Voces

domingo 7 mar 2021 | Actualizado a 07:39

Recrudece la violencia en México

Deben adoptarse políticas públicas encaminadas a prevenir la expansión de violencia y muerte

/ 13 de noviembre de 2015 / 04:01

Lo que viene ocurriendo en la república de México se ha convertido en preocupación generalizada en Latinoamérica y es que la violencia que genera el narcotráfico y sus grupos paramilitares no tiene parangón en la historia contemporánea.  Luego del doloroso caso de la muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa (estado de Guerrero) el año pasado, cuyos cuerpos continúan desaparecidos y que al parecer fueron incinerados por los propios asesinos, la violencia no ha cesado.

Es en el estado de Guerrero donde se han producido más asesinatos, 50 personas han muerto en las últimas dos semanas y se han encontrado más fosas clandestinas con decenas de cadáveres.  El Gobierno Federal ha reforzado la presencia militar y policial, pero eso no ha impedido el recrudecimiento de la violencia. Solo en la noche del domingo 8 de noviembre, 10 personas han muerto acribilladas mientras asistían a una  pelea de gallos, se presume un ajuste de cuentas de bandas dependientes del narco. El reporte noticioso indica que las ametralladoras dispararon 125 balas en 45 segundos, para darse una idea de la extrema violencia que ha llevado al uso de sofisticadas armas por parte del narcotráfico.

Además de los asesinatos, es común el secuestro de niños y ancianos. Muchos secuestrados pagan con su vida si sus familiares no han pagado antes las sumas de dinero que los delincuentes reclaman. Los sicarios cometen a diario homicidios por encargo. Las estadísticas señalan que en el estado de Guerrero, de enero a septiembre de este año, habían muerto 2.000 personas a manos de los criminales. Los policías son también víctimas del crimen. El otrora tradicional balneario de Acapulco está teñido de terror, siempre siguiendo los reportes informativos.

Las autoridades que intentan poner un freno a las actividades delictivas o que las denuncian son constantemente amenazadas. Los alcaldes en el estado de Guerrero son en su mayoría del PRD, un partido de izquierda, quienes han pedido protección ante constantes amenazas. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado que reforzará la región de Guerrero con 1.500  nuevos efectivos federales, pero nada parece indicar que el miedo a las bandas criminales se vaya a atenuar.

La criminalidad en México con tales índices de violencia se encuentra ligada al crecimiento de la actividad del narcotráfico. El cultivo de amapola y marihuana, y su venta en condiciones de ilegalidad sumadas al tráfico de cocaína y heroína dentro y fuera del territorio mexicano han subido los niveles de crueldad y exterminio de las bandas armadas que actúan como fuerzas de seguridad de los circuitos de distribución de las drogas, que en buena parte llegan a los consumidores del otro lado de la frontera es decir a Estados Unidos. El poder económico de los negocios ilícitos no tiene fin, y eso explica en parte las sofisticadas armas que poseen los criminales, paradójicamente adquiridas en EEUU e introducidas ilegalmente en México. Otro aspecto de honda preocupación es el grado de impunidad, pues la justicia no alcanza a sancionar a los autores intelectuales ni materiales de los horrendos crímenes.

En la aldea global en la que vivimos, lo que ocurre en México debe preocupar a todos. Los gobiernos deben realizar mayores esfuerzos para coordinar la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. El expresidente brasileño Lula da Silva propuso a Unasur la creación de un Consejo que afronte el flagelo, pero tal iniciativa no se ha concretado en la creación de un organismo al que se le debe dotar de medios para asumir tamaño desafío.  Pero no solo es en Sudamérica donde el narcotráfico ha extendido sus redes, tanto Centroamérica, el Caribe y por supuesto México son víctimas de su accionar.  Por tanto, bien podría ser la CELAC (organismo aún en proceso de consolidación que agrupa a todos los países del área latinoamericana) donde germine la idea de constituir un organismo encargado de enfrentar al narcotráfico desde sus raíces, lo que implica también cuestionarse las formas de encarar el problema, dado que la guerra sin cuartel no ha significado la reducción del consumo de estupefacientes.
Asimismo, deben adoptarse políticas públicas encaminadas a prevenir la expansión de la violencia y muerte que producen los ilícitos ligados al tráfico de drogas. 

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Dificultades para la democracia intercultural

/ 7 de marzo de 2021 / 00:32

Hoy, 7 de marzo, se llevan a cabo en el país las elecciones subnacionales, vale decir, para elegir gobernadores y sus respectivas asambleístas a nivel de cada departamento; los alcaldes y los concejales, en cada municipio, además de representantes de la región autónoma del Gran Chaco.

A estas alturas, después de oír y ver a tantos postulantes, hay muy pocos interesantes y muchos son de la peor calaña. Tenemos muchas dudas de su desempeño futuro y particularmente creo que con estos candidatos inservibles estamos en una democracia caduca, que no condice con los postulados teóricos de nuestra Constitución Política del Estado plurinacional. Por ejemplo, ¿por qué se ha permitido que los golpistas del Estado de noviembre de 2019 se hayan postulado a cargos públicos mencionados? Aunque hay mucho enredo desde lo jurídico, pero desde lo político el hecho de que se haya quebrado un orden constitucional y se haya removido a los gobernantes bajo amenazas y persecución, nos lleva a la interpretación de que fue un golpe de Estado sui generis.

Al menos se hubiese inhabilitado a los golpistas postulantes hasta que se aclare su situación jurídica, hubiera sido muy sano para la democracia. La Justicia boliviana debió haber actuado de oficio, pero sabemos de las enormes limitaciones y desatinos en su accionar.

En nuestras sociedades existe el afán de saber sí o sí sobre alguna actividad. Las encuestas de opinión se han convertido en algo imprescindible, pero es preciso avanzar en nuevas metodologías para saber cómo está el pulso en lo político y creo que esa tarea no siempre puede pasar por las empresas privadas encuestadoras. ¿Cómo creamos nuevas formas del quehacer del pulso político? En los últimos días se han presentado varias encuestas, pero no sabemos cuán creíble sea ese trabajo. Una forma de verificar sería que las empresas no solo actúen de buena fe, sino que haya reglas claras en el manejo de la ciudadanía encuestada, con márgenes de error claros, preguntas en todos los idiomas reconocidos, las zonas donde se han encuestado. Además, precisamos saber cuánto cuestan esas encuestas y quién las financia, etc., etc.

Estas empresas encuestadoras han empujado más la tendencia de hacernos creer que hay ciudades de primera y de segunda. Es decir, solo han considerado en sus actividades “las ciudades eje”: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las otras seis ciudades y departamentos ¿son de segunda y no merecen mayor atención? ¿Cuál es la posición política de estas empresas interesadas en marcar estas diferencias?

¿Por qué seguir llamando ejes a las tres ciudades citadas? Argumentar desde lo económico sigue siendo un grave error de mirada sociológica integral sobre cómo debemos construir nuestras ciudades.

Otro gran desliz de estas encuestas es impulsar más caudillos/as, cuando se debería considerar otros temas necesarios como el quehacer cultural, la educación y sus formas de fortalecimiento, en fin. Quedarnos en temas absolutamente coyunturales es no pensar a futuro. Posicionar la preferencia de algunos caudillismos y salvadores es absolutamente reñido con los valores que poseen verdaderamente estos candidatos.

Otro detalle que aún se discurre en nuestra sociedad es pensar ¿por qué tiene que haber debate preelectoral? Es menester que el OEP promueva una presentación pública no solo de los programas de los candidatos, sino también que exija una especie de diagnóstico de los departamentos y ciudades para que la ciudadanía opte votar por alguna preferencia.

La propuesta para cinco años de ejercicio fue sustituida por soluciones tan efímeras. Lo más grave es permitir muchas promesas y poco cumplimiento. Aquí observamos, ¿cómo sancionar a aquellos candidatos que prometen y no cumplen? Tendría que haber algún precepto, aunque sea de carácter moral ejemplificador, para no caer en la politiquería y la prebenda barata.

Banalizar los programas de televisión con postulantes preparando comiditas, etcétera, es una pérdida de tiempo, cuando se podría preguntar sobre cuánto conocen la ciudad, el departamento. Es decir, cuál es su diagnóstico y cómo serían las grandes soluciones.

Uka lunthat jaqinakaxa wasitampiw apqañan munapxistu, wakisiwa wutus jaquntañatakix wali suma amuyt’asiñani ¿ janicha ukhamaxä?

   Esteban Ticona es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo.

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Obligada ‘cohabitación’ en ciernes

/ 7 de marzo de 2021 / 00:28

Asistimos hoy, por tercer año consecutivo, a un comicio electoral, esta vez de carácter inapropiadamente denominado “subnacional” (a nuestro juicio ese término no encaja con el declarado carácter “plurinacional” del Estado, pero ese es otro asunto). Ahora elegimos autoridades departamentales y municipales: gobernadores y alcaldes, cada cual con su respectiva instancia de fiscalización, integrada por asambleístas la una y concejales, la otra. Aunque ciertamente el panorama se complejiza, tanto por la autonomía regional vigente en el Gran Chaco, como por las autonomías indígenas de las que muy poco se habla, pese a la importancia que poseen precisamente para identificar al Estado como “plurinacional”.

Por otra parte, según denuncias que se han conocido, el principio constitucional de la equidad de género estaría siendo incumplido por varias de las fórmulas participantes, lo cual podría derivar incluso en un retroceso de los niveles de participación que las mujeres habían alcanzado en eventos anteriores. Del mismo modo, llama la atención la enorme e inusitada dispersión de las candidaturas, pareciera que a cualquier hijo de vecino, comprando o prestándose una sigla se le ha ocurrido postular, sin tener propuestas ni programas conocidos, menos agrupaciones sociales o políticas que los respalden.

Sin embargo, por encima de estas consideraciones y otras que puedan plantearse, se hace necesario resaltar el enorme significado que tienen las urnas para el funcionamiento del sistema democrático, también en los espacios regionales y locales. Más aún si partimos del hecho de que se arrastra la crisis desde el colapso de 2019. En tal sentido, lo que está ocurriendo hoy a lo largo y ancho del país podría considerarse otro eslabón fundamental en la recuperación y consolidación de la democracia, con el agravante de que tal proceso tiene lugar en medio de una pandemia con sus mortíferos efectos sobre la salud, la economía y el estado de ánimo de las personas.

No se necesita ser adivino para pronosticar algunos resultados gruesos que producirá la votación el día de hoy. El más importante de ellos será sin duda la no repetición mecánica de lo ocurrido en octubre de 2020. El partido de gobierno no logrará el 55% y tendrá una representación disminuida en departamentos y municipios con mayor densidad demográfica, pero podría obtener notables triunfos en áreas rurales y en ciudades intermedias. De hecho, esto plantea un escenario de obligada “cohabitación” o “convivencia” pluralista de unos y otros. Estuvo mal que algunas autoridades y el propio presidente Arce dijeran que si la gente vota por las candidaturas del oficialismo la coordinación entre los diferentes niveles sería más fácil y fructífera. Pero sería mucho peor, una pésima señal, si no se esfuerzan por hacer llevaderas las relaciones del Gobierno con gobernadores y alcaldes eventualmente opositores. Y éstos, a su vez, tendrían que abstenerse de utilizar sus puestos para enfrentar al Gobierno desde posiciones radicalmente opositoras. Se sabe que es el pueblo el único perdidoso a raíz de estos conflictos y rivalidades, a veces atizados artificialmente.

En la recuperación económica, en la batalla contra el COVID-19 y en la adaptación del sistema educativo a las nuevas condiciones existentes, el país tiene al frente enormes desafíos. Y las tareas no consisten solamente en pedir, reclamar y si es necesario incluso protestar (sin paralización de servicios esenciales). También hay que participar de forma activa y comprometida, acción que no se acaba cumpliendo el deber de votar. Especialmente debemos rescatar los espacios municipales para hacer nuestras propuestas en la planificación participativa y para ejercer el verdadero control social, aspectos que ninguna pandemia puede hacernos olvidar.

 Carlos Soria Galvarro es periodista.

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Amparar depredadores

/ 7 de marzo de 2021 / 00:15

El muro de Facebook “El Confesionario UCB” nos ha permitido asomarnos a la cultura de la violación que comparten los ámbitos universitarios. La treintena de relatos sobre abusos sexuales que sufrieron colegialas y universitarias durante fiestas, donde eran emborrachadas y drogadas, es estremecedor. Semejante nivel de brutalidad, de humillación, de cosificación extrema nos revuelve el hígado. Pero los relatos se vuelven más estremecedores cuando concluyen sosteniendo que “todos sabían”, “era normal”, “al día siguiente, todo seguía como si nada hubiera pasado”, confirmando el pacto de silencio que ampara la violación y permite que una red de depredadores sexuales ejerza la extorsión y el miedo. Eso, ejercido impunemente en una universidad que se jacta de sus valores religiosos, solo puede ser reflejo de un orden político que siente desprecio por las mujeres.

¿Qué tan mal puede estar nuestra sociedad para que esto ocurra en una de las universidades más prestigiosas (y caras) del país? ¿En qué cultura de la impunidad se amparan esos jóvenes para abusar de su poder de esta manera? ¿Qué les hizo pensar que tenían total libertad para violar? La respuesta es contundente: en Bolivia, la cultura de la violación es omnipresente, está grabada en nuestra forma de pensar, de hacer bromas; incluso en el derecho que sienten muchos hombres de abordarnos cuando caminamos por las calles.

Parte del amparo social del que goza la cultura de la violación proviene de las instituciones que deciden mirar hacia el costado y lavarse las manos. Ese fue el tono del primer comunicado de la Universidad Católica Boliviana, Regional La Paz, al sostener: “sobre los hechos que afectarían a algunos estudiantes de nuestra comunidad, aclaramos que los mismos no se produjeron en ámbitos de nuestra casa de estudios ni en eventos organizados por la institución”. Ni una sola palabra de empatía con las víctimas y todo el comunicado en “masculino” solo afirmaba el pacto patriarcal de sus autoridades con la impunidad. Es como decir “reconocemos que nuestra comunidad puede albergar un asesino, pero si éste comete su crimen del otro lado de la cerca, nosotros no nos involucramos. Eso sí, nos ponemos a disposición de quien pueda tener interés en investigar el caso”. Una avalancha de críticas hizo cambiar la actitud de la universidad en cuestión y días después tuvo que publicar un mensaje comprometiendo su apoyo a las víctimas.

Hemos aprendido de Rita Segato que los hechos de violación son actos moralizadores que buscan disciplinarnos. Quien viola es la autoridad, quien viola es el sujeto moral que coloca a la mujer en su lugar. Y la sociedad, a través de sus instituciones, amparan al depredador volcando la acusación a la víctima: “qué hacía tomando en la fiesta”, “por qué no se hizo respetar” son los discursos que limitan la vida de las mujeres hasta lugares insospechados. Por ello comprendemos que la violación no está fundamentada en un deseo sexual descontrolado, ni siquiera es un acto sexual: es un acto de poder, de dominación, es un acto político. Un acto que se apropia, controla y reduce a la mujer a través de apoderarse de su intimidad.

Los relatos del Confesionario UCB son el mejor ejemplo de esta afirmación. Por ello, las alumnas y exalumnas de la Universidad Católica nos sentimos en el derecho de exigir de sus autoridades no solo acompañamiento legal y psicológico a las víctimas, sino un liderazgo claro y firme como investigadores y acusadores de los hechos de violencia para dejar en claro de qué lado de la historia quieren que las mujeres los recordemos.

Como nunca resuena en nuestros oídos el estribillo del grupo chileno Lastesis que, poniendo el dedo acusador en las instituciones afirma “el violador eres tú”.

   Lourdes Montero es cientista social.

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Nadie se cansa

/ 7 de marzo de 2021 / 00:07

Es una vorágine de sucesos, compromisos, sentimientos, reflexiones las que nos hacen dar vuelta los cuerpos y la cabeza. Elecciones, golpe; elecciones, recuperación del proceso; otra vez elecciones. Estamos en eso y la lucha y el compromiso revolucionario continuarán así.

Este es otro tiempo, es un tiempo de contradicciones aceleradas en comparación a lo que Bolivia vivió anteriormente, esa característica está marcando posibilidades mayores para la realización de cambios estructurales en las relaciones de poder. Por otro lado, también es posible que el propio sistema produzca cambios acelerados, que le permitan reciclar su trama de las opresiones.

Cuáles son los elementos que podemos decir que están a nuestro favor como proceso de cambio. Podemos afirmar que hay una desmitificación de los grupos de poder político intelectual que se enfrascan en discusiones exquisitas y que no se embarran en el sudor de la defensa del proceso en todos y cada uno de los territorios y cuerpos. La autoafirmación de la organización territorial y la contundencia del accionar desde el territorio nos marcan la recuperación del accionar político de los pueblos originarios con todas sus contradicciones. Sin embargo, este accionar territorial no profundiza aún el concepto de territorio, como el espacio y el tiempo para el “vivir bien”, y fácilmente se cae en prácticas políticas de la típica la propiedad feudal y la propiedad privada burguesa.

Otra de las fortalezas es la organización de las mujeres y, claro, para nuestros hermanos hombres son cosas sin importancia. Siempre está en el imaginario la idea que las mujeres son manejables. Recordemos que, a raíz de modificaciones a la Ley 348 propuestas por el Ministro de Justicia, entramos en un diálogo como sociedad sobre la pertinencia de estos cambios. Pero no tuvo ni el espacio, ni el tiempo, ni la importancia de darle el carácter fundamental y fundante a esta discusión. La violencia hacia las mujeres es el padre fundador de este sistema, capitalista neoliberal, colonial y depredador, y los revolucionarios ni se enteran. Por eso es importante la organización de las mujeres y la construcción de la “Alianza” de organizaciones sociales de mujeres a la cabeza de las hermanas Bartolinas, es una fortaleza para romper con manipulaciones de nuestros hermanos y compañeros y romper con el control de las ONG golpistas. Las mujeres somos la mitad de la fuerza y creatividad revolucionaria, pero solo sacaremos esa fuerza en nuestras comunidades, barrios y organizaciones mixtas cuando los hermanos hombres dejen de querer controlarnos y manejarnos y, sobre todo, cuando nosotras mismas valoremos nuestra palabra y la palabra y vida de nuestras hermanas y compañeras.

Es una lucha larga. En estas elecciones, en unos territorios ganaremos, en otros ganará la derecha, pero la responsabilidad de resolver los problemas en cada territorio es nuestra, de nuestras organizaciones. Sean autoridades de derecha o de izquierda, deben recibir de nuestra parte control social, propuestas de política pública y exigencia contundente de garantizar los derechos conquistados y defender la vida de nuestras comunidades. ¡Aquí nadie descansa, ni se cansa!

     Julieta Paredes es feminista comunitaria.

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Silencio (pos)electoral

/ 7 de marzo de 2021 / 00:05

Como en el largo adiós, luego de un agitado periodo electoral, al filo de su culminación, sobreviene el silencio. El supuesto es que la ciudadanía, que ha estado expuesta durante meses al ruido de la campaña y la propaganda electoral (guerra sucia incluida), tiene derecho a disponer de 72 horas para concentrarse, libre de presiones, en su voto. “Periodo de reflexión”, se dice con optimismo.

La veda electoral está vinculada a una serie de restricciones. Tres días antes de los comicios, por ejemplo, están prohibidos los actos públicos de campaña y la propaganda electoral en medios de comunicación. Algunas limitaciones rigen con anterioridad: no se puede difundir propaganda gubernamental un mes antes. Y el plazo para la difusión de encuestas vence el domingo previo a la votación.

Todas son reglas establecidas en la normativa. No siempre se cumplen. O se quebrantan con atajos. Cesa formalmente la campaña, el proselitismo permanece. Los operadores mediáticos continúan su faena. Deja de difundirse propaganda gubernamental, pero el aparato del Estado, en sus diferentes niveles, inclina la cancha. Y ni hablemos de la cantidad de mensajes que circulan en las redes sociales.

Como sea, la premisa es resguardar la voluntad de las y los electores. Entre otros ideales democráticos (o falacias), se espera que el voto sea informado, sin condicionamiento. Y se presume que las 72 horas de silencio sirven para reafirmar o, en su caso, decidir las preferencias electorales. Lo que sigue, en la jornada de votación, es ruido. Tanto, tanto ruido. En especial en torno al resultado.

¿Y después del agitado proceso, con sus actividades y plazos, su paréntesis de mutismo, el rumor de datos e interpretaciones, las autoridades electas? Nos espera una suerte de resaca: el silencio poselectoral. ¿Hasta los siguientes comicios? (ahí están, en el horizonte sin enmienda, las elecciones judiciales 2023). Creo que, pese al agotamiento, esta vez, en lugar de espera, se requiere amplio debate.

A punto de concluir el mega-ciclo- electoral, es fundamental asumir como necesidad democrática el examen participativo y posterior reforma de la normativa: del régimen electoral, de la institucionalidad, de las organizaciones políticas. Si bien las leyes vigentes contienen importantes innovaciones (como la democracia intercultural), revelan también grandes boquetes (excesos regulador y sancionatorio).

Mientras tanto, celebremos hoy un nuevo ejercicio de sufragio. Que se respete el silencio electoral, que haya reconocimiento monumental de los resultados, que se renueve el campo político, que la voluntad ciudadana, en fin, no dependa de un conteo rápido. 

FadoCracia carroñera

Vean las imágenes: “El instante preciso de la tragedia”. Hay muertos. “Estupor, rabia y pesar en El Alto”. He ahí la foto con los cuerpos en el piso. “Así se rompió la baranda en la UPEA donde cayeron alumnos”. Algunos fallecieron. “Son penosas imágenes que pueden herir su sensibilidad”. Que circule el video… Y así.

Los carroñeros, algunos de ellos profesionales en la materia, están de fiesta. Nos advierten que hay sangre. Hablan de cadáveres, cuerpos mutilados, rostros deshechos. Y los muestran. Se regodean en las imágenes. Es parte de los submundos mediático y de las redes sociales. Una forma de manipulación.

Todos los mensajes citados son obra de periodistas. ¿Y el Código de Ética, colegas? Leamos: los medios/periodistas “NO DEBEN acudir al sensacionalismo ni exhibir en ningún medio periodístico imágenes de cadáveres, de heridos graves o de personas en situaciones extremas; de manera morbosa y reiterativa”.

#Último. #TragediaUPEA. «La noticia da la vuelta al mundo». Periodismo morboso, carroñero. Que siga el festín de imágenes: el instante preciso en que se rompe la baranda y el oficio se hace mierda.

   José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.

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