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Estimular el crecimiento

Se deben tomar las riendas de la economía de forma conjunta, entre el Gobierno y el sector privado

/ 2 de junio de 2015 / 04:00

Es un hecho innegable que 2015 representa un nuevo punto de inflexión en el desenvolvimiento global. Lejos queda la leve recuperación económica mundial después de la crisis financiera de 2008; y, en el ámbito nacional, representa una prueba para la actual administración económica estatal, tal cual se observó en 2009. Es curioso ver que entre las voces que hacen eco en el quehacer económico nacional se exponen enrevesados pronósticos y destinos apoteósicos, desnudando incesantemente lo que ellos llaman “una política económica mal encaminada”.

Sin embargo, el aspecto que más resalto de aquellos comentarios y que me gustaría ahondar en las siguientes líneas hace referencia a la sugerencia de disminuir y de forma generalizada el gasto público. Tal parece que dicha afirmación no es más que el resultado de una formación estrictamente neoclásica o de tantas otras corrientes económicas que defienden el manejo libre del mercado.

Al escuchar tales consejos no puedo evitar recordar al economista John Maynard Keynes y aquellas ideas que formuló el siglo pasado que hoy parecen más útiles que las de varios economistas contemporáneos, ¿A qué me refiero? Pues tal como cita el ejemplo, si consideramos que la economía nacional es como un conjunto de familias, si la cabeza  ve reducido sus ingresos, la familia reduce sus gastos, pero los gastos de uno son los ingresos de otras familias; y si todos deciden reducir sus gastos al mismo tiempo, esto puede ocasionar un desempleo masivo.

Haciendo analogía con la anterior comparación, Keynes exponía que si los privados no quieren invertir y los consumidores no quieren gastar, no queda más opción sino que el Gobierno rompa este ciclo. Y claro, una opción es aumentar el gasto público; por ello, la participación estatal resultará de vital importancia, ya que es una opción mucho mejor que la que quedarse de brazos cruzados. Pero, claramente, esto último no significa que el Gobierno termine realizando cualquier tipo de gasto, y que esta política sea permanente o que se incremente en el tiempo. Creo que el éxito de esta política se reflejará en reactivar la economía con gastos específicos en los sectores productivos, que a su vez garanticen el empleo eficiente de la masa laboral.

Por ello, no me parece extraño que el Ejecutivo haya presentado un programa financiero con déficit público; es decir, que los gastos superan a los ingresos, pues con ellos se pretende garantizar tasas de crecimiento acordes con las registradas en los últimos años. Y lo propio respecto a la crítica contra el sector privado, por no seguir la línea gubernamental y su decisión de no realizar nuevas inversiones.

Bueno, es importante aclarar que el sector privado claramente responde a otros tipos de incentivos; y las señales enviadas en temas laborales ciertamente pueden jugar en contra de los objetivos macroeconómicos que se presenta en el programa financiero; pues, a mi parecer, las expectativas que se presente a los privados puede ocasionar que el Estado deba expandir su gasto más allá del tiempo que se considera necesario. Por ello considero que se deben tomar las riendas de la economía de forma conjunta, ya que cuando a uno le va bien, obviamente nos va bien a todos.
 

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Observando el precio del petróleo

De persistir el patrón observado en diciembre de 2014, el escenario será muy diferente en 2016

/ 8 de enero de 2015 / 05:38

Una combinación de varios factores ha impulsado el desenvolvimiento errático del precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) desde mediados de 2014, que ha pasado de un máximo de $us 107 por barril a mediados de junio a menos de $us 50 por barril al cierre del 6 de enero de 2015. Por ello, vale la pena repasar las causas de esta caída.

Por un lado, la demanda global de crudo ha sido débil, y la oferta se ha incrementado por el incesante aumento de la producción de petróleo en EEUU en los campos que emplean la técnica de fracturación hidráulica, mientras que la OPEP mantiene sus niveles de producción en 30 millones de barriles al día (bbl), sin manifestar interés en reducir las cuotas de producción, alentados por Arabia Saudita, principal exportador del grupo.

La tecnología empleada en EEUU (fracking) debe su amplia difusión a los precios altos que mantuvo el WTI en pasadas gestiones. Sin embargo, cuando el precio del WTI cae por debajo de un cierto nivel de equilibrio —que según algunas investigaciones se encuentra entre  $us 60 y 40— la actividad extractiva en estas obras se vuelve antieconómica.

De esta manera, Arabia Saudita parece estar empecinada en mantener los niveles de producción y empujar los precios a la baja, con el fin de obligar a los productores de EEUU a salir del mercado, afectando a su vez a países como Irán y Rusia; el primero, archirrival político-religioso de Arabia Saudita en la región; y el segundo, tampoco gran amigo de los saudíes, sobre todo por su apoyo militar a Siria.

Sin embargo, el precio también afecta a los miembros de la OPEP. Arabia Saudita está muy por debajo de su precio de equilibrio fiscal ($us 100 por bbl), y a pesar de tener suficientes reservas para atender sus compromisos presupuestarios en el corto plazo, de persistir estos niveles bajos por un tiempo prolongado, su situación económica puede comprometerse; de hecho, la presencia de déficits fiscales y recortes del gasto podrían traer malestar popular y avizorar un cambio de política en la OPEP para 2015.

¿Pero, cuál es el impacto que puede tener en las finanzas públicas del país en 2015? En primer lugar, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2015 contempla un precio promedio del WTI de $us 80 por barril.

Además, los precios de exportación se fijan trimestralmente; por ejemplo para el caso de Brasil, los precios observados de carburantes entre agosto-septiembre de 2014 se emplean en el cálculo de los precios de exportación octubre-diciembre 2014, y son captados por el Estado en forma de IDH y regalías en enero-marzo 2015; para Argentina, la diferencia será en el primer paso, es decir se emplean los precios observados de abril a septiembre de 2014.

Es por ello que, dada la estructura de precios y el rezago en la transferencia de los ingresos por IDH y regalías, recién el impacto de continuar la tendencia actual se registrará en el segundo semestre de 2015. Esto significa que los recursos captados por IDH y regalías en 2015 serán inferiores a los observados en 2014, pero gracias a que en el primer semestre de ese año todavía se registraron precios superiores, aún será posible cumplir con los techos presupuestarios otorgados a las entidades territoriales, lo que significa que no existirá la necesidad de realizar ajustes en el PGE. Obviamente de persistir el patrón observado en diciembre de 2014, el escenario será muy diferente en 2016.

Una conclusión preliminar, y haciendo eco a diversos análisis en torno al pronóstico del precio del petróleo (Bloomberg, GS Forecast), éste puede rondar entre $us 70 y $us 80 en 2015, considerando que la oferta no puede sostener equilibrios fiscales fuera de este intervalo y que los riesgos de precios a la baja a corto plazo son más que compensados por el potencial alcista a largo plazo.

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Ingobernabilidad, ¿falta de confianza?

La armonía entre preservación del contrato social y gobernanza depende de la confianza

/ 5 de mayo de 2014 / 06:42

Allá por 1651, el filósofo inglés Thomas Hobbes publicaba el Leviatán, una de sus obras más importantes, en la que exponía una proposición teórica del contrato social, mediante la cual los individuos renunciaban a parte de su libertad y daban nacimiento al Estado, cuyo objetivo sería regentar temas públicos y obtener ventajas comunes a partir de la suma de voluntades individuales.

Lamentablemente, esta visión idealizada de lo que es el Estado y su relación con la sociedad dista mucho de ser perfecta. Pues, por una parte, el Estado puede no representar fielmente los intereses colectivos y, por otra, la sociedad puede estar tan fragmentada en distintos grupos, que buscan beneficios particulares motivados por su capacidad de persuasión.

Un claro ejemplo de ello puede observarse en la reciente confrontación entre los cooperativistas mineros y el Estado, con la presencia de fallas de gobernanza tanto en los actores involucrados en la toma de decisiones como en las estructuras diseñadas para la implementación de estas decisiones.

En primer lugar se encuentra la deficiente “participación” a la hora de diseñar la norma que regulará la actividad minera en el país durante los próximos años. Considerar que una ley minera solo debe ser evaluada por el sector minero no toma en cuenta la existencia de efectos colaterales en otros sectores como son los regantes.

En segundo lugar puede cuestionarse la falta de transparencia. Además de la falta de un espacio de revisión para los sectores que pueden verse afectados con la implementación de la Ley de Minería antes de ser presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de ley vulnera varias de las leyes y normas establecidas en el país.

Por último, huelga señalar la irresponsabilidad de los promotores de esta ley. El proyecto debería haber sido diseñado pensando en el bienestar de los diferentes estratos sociales involucrados directa o indirectamente en las actividades mineras, y no en favor exclusivo del sector cooperativista.

A estos errores también se podrían añadir aspectos de equidad, legalidad, eficiencia y eficacia. Sin embargo, el punto neurálgico es que cada uno de los traspiés antes señalados podrían haber sido fácilmente superados. ¿Pero, por qué sucedió todo lo contrario?

Antes de abordar esta pregunta cabe recordar que la armonía entre preservación del contrato social y gobernanza depende en última instancia de la confianza: confiar en que todas las partes en juego sobreponen el interés colectivo sobre el individual, así como también confiar en que las autoridades designadas por el Ejecutivo (ministros, asesores, etc.) van a garantizar los principios de gobernabilidad; y a través de ella, la voluntad del soberano.

Lamentablemente ocurrió todo lo contrario. El sector cooperativista no solo demostró una gran capacidad de persuasión, sino que además pareciera haber capturado al ministerio rector de minería para su propio beneficio; y con ello se estaría atribuyendo el poder de manipular la política minera estatal en su favor, atentando de esta manera contra el contrato social vigente en el país.

Por fortuna, estamentos públicos y privados identificaron esta falencia, y las sanciones correspondientes están siendo realizadas. Sin embargo, el costo es alto, la reforma minera puede postergarse nuevamente, y con ella, las aspiraciones de transformación del sector que otrora fue el motor de la economía nacional.

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Institucionalidad, más que nunca

Las propuestas políticas que rondan los medios adolecen de una condición básica: pragmatismo

/ 4 de abril de 2014 / 06:42

Todos los enfoques institucionalistas parten de una premisa básica: las instituciones importan. Importan particularmente en sentido de que las configuraciones institucionales tienen un impacto en los resultados políticos, y más aún en los resultados económicos de un país donde la concatenación de fuerzas puede definir la orientación política y económica durante varias décadas.

A meses de una nueva jornada electoral en la cual las actuales estructuras partidarias medirán su capacidad de convocatoria para intentar llegar al Palacio de Gobierno, al poder, no es de extrañarnos que la propaganda mediática política se pinte con eslóganes pomposos con términos de renovación, esperanza, reconstrucción y otros tantos sinónimos con mayor o menor desacierto, cuando lo realmente importante es la oferta de propuestas claras lejos de los pilares o lineamientos que pretenden vender a los electores.

En ese escenario se cae en el clásico error de intentar desmontar el actual aparato institucional por uno totalmente diferente, sin importar la eficacia o eficiencia con la que actualmente se cuente; el propósito básico es reformarlo todo porque lo que se ha hecho hasta ahora no sirve y prácticamente no funciona. Esta visión muy cortoplacista olvida que la historia de una nación es el resultado del desarrollo de sus instituciones y viceversa, lo cual no significa que libremente se propugne dar borrón y cuenta nueva cada periodo gubernativo.

¿Pero qué entendemos por instituciones? Para el economista e historiador estadounidense Douglass North, las instituciones son las reglas de juego en una sociedad que dan forma a la interacción humana, sea política, social o económica. Por esto, las instituciones poseen la capacidad de moldear las preferencias de las personas, y al hacer esto, estructuran las situaciones políticas y dejan su propia huella en los resultados políticos.

En este contexto, pareciera que las propuestas políticas que actualmente rondan los diferentes medios de comunicación adolecen de una característica básica: “pragmatismo”, pragmatismo entendido como el aterrizaje en propuestas políticas concretas a sucesos existentes actualmente, con las que claramente se pretende un cambio institucional; por ejemplo, la justicia, en las últimas semanas y meses se ha evidenciado que ésta no ha evolucionado ni se ha adaptado al cambio técnico, político y social, pese a las reformas que intentaron llevarse adelante. Así, una propuesta seria debiera encaminarse en postular una solución clara y a su vez realizable, un modelo institucional de justicia que imponga restricciones al interés personal y de cualquier fuerza política vigente.

Por ello, y hoy más que nunca, es necesario estructurar una agenda política con una fuerte visión institucional en la que prevalezca el cambio institucional necesario, que garantice la vigencia de derechos constitucionales de toda la población, se disminuyan los costos de transacción en la actividad productiva y se promueva el desarrollo interno. Y debemos olvidarnos de una elección que supedite el caudillaje, política centrada en la persona, que relega a un papel periférico el programa de gobierno.

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Regulación del sistema financiero

Los retos que tiene una futura ley financiera distan mucho de ser simples y concretos

/ 28 de marzo de 2013 / 04:07

El marco normativo y regulatorio constituye un importante componente para un mejor desarrollo del sistema financiero; pues, políticas laxas y flexibles muchas veces han afectado principalmente a los usuarios en lugar de los banqueros, donde el Estado termina asumiendo las consecuencias y los países ven postergados sus niveles de crecimiento.

En Bolivia, la Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1993 aglutinó todo el arte normativo previo, y hoy por hoy es necesaria una renovación en la regulación a este sistema. En primer lugar porque, a pesar de existir normas e instructivos posteriores, muchos de ellos no han demostrado tener un peso cualitativo y de impacto; y en segundo lugar, es necesario subsanar varios aspectos que llaman la atención al revisar indicadores financieros y que ponen en duda si realmente la regulación financiera cumple cabalmente su deber de eliminar las fallas de este mercado.

La nueva legislación sobre el sistema financiero debe considerar problemas más complejos, ya que el conjunto de instrumentos que deben utilizar es más abundante, a fin de garantizar la seguridad y solidez del sistema. Existen varias opciones para abordar al momento de facilitar la implementación de un marco normativo, pero todas ellas fácilmente pueden desarrollarse en tres importantes argumentos. Primeramente, la justificación de la regulación. Una nueva ley del sistema financiero que solamente recopile todo el arte normativo anterior no garantiza en sí cambios fundamentales; es necesario tocar temáticas como el financiamiento orientado a la producción y la confiabilidad del público en el sistema como una alternativa de financiamiento confiable y accesible.

En segundo lugar, el alcance de la regulación al Sistema Financiero debe buscar principios factibles; es decir, analizar las consecuencias de la aplicación de determinadas normas. Siempre es importante resaltar que los objetivos esperados deben realmente aproximarse y coincidir con los resultados que lleguen a alcanzarse y no disten mucho de lo que realmente se busca.

Finalmente, los instrumentos reguladores, por ejemplo, la tasa de interés, donde llama la atención la brecha existente entre la tasa a la que el sistema financiero otorga créditos (activa) y a la cual capta depósitos (pasiva), que en promedio superan los nueve puntos porcentuales; también está presente el poco desarrollo o divulgación de instrumentos como el leasing (alquiler con opción a compra); adicionalmente habría que promover la diversificación de los créditos otorgados por la banca, y finalmente corregir el descalce entre depósitos y colocaciones en el sistema bancario, que a diciembre de 2012 superaba los Bs 19.197 millones.

Es por ello que hablar de regulación financiera no es una tarea fácil pero sí necesaria, y los retos que tiene una futura ley distan mucho de ser simples y concretos, donde el peso del ente gestor deberá demostrar la capacidad de subsanar las fallas existentes en este mercado, evitando a su vez sentirse dotados de poderes para regular por razones que no tienen nada que ver con la seguridad y solidez del sistema financiero.

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