La sensación es ampliamente compartida: con lo sucedido el miércoles en Cuba, los diálogos entre el Gobierno colombiano y las FARC, orientados a solucionar el conflicto armado que lleva más de cinco décadas, alcanzó un punto de irreversibilidad y se encamina, después de casi tres años, a la tan ansiada resolución definitiva.
La inédita visita del propio Santos a la mesa de negociación en La Habana, y el simbólico encuentro con el líder de la insurgencia, Timochenko, fue una señal de que algo trascendente iba a ocurrir. La otra, que a su vez justificaba la presencia del Mandatario, fue la relevancia del anuncio: después de más de un año de discusión, las partes llegaron a un acuerdo en el punto más espinoso de la agenda referido a la justicia transicional, que establece el tipo de condenas a los responsables y los modos de reparación a las miles de víctimas que acumuló el conflicto.
Aun sin detalles finos del acuerdo, lo trascendido del mismo permite sostener que favoreció a las FARC… en principio, porque lo acordado se aplicará tanto a los miembros de la guerrilla como a militares y a todo personal del Estado involucrado directa o indirectamente en el conflicto, lo que inhabilita las lecturas sobre una supuesta rendición de los insurrectos. Segundo, porque se creará un tribunal ad hoc especial para los juzgamientos, en cuya selección de los magistrados participará también la guerrilla. Tercero, y más general, porque todo el acuerdo está atravesado por una concepción de justicia restaurativa, que apunta a una reparación de los daños y a una búsqueda de la verdad antes que a un punitivismo puro y crudo.
El Gobierno también obtuvo lo suyo: logró que la dirigencia de las FARC, además de reconocer su responsabilidad, aceptara someterse a un proceso judicial con condena, algo que hasta ahora habían rechazado con intransigencia. Por otra parte, el tono salomónico del acuerdo se muestra como una resolución equilibrada a una tensión entre dos derechos que parecían difíciles de conciliar: el de las víctimas a ser resarcidas y el de los insurrectos a revelarse.
El otro punto relevante conocido el miércoles fue la fecha límite para la conclusión definitiva de los diálogos, fijada para el 23 de marzo, algo que ayudará a calmar las ansiedades y frenará las críticas por una excesiva extensión de las conversaciones, pero también agregará una cuota de presión que habrá que saber manejar.
Sumado a los otros tres acuerdos ya alcanzados (referidos a la cuestión agraria, las drogas ilícitas y la participación política de la insurgencia) el nuevo pacto coloca al proceso de cara a su resolución definitiva como nunca antes en la historia. En ese promisorio avance, hay que destacar el acompañamiento de Cuba (cristalizado en Raúl Castro abrazando el apretón de manos entre Santos y Timochenko), Venezuela y Ecuador, que se han comprometido desde un inicio con la causa, evidenciando la importancia que tiene la región en los asuntos nacionales.
Lo que resta para Colombia en absoluto será sencillo. Entre otras cosas habrá que materializar en el territorio todo lo acordado en la capital cubana, y para ello será crucial propiciar el involucramiento de la mayor cantidad de colombianos posibles, para que el fin del conflicto armado sea una causa de las mayorías.
Y otra cosa obvia: la tan mentada paz excede por mucho el silencio de los fusiles. La solución del conflicto armado será una bisagra para Colombia, es cierto, pero del otro lado, muy lejos del paraíso, aún aguardan innumerables deudas sociales que las mayorías populares esperan que pronto sean saldadas.