Usted sabe esto del aborto? Así me abordó una mujer de la que no me animo a calcular su edad; la ausencia de dientes y los abundantes surcos en su cara le daban una apariencia envejecida. Ella quería saber en cuánto tiempo después de un aborto se normaliza la menstruación y me explicaba que no lo sabía, porque apenas había llegado a quinto de primaria y porque tuvo una vida de pobreza dedicada al trabajo.

Su desesperación hizo que se me acercara, tal vez apostando a encontrar algo de alivio. Tardó en confiarme que un par de semanas antes había llevado a su hija “a un lugar” donde le practicaron un aborto y le preocupaba que todavía no le hubiera venido su menstruación. Pero, sobre todo, ella quería hablar.

Dos hombres drogaron y violaron a su hija, y la embarazaron. Pero esta madre, que no tenía ninguna posibilidad de buscar justicia, pues se trataba de dos desconocidos, no iba a permitir que una niña de 14 años cargue en su vientre y en su vida el “pecado” de otros. No lloró mientras presenciaba la intervención, ni tampoco cuando llevó a la adolescente de regreso a su casa; sí lo hizo, y durante horas, cuando oraba pidiéndole perdón a Dios. Ella es cristiana.

Aunque en espacios como las iglesias la doble moral hace que las mujeres callen y que sus jerarcas condenen, el debate sobre la despenalización o legalización del aborto está instalado en toda la sociedad boliviana, porque se trata de una práctica cotidiana que involucra al 50,1% de la población. Si bien los datos del Censo 2012 han perdido credibilidad, son los únicos que tenemos para saber, más o menos, cuántos hombres y cuántas mujeres somos en el país.

Ese porcentaje frío no distingue origen, edad, estado civil, creencia religiosa, formación ni nada, y lo mismo pasa con el aborto, una decisión asumida a diario por mujeres diversas que quieren en común evitar una maternidad impuesta.

Las mujeres que abortan se diferencian en dos aspectos: unas pueden acceder a una intervención segura, pues tienen los recursos para hacerlo, y otras, la gran mayoría, ponen en riesgo su vida. Unas cuantas saben lo que ocurre en sus cuerpos tras un aborto y otras, la gran mayoría, no lo saben y viven el resto de sus vidas esperando que en cualquier momento se presenten las enfermedades mortales con las que te amenazan para frenar tu decisión. La gran mayoría también vive esperando que le llegue “su castigo” por haber optado por su vida.

El debate está instalado entre los grupos de amigas, de compañeras de colegio o de universidad, entre colegas de trabajo, en el mercado, en la casa, entre mujeres sobre todo, porque entre mujeres también, la mayoría de las veces, buscamos y encontramos la fuerza para tomar la decisión de abortar.

En este escenario, ¿qué nos corresponde hacer como periodistas? Lo primero que salta a la vista es lo que no debemos hacer, ya que en estos momentos en que el Tribunal Constitucional está a pocos días —a fines de agosto o principios de septiembre—  de emitir su fallo sobre la despenalización del aborto en Bolivia, los medios de comunicación están utilizando con más frecuencia el género noticia, pero sin rigor profesional, las más de las veces, puesto que se limitan a reproducir declaraciones, en especial de autoridades, o a informar sin el contexto necesario.

Por ejemplo, la noticia difundida sobre la declaración del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Galo Bonifaz, en sentido de que habría que modificar la Constitución Política del Estado para despenalizar el aborto, ni siquiera menciona los artículos a los que el asambleísta se refiere. Es probable que quien hizo la cobertura no supiera de memoria el texto constitucional ni lo que ocurrió durante el proceso de su redacción, pues de lo contrario hubiese podido decirle que la alianza entre los de derecha e izquierda, católicos, evangélicos y cristianos, neoliberales e indigenistas, entre otros, no logró incorporar en la Carta Magna “el derecho a la vida desde la concepción”, como era su intención.

Pero si el o la periodista no lo sabía, al menos debió incorporar en el contexto de la noticia los dos artículos que mencionan el “derecho a la vida” (artículos 15, inciso I, y 190, inciso II), para plantear también el derecho de las mujeres a la vida.

Ocurre lo mismo con personas que, apelando a una “supuesta ética y moral de las denominadas ‘culturas ancestrales’”, aseguran que la práctica del aborto es un resultado de la colonización europea. Nuevamente, la falta de contexto deja de lado investigaciones que refutan esas afirmaciones.

La antropóloga Karina Aranda, en su artículo Desmitificando la defensa “ancestral” de la vida, dice que “el aborto y el infanticidio eran practicados desde hace 2.000 años por las culturas ancestrales”, publicado en el quincenario Malhablada (N° 7), prensa feminista, explica con lujo de detalles los hallazgos de lo que ocurría en esta parte del mundo muchísimo antes de la invasión. En la misma publicación, Carolina Ottonello recupera el conocimiento ancestral de las mujeres indígenas para interrumpir embarazos no deseados, tanto en el occidente como en el oriente del país, mediante el uso de plantas medicinales.

Llama también la atención que en noticias sobre violaciones y consiguientes embarazos, en especial tratándose de niñas y adolescentes, no se mencione que el Código Penal, en actual vigencia, establece el aborto legal en estos casos, a pesar de que al final termine siendo decisión de un juez la interrupción del embarazo.

Y ni qué decir de la tremenda confusión que existe en los medios de comunicación respecto a lo que significa la despenalización y lo que significa la legalización del aborto, pues hay noticias donde ambos términos son utilizados incluso como sinónimos, a pesar de las abismales diferencias.

Bien lo dice la periodista Amparo Canedo en su libro La brújula del periodista, que en Bolivia, aunque la noticia “es uno de los géneros supuestamente más desarrollado por los periodistas… se siguen presentando problemas como la falta de contextualización”.

Pero éste no es el único problema. Algunos periodistas utilizan también el término “víctima” para designar a las mujeres que acuden a los consultorios clandestinos, lo que implica que lo estarían haciendo en contra de su voluntad. Y esto es cierto, aunque no desde el enfoque con el que se han escrito algunas notas, porque si fuera por su voluntad primero no se hubiera embarazado, porque su pareja usa condón o porque no la violaron, dentro o fuera del matrimonio, y, segundo, iría pues a un lugar seguro.

A pesar de lo inescrupulosas que son las personas que han hecho del aborto su negocio, para muchas mujeres éste resulta ser el único camino para poder decidir sobre su cuerpo; otras saben que provocándose ellas mismas un aborto, luego pueden ser atendidas en el servicio público de salud. Pero lo uno y lo otro igual es un riesgo para su vida.

Diversos autores han definido al periodismo como la búsqueda del bien común; entonces, si en Bolivia se producen entre 60.000 y 80.000 abortos al año, y si el 9,1% de las muertes maternas son el resultado de abortos inseguros, es decir, practicados en la clandestinidad y en pésimas condiciones, como periodistas también tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo para contribuir a modificar esta situación.

El concepto de objetividad en el periodismo acertadamente ha sido descartado y otro concepto es el que ahora prevalece: el de la honestidad, lo que implica despojarnos de nuestros propios prejuicios y falsos moralismos para que como sociedad alcancemos finalmente ese bien común, en el que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos sin que esto signifique un peligro de muerte.