Édgar, un niño de 12 años, fue elegido por su comunidad como representante del Comité de Protección Infantil, y un grupo de adultos, entre los que había madres de familia, lo apoyan y trabajan conjuntamente para prevenir la violencia a la infancia y denunciar casos de desprotección. Édgar, sin duda, se perfila como un potencial líder en su vida adulta.

Observar a Édgar y un equipo de adultos sensibilizando, interviniendo y luchando por sus derechos, nos guía a una autorreflexión para comprender cuánto avanzamos en casi 26 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y que involucra a 159 Estados, a la que Bolivia está adscrita desde el 8 de marzo de 1990. La particular historia de Édgar en un Comité de Protección Infantil en su comunidad es un escaparate de nuevas preguntas.

Sabemos que los gobiernos, comunidades, familias, el propio sistema educativo, investigadores, profesionales, medios de comunicación, etcétera, tenemos obligaciones y responsabilidades para garantizar el cumplimiento de esta norma. ¿Hasta qué punto, sea cual sea el rol que asumimos, intervenimos comprometidamente protegiendo los derechos de la infancia? ¿Qué desafíos asumimos desde nuestra actual situación?

Édgar participa activamente por sus propios derechos y el de sus amigos. Las madres y adultos que lo apoyan se involucran en su rol de comunidad, pero ¿acaso ellos pueden estar presentes en cada familia y cerca de cada niño o niña del país?

Sí es responsabilidad de cada familia y todas las comunidades crear espacios para proteger a la infancia y es un deber que la población y municipios debamos promoverlo, quizás todos debiéramos aprender de las motivaciones de Édgar y su comunidad para llevar puesta una camiseta por el bienestar de la infancia. 

Hasta ahora, por diferentes actores sociales, seguramente existen buenas experiencias en la protección de los Derechos del Niño. Sin embargo, es emergencia visibilizarlos, compartirlos, aprenderlos, replantearlos, crear otras formas de intervención y propiciar que la ciudadanía, gobiernos y agentes invirtamos más esfuerzos por la infancia y sus derechos.  Y así, quizás, la audacia de Édgar se haga insignia por el bienestar de cada niño y niña en Bolivia. Contagiémonos, sí, de esta responsabilidad que involucra a todos y todas.

Desde hace más de un siglo, el estudio, desarrollo, alcance y efectos de las políticas públicas despertaron la inquietud en la administración de los Estados con el fin de que, a partir de bases científicas, la gestión de las organizaciones públicas pueda ser más eficaz y eficiente. Ya desde principios del siglo XX en Bolivia se identificó la problemática de los niños y niñas que perdieron el cuidado parental, siendo la respuesta la atención institucional privada y/o religiosa de carácter filantrópico. Hasta mediados de la década de los años 30, el problema empezó a visibilizarse en las agendas públicas y de gobierno, debido al incremento de casos de abandono y orfandad infantil provocados por la Guerra del Chaco.

En 1937 se firmó el Decreto Supremo 14-06-1937, que crea el Patronato Nacional de Menores para “ejercer la tutela del Estado en favor de la infancia y menores en general, especialmente de los niños abandonados” (República de Bolivia, 1937). En última instancia, el Patronato Nacional de Menores, como entidad pública, implementó la Política de Atención a la Niñez en Situación de Abandono a través de hogares estatales.

En más de siete décadas de funcionamiento de los hogares del Estado existieron varias reformulaciones a la política pública de atención a la niñez que perdió el cuidado parental, como lo demuestran las actualizaciones del Código Niña, Niño, Adolescente realizadas en 1966, 1975, 1991, 1999 y 2014, que buscaron promover y garantizar los derechos de la niñez como una respuesta que busca un desarrollo adecuado.

Continuamente distintos actores sociales, entidades públicas u organizaciones de la sociedad civil han buscado reformulaciones para que una política pública responda de mejor manera a sus intereses y problemáticas particulares. Esta búsqueda de modificaciones y mejoras se denomina incidencia o abogacía.

Sin embargo, no existe una sola definición de abogacía; la mayoría de las organizaciones la definen en función a su área de trabajo y actores involucrados. A partir de los 90, el involucramiento de actores de la sociedad civil en la abogacía aumentó considerablemente, llegando a generar críticas sobre la legitimidad de las propuestas de cambio que se presentan debido al reconocimiento de los riesgos generados en los procesos de abogacía cuando no se conoce a profundidad el contexto y la realidad local de las personas vulnerables por las que se aboga.

En el caso de la infancia en riesgo de quedar sin la protección de sus familias, el trabajo de abogacía no debería definirse solo como una concienciación respecto a la situación y derechos, sino más bien en aquellas alternativas de desarrollo diario que otorgamos para que esos padres y madres que pensaron en el abandono como única solución a las crisis que enfrentaban se conviertan en personas que al superar las más difíciles batallas personales, se convencieron de que la abogacía se hace a diario, motivando y convenciendo a más personas a invertir recursos económicos, tiempo y esfuerzos en la infancia.