La frase “El largo brazo de la ley” se utiliza para afirmar que se hará justicia; que pese a todas las maniobras e inconvenientes que se antepongan para evadirla, como en las películas de buenos y malos, finalmente la Justicia triunfa. Sin embargo, en el país hay leyes que parecen tener los brazos extremadamente cortos, porque después de aprobadas ingresan a una especie de letargo.
Al final de cada gestión, uno de los motivos de orgullo de las autoridades legislativas es dar a conocer las estadísticas sobre cuántas leyes se aprobaron. No obstante, estas cifras deberían venir acompañadas por otro dato bastante más importante: cuántas de esas leyes empezaron a ejecutarse. Para el botón de muestra está el Código del Niño, Niña y Adolescente, promulgado en julio del año pasado con amplia difusión. No era para menos, ya que el país se enfrentó a convenios internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fija en 14 años la edad mínima para trabajar, y aquí se aprobó diez años. La reducción de edad se hizo por presión de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes que hicieron un cuestionamiento básico: que una ley o que la OIT digan que se trabaja a partir de los 14 años no significa que no haya niños y niñas que trabajan, por necesidad, a una edad mucho más temprana.
El Código nació en la polémica, pero también como producto de años de lucha por parte de la población que lo necesita. Dispone la creación de instituciones encargadas de impulsar políticas inmediatas para reducir y, a mediano plazo, anular las causas del trabajo infantil, que en el fondo no son otras que la necesidad de comer y sobrevivir. Instruye que instituciones que están en pleno funcionamiento coordinen entre sí para amparar a casi un millón de personas que, siendo niños y niñas, deben enfrentar cada día la voracidad de la calle.
Las organizaciones que representan a este sector aclaran que no solo se trabaja por pura necesidad o supervivencia, sino también se lo hace, desde temprano, para lograr cierta independencia económica, ayudar en el hogar, saberse útil, garantizar los estudios y, por ello, reivindican el trabajo temprano como un derecho.
Pues bien, ahí está la ley a más de un año de promulgada y no resulta exagerado afirmar que no se hizo nada para que empiece a cumplir su misión. Una misión urgente, si se revisan las estadísticas de la oficina de Protección al Menor que existen en los municipios, donde suman miles las denuncias de abusos cometidos por patrones y por los propios padres contra menores trabajadores, tan ninguneados que una de las primeras acciones de sus nuevos dirigentes fue reunirse con la Central Obrera Boliviana (COB) para que allí tampoco los desprecien (dicen que ya sucedió en la marcha del último 1º de Mayo). Otro drama son las leyes que buscan proteger a las mujeres de la violencia.
Las soluciones siempre parecen ir de la mano de la burocracia. Pero alguien, con autoridad y coraje para enfrentar cualquier sospecha de estar realizando oposición política, debiera controlar la ejecución de las leyes, y mantenernos al tanto: seis meses y no se hace nada (…) un año y nada (…) año y medio y nada (…) y nada (…) Si la gota horada la piedra, tal vez, también pueda hacer que crezcan los brazos de tanta ley abandonada.