La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inicia la próxima semana audiencias inéditas con el objetivo de establecer un “marco jurídico” sobre cómo los países debieran proteger el medioambiente y pronunciarse sobre las consecuencias si no lo hacen.

A partir del lunes, abogados y representantes de más de cien países y organizaciones presentarán sus declaraciones ante este tribunal internacional con sede en La Haya, en Países Bajos, que es la máxima instancia judicial de la ONU.

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Las expectativas de los activistas del medioambiente respecto a este proceso son dispares. Algunos consideran que la opinión de los jueces de la CIJ tendrá un impacto en la lucha contra el cambio climático.

Otros temen que la petición de un dictamen consultivo no vinculante, que tendría el respaldado de esta instancia de la ONU, en realidad tenga un efecto limitado y probablemente tarde meses, o años, en emitirse.

Estas audiencias empiezan días después del cierre de las ásperas negociaciones climáticas en la COP29 de Azerbaiyán, en las que los países desarrollados se comprometieron a financiar con al menos 300.000 millones de dólares anuales la adaptación y la lucha contra el cambio climático de los países en desarrollo, de aquí a 2035.

Los países en desarrollo tacharon de “insulto” el acuerdo que, además, no menciona ningún compromiso mundial para dejar los combustibles fósiles que provocan en gran parte el calentamiento del planeta.

El año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para remitir dos preguntas clave a la CIJ.

La primera es qué obligaciones tienen los Estados en virtud del derecho internacional respecto a la protección del sistema climático de la Tierra contra las emisiones de gases de efecto invernadero.

La segunda es cuáles deben ser las consecuencias jurídicas de estas obligaciones dado que los Estados “por acción o por omisión, han causado daños importantes al sistema climático y a otros elementos del medioambiente”.

La segunda cuestión evoca también las posibles responsabilidades jurídicas de los Estados por los daños causados a países pequeños más vulnerables y a sus poblaciones, especialmente en el Pacífico.

El año pasado, la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolución para solicitar un dictamen consultivo a la CIJ.

Algunos de los principales contaminantes del mundo, entre ellos los tres principales emisores de gases de efecto invernadero (China, Estados Unidos e India), figuran entre los 98 países y 12 organizaciones que deben presentar sus observaciones.

En dos semanas de audiencias previstas, otras instancias como la Unión Europea o la Organización de Países Exportadores de Petróleo deberán expresar también su posición.

(*) Jan Hennop es periodista de AFP

Hace pocos días, el ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, pronunció palabras que resonaron con un eco de incertidumbre. En su criterio, ciertos sectores, como militares, policías y otros beneficiarios de rentas provenientes de la Gestora Pública, deberían dejar de recibir el bono adulto mayor o Renta Dignidad. Este planteamiento no solo es revelador, sino también alarmante: desnuda la fragilidad económica de un Estado que tambalea sobre una delgada línea entre el colapso y la sobrevivencia.

Las declaraciones del ministro nos recuerdan una antigua frase de Cornelio Tácito: “Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”. En Bolivia, no solo proliferan las leyes, sino también los impuestos, reflejando la necesidad desesperada de un aparato estatal que intenta sostenerse a cualquier costo. Este aumento de cargas no es más que un intento de tapar las grietas de un modelo económico que se desploma, dejando a su paso un profundo malestar social y una desconfianza generalizada.

Estamos ante un momento crítico en la historia reciente de Bolivia. La economía nacional no solo enfrenta un vacío estructural, sino también un vacío de confianza. Cuando un gobierno llega al extremo de cuestionar la continuidad de ayudas esenciales como la Renta Dignidad, queda en evidencia que el modelo social y económico que lo sostiene está al borde del agotamiento. Este bono, que simboliza un mínimo gesto de justicia hacia los más vulnerables, está siendo replanteado no desde la solidaridad, sino desde la carencia.

La situación actual no solo es económica, también es moral. Un país que incrementa impuestos mientras reduce beneficios sociales parece olvidar su compromiso con la dignidad humana. En su lugar, abraza una política de parcheo continuo, desprovista de una visión transformadora. Este modelo tambaleante refleja un sistema que ya no responde a las necesidades reales de su pueblo, sino a su propia urgencia de sobrevivir.

Bolivia atraviesa una crisis que va más allá de lo económico. Es un momento de quiebre, donde la falta de rumbo político y social exacerba las desigualdades y condena a las generaciones futuras a una incertidumbre devastadora. Lo que presenciamos es más que una crisis pasajera: es el agotamiento de un ciclo, una transición hacia lo desconocido que exige reflexión y acción inmediata.

El quiebre del modelo actual no solo se mide en cifras económicas o estadísticas, sino en la pérdida de esperanza de millones de bolivianos. Este modelo, que alguna vez prometió inclusión y prosperidad, hoy parece reducirse a un sistema que beneficia a pocos mientras sacrifica a muchos. En este contexto, las palabras del ministro son una advertencia: hemos llegado al límite.

Hoy, más que nunca, es necesario repensar el papel del Estado. ¿Es éste un momento de reforma estructural o de perpetuar los errores del pasado? ¿Puede Bolivia levantarse de este abismo con justicia social y sostenibilidad o continuará en esta espiral descendente? Las palabras del ministro, aunque alarmantes, deben servir como un llamado a la acción. Si no enfrentamos esta crisis con valentía y visión, corremos el riesgo de perpetuar un modelo que solo profundiza las fracturas de nuestra sociedad.

En la intersección de la filosofía, la economía y la historia, Bolivia se encuentra ante su momento más delicado. Ya no podemos seguir ignorando el límite al que hemos llegado. Éste es un tiempo para decidir: o continuamos cargando el peso de un modelo fallido o asumimos el desafío de construir un futuro digno para todos.

En los últimos años, los habitantes de la ciudad de La Paz han sido testigos de una serie de proyectos y obras urbanas que, lejos de mejorar la calidad de vida y el orden urbano, reflejan una preocupante falta de planificación y visión a largo plazo por parte del gobierno local. En lugar de facilitar el tránsito y el desarrollo, algunas decisiones han causado interrupciones innecesarias, congestionamiento y una visible falta de armonía en el diseño urbano de nuestra Ciudad Maravilla.

Uno de los ejemplos más notables es el cambio de aceras en varias zonas, donde las obras se ejecutan simultáneamente en ambos lados de la calle o avenida, bloqueando el paso tanto de vehículos como de peatones. Estas intervenciones, que podrían haberse organizado en fases para minimizar el impacto, han generado un caos que afecta a quienes se desplazan a pie y a los conductores que dependen de la fluidez del tráfico diario. Esta falta de previsión termina complicando la movilidad y obliga a los transeúntes a sortear obstáculos y a circular por la calzada, poniendo en riesgo su seguridad.

A esto se suman autorizaciones de construcción en propiedades catalogadas como patrimoniales, una práctica que pone en riesgo la identidad arquitectónica y cultural de La Paz. Las decisiones de aprobar proyectos en inmuebles patrimoniales, sin considerar el impacto cultural y estético, reflejan una falta de compromiso con el legado paceño y muestran la necesidad de una regulación más estricta para proteger el patrimonio arquitectónico.

Por otro lado, la colocación de conos fijos de señalización para el tráfico vehicular, que aparecieron como una medida de control y organización, duró apenas unos meses; actualmente, muchos de estos conos están doblados, dañados o han desaparecido. Es claro que las soluciones temporales no pueden sustituir una planificación responsable y duradera en la señalización vial.

Las ciclovías improvisadas son otra preocupación. La falta de estudios previos y de infraestructura adecuada convierten a estas ciclovías en espacios peligrosos para ciclistas y peatones. Aunque fomentar el uso de bicicletas es un paso positivo hacia una ciudad más saludable, la improvisación solo añade más problemas a un sistema de movilidad que ya está sobrecargado.

Estos ejemplos son un llamado de atención a las autoridades y a la ciudadanía. La improvisación y la falta de planificación no solo afectan la calidad de vida de los paceños, sino que también comprometen recursos públicos.

Cada año, desde 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebra el 29 de noviembre como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. ¿Por qué este día del calendario fue elegido por la ONU? Simplemente porque 30 años antes, ese mismo día, las NNUU aprobaron la resolución 181 para dividir el territorio palestino en dos estados: el Estado Palestino y el Estado de Israel. Lamentablemente, las NNUU reconocieron al Estado de Israel en el acto y, hasta el día de hoy, no reconoce al Estado de Palestina como un estado con plenos derechos como cualquier estado del mundo. El pueblo palestino desde entonces sigue sufriendo injusticias y genocidio a manos del ejército israelí y gracias a la protección de los países coloniales que le otorgan todo tipo de armas, financiación y protección legal. 

En caso de que la nacionalidad, o color del pueblo palestino sea algo extraño para algunos, mal que les pese, somos seres humanos y el mundo debe tratarnos como tales ¿Acaso hay normas y leyes internacionales para Israel y otras normas distintas para los palestinos? ¿Acaso Israel tiene la licencia y el derecho a asesinar y los palestinos el único derecho que tienen es a morir? ¿Qué más tiene que hacer Israel para que la Comunidad Internacional actúe y se ponga fin al genocidio contra el pueblo palestino? ¿Qué hace falta hacer para saber quiénes son realmente los que amenazan la paz y la seguridad en el Oriente Medio? Cuando las cosas están muy claras y nadie puede negarlas, cuando todos somos testigos del genocidio y de la destrucción del pueblo palestino, cuando ya no es un secreto sino que ocurre ante los ojos de todo el mundo, cuando se practica este genocidio desde hace más de 14 meses sin que el Consejo de Seguridad de la ONU exija un alto al fuego debido al veto de la primera potencia mundial que alimenta con más de 86 mil toneladas de bombas (ocho veces más que las bombas atómicas lanzadas contra Japón, o cuatro veces más que las bombas lanzadas contra Londres en la segunda guerra mundial) a Israel para asesinar a niños y mujeres palestinas. ¿Acaso las vidas de los palestinos no merecen ser salvadas? ¿Israel tiene la obligación de asesinar a los palestinos?

Si el alto al fuego se hubiera producido hace un año, se habrían salvado muchas vidas de inocentes. El cese del fuego no resuelve todo, pero es el primer paso para buscar una solución a un problema. Más de un año de genocidio y el Consejo de Seguridad sigue discutiendo lo que debe hacer para frenarlo. No existe ninguna justificación para usar el derecho de veto que impide poner fin a estas tragedias.

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En el futuro, algún historiador contará lo que hoy día estamos reclamando a voces con la intención de salvar vidas inocentes de este genocidio; las futuras generaciones juzgarán a los dirigentes de países que participaron en este genocidio directa o indirectamente y a las instituciones internacionales que no han cumplido con su papel para poner fin a las matanzas. Las futuras generaciones preguntarán ¿Cómo un genocidio fue transmitido en directo a través de las pantallas durante más de un año y ante los ojos de todo el mundo incluido presidentes de gobiernos y organizaciones internacionales y no se pudo frenar?

Palestina fue y sigue siendo la verdadera prueba de la eficacia y sostenibilidad del sistema internacional basado en el derecho. Ninguna afirmación, ninguna mentira equiparando a la víctima con el verdugo y a la ocupación con los ocupados puede eludir la realidad. El hecho de no comprometerse o de ignorar el sistema del que nació la cuestión palestina es un fracaso de este sistema y de su continuidad. Los pueblos y las voces libres y solidarias que se alzaron por millones en las capitales del mundo respaldan el derecho palestino y la legendaria firmeza de nuestro pueblo, y respetan los principios del derecho internacional, así como la necesidad de aplicarlos sin dobleces, con objetividad.

El pueblo palestino, junto con todos los países solidarios del mundo, no aceptará la opresión y la injusticia, y no aceptará nada que no sea vivir libre y dignamente en su Estado, con el derecho a defenderse a sí mismo, derecho a su existencia y a sus derechos nacionales. Los pueblos libres del mundo tienen el derecho de ayudarnos a alcanzar nuestra libertad e independencia para a vivir con seguridad, dignidad y paz, como el resto de los pueblos. Ninguna fuerza en la tierra lo impedirá.

Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia.

“Inteligencia artificial, ¿realmente la necesito?”, canta el francés Lulu Gainsbourg en su tema “Elle”, que evoca la ansiedad de los creadores musicales ante el auge de esta nueva tecnología.

Hijo del icono de la música francesa Serge Gainsbourg, Lulu creó esa canción después de que un amigo le enseñara un tema escrito totalmente por la inteligencia artificial que lo dejó “verdaderamente impactado”.

“IA, cásate conmigo. IA, cómprame. IA, domíname”, entona el cantante con humor.

Otros artistas han abrazado ya esta nueva tecnología, capaz de generar todo tipo de contenidos simplemente con solo pedirlo.

Es el caso de la cantante británica Imogen Heap, conocida por el tema “Hide and seek” (2005). Creó su propio modelo de IA a partir de su voz y lo usa en su último proyecto musical.

En la Web Summit, una importante feria tecnológica que se celebró a mediados de noviembre en Lisboa, presentó un filtro que permite a cualquiera genera un sonido a partir de sus obras gracias a una alianza con la empresa estadounidense Jen.

La compositora e intérprete canadiense Grimes también concibió el año pasado un clon vocal e invitó a los internautas a usarlo para generar nuevos sonidos y la cantante estadounidense Taryn Southern o el grupo YACHT lanzaron álbumes enteros compuestos y producidos con ayuda de la IA.

Esta nueva herramienta “permite hacer cosas sorprendentes en las que no habríamos pensado”, señala a la AFP François Pachet, investigador de inteligencia artificial que trabajó en Spotify y Sony.

En 2018 produjo el álbum “Hello world”, donde el belga Stromae y la canadiense Kiesza colaboran con la IA.

Han visto la luz numerosas plataformas de creación musical con inteligencia artificial como Aiva, Suno o Udio y gigantes del sector como Meta y Google proponen también este tipo de servicios.

“Gente que no sea música puede de repente hacer canciones enteras”, celebra Pachet.

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Por ejemplo, en el escenario de la Web Summit, el cofundador de la plataforma Moises, Eddie Hsu, enseñó en cuestión de segundos que la IA podía añadir una batería bajo algunas palabras y transformarlas en un sonido de bossa nova.

Pero en la industria emergen voces críticas contra la forma en que se han entrenado algunos de estos modelos.

En Estados Unidos, la Recording Industry Association, que aúna a las principales discográficas, demandó en junio a las empresas emergentes Suno y Udio, acusándolas “de copiar el trabajo de un artista y de explotarlo en su provecho sin consentimiento ni remuneración”.

Más de 35.000 artistas, entre ellos Thom Yorke de Radiohead, Björn Ulvaeus de ABBA o Robert Smith de The Cure, firmaron a finales de octubre una petición que denunciaba el uso sin autorización de sus creaciones para alimentar los algoritmos.

Con la IA generativa, “hay segmentos enteros de la creación musical que pueden ser reemplazadas, como la sonorización en algunas tiendas”, dice a la AFP Cécile Rap-Veber, directora general en Francia de la SACEM (Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música), que también firmó la petición.

“Desgraciadamente, es toda una franja media de creadores que hasta ahora viven de su arte y que están en riesgo mañana de no poder hacerlo”, agrega.

Los profesionales del sector reclaman más transparencia de parte de las empresas tecnológicas, una remuneración por el uso de sus obras para la IA y la creación de nuevos contenidos siempre que sirvan para sustituir a producciones humanas, afirma Rap-Veber.

Para François Pachet, este avance tecnológico obligará a los creadores a “hacer cosas más originales” porque “las cosas convencionales podrán hacerse, en efecto, de manera más o menos automática”.

Pero no cree que el ser humano vaya a ser remplazado por la máquina. “No hay todavía una canción compuesta por una inteligencia artificial que sea tan buena que todo el mundo quiera versionarla”.

Daxia Rojas es periodista de AFP