Días atrás, la Defensoría del Pueblo denunció que en un colegio en Yungas, sin especificar cuál, se había excluido a seis estudiantes embarazadas; aunque la denuncia venía corroborada por la representante defensorial en Caranavi, la Dirección Distrital de Educación afirmó que tal cosa no había ocurrido. El caso muestra mucho más que el drama de esas adolescentes.
El hecho, según el recuento de la representante del Defensor del Pueblo en La Paz, se debió a que “A nombre de un supuesto permiso o licencia, el director del colegio autorizó que se las aparte, que se las excluya del sistema educativo, con lo que se vulneró el derecho a la educación”. Según el informe, el director otorgó licencia por recomendación de los padres de familia, quienes las consideraron “un mal ejemplo” para el resto del alumnado; las estudiantes alejadas solo podían presentar trabajos escolares y cumplir con exámenes de evaluación.
En respuesta a la denuncia, la Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz aseguró que el director del colegio acusado de excluir a las alumnas gestantes negó el alejamiento de éstas. Según el informe que recibió el martes la DDE, firmado por el director del colegio y el responsable de la distrital, los padres de familia consideraron que las estudiantes no deberían estar en el establecimiento, por lo que “el director intervino de manera rápida para que no ocurra la expulsión”.
Una comisión defensorial se trasladó ayer al lugar para verificar los extremos de la denuncia y el estado de situación. Sin embargo, es evidente que el problema excede el caso particular de las seis adolescentes (a las que se sumarían otras dos, según el reporte de la DDE), pues, como bien señaló el Defensor del Pueblo, no solo se vulneró el derecho a la educación, sino que esta actuación refleja la persistencia de una visión patriarcal y discriminatoria que castiga a las mujeres por ser madres.
Hasta donde se sabe, los varones responsables de esos embarazos no han sido considerados “mal ejemplo” para nadie ni mucho menos alejados del resto del estudiantado, lo que confirma que el machismo está naturalizado en la sociedad, que en casos como éste castiga a las mujeres y las esconde, mientras mira indiferente, si no con orgullo, a los varones. El embarazo requiere la acción de ambos sexos, pero solo uno lleva la carga, la culpa y la vergüenza.
Ocurre en muchos lugares del país, y deben ser menos los casos que se denuncian que los que se esconden, pues los propios padres y madres estimulan la vergüenza de sus hijas. He ahí una de las tantas causas por las que muchos varones, sin importar su condición, clase o educación, siguen creyendo que pueden dominar a las mujeres y sus cuerpos, sin inmutarse siquiera ante la muerte violenta de una de ellas, como acaba de suceder en La Paz, en un trágico caso que merece un comentario aparte.