El presunto rapto de una adolescente de 14 años en el centro de la ciudad de La Paz, el 19 de enero, y su posterior traslado junto con otras seis muchachas a un prostíbulo de Rurrenabaque (Beni), en donde había al menos 30 menores que eran sometidas a frecuentes violaciones luego de que se subastase su virginidad, ha puesto en vilo a la opinión pública durante las últimas semanas.
Este hecho salió a la luz luego de que la muchacha lograse escapar junto con otras tres adolescentes un mes después de haber sido capturada, trasladándose hasta una localidad vecina del Beni. Allí se contactó con su progenitor, quien a su vez habló con la madre de la muchacha para que vaya a rescatarla, pues él se encontraba en prisión. Al final la madre viajó sola hasta el Beni para traer de regreso a su hija, ya que el oficial que estaba a cargo de su caso se encontraba de descanso el día en que se enteraron sobre su paradero.
A los pocos días de que este hecho se hiciera público, el 27 de febrero, la Policía aprehendió en Yucumo a cuatro personas sospechosas de estar involucradas en este caso. Dos días más tarde, tres de ellos (varones) fueron detenidos de manera preventiva acusados de estupro (abuso sexual infantil), no así de trata ni de secuestro, pues, según señaló el Ministro de Gobierno, no existe la evidencia suficiente para sustentar el relato de la menor mencionado anteriormente.
Para el Ministerio Público la adolescente no fue secuestrada, sino que en realidad huyó de su hogar luego de una pelea con su madre, se dirigió a la terminal de buses, y allí conoció a una mujer (una de los cuatro sospechosos) a quien le habría pedido ayuda para trasladarse a Rurrenabaque y después un trabajo en su hogar, donde supuestamente habría sido agredida sexualmente por los otros tres sospechosos.
Tanto la progenitora como la muchacha niegan esta hipótesis e insisten en que la menor sí fue víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Y si bien la adolescente ha reconocido a los sospechosos, sostiene que se trata de los empleados que trabajan en el local donde estuvo cautiva durante 35 días, pero en ningún caso de los cabecillas de la organización. La madre sospecha que hay mucho dinero por detrás y que se estaría encubriendo a los verdaderos responsables. Asimismo, ambas lamentan que la Policía no se haya movilizado para rescatar al resto de las muchachas cautivas, quienes podrían haber sido trasladadas a la Argentina.
Por la connotación del caso, por la gravedad de los delitos denunciados por Emma Belén, por las posibles víctimas que podrían estar siendo explotadas sexualmente en estos momentos, es de esperar que las indagaciones policiales no se contenten con identificar a unos pocos culpables, y que más bien lleguen hasta “las últimas consecuencias”, cual si fuese una marcha de protesta.