No todo lo que brilla es oro, reza un conocido refrán, que hoy por hoy puede aplicarse a todos los ámbitos en los que el dinero está de por medio, siendo el turismo uno de ellos, como bien pone en evidencia el último reportaje de Informe La Razón, publicado ayer. Y es que nunca faltan, más bien sobran, los que buscan enriquecerse engañando a otras personas.
Además, la falta de controles gubernamentales y de un sistema judicial que sancione oportuna y efectivamente este tipo de delitos contribuye a que varias “agencias” del país se hayan decantado no por ofrecer tiempos de esparcimiento dentro y fuera del territorio nacional, sino a embaucar a las personas; y no solo de manera directa, por medio de panfletos que se entregan en las calles, sino también a través de páginas web y redes sociales.
De acuerdo con algunos fiscales que están investigando estafas de esta naturaleza consultados por La Razón, dos son las principales estrategias que utilizan los delincuentes para engañar. En primer lugar, hay agencias que ofrecen gato por liebre. Es decir que los supuestos hoteles de varias estrellas, cruceros y demás paquetes turísticos por los que uno paga resultan no ser tales cuando las familias llegan a los lugares de destino. Además, en muchos casos las tarifas “reducidas” esconden pagos extra de los que uno se entera cuando ya es demasiado tarde.
Por otro lado están las “agencias” que ofrecen diferentes destinos a precios muy por debajo de los del mercado, con el argumento de que se trata de promociones con cupos y periodos limitados. Esto con el fin de presionar a los posibles clientes para que entreguen elevadas sumas de dinero adelantadas que les garanticen un espacio para, por ejemplo, materializar su sueño de poder broncearse en una playa caribeña.
Sin embargo, estos viajes jamás se concretan y los estafados no saben a dónde acudir para que les devuelvan su dinero, ya que cuando presentan una denuncia a la FELCC o al Ministerio Público, está no prospera, a menos que “inviertan” el tiempo y los recursos necesarios para hacer andar los corroídos engranajes de la Justicia boliviana, cosa que generalmente no sucede. Además, siempre según la misma fuente, tal parece que estas “agencias”, muchas de las cuales están inscritas legalmente y hasta cuentan con un número de identificación tributaria (NIT), se han agrupado en redes criminales, con equipos jurídicos muy bien conectados, lo que les permite evadir eventuales procesos judiciales.
Frente a la impunidad en la que operan estas empresas de “turismo” dedicadas a estafar, sería deseable que las autoridades y las compañías reconocidas del ramo informen a los ciudadanos para que sepan cómo evitar que los engañen a la hora de “turistear”, aprovechando las ventajas que hoy en día ofrece internet para constatar los precios, la diversidad y la calidad de los servicios turísticos.