Un sano debate
Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero el 25% de la población carcelaria.
Son seis los aspirantes que buscan la nominación del Partido Republicano para las presidenciales de 2016. El doctor retirado y afroamericano Ben Carson; la expresidenta de Hewlett-Packard Carly Fiorina; el senador por Florida Marco Rubio; el senador por Kentucky Rand Paul; el senador por Texas Ted Cruz y el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee. Fiorina es la segunda mujer después de la aspirante demócrata Hillary Clinton a quien admira, pero “no es de fiar” —vamos, como cualquier político— según dijo mientras recordaba las sombras que acompañan a la ex secretaria de Estado como el atentado en Bengazi y las donaciones a la Fundación Clinton.
Carson ha ganado protagonismo público por su reacción frente a los sucesos de Baltimore (Maryland) tras el último caso de brutalidad policial contra Freddy Gray, un joven negro de 25 años. “Si no te manifestarías contra un mal plomero, tampoco deberías hacerlo contra un mal policía”, aconsejó. El hecho es que Baltimore acelera el debate sobre la represión policial y el sistema carcelario.
Corrían los años del crimen rampante en las calles de Estados Unidos, cuando surgieron las políticas de “tolerancia cero”, que permitieron a la Policía detener a un ciudadano por infracciones mínimas. El crimen bajó gracias a la bonanza económica (el descenso del desempleo y la pobreza), pero los propagandistas del estatismo lo atribuyeron a la política estatal de “tolerancia cero”. Irónicamente, las prisiones se llenaron con personas que cometieron “delitos” inventados por el Estado, como el tráfico de drogas y la evasión impositiva, así como algunos delitos contra natura como el homicidio y el robo, pero en gran medida, directa o indirectamente, relacionados con los anteriores.
Ahora, las políticas de mano dura están bajo revisión. Los casos de abusos policiales en Ferguson el año pasado y en Baltimore hace unos días aceleran el debate. El tema ahora es reducir la población carcelaria, que se ha cuadruplicado en los últimos 35 años, y redefinir los métodos policiales intentando terminar con la Policía como “ejército de ocupación”, según la definición de Orlando Patterson. Existe una coalición transversal, de demócratas y republicanos, en favor del cambio.
Años atrás era impensable que desde la derecha dijeran que las prisiones están “llenas de hombres y mujeres negros que cumplen sentencias largas y duras por errores no violentos”, como dijo Rand Paul. Estados conservadores como Texas han iniciado una campaña por vaciar las prisiones, que cuestan millones a los contribuyentes, empobreciéndolos, creando, irónicamente, el caldo de cultivo para el delito, cuando la eficacia a la hora de rehabilitar a los internos está en duda. Tal parece que está por terminar la era “de la ley y el orden”, cuando los políticos competían por quién endurecía más las penas y contrataba más policías; la era de los encarcelamientos masivos que comenzó a finales de los sesenta, cuando el Gobierno de EEUU inició una de las guerras más atroces, como es la “guerra contra las drogas”, que lleva más muertos que la de Vietnam.
Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero el 25% de la población carcelaria. De los 2,3 millones de personas en prisión, un millón son negros: cerca del 40% para una minoría, que representa el 13% de la población. Y el 30% de las víctimas de disparos de la Policía son afrodescendientes.
Sencillamente porque el sistema estatista, de suyo corrupto, permite que, con dinero, sea más fácil evitar una condena.