Hace 40 años, el 17 de julio de 1980, las bocinas de las ambulancias de la Caja Nacional de Seguridad Social interrumpieron el tráfico de El Prado; con ellas, fuerzas irregulares asaltaron las dependencias de la Central Obrera Boliviana, lugar en el que finalizaba una reunión de urgencia en defensa de la democracia. Se ensañaron con líderes políticos y sindicales y consumaron la muerte y posterior desaparición forzada de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura.

En el marco del golpe planificado, otro grupo armado secuestró a la presidenta Lydia Gueiler y a sus ministros cuando se realizaba una sesión de gabinete, la primera mujer Presidenta de Bolivia fue llevada a su residencia y se la obligó a firmar una renuncia previamente redactada. Y sucesivamente se fueron desencadenando las otras acciones del golpe militar de Luis García Meza y Luis Arce Gómez: detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones, encarcelamientos sin el debido proceso, vejámenes y violaciones a las mujeres, cierre de medios de comunicación, en particular de las emisoras mineras, amedrentamiento y persecución a periodistas, dirigentes sindicales, universitarios e intelectuales, y luego continuaron con la Masacre de la calle Harrigton el 15 de enero de 1981. La Junta de Comandantes y los organismos policiales se ensañaron con los trabajadores de las minas y llevaron a cabo las masacres de los centros mineros de Viloco, Uncía, Siglo XX y Caracoles, empleando para ello tanques de asalto, bombardeando e intimidando con aviones. La intervención militar en las minas segó la vida de unos 50 mineros.

Toda la represión se justificaba con un discurso del enemigo interno, de los sediciosos, terroristas, radicales. La justificación del golpe también se basó en considerar no válidos los resultados de las elecciones de 1980 y en la necesidad de volver a la Constitución de 1967. Y para todo ello se contó con la asesoría y el accionar en métodos de represión de oficiales argentinos y de la Triple A, con la participación directa del nazi Klaus Altman-Barbie, el “Carnicero de Lyon” y el entrenamiento y entrega de pertrechos a grupos paramilitares por parte de mercenarios europeos de la Operación Gladio y la Ustachi que ya habían trabajado con la dictadura banzerista. Estos grupos irregulares y paraestatales actuaron en el eje central y nunca fueron juzgados por los delitos que cometieron. Se autodenominaban “Los Novios de la Muerte” o el “Frente Bolivia Joven” y crearon las condiciones del golpe varios autoatentados para sembrar zozobra y medio en la población y legitimar la militarización del país.

El Estado de excepción fue la regla y fue utilizado no solo para amedrentar a la población sino para apresar y hacer desaparecer a las personas. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, ASOFAMD, tiene en sus registros 26 desaparecidos, cuyas familias, después de 40 años, no conocen el destino de sus seres queridos.

Ante la represión, los varios casos de corrupción y el mal manejo económico, las organizaciones sociales se movilizaron, y el 4 de agosto de 1981 García Meza renunció, pero en los 12 meses y 18 días de la dictadura esta dejó una dolorosa herencia de víctimas desaparecidas, asesinadas, masacradas. El narcotráfico incrementó exponencialmente y la imagen del país se deterioró, el gobierno de facto cometió una serie de delitos yendo en contra de la Constitución y las leyes. Tras una larga lucha de 10 años organizaciones y familiares que presentaron pruebas y testigos ante la Corte Suprema de Justicia lograron una sentencia en el juicio de responsabilidades contra Luis García Meza y sus colaboradores. El contenido de la sentencia muestra que en los ocho grupos de delitos juzgados se cometieron crímenes de lesa humanidad, genocidio, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, pero también todo el pueblo boliviano fue víctima de la corrupción y los negociados en que se incurrió en los casos de La Gaiba, la Piscina Olímpica, en la compra de equipos petroleros para YPFB, la provisión de maquinaria agrícola, etc. Se cometieron irregularidades y contratos lesivos al Estado, peculado, incumplimiento de deberes, enajenación de las riquezas del país, procediendo a la explotación y comercialización de riquezas minerales en una zona declarada fiscal.

Los 40 años de este penúltimo gobierno de facto se cumplen en un momento en que también, desde hace ocho meses, tenemos un régimen que no surgió del voto popular, que impidió la conclusión de un mandato constitucional, que fue decidido en las aulas de la Universidad Católica y en la que participaron embajadas. Y en contra de lo que determina la nueva Constitución Política del Estado, se entró a Palacio de Gobierno con la Biblia y la banda presidencial fue impuesta por un militar. Nuevamente las Fuerzas Armadas y la Policía incumplen los mandatos establecidos por la CPE y las leyes. Pero, además, resurgen grupos paraestatales que actúan con total impunidad. No tendrán los nombres de la década de los 80 pero al parecer tienen el mismo mandato.

Delitos de lesa humanidad como las masacres retornan y no se investigan como es el caso de Sacaba y Senkata. No se respeta el debido proceso y en las cárceles y centros de detención se practica la tortura y los tratos crueles e inhumanos y las organizaciones internacionales de Derechos Humano reciben un mayor número de informes y pruebas de vulneraciones de estos derechos.

En este mismo periodo surge la pandemia del COVID‐19 y regresa la regla del estado de excepción. Se impone la cuarentena, espacio que no sirve para educar, informar sobre la pandemia sino para vulnerar los derechos de los indígenas, de las mujeres, de los niños y niñas, de los adultos mayores.

Y pese a que en estos últimos 40 años el país avanzó en normativa sobre la transparencia y el derecho de la ciudadanía a participar y controlar, en estos ocho meses nuevamente la corrupción y el incumplimiento de deberes estalla. Y las protestas se acallan y surge la autocensura y es que las amenazas y el amedrentamiento son nuevamente parte de la lógica estatal.

Por lo tanto, estos 40 años del golpe de García Meza en el contexto actual nos hace pensar que estamos viviendo en un mundo muy parecido al descrito por Orwell en su obra 1984, en la que nos quieren hacer creer que la guerra es la paz, que la esclavitud es libertad, que la dictadura es democracia. Sí, estamos en un momento de la preeminencia de la neolengua y el doble pensar, en el auge de las opiniones contradictorias de las redes. Estamos en un momento en que nos preguntamos si tantas vidas sacrificadas para lograr libertad y democracia no fueron traicionadas para que unos cuantos dominen y quieran imponer su versión de la democracia, según la cual la libertad equivale a ser corruptos, racistas, discriminadores y violentos. En ese caso estamos enfrentando una disonancia cognitiva en la que se utiliza la democracia con la finalidad de destruir naciones y pueblos quitándole su esencia y su ajayu, tal como señala F. William Engdahl.

Ruth Llanos Vda. de Navarro es presidenta de ASOFAMD