Bolivia tiene un Estado fuerte. La afirmación corresponde al vicepresidente Álvaro García Linera a propósito del papel que jugaban las organizaciones no gubernamentales (ONG) en los endemoniados años neoliberales. ¡Qué tiempos aquellos!
Ahora bien, un Estado fuerte también es aquel que basa sus decisiones en principios institucionales y normas claras. Bolivia posee desde 2009 una Constitución Política pródiga en derechos y libertades ciudadanas que, en esa medida, exigen un desarrollo para que estos enunciados sean parte de la realidad.
El presidente Evo Morales y el Vicepresidente han señalado, hace pocas semanas, que la publicidad estatal, aquella que se financia con los impuestos y los ingresos que generan las empresas públicas, no será para los medios que “mienten” o aquellos que “hacen política”. Ambos criterios, totalmente discutibles, no están en el marco de los principios de la institucionalidad del país ni en la legislación internacional establecida sobre este tema.
De hecho, aún hace falta una norma que precise los criterios objetivos para que los anuncios y campañas recalen en todos los medios de prensa, independientemente de la línea editorial que pudieran tener, pues esto ayudaría a que la pluralidad de criterios (políticos por supuesto, si de eso se trata) estén a disposición de los ciudadanos. De lo contrario, las condiciones —actualmente vigentes— para la censura indirecta se mantendrán y eso no ayuda a edificar un Estado fuerte.
Contrariamente a esta corriente está el Decreto Supremo 181, que regula la contratación que realiza el Estado de la publicidad sobre la base de principios de participación, libre participación y equidad: “Los proponentes pueden participar en igualdad de condiciones, sin restricciones y de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar servicios”. ¿Se lo cumple? La pregunta flota ante la necesidad mancomunada de generar una política pública sobre este tema.
Un Estado fuerte también requiere de periodistas y medios con la capacidad de actuar en función de la pluralidad que exige el país. Mientras más voces nos ayuden a comprender la realidad, la cosa marchará mejor. Otras serán las historias.
El abogado Iván Lima, hasta hace poco magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, recordó que hay medios latinoamericanos que demandaron a sus Estados por censura indirecta, discriminación o vulneración de la libre competencia. Entre ellos está la emblemática revista chilena Punto Final, que accedió a la pauta oficial tras ganar un proceso legal planteado en 2006. Este medio denuncia hoy un veto gubernamental de Chile contra García Linera. ¿Estados fuertes? Que venga el debate.