Posicionamientos. Cuando en el segundo semestre de 2010 se estaba proyectando y discutiendo la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, los operadores mediáticos del país manifestaron de diferentes maneras su rechazo a dos artículos de dicha norma. El supuesto, agitado como espantajo, era que se buscaba cerrar medios de comunicación y encarcelar periodistas. El mensaje era inequívoco: la “ley mordaza” atenta contra la libertad de expresión, ergo, no hay democracia.
Con tal convicción, los propietarios de medios y las organizaciones del gremio periodístico, en clave corporativa, desataron la campaña mediática más virulenta en democracia contra una norma. Dicha acción, bien coordinada, incluyó la sincronización de agenda informativa y de opinión, un inédito “portadazo”, movilización callejera, fallida recolección de firmas para impulsar un referendo, huelga de hambre en horario estelar, una iniciativa legislativa y denuncia internacional. Una campaña en forma.
Debo decir que en aquel momento, suscribiendo sin atenuantes la consigna de que “sin libertad de expresión no hay democracia”, asumí como periodista una posición de respaldo a la ley antirracismo y, en consecuencia, critiqué la desproporcionada trinchera adoptada por el gremio. La ley se promulgó. Luego vino su reglamentación (que también intentó ser dinamitada por los medios). Y tras casi un lustro de vigencia no murió la democracia ni se clausuraron medios ni se encarceló a ningún periodista.
El problema fue otro: la flamante norma contra el racismo se pretendió estrenar con distorsiones con cara de vendetta. Veamos: i) Algunos concejales de Oruro acusaron de discriminación al diario La Patria por haberles llamado “concejiles” (relativo al Concejo). ii) La Dirección de Comunicación tildó de racista a un ordinario comentarista cruceño por decir que oficialmente se pasaba la ley por las pelotas. iii) Un exvocal electoral planteó cinco denuncias contra un diario por haber publicado artículos que “mellaron su dignidad”, discriminándolo (sic). iv) Una autoridad de Potosí anunció proceso penal contra un conductor televisivo que recibió una llamada telefónica en la que se la comparó con un animal. v) Un diputado opositor demandó al jefe de bancada del MAS en Santa Cruz por pedir la renovación de la dirigencia cívica con jóvenes en lugar de los actuales “viejos cabeza pelada”.
Qué tal. Todo en nombre de la ley. De antiguo se sabe que entre la norma y su aplicación suelen haber no solo “trampas”, sino también curiosos extravíos. Demás está decir que ninguna de tales amenazas, producidas en 2010, prosperó en los juzgados. Pero las distorsiones, corre selectivo aprendizaje, se prolongaron en el tiempo; y por cuenta del Viceministro de Descolonización, nada menos, encargado de velar por el cumplimiento de la norma. Señalo tres intentos de fallido enjuiciamiento por “racismo y discriminación”: contra la presentadora Milena Fernández por haber dicho en su programa televisivo que en Carnaval la ciudad de Oruro se pone “fétida”; contra la diputada Norma Piérola por haber dejado toscamente al presidente Morales con la mano extendida, pasándose de largo; contra la periodista Amalia Pando por una torpe expresión, que ella rechazó, de un coronel entrevistado en su programa radial.
Así no, viceministro. Y hago este recuento porque, en serio, la valiosa e imprescindible Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación merece mejores/auténticas causas. ¿Para qué devaluarla con acciones rancias, desubicadas, innecesarias, contraproducentes e inútiles?
Soy un firme convencido de que esta norma constituye un resguardo ineludible contra el racismo y la discriminación realmente existentes-persistentes en el país. Y su potencial es más bien preventivo y educativo que sancionatorio. Ojalá se aplique con blindaje contra tentaciones de represalia, “moralización” y censura.