Lo que sucedió en Bolivia no era difícil de predecir. Un Gobierno estructurado sobre la figura de un presidente condicionado por el mesianismo y el populismo no puede tener un final agradable. A Bolivia le cuesta erigir instituciones políticas perdurables que prolonguen su vida democrática.

Desde la Revolución de 1952, cuando el Estado boliviano finalmente alcanzó madurez política y dotó identidad nacional a todos bolivianos, el Gobierno estuvo conformado por líderes políticos idealistas, conservadores, populistas, de centro-derecha, de centro-izquierda y recientemente indigenistas. Ninguno de estos presidentes produjo un proyecto político que solidifique instituciones políticas que garanticen la incertidumbre que provocan las crisis económicas, los descalabros que generan las rebeliones de la sociedad civil, el caos que crean los amotinamientos de las Fuerzas Armadas o el desmedro que causan los intereses económicos extranjeros y nacionales, incluyendo la manipulación de algunos políticos corruptos.

Hasta hoy, los líderes políticos bolivianos normalmente tuvieron la mirada puesta hacia la estabilidad y el crecimiento económico de corto plazo, pero raras veces se enfocaron en la construcción de un sistema político (preferiblemente una democracia participativa) que sobreviva a todas las adversidades políticas, económicas y sociales de una sociedad dividida no solamente por su entorno geográfico, sino también por rasgos étnicos de cambas y collas.

Inicialmente, el presidente Víctor Paz Estenssoro, en pleno albor de la Revolución nacional, instauró un proyecto de gobierno que deshizo más 50 años de regímenes oligárquicos que se dedicaron a velar por los intereses de los Barones del estaño (Simón Patiño, Carlos Aramayo y Mauricio Hochschild). A Paz Estenssoro no le quedó otra opción que postergar la instalación de las bases de una institución política, y se inclinó por la nacionalización y la reforma agraria.

Los otros gobiernos revolucionarios prefirieron implementar políticas populistas para acallar a sus bases sociales.

Durante los setenta y parte de los ochenta, las dictaduras militares, especialmente la encabezada por Hugo Banzer Suárez, utilizaron las arcas del Estado como válvulas de escape de la acumulación del capital de Estados Unidos. El dinero prestado sirvió para crear un espejismo de desarrollo económico y dejar mal parada a la democracia. Las dictaduras militares nunca contemplaron instrumentar instituciones políticas perdurables.

Desde 1982 hasta la llegada de Evo Morales, en 2006, una secuela de gobernantes bolivianos produjo uno de los periodos más estables del país. Empero, en vez de afianzar las incipientes instituciones democráticas, prefirieron desmantelarlas, a través de alianzas políticas que fusionaron a radicales de la izquierda con extremistas de la derecha, exdictadores con exrevolucionarios, capitalistas con comunistas, religiosos con ateístas, indígenas con colonizadores.

A este periodo de coaliciones políticas extrañas los bolivianos le dieron el nombre de “democracia pactada”, la cual se convirtió en uno de los acicates políticos de Evo Morales para llegar al Gobierno. El otro acicate fue el neoliberalismo salvaje, que despojó al Estado y a la gente de sus bienes materiales durante más de 20 años de democracia pactada.

Así, Evo Morales tuvo en sus manos la institucionalidad del sistema de gobierno de Bolivia. Tuvo el apoyo de la clase media, de la izquierda, del centro-derecha y una gran multitud de indígenas bolivianos. Sin embargo, como todos sus antecesores, prefirió la mezquindad política, el mesianismo y el populismo.

Todas las grandes hazañas económicas que Morales obtuvo a lo largo de su gobierno se diluyeron cuando, obstinada y vergonzosamente, hizo a un lado la decisión del pueblo de negarle otra gestión presidencial en 2016, a través de un plebiscito convocado por su gobierno. Al presentarse como candidato este año, Morales le dio un tiro certero a las instituciones políticas del Estado boliviano.

Hoy, nuevamente los bolivianos empiezan desde cero para construir esa institucionalidad política. Su nueva presidenta, Jeanine Áñez, y sus próximos sucesores tienen una lucha contra el destino.

Humberto Caspa, Ph.D., es docente e investigador

en la Universidad Juan de Castellano de Colombia,

estuvo de visita en 2018 como profesor Eminente

en Columbus State University, Georgia (EEUU).

Correo: [email protected]

Evo Morales Ayma dice que es una persona 100% indígena. Entonces por qué lleva un apellido que sugiera una supuesta ascendencia española. ¿Por qué sus familiares cambiaron su apellido indígena? No sabemos el verdadero apellido paterno de Evo Morales Ayma. Pudo haber sido Mamani, como también Limachi, Huayñapaco, Pari o Quispe. De acuerdo con indagaciones de estudiosos interesados sobre las raíces del Presidente, su apellido paterno podía haber sido Katari. Empero, nada es concluyente, ni el mismo Evo sabe la procedencia de su nombre.

Uno pensaría que Katari es más apropiado que Morales para identificar a uno de los líderes indígenas más sobresalientes del siglo XXI. Al fin y al cabo, el gran revolucionario aymara Julián Apaza utilizó el nombre de Túpac Katari para reafirmar sus raíces indígenas, y dio su vida para posibilitar la emancipación de su gente.

A pesar de todo, el cambio de apellido a Morales (español) no cuestiona el nexo indígena del actual Presidente. Sus facciones físicas claramente confirman su arraigo aymara o la pertenencia a algún otro grupo étnico boliviano. Por el contrario, la adopción de Morales por parte de los familiares del Presidente denota la existencia de una estructura social altamente discriminatoria contra la identidad indígena durante gran parte de la época republicana.

Antes del movimiento indígena, el cual posibilitó la llegada de Evo Morales al Gobierno, las personas con apellidos indígenas no tenían acceso a las instituciones de poder. Por ejemplo, los colegios militares solo eran para aquellos jóvenes que hubieran demostrado un vínculo español. Un Mamani, un Quispe o un Colque apenas podían prestar servicio militar. Los jóvenes bachilleres indígenas más entusiastas solo ingresaban a las escuelas militares de sargentos y suboficiales.

El racismo estaba encarnado en la sociedad boliviana. Hoy continúa latente en algunos sectores y se ha propagado debido a un movimiento reaccionario que no solamente afecta a los países en desarrollo, sino también a los desarrollados. El trumpismo en Estados Unidos es una esas consecuencias.

El racismo boliviano tiene raíces en la Colonia. Los españoles rechazaron todo lo que provenía de los pueblos originarios. Repudiaron el color de la piel de su gente, sus facciones autóctonas y su panteísmo religioso. La ignorancia de los españoles y su eurocentrismo los hizo cometer los abusos más horrendos contra la población originaria boliviana. Los “conquistadores” (invasores) trataron a los aymaras como objetos, como “animales” inmunes al dolor y al sufrimiento.

Asimismo, a inicios del periodo republicano, la Constitución de 1826 negó cualquier tipo de derechos ciudadanos a los miembros de la comunidad indígena. Para ser ciudadano, manifestaba el Art. 14, “el individuo tenía que ser boliviano (…), saber leer y escribir (…) y no estar sujeto o ser dependiente de otras personas como sirviente doméstico”. Los indígenas aymaras de ese periodo fueron negados a la educación y fueron obligados al servilismo.

La discriminación contra los indígenas fue tan abierta en Bolivia que uno de sus presidentes, Bautista Saavedra (1920-1920 y 1921-1925), consideró que los indígenas eran como “una bestia de carga, miserable y abyecta, a la que (sic) no hay que tener compasión, y a la que (sic) hay que explotar hasta la inhumanidad y lo vergonzoso”.

Ni la Revolución de 1952 hizo desaparecer el racismo. El pueblo indígena tuvo que sublevarse contra una sociedad enferma para enmendar siglos de discriminación racial. Cualquiera que fuera la razón, el cambio de apellido del Presidente boliviano solo mantiene la intolerancia del pasado. La sociedad boliviana ha cambiado y su identificación indígena es plena y constante.

*es PHD, docente e investigador de Economices On The Move. Fue profesor eminente en la Columbus State University, Georgia. Correo: [email protected]

Evo Morales Ayma dice que es una persona 100% indígena. Entonces por qué lleva un apellido que sugiera una supuesta ascendencia española. ¿Por qué sus familiares cambiaron su apellido indígena? No sabemos el verdadero apellido paterno de Evo Morales Ayma. Pudo haber sido Mamani, como también Limachi, Huayñapaco, Pari o Quispe. De acuerdo con indagaciones de estudiosos interesados sobre las raíces del Presidente, su apellido paterno podía haber sido Katari. Empero, nada es concluyente, ni el mismo Evo sabe la procedencia de su nombre.

Uno pensaría que Katari es más apropiado que Morales para identificar a uno de los líderes indígenas más sobresalientes del siglo XXI. Al fin y al cabo, el gran revolucionario aymara Julián Apaza utilizó el nombre de Túpac Katari para reafirmar sus raíces indígenas, y dio su vida para posibilitar la emancipación de su gente.

A pesar de todo, el cambio de apellido a Morales (español) no cuestiona el nexo indígena del actual Presidente. Sus facciones físicas claramente confirman su arraigo aymara o la pertenencia a algún otro grupo étnico boliviano. Por el contrario, la adopción de Morales por parte de los familiares del Presidente denota la existencia de una estructura social altamente discriminatoria contra la identidad indígena durante gran parte de la época republicana.

Antes del movimiento indígena, el cual posibilitó la llegada de Evo Morales al Gobierno, las personas con apellidos indígenas no tenían acceso a las instituciones de poder. Por ejemplo, los colegios militares solo eran para aquellos jóvenes que hubieran demostrado un vínculo español. Un Mamani, un Quispe o un Colque apenas podían prestar servicio militar. Los jóvenes bachilleres indígenas más entusiastas solo ingresaban a las escuelas militares de sargentos y suboficiales.

El racismo estaba encarnado en la sociedad boliviana. Hoy continúa latente en algunos sectores y se ha propagado debido a un movimiento reaccionario que no solamente afecta a los países en desarrollo, sino también a los desarrollados. El trumpismo en Estados Unidos es una esas consecuencias.

El racismo boliviano tiene raíces en la Colonia. Los españoles rechazaron todo lo que provenía de los pueblos originarios. Repudiaron el color de la piel de su gente, sus facciones autóctonas y su panteísmo religioso. La ignorancia de los españoles y su eurocentrismo los hizo cometer los abusos más horrendos contra la población originaria boliviana. Los “conquistadores” (invasores) trataron a los aymaras como objetos, como “animales” inmunes al dolor y al sufrimiento.

Asimismo, a inicios del periodo republicano, la Constitución de 1826 negó cualquier tipo de derechos ciudadanos a los miembros de la comunidad indígena. Para ser ciudadano, manifestaba el Art. 14, “el individuo tenía que ser boliviano (…), saber leer y escribir (…) y no estar sujeto o ser dependiente de otras personas como sirviente doméstico”. Los indígenas aymaras de ese periodo fueron negados a la educación y fueron obligados al servilismo.

La discriminación contra los indígenas fue tan abierta en Bolivia que uno de sus presidentes, Bautista Saavedra (1920-1920 y 1921-1925), consideró que los indígenas eran como “una bestia de carga, miserable y abyecta, a la que (sic) no hay que tener compasión, y a la que (sic) hay que explotar hasta la inhumanidad y lo vergonzoso”.

Ni la Revolución de 1952 hizo desaparecer el racismo. El pueblo indígena tuvo que sublevarse contra una sociedad enferma para enmendar siglos de discriminación racial. Cualquiera que fuera la razón, el cambio de apellido del Presidente boliviano solo mantiene la intolerancia del pasado. La sociedad boliviana ha cambiado y su identificación indígena es plena y constante.

* es PHD, docente e investigador de Economices On The Move. Fue profesor eminente en la Columbus State University, Georgia. Correo: [email protected]

El flujo migratorio de venezolanos hacia los países del sur del continente y el proceso migratorio de familias centroamericanas hacia Estados Unidos tienen sus propias características y factores internos que estimularon su movilización. Sin embargo, estos dos fenómenos migratorios no ocurrieron por sí solos, es decir, no se originaron en aquellos países, sino que tienen raíces en tierras norteamericanas.

El caso venezolano está asociado a la crisis inmobiliaria de Estados Unidos de 2008. El sector financiero norteamericano fue el primero en sentir los descalabros de la crisis, y luego, a manera de un efecto dominó, se infectó todo el sistema económico. Finalmente, el problema económico se desplazó a todos los países dependientes del mercado norteamericano. Venezuela fue uno de los primeros en pagar el pecado mortal de depender de los dólares estadounidenses. Desde que se inició la crisis financiera, Venezuela nunca pudo salir de su atolladero. Por el contrario, el irracionalismo de Nicolás Maduro, su falta de conocimiento en la economía y su autoritarismo están dejando a su país en la ruina. Su población no encuentra otro camino que escaparse para sobrevivir.

En este sentido, la dependencia del mercado estadounidense ha sido una constante para el gobierno de Chávez inicialmente y luego para el de Maduro. El petróleo se convirtió en un vino tinto exquisito, muy valioso, que los mantuvo embriagados con el mismo cliente por muchos años. Durante la gestión de Chávez, el barril llegó incluso a cotizarse a un poco más de 160 dólares el barril.

Ese era el momento para diversificar su economía y seguir un modelo híbrido, de mercado y estatal, que se ajuste a la realidad del proceso global. Sin embargo, Chávez utilizó los recursos del petróleo en políticas altamente populistas para mantener “feliz” a sus bases sociales. Por unos cuantos años tuvo éxito, pero cuando la crisis inmobiliaria alcanzó a Venezuela, el modelo chavista se desmoronó. Maduro tuvo la oportunidad de emendar los errores de su jefe, pero su naturaleza autoritaria terminó por pulverizar a su país.

Por otro lado, el reciente flujo migratorio de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, quienes en este momento se encuentran en la frontera de Tijuana (México), está relacionado con la deportación del Gobierno estadounidense de más de 20.000 pandilleros entre el 2000 y el 2004. Una gran mayoría de esta gente deportada pertenecía a la Mara Salvatrucha y a la pandilla  Calle 18. Tras la llegada a sus países de origen, estos pandilleros se dedicaron al tráfico de drogas, al asalto y a la extorsión, creando un ambiente de terror a su alrededor.

Al estilo de Los Ángeles, California, el control por el dominio del territorio en los barrios conurbados centroamericanos es de vida y muerte para los pandilleros. La lucha también ha involucrado a la Policía y al Ejército de estos tres países. Así, los barrios de las principales ciudades se han convertido en campos de batalla de pandilleros, policías y militares.

Los enfrentamientos han forzado el éxodo de personas que buscan un lugar donde vivir en paz. Hoy, familias enteras se encuentran en la frontera de Tijuana buscando asilo. A diferencia de los gobiernos suramericanos, quienes han mantenido las puertas abiertas a los migrantes venezolanos, el gobierno de Trump ha cerrado por completo el acceso de su frontera a los migrantes centroamericanos. La acción de Trump no solo viola el derecho internacional, también ignora un problema social que se gestó precisamente en aquel país.

* Docente e investigador; actualmente está de visita como profesor eminente en Columbus State University, Georgia (EEUU); email: [email protected]

Después una campaña política polarizante, llena de animosidad contra la población latina-estadounidense, los dos partidos políticos de Estados Unidos tienen algo que celebrar. Los republicanos mantuvieron su hegemonía en el Senado, mientras que los demócratas recuperaron el liderazgo de la Cámara de Representantes en el Congreso. Ahora tienen el mentón levantado, un camino con menos fricciones y un proyecto político restablecido. Sin embargo, el gran triunfo es del pueblo norteamericano, porque su electorado reafirmó su creencia en un sistema de gobierno basado en los controles y balances; mecanismos políticos que tanta falta nos hace en Bolivia y en el resto de América Latina.

La llegada de Trump a la Casa Blanca despertó los fantasmas más retrógrados de la sociedad norteamericana y de mundo. Los grupos más radicales de ese país, incluyendo a racistas neonazis y filósofos del darwinismo social, entre otros, encontraron en Trump a un líder ideal para propagar su agenda política social altamente chovinista y racista. El comportamiento del Presidente norteamericano no solo ha estado debilitando gradualmente las instituciones de Estados Unidos, sino que además su retórica polarizadora ha desestimado ostensiblemente, con mentiras, el trabajo loable de los medios de comunicación, a los que calificó como diseminadores de información falsa.

Trump había optado por una estrategia muy similar a aquellos líderes políticos populistas, quienes, al verse acosados por los mecanismos de control del Estado y la sociedad, terminan por confrontarlos, sancionarlos y, finalmente, prohibir su accionar libre dentro de la sociedad. Al final encuentran excusas para consolidar un sistema dictatorial-autoritario utilizando los mismos mecanismos democráticos que los ponen en el poder, y sustentan la excusa que lo hacen porque “velan por los intereses del pueblo”. Todos sabemos que lo anterior son puras mentiras.

Al Gobierno norteamericano se le puede acusar de imperialismo, de manipular la desestabilización de gobiernos en América Latina en periodos anteriores, y de promover recientemente una política económica que beneficia a sus entidades transnacionales; pero a su sistema político de controles y balances nunca se le puede juzgar de inoperancia. En este país los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se controlan mutuamente. El Congreso puede, si la situación amerita, procesar al presidente por desacato a la ley, y puede sancionarlo con un impeachment, desalojándolo de sus funciones en forma vergonzosa.

Los demócratas, ahora con pleno dominio en la Cámara de Representantes, tendrán en mente apoyar la investigación del fiscal independiente Robert Mueller en torno a la participación de Donald Trump en la operación rusa, que supuestamente permitió su llegada a la Casa Blanca. Es muy probable que Mueller no encuentre una relación directa de participación entre Trump y el Gobierno de Rusia, pero es posible que su informe incluya otros delitos federales, como la evasión de impuestos y mentir bajo juramento; los cuales son violaciones que no tienen perdón ni por las autoridades ni por la población norteamericana, ni mucho menos por las leyes anglosajonas.

En este sentido, la victoria de los demócratas es una victoria del proceso democrático y de los mecanismos de control y balances del Gobierno de Estados Unidos. Durante el dominio de los republicanos en el Congreso, Donald Trump actuaba de acuerdo con sus propias convicciones, propagando mentiras a diestra y siniestra, sin ningún miedo a ser castigado. Sin embargo hoy, con un partido opositor en la Cámara de Representantes, sus abusos serán limitados ostensiblemente. Los controles y balances funcionan en Estados Unidos y es una meta innegable a lograr en el nuestro.