En una economía abierta con inherencia estatal, las inversiones pública y privada (nacional y extranjera) determinan el logro de un crecimiento sostenido y equilibrado. Toda proyección de crecimiento parte desde la situación sine qua non de estabilidad política y económica. La inversión privada de Bolivia ha participado modestamente en el PIB por factores de escasa capacidad emprendedora, en el caso de la inversión nacional, y por razones de desconfianza legal en el caso de la inversión extranjera directa en el sector minero. El Gobierno señala cuatro condiciones para la inversión privada: capitalizar excedentes, industrializar (valor agregado), responsabilidad social y satisfacer la demanda interna prioritariamente.
Los posibles campos de inversión privada en proyectos nuevos o en expansión de actividades rentables adolecen del factor capital por dos razones: la desconfianza del inversionista de asociarse con terceras personas (85% de empresas inscritas en Fundempresa son unipersonales o familiares) y el desconocimiento del sistema de titularización que realiza el Banco de Desarrollo-Sociedad de Titularización (BDP-ST).
Por estos factores el inversionista acude a los bienes raíces (casas, departamentos y terrenos). Lo positivo de dichas inversiones “cómodas” es que impulsan la construcción de urbanizaciones y viviendas, cuyo déficit es el mayor de Latinoamérica (66%). Adicionalmente, dichas inversiones no enfrentarán “burbujas” riesgosas porque Bolivia se encuentra en un periodo de crecimiento socioeconómico.
Es de suponer que la dinámica inversionista contará con potenciales inversionistas en sectores que se van desarrollando con expectativas (alimentos, energía, industrialización minera, textiles sofisticados, etc.), todas ellas con el uso de tecnología de punta, factor imprescindible. El inversionista potencial debe contar con un sistema fidedigno que viabilice proyectos nuevos o en marcha a través de la titularización, actividad a la que se dedica el BDP-ST. Asimismo es fundamental la reglamentación de empresas mixtas, y así lograr el necesario apalancamiento de inversión, pues el Estado ya ha demostrado cualidades emprendedoras en nuevos proyectos gestados por el Sedem que podían haber sido identificadas por privados (almendra, cartón, papel, cemento, fertilizantes, semillas, miel).
La titularización de proyectos nuevos o la expansión de proyectos en marcha contempla los siguientes pasos y costos. i) Estudio de factibilidad elaborado por BDP-ST ($us 6 MM). (ii) Calificación del proyecto y/o empresa por una calificadora de riesgos internacional ($us 15 MM). (iii) Aprobación Asfi ($us 1 MM + 8% 0). iv) Ingreso a la Bolsa de Valores ($us 5 MM), para ello se requiere una calificación mínima de A-.