Lo que viene ocurriendo en la república de México se ha convertido en preocupación generalizada en Latinoamérica y es que la violencia que genera el narcotráfico y sus grupos paramilitares no tiene parangón en la historia contemporánea. Luego del doloroso caso de la muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa (estado de Guerrero) el año pasado, cuyos cuerpos continúan desaparecidos y que al parecer fueron incinerados por los propios asesinos, la violencia no ha cesado.
Es en el estado de Guerrero donde se han producido más asesinatos, 50 personas han muerto en las últimas dos semanas y se han encontrado más fosas clandestinas con decenas de cadáveres. El Gobierno Federal ha reforzado la presencia militar y policial, pero eso no ha impedido el recrudecimiento de la violencia. Solo en la noche del domingo 8 de noviembre, 10 personas han muerto acribilladas mientras asistían a una pelea de gallos, se presume un ajuste de cuentas de bandas dependientes del narco. El reporte noticioso indica que las ametralladoras dispararon 125 balas en 45 segundos, para darse una idea de la extrema violencia que ha llevado al uso de sofisticadas armas por parte del narcotráfico.
Además de los asesinatos, es común el secuestro de niños y ancianos. Muchos secuestrados pagan con su vida si sus familiares no han pagado antes las sumas de dinero que los delincuentes reclaman. Los sicarios cometen a diario homicidios por encargo. Las estadísticas señalan que en el estado de Guerrero, de enero a septiembre de este año, habían muerto 2.000 personas a manos de los criminales. Los policías son también víctimas del crimen. El otrora tradicional balneario de Acapulco está teñido de terror, siempre siguiendo los reportes informativos.
Las autoridades que intentan poner un freno a las actividades delictivas o que las denuncian son constantemente amenazadas. Los alcaldes en el estado de Guerrero son en su mayoría del PRD, un partido de izquierda, quienes han pedido protección ante constantes amenazas. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado que reforzará la región de Guerrero con 1.500 nuevos efectivos federales, pero nada parece indicar que el miedo a las bandas criminales se vaya a atenuar.
La criminalidad en México con tales índices de violencia se encuentra ligada al crecimiento de la actividad del narcotráfico. El cultivo de amapola y marihuana, y su venta en condiciones de ilegalidad sumadas al tráfico de cocaína y heroína dentro y fuera del territorio mexicano han subido los niveles de crueldad y exterminio de las bandas armadas que actúan como fuerzas de seguridad de los circuitos de distribución de las drogas, que en buena parte llegan a los consumidores del otro lado de la frontera es decir a Estados Unidos. El poder económico de los negocios ilícitos no tiene fin, y eso explica en parte las sofisticadas armas que poseen los criminales, paradójicamente adquiridas en EEUU e introducidas ilegalmente en México. Otro aspecto de honda preocupación es el grado de impunidad, pues la justicia no alcanza a sancionar a los autores intelectuales ni materiales de los horrendos crímenes.
En la aldea global en la que vivimos, lo que ocurre en México debe preocupar a todos. Los gobiernos deben realizar mayores esfuerzos para coordinar la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. El expresidente brasileño Lula da Silva propuso a Unasur la creación de un Consejo que afronte el flagelo, pero tal iniciativa no se ha concretado en la creación de un organismo al que se le debe dotar de medios para asumir tamaño desafío. Pero no solo es en Sudamérica donde el narcotráfico ha extendido sus redes, tanto Centroamérica, el Caribe y por supuesto México son víctimas de su accionar. Por tanto, bien podría ser la CELAC (organismo aún en proceso de consolidación que agrupa a todos los países del área latinoamericana) donde germine la idea de constituir un organismo encargado de enfrentar al narcotráfico desde sus raíces, lo que implica también cuestionarse las formas de encarar el problema, dado que la guerra sin cuartel no ha significado la reducción del consumo de estupefacientes.
Asimismo, deben adoptarse políticas públicas encaminadas a prevenir la expansión de la violencia y muerte que producen los ilícitos ligados al tráfico de drogas.