Cómo llamar la atención a las autoridades que tienen injerencia en controlar y castigar las extremas inconductas sociales cometidas por adolescentes, más varones que mujeres, en establecimientos educativos particulares y fiscales que ocasionan severos daños en la personalidad y trauma psicológico de las víctimas que también afecta a sus familiares?
Resulta agravio al colectivo social los actos que cometen algunos adolescentes que intimidan y torturan psicológicamente con ribetes de maldad sádica la personalidad, carácter y vida de muchos niños, niñas y adolescentes que oscilan entre los 9 y 15 años. Ese fenómeno conocido con el controvertido nombre de bullying ha sido importado en Bolivia, con métodos que atentan contra el espíritu y dignidad de sus víctimas.
En vez de formar jóvenes generosos, a los que se inculque un norte enmarcado en la educación, en principios y valores universales, se deja sin control a los “descarriados” y abandonados posiblemente en sus hogares, para que den rienda suelta a su posición socapada por docentes, quienes en lugar de denunciar los hechos, quizá por temor a “padres influyentes”, permiten que se desprestigie los establecimientos educativos.
Y la solución revestida de simplicidad y superficial tratamiento es derivar los casos al psicólogo. ¿Tan insignificante es acaso la agresión que sufren inocentes seres humanos? ¿Puede haber tanta indiferencia al dolor, al sufrimiento y a los juicios de valor con calificativos denigrantes que constituyen el deplorable accionar de alumnos que solo buscan satisfacer ególatras y crueles objetivos?
Padres de familia pasan días de angustia, tratando de disimular sus lágrimas y no preocupar a sus hijos. Se sienten impotentes porque no solo deben proteger a sus hijos, sino que se les agrieta el corazón. La ley contra la violencia de género sanciona atentados psicológicos como “delitos gravísimos y graves contra menores de edad, niñas y niños”, determinando presidio hasta de ocho años.
Se impone que las autoridades nacionales intervengan los colegios donde los alumnos sufren bullying para que no se agrave la situación emergente de actitudes de adolescentes que, en algunos casos, parecen tener sino el apoyo, por lo menos la cabizbaja protección de sus padres.
Es fundamental que en los reglamentos internos de cada establecimiento se incluya artículos del Código Penal y de leyes contra la violencia doméstica y de género, defensa de los derechos humanos de niños y adolescentes, y se determine la expulsión de quienes sean encontrados responsables de practicar el bullying, quizás así se pueda frenar impulsos de jóvenes que atentan contra sus compañeros.