En los últimos ocho años (2007–2014) el Gobierno incrementó el salario mínimo nacional en 174%, el salario básico en 61%; y en los pasados dos años y el presente determinó el pago de un segundo aguinaldo. Si bien es posible que por las fuerzas del mercado no se haya logrado esos incrementos en los ingresos de los asalariados, y que para contar con un mercado interno más grande es necesario que la población mejore sus ingresos, dichos incrementos solo son posibles de asumir por parte de las empresas del sector productivo si sus ingresos se incrementan y/o mejora la productividad de la mano de obra, de tal manera que una mayor producción con la misma cantidad de este recurso permita compensar en parte o totalmente su mayor costo.
La realidad es que lo segundo no ha sucedido, y desde el año pasado, por la menor demanda mundial de materias primas, la consiguiente caída de sus precios y la competencia de productos importados legal e ilegalmente de países cuyas monedas se han depreciado frente al dólar, los ingresos de muchas empresas del sector productivo se han reducido; además, como todo indica que el contexto internacional no va a mejorar en el corto plazo, tampoco se debería esperar que la tendencia decreciente en los ingresos de esas empresas se revierta.
Lo anterior pareciera evidenciar que ya no existe margen para que las empresas formales del sector productivo que generan empleos y cumplen sus obligaciones sociales y fiscales continúen asumiendo mayores costos laborales; por tanto, persistir en estirar la pita puede poner en peligro su sostenibilidad y capacidad de pago para honrar los financiamientos que les han sido otorgados con recursos del público ahorrista.
A propósito de estirar la pita, la semana que termina el Gobierno puso a consideración de la Asamblea Legislativa un incremento a la alícuota adicional del impuesto a las utilidades (IUE) para las instituciones financieras, que actualmente se encuentra en el 12,5% (que sumada al 25% da una alícuota total del 37,5%) cuando las utilidades igualen o superen el 13% del patrimonio, a lo que se sumaba el impuesto a las operaciones de venta de divisas que perdió vigencia a principios del presente mes y el 6% de las utilidades netas del IUE para la constitución de un fondo de garantías. La alícuota adicional del IUE sería incrementada al 22% (que sumada a la alícuota del 25% da una alícuota total de 47%) cuando las instituciones financieras obtengan una utilidad similar o superior al 6% de su patrimonio, incremento que compensaría las recaudaciones del impuesto a las operaciones de venta de divisas, ya que no todas las instituciones financieras realizaban dicha actividad.
Ante los menores ingresos que percibirá el Gobierno por la caída de las exportaciones de gas requiere incrementar las recaudaciones internas para financiar la mayor inversión pública que pretende realizar en la próxima gestión. Sin embargo, mayores impuestos desincentivan la capitalización de las instituciones financieras, ya que ante menores utilidades es también menor el monto que se puede destinar para incrementar el capital, como la disposición de los actuales accionistas o potenciales nuevos inversionistas para destinar recursos para ese fin. Pero si el capital de las instituciones financieras no aumenta continuamente, la cartera de créditos, fundamentalmente la destinada al sector productivo y al desarrollo de viviendas sociales, no podrá crecer en los montos y plazos que el Gobierno pretende.