En el quinto intento por instalar la audiencia en el juicio oral y contradictorio por la muerte de Loui Oporto Almaraz, sus familiares exigieron a viva voz: “Justicia para Loui…”, joven antropólogo asesinado cruelmente con 22 puñaladas por sus “amigos” el 11 de enero de 2013. La audiencia conclusiva demoró ¡dos años!, dando paso al sorteo para atender el juicio oral en julio de 2015. Hasta hoy, esa audiencia se suspendió en cinco ocasiones, provocando la indignación de las víctimas y motivó un singular debate procesal, en el que uno de los jueces sugirió declarar audiencia continuada para evitar una mayor dilación.
El caso de Loui es ilustrativo para analizar la administración de justicia en Bolivia, pues a pesar de la vigencia de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, persisten tres factores que explican la retardación de justicia: la estrategia dilatoria de los imputados, la inercia del Ministerio Público y la impotencia de los jueces. Convocar a una audiencia es una misión imposible: basta la ausencia de una de las partes para suspenderla. Los imputados (así sean asesinos confesos) hacen escarnio de la ley y ofenden el dolor de las víctimas: sus abogados cínicamente se turnan para faltar a las audiencias. En esa cruel parodia, la Fiscalía falta a las audiencias por cualquier motivo, los jueces son incapaces de imponer la majestad de la ley y se dedican a suspender audiencias y fijar fechas mecánicamente.
En el sistema judicial boliviano la chicanería ha reemplazado a la ciencia del Derecho, y los profesionales se han convertido en rábulas. En esta burla judicial los principios de celeridad, gratuidad y eficiencia son simples enunciados, pues campea el escarnio y la impunidad, con la consecuente revictimación de los parientes, sometidos a violencia psicológica, económica y judicial. Para este miércoles, 30 de septiembre, el Tribunal 1° de Sentencia ha convocado, por sexta vez, a audiencia, ante lo cual imploro a las autoridades que administran justicia: Dr. Rolando Mayta (presidente), Dr. Sixto Fernández y Dra. Elena Jemio (jueces técnicos) y Dra. Susana Boyán (fiscal), garantizar la audiencia y que se conmine a los imputados a presentarse con sus abogados y/o sean representados por defensores públicos.
Tal parece que las víctimas debemos implorar, pues es evidente que jueces y fiscales ejercen su misión por inercia, ante la mirada burlona de imputados y rábulas que aplauden la retardación de justicia, factores que desquician peligrosamente el sistema judicial. Pedimos detener la impunidad de delincuentes y criminales que asesinan con facilidad y salen libres gracias a expertos en torcer la ley. ¡Justicia!, tan solo ese derecho exigimos.