El proceso de integración eléctrica entre Bolivia y Brasil recibió un fuerte impulso con la firma, el 17 de julio de 2015, de la adenda al Memorándum de Entendimiento en materia energética, suscrito en 2007, entre los ministerios de energía de ambos países. Este documento estableció como proyecto central la construcción de una planta hidroeléctrica binacional en la cuenca del río Madera, aguas arriba de la hidroeléctrica de Jirau.

La construcción de una hidroeléctrica binacional, que estará subordinada a un Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PDRS), puede constituirse en un vector estratégico de desarrollo económico y social para la región fronteriza. Para eso se debe analizar si la situación económica boliviana le permite al país participar de un proyecto de gran envergadura en una posición de mayor equidad delante de un socio con la dimensión económica y política del Brasil.

En los últimos diez años, el Gobierno de Bolivia adoptó una política económica con base en dos principales pilares. El primero tiene el objetivo de generar excedentes económicos en cuatro áreas consideradas estratégicas: hidrocarburos, minería, energía eléctrica y recursos ambientales. Mientras que el segundo pilar busca generar empleo y redistribuir los excedentes a través de subsidios sociales. Esta estrategia dio como resultado un elevado crecimiento del PIB, siendo la tasa de crecimiento media real de 5,1% entre 2006 y 2014, mayor que la tasa promedio para América Latina y el Caribe, que fue del 3,31% en el mismo periodo.

El desempeño de la economía boliviana es consecuencia directa del dinamismo del sector de hidrocarburos, siendo el principal factor la exportación de gas natural para Argentina y Brasil. Gracias a estos proyectos de integración energética es que Bolivia se consolidó como un país exportador de recursos energéticos. De hecho, la exportación de gas natural llegó a representar el 50% de las exportaciones totales, mientras que en 2012 y 2013 representó cerca del 20% del PIB nacional.

El incremento de las exportaciones permitió mantener una balanza comercial con saldos positivos y crecientes, lo que a su vez impulsó la acumulación de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que aumentaron en casi cinco veces desde 2006 a 2014. Adicionalmente hubo un aumento en las recaudaciones tributarias vía el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el cual representó el 23,4% de los ingresos fiscales en el periodo señalado. El desarrollo social también mostró indicadores positivos. Se constató una mejora del 4,6% en el Índice de Desarrollo Humano y una reducción del índice de desigualdad de Gini, que pasó de 0,56 en 2006 a 0,47 en 2012.

Ahora bien, a pesar de que a nivel nacional los indicadores mostraron avances positivos, estos resultados no fueron homogéneos en todas las regiones del país. Así, a pesar de tener una extensa superficie, la actividad económica de Beni y Pando, departamentos que se verían directamente impactados por la hidroeléctrica binacional, no representa una gran proporción de la actividad económica nacional. Entre 2006 y 2013, el PIB del Beni representó 3,4% del PIB nacional; mientras que el de Pando, 0,9%. La principal fuente de ingreso de estos departamentos son las transferencias del Tesoro General del Estado, derivadas a través del  IDH y de la coparticipación tributaria, vía la recaudación de impuestos nacionales.

Este grado de menor desarrollo de ambos departamentos sirve de justificativo para dar prioridad al proceso de integración eléctrica, subordinado a un programa de desarrollo regional sustentable como vector para el progreso de de la región.  El PDRS junto a la Agenda de Desarrollo Territorial (ADT) son instrumentos de planificación para auxiliar y garantizar la promoción de oportunidades de desarrollo económico y social en el corto, medio y largo plazo.

Esta metodología se basa en la propuesta coordinada de acciones e inversiones de diversa naturaleza, priorizadas con base en consensos entre los agentes locales y regionales. Así, estas dos herramientas no solamente contemplan la construcción de una hidroeléctrica binacional, sino que consideran una visión mucho más amplia y duradera para el desarrollo de la región donde será construida la planta generadora. Beni y Pando podrían beneficiarse de proyectos que permitan el desarrollo integral de estos departamentos, como la construcción de una hidrovía en el río Madera, que contribuiría en la reducción de los costos de exportación de los productos de la región.

Por tanto, la construcción de una hidroeléctrica binacional, adherida y subordinada a un PDRS, será una oportunidad para llevar dinamismo económico y social a una región carente con un potencial todavía no explotado por falta de condiciones mínimas de infraestructura.

Es importante también considerar que, actualmente, el financiamiento de proyectos de infraestructura con gran impacto ambiental y social, como una hidroeléctrica, ya solicitan como requisito necesario la presentación de un plan de desarrollo regional y de mitigación de impactos ambientales.