la capacidad competencial para generar recursos propios, mediante las distintas formas de recaudación de cada nivel gubernamental.

Por todo ello, para ser objetiva la propuesta del Servicio Estatal de Autonomías debe estructurarse sobre la base de un estudio previo de cuánto cuesta ejercer cada una de las competencias asignadas a cada nivel de gobierno, y sobre cómo están distribuidas las necesidades de desarrollo en todo el territorio nacional, con base en los datos del Censo 2012, considerando además que no todos los gobiernos locales tienen la misma capacidad de recaudación.

En efecto, en las ciudades hay mayor potencial impositivo para recaudar que en áreas rurales. En estas últimas la base impositiva es casi nula, por lo que dependen en gran medida de los recursos transferidos del nivel central para invertir en su desarrollo. 

Al considerar las necesidades de desarrollo, sin mucho esmero podemos afirmar que todas las regiones las tienen. Por ello, para aplicar el criterio de equidad, es imprescindible jerarquizar tales necesidades en niveles de prioridad, ya que, por ejemplo, no es lo mismo necesitar una cancha de fútbol que agua potable. Unas necesidades son más primordiales que otras, y el proceso de gestión debe resolver primero las básicas, para luego preocuparse por las necesidades de segundo nivel, luego el resto. Con lo cual, según aspira el espíritu de la Constitución, se lograría la anhelada igualdad de oportunidades y Bolivia realmente dejaría de ser un país pobre.

A la conclusión del pacto fiscal se debería también operativizar el criterio de equidad para invertir los recursos adecuadamente, a fin de resolver las necesidades de desarrollo, tal como manda la Ley 031 (art. 111.III). Esperemos que los miembros del Consejo Nacional de Autonomías tomen en cuenta este acertado criterio de distribución de recursos establecido por nuestra CPE, y así poder erradicar efectivamente la pobreza del país.

Es experto en Desarrollo Público, Participación y Autonomías.

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Salida institucional para el problema electoral

Las actas que presentan irregularidades deben anularse y se debe prever la repetición del voto en esas mesas.

/ 30 de octubre de 2019 / 00:56

Tras el anuncio de los resultados oficiales de las elecciones del 20 de octubre y la desconfianza de su veracidad, hoy el país parece no tener un acuerdo de salida. La solución más sensata es sin duda la vía institucional que se plantea en los siguientes puntos en calidad de sugerencia abierta para el Órgano Electoral (OEP).

i) No puede haber repetición del acto eleccionario. Se debe solucionar el problema de la veracidad del conteo y resultados de las elecciones del 20 de octubre.

ii) Ninguna institución es confiable. Por eso existena los mecanismos de transparencia y de control a su desempeño. Se supone que tenemos las actas originales publicadas y para el control en el proceso tuvimos delegados de las organizaciones políticas, observadores internacionales y el control ciudadano y muchos tomamos foto al acta de nuestra mesa. Para lo posterior está la auditoría.

iii) La autoridad electoral es el OEP. El Gobierno es candidato, al igual que CC y los otros. Por tanto, no tiene por qué meterse ni hablar como si fuera la autoridad electoral. La OEA es observadora, si hace una auditoría es en tal calidad. Pero no puede ser vinculante, ya que iría contra la soberanía del país, sería como otorgarle autoridad electoral. ¿Qué país aceptaría eso?

iv) Debe haber una auditoría electoral de forma inmediata. Pero no del escrutinio de cada mesa. Llevaría meses y debemos tener un nuevo gobierno para enero. Debe ser solo del conteo de actas. Para esto, las actas deben ser las auténticas, lo cual se resuelve con el control ciudadano. Se debe convocar a que, en una semana, toda la ciudadanía, jurados y delegados de mesa que tienen en sus manos copias y fotografías de sus actas las cotejen con las que están en la página del OEP (TREP), y envíen sus denuncias u observaciones a un correo electrónico, WhatsApp y/o página confiables.

Las actas que presentan irregularidades deben anularse y se debe prever la repetición del voto en esas mesas, ya que no se puede anular el derecho al voto de sus ciudadanos. Las actas denunciadas de no publicadas deben publicarse. La empresa auditora debe ser contratada por el OEP para que sea vinculante. Sin embargo, debe ser altamente confiable.

v) Debe conformarse una comisión supervisora integrada por delegados del TSE, de las organizaciones políticas en disputa, de la OEA, de la ONU y de los organismos que se consideren pertinentes. En lo posible deben ser técnicos, expertos en materia electoral e informática, evitando que sean políticos. Esta comisión debe supervisar desde el proceso de contratación de la empresa auditora hasta el desarrollo y conclusión de la auditoría.

vi) La auditoría debe hacerse únicamente de las actas validadas por el control ciudadano, de las no observadas y de las generadas con la repetición de los votos.

vii) Lo que resulte de ese nuevo conteo deberá ser asumido por el OEP, ya que resulta de un mecanismo de control establecido por ley y, por tanto, válido. Por lo mismo debe ser vinculante.

viii) Con base en este resultado, se verá si ganó efectivamente Evo Morales, si ganó Carlos Mesa o si hay una diferencia de menos del 10% entre uno y otro, en cuyo caso se deberá ir a segunda vuelta.

Con ello se resolvería el problema del país. La salida política que plantea la OEA, de ir a una segunda vuelta aunque gane uno de los candidatos con una diferencia mayor al 10%, va contra el propio principio y discurso democrático, así sea mínima esa diferencia. La salida política debe ser únicamente para ampliar los plazos y hacer ese nuevo conteo supervisado, pero que asegure que llegaremos al 22 de enero con un nuevo gobierno electo.

+ Maestrante en gobernanza.

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