Voces

lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 19:33

Para comprender la crisis griega

Desde la constatación del engaño de su clase política, el pueblo griego solo ha ido en picada.

/ 20 de julio de 2015 / 04:25

Hace unos años estuve en Atenas. Eran tiempos del gobierno conservador de Kostas Karamanlis, cuando los griegos soñaban ser parte del desarrollo europeo. Con un PIB creciendo dos puntos porcentuales mayores al promedio de la eurozona (6,8%), en las calles se respiraba bonanza y las grandes tiendas de marcas globalizadas no daban abasto al consumo de una sociedad griega sofisticada y moderna. Sin embargo, todo ese espejismo de crecimiento estaba asociado tan solo a un mayor gasto del sector público basado en los crecientes déficit fiscales. Para el inicio de la crisis, en 2009, se pudo evidenciar que el Gobierno había falsificado los datos macroeconómicos de la contabilidad nacional y un supuesto déficit controlado de 3,7% en realidad implicaba la alarmante cifra de 12,7%.

Desde la constatación del engaño de su clase política, el pueblo griego solo ha ido en picada. La deuda acumulada en la actualidad le significa el 180% de su PIB, cuando el límite aceptado por la Unión Europea para sus miembros es de 60%. El proceso de endeudamiento de Grecia, más allá de poner en duda su capacidad de pago, pone en crisis la solidez de la Unión Europea. Por ello, lo que pase en los próximos días con las negociaciones de Grecia será decisivo no solo para el pueblo heleno, sino para Europa en su conjunto.

Y es que en esta tercera ronda de rescate la economía griega parece haber tocado fondo. No se trata ya tan solo de reivindicar la dignidad de una izquierda que busca autonomía frente a una Europa derechizada; ahora está en juego el mínimo bienestar de un pueblo víctima de las recetas de austeridad que tanto conocemos en América Latina. Actualmente, el 45% de sus jubilados y el 40% de sus niños viven por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el resultado de una tasa de desempleo del 26%, la más alta de Europa, que en el caso de los jóvenes llega incluso al 60%, presionada por los 200.000 despidos de empleados públicos de los últimos años.

Esta “austeridad”, sin ningún resultado excepto la mayor pobreza de la gente, genera presión sobre la ya mermada política social que ahora tiene dimensiones de atender una verdadera crisis humanitaria. Por ello, el recién posesionado gobierno de Syriza ha iniciado una serie de programas de emergencia de alimentación, electricidad y tratamiento médico gratuitos que nos recuerdan la Europa de la Segunda Guerra Mundial, y cuyo sufrimiento humano tal fácilmente parecen haber olvidado la burocracia alemana y francesa.

Enfrentando una pobreza impensable en la Europa contemporánea, Syriza ahora debe también asumir el proceso de negociación más asimétrico de la historia europea. Bajo el liderazgo de una Alemania implacable, los acreedores de Grecia quieren dar un ejemplo a los países del sur de Europa que pueden verse tentados por aventuras socialdemócratas. Lo que nos queda claro es que Grecia no solo defiende su opción política por una izquierda moderada, Grecia también tiene entre manos el horizonte de lo posible de las terceras vías europeas.

Por todo esto, en una reciente carta de solidaridad con Grecia, el pensador portugués Boaventura de Santos se pregunta: “¿Syriza va a ser sacrificado para servir de vacuna contra lo que puede ocurrir en España, en Irlanda, en Portugal e incluso en Italia? No lo sabemos, pero es legítimo tener una sospecha y una certeza. La certeza es que, con la derrota de Syriza, los partidos socialistas que en su tiempo optaron por la tercera vía sabrán muy pronto que esta vía es en realidad un callejón sin salida”.

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Ranking de inversión para la equidad

/ 17 de octubre de 2021 / 00:26

El Observatorio de Justicia Fiscal, conformado por diversas organizaciones de mujeres, ha presentado la semana pasada el Ranking de Inversión, Igualdad y Equidad de Género de la gestión 2020. Esta herramienta que se desarrolla desde 2015 es un ejercicio anual que realizan las organizaciones de mujeres para visibilizar la inversión pública en los gobiernos municipales y así identificar cómo los discursos, que suelen ser muy emotivos el día de la mujer, se transforman en decisiones concretas para el cumplimiento de sus derechos.

El ranking clasifica a los 339 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) como resultado del análisis y medición de presupuestos ejecutados, en base a la información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y corresponde a los datos presentados por los gobiernos municipales tanto en su planificación como en su ejecución real. No se mide lo invertido en mujeres, como muchos creen, sino cuatro categorías estratégicas para avanzar en el cierre de brechas de desigualdad: inversión en cuidado de la familia y reproducción de la fuerza de trabajo; inversión que promueva cambios estructurales en el sistema patriarcal; inversión en la atención, prevención y protección contra la violencia de género; e inversión en la autonomía económica de las mujeres.

Un primer dato significativo del informe revela la caída de forma sostenida de toda la inversión pública desde 2016. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la inversión pública cayó de un máximo $us 5.065 millones en 2016 a solo $us 1.784 millones en 2020. La inversión social de igual forma se redujo de $us 1.192 millones en 2016 a $us 711 millones en 2020.

Un segundo dato desalentador es que 2020 presenta una caída histórica de la inversión en equidad. Entre 2016 y 2019, más del 50% de los municipios tuvieron un desempeño bueno en su inversión de género, llegando al 3% de su presupuesto total; y esto ocurría incluso con la caída general en la inversión pública. El mejor año fue 2018, cuando el 61,8% de los municipios tuvo un comportamiento por lo menos aceptable. Sin embargo, en 2020, con los problemas relacionados con la pandemia del COVID- 19 y una menor programación presupuestaria en el tema, solo 21% de los municipios fueron calificados con una inversión aceptable. Es decir, en 2020 el 79% de los municipios registró una inversión municipal menor a 3% del total. El peor nivel observado en los últimos años.

Pero vale la pena destacar las desviaciones positivas. A pesar de todas las restricciones presupuestarias, la pandemia y los conflictos políticos que afectaron el desempeño administrativo municipal, algunas autoridades municipales de San Joaquín (Beni), Caquiaviri (La Paz) GAIOC de la Nación Uru Chipaya (Oruro), Pojo (Cochabamba) y Soracachi (Oruro) tuvieron un desempeño destacado invirtiendo más de 10% de su presupuesto en equidad.

En el otro extremo encontramos a las grandes ciudades como Cochabamba (1,26%), La Paz (1,23), y la peor, Santa Cruz (0,79) con indicadores muy por debajo de la media nacional que este año se ubica en 1,55%. Por encima de la media encontramos a las ciudades de El Alto (2,13), Tarija (2,38) y Sucre (2,28), aunque ninguna cercana al 3%, que era lo esperado hasta 2019.

Sin duda se trata de una fotografía muy desalentadora. Sobre todo, si constatamos que otras partidas presupuestarias se han mantenido estables, y más bien la que ha sufrido reducciones tiene que ver con una disminución de los ya escasos recursos destinados a la equidad. Seguramente las organizaciones de mujeres, muchas de ellas actualmente parte de los concejos municipales, deben expresar su protesta para evitar que la crisis agrave los nudos estructurales de la desigualdad de género en Bolivia.

Lourdes Montero es cientista social.

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Sigue el rastro del dinero

/ 3 de octubre de 2021 / 00:19

La semana pasada recibí la exaltada llamada de mi mamá, altamente preocupada por una serie de WhatsApp que estaba recibiendo en torno a un (nuevo) plan estatal para hacerse de sus bienes. Intenté calmarla y comprender mejor a qué se debía su alarma y, sobre todo, cuál de sus bien informados grupos de WhatsApp era el autor del sobresalto. Luego de varios intentos logré comprender que su preocupación se debía a la eminente promulgación de la Ley “Contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”.

Firme en sus argumentaciones, me compartió el amenazante tuit de un honorable senador: “Aprobaron la Ley 108 que da poderes ilimitados a la Unidad de Investigación Financiera para investigar a los bolivianos. Entrarán a cuentas, propiedades, llamadas privadas, podrán arrestar a comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas, etc… lo que se viene @bolivia” (sic). Tardé como dos horas en convencer a mi madre que seguramente su sueldo de jubilada fabril no atraería una investigación de la UIF y que es poco probable que su nombre aparezca en una lista de sociedades offshore. Comprendí también que este miedo era compartido por amigos periodistas, organizaciones gremiales, e incluso sacerdotes que veían en la ley una amenaza a sus preciados diezmos.

El cuestionamiento central que todos comparten es la supuesta cualidad de la ley para darle al Estado el control total de nuestra información, otorgando superpoderes a la UIF para realizar tareas de investigación sobre valores, seguros, pensiones; acciones comerciales, tributarias, económicas; registros notariales, civiles, derechos reales, profesionales y otros. Por supuesto, todo esto respondiendo a un tenebroso plan de dominio mundial urdido por Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Sin duda la ley aborda terrenos pantanosos, y por ello quise comprender mejor el contexto mundial en el que se emite. Para ello nada mejor que recurrir a la amplia información compartida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), grupo internacional para prevenir la utilización de las instituciones financieras en actividades de lavado de dinero, creado durante la XV Cumbre Económica Anual de los Jefes de Estado de los Países del G7 (ninguno de ellos sospechoso de pertenecer al eje del mal).

Resulta que la ley responde a una serie de recomendaciones de la comunidad internacional para proteger al sistema financiero de ser utilizado para realizar transacciones ilícitas por parte del crimen organizado, que cada día se presenta como un fenómeno de gran sofisticación operativa que las simples mortales no comprendemos.

Pero ¿por qué concentrar las energías en el ámbito del lavado de dinero es tan importante? El Banco Interamericano de Desarrollo (tampoco sospechoso de ser comunista) lo expresa con claridad: “poco vale atacar a los delincuentes si sus ganancias quedan intactas: el enriquecimiento personal del delincuente constituye la motivación del delito y proporciona, al mismo tiempo, el capital operacional requerido para seguir delinquiendo”. Todo delincuente necesita blanquear sus ingresos porque el dinero puede servir de pista rastreable y comprobable para descubrir y probar el delito. Si tienen dudas sobre esta afirmación, los remito al caso Arturo Murillo y los gases lacrimógenos.

Sin embargo, toda buena intención en malas manos puede tener otros resultados. En Nicaragua, Daniel Ortega utiliza la acusación de “lavado de dinero” para atacar y encarcelar a sus opositores políticos. A pesar de los riesgos que implica tener una UIF con técnicas especiales de investigación, el lavado de dinero y los hechos vinculados a estas actividades tienen un inmenso poder destructivo de nuestras sociedades y, por ello, es necesario fortalecer la prevención y persecución de este delito.

 Lourdes Montero es cientista social.

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La judicialización del cuerpo de las mujeres

/ 19 de septiembre de 2021 / 00:57

Hace unos días, en México, los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidaron por unanimidad la legislación del Estado de Cohahuila que impone penas de cárcel a la mujer que aborte y a quien se lo practique con su consentimiento. En dirección opuesta, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó la entrada en vigor de la ley del latido aprobada por el Senado de Texas, que restringe el aborto de manera que vuelve casi imposible su práctica legal. Esta decisión da un giro a la jurisprudencia de ese órgano judicial, que lleva casi 50 años con agrias disputas entre sus magistrados.

Así, según sostiene la investigadora Laura Klein, “cuando la cuestión del aborto se traduce jurídicamente, en su legalización o no legalización (…) no cabe duda que la disputa va más allá de lo legal o lo ilegal y se vincula con la manera en que se concibe el orden social adecuado, la propiedad sobre el cuerpo, la relación entre lo público y lo privado, la fe y la razón, la laicidad o no laicidad del estado y sobre todo la sexualidad, la reproducción y la muerte”. Sin duda la disputa en torno al cuerpo de las mujeres atraviesa todos sus derechos, y pone en juicio su condición de ciudadana libre de la tutoría que el Estado (y las iglesias) todavía pretende ejercer sobre sus decisiones. ¿Hay acaso —como en el tema del aborto— alguna ley que legisle sobre el cuerpo de los hombres?

Y si este tema se judicializa es pertinente preguntar ¿a quién toca discernir entre Bien y Mal? El caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos es ejemplar para respondernos esta pregunta. La historia moderna de esta guerra judicial se inicia en 1973, con la famosa sentencia “Roe v. Wade”, en la que, por una mayoría de siete a dos, el Tribunal Supremo decidió que la Constitución protegía el derecho de una mujer a acogerse a un aborto. Durante la década de los 70 la cuestión del aborto no dividía a republicanos. Prueba de ello es que, de los siete jueces que votaron a favor de Roe, cinco habían sido nombrados por presidentes republicanos y dos por demócratas, mientras que los dos que votaron en contra habían sido designados por un presidente demócrata y republicano, respectivamente.

Cuando Donald Trump llegó a la presidencia, había cinco votos favorables a Roe (con más o menos matices) en el tribunal supremo. Sin embargo, los cambios que propició el presidente, con su agenda abierta antiaborto, instauraron una mayoría de al menos cinco magistrados contrarios al aborto.

La consecuencia de las decisiones actuales del tribunal supremo no será la ilegalización del aborto, sino la creación de dos Américas: una, demócrata, en la que los abortos seguirán siendo legales, y otra, republicana, en la que las mujeres, si son ricas, podrán viajar a otros estados para interrumpir sus embarazos, y si son pobres, tendrán que arriesgarse a sufrir penas de cárcel, lesiones graves o incluso la muerte por someterse a abortos ilegales.

Con este ejemplo en mente podemos afirmar que es el poder (y la política) quien tiene en sus manos el cuerpo de las mujeres. Y con la misma convicción podemos afirmar que el aborto es una experiencia particular y compleja, que ninguna ley puede contener.

En ese mismo marco jurídico, usar anticonceptivos o destruir embriones de probeta no constituyen abortos. Es la relación con el vientre materno la que define las categorías jurídicas aplicadas al embrión. Frente a esto, debemos preguntarnos ¿qué está efectivamente en discusión cuando se habla del aborto?

Las legislaciones prohibicionistas pocas veces obtienen el resultado esperado, pues las mujeres no tienen el derecho a abortar, pero sí el poder de hacerlo. Sin embargo, el sistema judicial tiene directa incidencia en las condiciones en las que se vivirán las experiencias de aborto.

Lourdes Montero es cientista social.

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¿Qué hay detrás de la marcha indígena?

/ 5 de septiembre de 2021 / 00:37

El pasado 25 de agosto partieron desde Trinidad cerca de una treintena de personas en una Marcha de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas. Circula poca información sobre quiénes la protagonizan, cuáles son sus demandas y, sobre todo, por qué la marcha se dirige a Santa Cruz y no a La Paz. Comparto con ustedes un par de hipótesis que buscan contextualizar este proceso.

Este año se han cumplido 31 años desde la Primera Marcha Indígena como instrumento de protesta y, sobre todo, de visibilidad nacional de los pueblos indígenas de tierras bajas. Desde esa primera marcha se realizaron otras siete; cada una con objetivos estratégicos, que no solo fueron pensados para beneficio de los indígenas, sino buscando la transformación estructural del país. Buscando la legitimidad de esta herencia histórica, nuevamente un 15 de agosto (fecha emblemática) aparece públicamente la convocatoria a la “Marcha Indígena por la Defensa del Territorio, Identidad y la Cultura”. Las demandas de esta marcha suenan un tanto ambiguas y generales; y más allá de que estas preocupaciones pueden ser legítimas, dos agendas parecen arropar la iniciativa de esta extrema medida.

La primera tiene que ver con la disputa irresuelta de dos frentes que reclaman la representación de los pueblos indígenas de tierras bajas, expresada en la existencia de una corriente “oficial” y otra “orgánica”. En esta marcha en concreto podemos identificar la confrontación de la CPIB (Central de Pueblos Indígenas del Beni) bajo el liderazgo de Guillermo Suárez, con la “paralela” liderada por Abdón Justiniano. Así también, vemos a Verónica Mae Noza disputando el liderazgo de la CMIB (Central de Mujeres Indígenas del Beni), presidida por Pacífica Melgar Eirubi. Es así que, el éxito o fracaso de la marcha que nos ocupa, fortalecerá o debilitará a las facciones en disputa, que a su vez apoyan o confrontan a una de las tres facciones de la actual CIDOB.

En río revuelto, ganancia de pescadores. La segunda trama que sostiene la marcha es la búsqueda desde la Gobernación de Santa Cruz de instalar la narrativa del “avasallamiento” que sufre el oriente por parte de los migrantes del occidente. El recientemente descubierto cariño del gobernador Luis Fernando Camacho y el Comité Cívico cruceño por los pueblos indígenas del oriente debe, cuando menos, despertar sospechas; y se vislumbra más como una estrategia para fortalecer su discurso de que la tierra en Santa Cruz debe ser solo para los cruceños. En ese sentido, le es muy útil difundir la idea del supuesto peligro de que el gobierno del MAS revierta las TCO indígenas para transferirlas a los migrantes campesinos.

Esta narrativa nunca considera que Santa Cruz es el departamento más desigual en la distribución de la tierra. Según el CEDIB en Tierra y Territorio en Bolivia, apenas cuatro personas son dueñas de 803.000 hectáreas de tierra y tienen 10 veces más tierra que 4.190 dueños de predios menores a una hectárea.

Esta estructura de propiedad fue confrontada recientemente por el presidente Arce con la determinación de revertir las 26.246 hectáreas de tierras que recibió ilegalmente la familia de Branko Marinkovic y, por otro lado, el anuncio de que se entregarán 26.000 títulos ejecutoriales de tierras a comunidades indígenas, originarias, campesinas e interculturales.

El problema de la tierra es una excelente excusa para que la oposición construya una bandera política de confrontación entre el occidente (supuestamente masista) y el oriente (supuestamente opositor al Gobierno nacional). El discurso de un aparente “avasallamiento” (sobre todo cultural y económico) de la migración es muy fructífero; si a esto se suma la idea de una “alianza” indígena con la élite empresarial cruceña, claramente la imagen del líder local puede ser favorecida.

Lourdes Montero es cientista social.

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Solidaridad con las víctimas es lo primero

/ 22 de agosto de 2021 / 03:13

Esta semana arrastro mi alma como si fuera un tango de Gardel. Nada duele tanto como enfrentarse de lleno a la miseria humana, y en estos días, por donde se mire hay dolor. Dolor del retorno del régimen talibán a Afganistán donde cerca de 19 millones de mujeres volverán al oscurantismo de la Edad Media (o incluso peor). Los talibanes tomaron casi todas las ciudades del país y se espera que, poniendo en práctica su interpretación de la ley islámica, prohíban el acceso a la salud, la educación y el trabajo de mujeres y niñas en prácticamente todas las circunstancias; o ni siquiera les permitan salir sin un guardián varón. Solo de imaginar el encierro domiciliario de talentosas científicas, ingenieras, políticas, actrices, entre otras millones de mujeres que dejarán de hacer lo que más aman, se me corta la respiración por la rabia.

Dolor y rabia también es lo que siento al leer las 471 páginas del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en Bolivia en 2019. Creo que todos sabíamos que en esos días se desató mucha violencia, pero hasta hoy no imaginamos la dimensión de los hechos que relata el informe: violencia sexual y de género, violencia antiindígena, uso sistemático de tortura y ejecuciones sumarias. No entiendo cómo, durante años, pudimos guardar tanto odio bajo las alfombras para que un día explotara y lo inundara todo. Los expertos en derechos humanos nos han puesto frente a nosotros un espejo y la imagen que refleja es siniestra.

Sabíamos que en el conflicto poselectoral las mujeres estuvieron en primera línea. Lo que no sabíamos era que sus cuerpos fueron utilizados como armas de guerra con el uso de la violencia sexual como tortura. El informe registra que “una de las mujeres detenidas (…) sufrió tocamientos de carácter sexual, donde policías le agarraron los pezones y le introdujeron el dedo en la vagina. La amenazaron con matarla y violarla”. A otra mujer detenida la desnudaron y sufrió tocamientos de carácter sexual. En las celdas de la FELCC de La Paz, otra víctima fue amenazada con que “ahorita te vamos a violar” y le hicieron quitarse la ropa. El GIEI también registró hechos de violencia contra las mujeres de la Caravana del Sur, como intentos de quemarlas vivas, golpes, insultos, amenazas de violación, tocamientos sexuales e intentos de desnudez forzosa.

Pero no se trataba de cualquier mujer, los vejámenes y torturas se ejercieron sobre todo contra mujeres que, por ser de tez morena y de vestimenta indígena, eran estigmatizadas como masistas. El informe deja en claro que las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y por ello la violencia fue profundamente racista y misógina. Es esencial —como lo recomienda el GIEI— que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas.

Pero, sobre todo, que los políticos hagan un momento de silencio en su guerra cruzada de culpas y justificaciones para solidarizarse con las víctimas de ambos lados del espectro político. No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin reconocer que las 37 personas que perdieron la vida y las centenares que sufrieron lesiones de consideración, son bolivianos y bolivianas que en muchos casos fueron atrapados y atrapadas en el fuego cruzado de tanto odio.

Por ello, nuestra preocupación central no es la disputa de a qué bando favorece más el informe, o a qué narrativa contribuye, sino que las violaciones de derechos humanos que aparecen documentadas, producto de ocho meses de riguroso trabajo de la comisión, sean de utilidad para romper con la impunidad que parece ser la marca de nuestro sistema de justicia.

Lourdes Montero es cientista social.

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