El tercer mandato del presidente Evo Morales presenta un escenario económico de incertidumbre. Desde 2006, el éxito de la política económica del presidente Morales depende directamente del acuerdo de venta de gas natural al Brasil, que garantiza la exportación de 34 millones de metros cúbicos al día, a través de un contrato take or pay (recibe o paga). Para tener una idea de la magnitud del nivel de exportación del carburante, este volumen de gas puede producir cerca de 7.000 megavatios (MW), cifra que representa más del 40% de la producción termoeléctrica brasileña, fundamental para enfrentar la crisis hidrológica que sufre Brasil.

Para Bolivia, el acuerdo de gas con Brasil permitió el más largo periodo de estabilidad política, crecimiento económico y desarrollo social de la historia del país, trayendo beneficios políticos para el gobierno de Morales, en el poder desde 2006. La adopción de una política económica ortodoxa, elogiada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), permitió crecer a la economía boliviana con elevadas tasas, superior al 5% anual; mantener la moneda estable y acumular reservas internacionales equivalentes al 50% del PIB en 2013. Este acuerdo fenece en 2019, y las condiciones de su renovación estarán condicionadas a importantes cambios en el mercado internacional de energía y en Brasil, cambios con implicaciones todavía inciertas, pero inquietantes para Bolivia.

En el mercado internacional de energía hay fuertes indicios de cambios estructurales profundos en curso. La fuerte caída en el precio del petróleo es resultado del bajo nivel de actividad económica en el planeta, que redujo la demanda mundial de crudo e intensificó la competencia entre los países productores, disminuyendo el poder de monopolio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Este fenómeno obligó a los grandes productores a no reducir la producción de crudo, presionando aún más la caída en el precio de este commodity.

Por otro lado, los avances tecnológicos en la extracción de petróleo y gas natural, con el desarrollo del shale gas (gas de esquisto), permitió aumentar la producción interna de hidrocarburos en Estados Unidos (el segundo mayor importador de crudo del mundo), y se estima que en los próximos años el país del norte será autosuficiente, lo que intensificará la competencia entre fuentes alternativas de energía. El resultado de este proceso dinámico para el escenario energético es de una caída estructural en los precios del petróleo, impactando también en la reducción de los precios del carbón y del gas natural.

En Brasil se destacan dos cuestiones internas. La primera está relacionada con la empresa estatal Petrobras, que es en última instancia el operador del acuerdo del gas con Bolivia. La crisis de gobernanza que Petrobras enfrenta actualmente está imponiendo restricciones a la capacidad de inversión. Por lo tanto, hay incertidumbre respecto a futuras inversiones en el exterior, pues la prioridad de la compañía estatal deberá ser el mercado interno, y en especial el aprovechamiento del yacimiento Presal, ubicado en el océano Atlántico. Y en el caso de posibles inversiones en Bolivia, existe la agravante de los cuestionamientos recientes del Ministerio Público brasileño en relación a la adenda al Acuerdo del Gas, firmada en 2007, referente al pagamento adicional por el tenor energético del gas natural. Este escenario todavía padece de incertidumbres frente al marco regulatorio de Bolivia, a raíz de la nacionalización del sector de petróleo y gas en 2006. De esta forma, queda por confirmar la real capacidad de Bolivia para ofrecer gas a Brasil a partir de 2019, frente a la necesidad de nuevas inversiones de exploración y prospección, que garanticen el aumento de las reservas de gas natural y, por tanto, una oferta firme.           

Este diagnóstico es agravado por una segunda cuestión de naturaleza estructural, vinculada directamente con la planificación de la expansión de la matriz eléctrica brasileña. En caso de que la planificación consiga romper las crecientes barreras de la legislación ambiental, las pocas centrales hidroeléctricas futuras en Brasil, que constituyen la fuente más limpia, barata y sustentable de generación de energía eléctrica, serán del tipo a “filo de agua”. De esta forma, no habrá condiciones de aumentar la capacidad de almacenamiento de las represas. El aumento de la oferta de energía eólica, y en el futuro de energía solar en la matriz eléctrica, representará un desafío cada vez mayor para la operación del sistema eléctrico brasileño, imponiendo, incluso a pesar de las preocupaciones ambientales, la necesidad de contratar centrales térmicas. La última subasta de energía nueva en Brasil ya indicó esta necesidad estratégica. Fueron contratadas dos centrales térmicas, a GNL, con capacidad instalada total de 2.400 MW, incluyendo la construcción de dos terminales capaces de procesar más de 10 millones de metros cúbicos de gas por día solamente para atender el despacho de estas usinas, equivalente a un poco más que un tercio de las importaciones de gas de Bolivia. Las nuevas centrales y las terminales serán construidas por un grupo privado, rompiendo así la dependencia de la oferta de gas de la estatal Petrobras. Este resultado abre una alternativa más para atender las necesidades de gas natural del sector eléctrico, además de implicar un aumento de la competencia para el gas boliviano.

El acuerdo del gas hizo del Brasil el mayor socio comercial de Bolivia. Fue precisamente esta sociedad la que dio las bases y condiciones para las conquistas económicas y políticas del gobierno de Morales. Como el escenario para la renovación de este acuerdo impone desafíos para Bolivia, debido a las perspectivas de reducción del precio internacional del gas y el aumento de la competencia interna (vía Presal e importación de GNL) existe la necesidad de identificar e implementar alternativas para enfrentar y superar este escenario eventual. La integración eléctrica, a través de la construcción de usinas hidroeléctricas binacionales y/o en territorio boliviano, puede ser una alternativa a ser examinada con mayor atención por el gobierno de Evo Morales, que pasaría a ser exportador de energía renovable para un mercado seguro, y también por los formuladores de la política energética brasileña, ya que el 94% de las aguas de todos los ríos bolivianos convergen al río Madera.