En un reciente artículo publicado el 24 de marzo en un matutino cruceño se pretende demostrar que el crecimiento de la economía boliviana tiene bases sólidas. El aporte arranca con una llamada de atención a todos quienes explicarían el “buen desempeño de la economía” mediante “el comportamiento ascendente de los precios de las materias primas”, interpretación aparentemente confirmada por la reciente baja del pronóstico del crecimiento del PIB, en el entendido de que todo esto tendría el objetivo de demostrar la ausencia de gestión de la política económica en el país.

No obstante, como trataré de demostrar a continuación, el análisis no resiste el menor escrutinio técnico. Veamos. En primer lugar, dice que en 2014 nuestro país creció más que los países latinoamericanos en general, y que Colombia, Paraguay, Ecuador y Chile en particular; argumentando más adelante que “la razón se encuentra en la demanda interna”, ya que ésta también aumentó en un 6,9%. Empero este razonamiento no explica el origen de la demanda interna, particularmente en una economía altamente extractivista como la nuestra. ¿No será que el supuesto crecimiento de la demanda interna solo fue posible gracias al crecimiento de las exportaciones totales en general y las de gas natural y minerales en particular? Resulta curioso que, según datos del INE, entre 2013 y 2014 el crecimiento de estos dos rubros, que representaron cerca del 80% de las exportaciones totales, alcanzó a 7,74%.

En segundo lugar, habla de que el crecimiento de América Latina está altamente correlacionado con el desempeño de los precios de materias primas (a pesar de que luego solo se refiere, “como una muestra”, al comportamiento de los precios del petróleo, citando algunas cotizaciones mensuales sin ninguna relevancia, puesto que en general el análisis considera cifras anuales) para insinuar una consistente relación positiva entre crecimiento y precios del petróleo en dicha región, a tiempo de hacer notar que esto no acontece en el caso de Bolivia.

Sin embargo, utilizando series de tiempo anuales completas del FMI y de Energy Information Administration (EIA, EEUU) para el mismo periodo (2010-2014), se puede comprobar exactamente lo contrario. En efecto, el coeficiente de correlación entre crecimiento latinoamericano y precios del petróleo es -0,71, mientras que aquél entre el crecimiento boliviano y los precios del combustible fósil alcanza a 0,83. Estos resultados ratifican un par de verdades de Perogrullo que algunos colegas se empeñan en desconocer.   

Por último, el artículo concluye, de la manera más desaprensiva, que en vista de la caída del precio del petróleo a $us 45, las gobernaciones, municipios y universidades deberán usar sus saldos en caja y bancos para mantener los niveles de inversión pública. Después de leer el último párrafo del relato, uno se queda pensando: ¿Se habrá dado cuenta la autora de que terminó refutando su propia hipótesis? 

El 28 de enero de 2014, en una conferencia de prensa, el Vicepresidente del Estado anunció tres medidas que aplicará el Gobierno para enfrentar la baja del precio del crudo. En tal sentido habló de aumentar la inversión productiva del Estado “con los recursos de caja y bancos y con las Reservas Internacionales Netas (RIN)”. Lo cual, en principio, parece acertado, aunque contradice en parte al ministro del área, quien hace unos días indicó que “hay la confianza de no utilizar” las RIN “para enfrentar los posibles efectos de ese contexto internacional”.

No obstante, independientemente de si se utilizaran o no, algo que no queda claro es cuál es el plan del Gobierno en este caso. Esto nos lleva a analizar las otras dos medidas propuestas; a saber: la diversificación de la producción agrícola y la reorientación de los recursos de los municipios y gobernaciones hacia el ámbito productivo.

Sobre el segundo planteamiento, ya han empezado a surgir voces de disconformidad, porque solo se incluiría en la estrategia a un sector productivo, el agrícola, no necesariamente caracterizado por generar muchos empleos, un aspecto sobre el que el Vicepresidente no ha dicho nada.  Por lo pronto, los agricultores del oriente del país, hoy por hoy los niños mimados del Gobierno, han sugerido una ampliación del plazo para la función económica social, presumiblemente para acceder a créditos con mayor facilidad e invertir esos recursos en la ampliación de la frontera agrícola mediante la incorporación de nuevos rubros de exportación.  

Así como están las cosas, todo parece indicar que el plan consistiría en sustituir un rubro de exportación (el gas) por otros (nuevos productos agrícolas), para atender el problema de disminución de divisas en el país como resultado de la baja del precio del crudo, prolongando el carácter primario-exportador extractivista de nuestra economía.

Me pregunto si no hubiera sido mejor iniciar ahora una discusión amplia sobre la política industrial que requiere el país, tocando algunos temas de fondo tales como el papel del sector informal en el desarrollo industrial, la problemática de la ropa usada y el contrabando, el rol de las universidades en el desarrollo de ciencia y tecnología, el apoyo a las Mypes y Pymes en el marco de la implementación de la nueva ley de servicios financieros y las verdaderas ventajas competitivas del país.

Respecto a la tercera propuesta, habrá que ver cómo desemboca finalmente la reorientación de recursos, habida cuenta de que aún no existe información en torno a los tipos de proyectos productivos que se apoyará; y la aparente decisión de abrir el menú a los deseos de los diferentes sectores sociales podría llevar a las gobernaciones y municipios a financiar proyectos no necesariamente factibles o con una expectativa mínima de éxito.

En este sentido, lo único que se puede decir por ahora es que se nota la ausencia de una estrategia clara de cómo se pretende encaminar una idea básica (muy plausible, por cierto) de convertir a las gobernaciones y municipios en entidades subnacionales productivas.  
 

Según una reciente noticia, el presidente de YPFB habría descartado que “la baja internacional en el precio del petróleo afecte a los ingresos para el país provenientes de las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina, tomando en cuenta que esa disminución es circunstancial y no representaría una crisis de la economía mundial”.  Es más, con base en proyecciones del Instituto de Energía  Mundial, la citada autoridad sería de la opinión de que el precio del petróleo se mantendrá entre 90 y 100 dólares (el barril), añadiendo que, con 90 dólares, en Bolivia “estamos en una posición bastante buena”. 

Dada la dependencia de la economía boliviana de las exportaciones de gas natural, el país podría sufrir un duro embate si los anteriores deseos no se cumplieran. Y desafortunadamente, por al menos tres razones, es probable que no se cumplan. En primer lugar, la actual deflación en China podría aumentar la desaceleración de su economía, cediendo paso a una aún menor demanda de petróleo; y si se tiene en cuenta el poder de compra de esta economía, a una situación de bajos precios del petróleo. A esto se suma la nueva decisión del Gobierno chino de incentivar la introducción masiva de vehículos eléctricos para paliar los altos niveles de contaminación ambiental y polución del aire, derivados de una matriz energética aún basada en la quema de hidrocarburos, con un efecto negativo en la demanda y precio del combustible fósil.  

En segundo lugar, el boom del gas de esquisto (shale gas) en EEUU estaría dando lugar a una caída en el precio del petróleo por efecto del aumento de la producción de crudo, ya sea porque algunos yacimientos de shale gas son también yacimientos de shale oil (petróleo de esquisto) y un aumento del primero resulta al mismo tiempo en un incremento del segundo, o porque una parte importante del exceso de shale gas producido por EEUU se estaría convirtiendo en diésel (vía gas-lo-liquids) reduciendo la demanda y, por tanto, las importaciones de petróleo de ese país.

En tercer lugar, el cambio climático habría generado una gran presión sobre los gobiernos de muchos países desarrollados y emergentes para acelerar la sustitución del petróleo por energías alternativas renovables y no renovables, así como mediante procesos de electrificación de la industria automotriz global.  Por una parte, Alemania viene dando un vigoroso impulso a las energías solar y eólica (renovables) desplazando de su matriz energética no solo a la energía nuclear, sino también a los hidrocarburos. Y, por otra, los cerca de 700.000 vehículos eléctricos enchufables y más de 7 millones de vehículos eléctricos híbridos convencionales que son parte del parque automotor mundial ya estarían comenzando a reflejarse en una disminución cada vez mayor de la demanda de gasolina y diésel.

Como ninguna de las tres razones parece ser coyuntural, esto explicaría el apuro del Gobierno por avanzar hacia un proceso amplio de exploración de hidrocarburos en diferentes regiones del país, para profundizar el modelo extractivista al que ha apostado desde 2006, y porque es la única carta de que dispone para evitar un eventual colapso social en Bolivia. No obstante, las inversiones que el Gobierno quiere hacer ahora podrían estar ya a destiempo de una posible crisis de la economía mundial, para la que un país tan desindustrializado como Bolivia se encuentra muy lejos de contar con blindaje alguno.   

El inédito episodio ocurrido el jueves en el set de ATB entre dos conocidos periodistas motiva la presente nota. En ella intento describir las difíciles opciones que tiene uno de los canales de televisión abierta de mayor trayectoria a nivel nacional, para atender un problema que podría ocasionar serios daños a lo más preciado de un medio de comunicación: su reputación.

Se ha hablado mucho acerca de la frágil subjetividad periodística de un canal privado, que se esfuerza todos los días no sólo por ser sino también por parecer lo suficientemente creíble e imparcial ante la opinión pública. En este contexto, el incidente pone a prueba todos los libretos hasta ahora escritos para el manejo de un programa (y por qué no decirlo, de un canal) que nunca más podrá ser visto con los mismos ojos.

Me pregunto si la gerencia de ATB habrá visualizado el dilema en que se encuentra. Lo que me recuerda uno de los ejemplos más simples de la teoría de juegos que muchos economistas estamos acostumbrados a utilizar en nuestros análisis: el dilema del prisionero. Aplicado al caso que nos ocupa, estarían dados los incentivos para que ni Iturri ni Grimalt colaboren de manera que el problema se resuelva con la salida de uno de ellos o de ambos, a pesar de que, según la teoría antes citada, ambos periodistas y, posiblemente también ATB, lograrían un mejor resultado si colaborasen.

Pero veamos cuáles son las alternativas. Primera opción. Sale Grimalt, en cuyo caso la percepción de una parte de la audiencia sería que el jefe de prensa de ATB ejerció su poder, en coordinación con la gerencia, con lo que no sólo perdería el periodista español, sino también ATB por cuanto se confirmaría la afinidad del canal con el partido de gobierno. Segunda opción. Sale Iturri, en cuyo caso la percepción de otra parte de la audiencia podría ser que se dio la razón a un periodista foráneo y no se defendió a lo nuestro, con lo que no sólo perdería el jefe de prensa de ATB, sino también el canal, pues quedaría confirmada su afinidad  con lo extranjero. Tercera opción. Salen ambos, en cuyo caso pierde la audiencia,  porque se queda sin una opción de un programa diferente en el mercado televisivo, y pierde el canal, porque posiblemente terminaría con una baja de interés en sus auspiciadores por un programa esencialmente fallido.

Por tanto, al parecer la mejor opción sería que la gerencia de ATB propicie una reconciliación entre los dos periodistas, disculpas de parte de ambos de por medio, más por la forma cómo se dieron las cosas que por la esencia del contraste de ideas que se debería mantener, y un ajuste de clavijas en producción incluido, para continuar con la difusión de un programa de formato diferente, en beneficio de un público cada vez más ávido de información y conocimientos de calidad.     

En una reciente entrevista publicada por el sitio web Kaos (www.kaosenlared.net/america-latina/item/16076-alfredo-jalife-a-espa%C3%B1a-y-repsol-les-sali%C3%B3-el-tiro-por-la-culata.html), el analista mexicano Alfredo Jalife argumenta que Repsol es “una de las peores empresas privadas del mundo” y que el Gobierno español se equivocó al apoyarla en el asunto de la nacionalización de YPF en Argentina, puesto que Cristina Fernández “tiene cartas de represalias”.  Es más, sostiene que Argentina “no está tan sola”, observando que en el nuevo contexto geopolítico regional “la solidaridad demostrada por Venezuela, Ecuador y Bolivia fueron determinantes”.

A continuación manifiesto mi discrepancia con Alfredo Jalife, porque en su análisis no parece mostrar la realidad por lo menos en el caso boliviano.  En efecto, según una reciente publicación de Plataforma Energética (www.plataformaenergetica.org/content/3354), actualmente, Repsol Bolivia no es vilipendiada ni mucho menos; es, más bien, vanagloriada por el Gobierno boliviano.

La posición de Bolivia se puede explicar de la siguiente manera. Tal como refleja un nuevo artículo de Profesional.com, reproducido en HidrocarburosBolivia.com, el gas que compra Argentina de Bolivia a un precio promedio de 11 dólares por BTU (en lugar del que compraba a Repsol YPF de 2 dólares por BTU) sería producido “básicamente” por Repsol Bolivia. Por tanto, por el momento, a nuestro Gobierno le interesa no sólo defender a Repsol Bolivia para que siga produciendo el gas que  exporta a Argentina, sino incentivarla para que, junto con las demás transnacionales que operan en nuestro país en el marco de los contratos de servicios suscritos en 2006, produzca también petróleo.

Las preguntas que siguen son si YPF nacionalizada podrá producir gas natural al precio que el Gobierno argentino pagaba a Repsol, y si la nueva situación no contribuirá a resquebrajar su relación comercial con Bolivia en el futuro próximo.