La innovación es la chispa que enciende la llama del progreso. Desde Tesla, Larry Page y Sergey Brin, Steve Jobs y muchos más, han catalizado el desarrollo y progreso de la humanidad, desafiando los límites de lo posible y cambiando el curso de nuestra historia. Desde la invención de la rueda hasta la llegada del internet, la innovación ha sido la fuerza motriz detrás de las transformaciones que han redefinido nuestra realidad. En este artículo, se explorará la posibilidad de generar mayor valor público a partir de la innovación gubernamental.

La innovación pública es un enfoque estratégico que promueve cambios en las políticas públicas, procesos y estructuras con el propósito de mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la población.

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La innovación pública permite una gestión más eficiente de los recursos limitados, una mejor utilización de los recursos públicos y una mayor rentabilidad social en los servicios públicos. Asimismo, fomenta la efectividad de las políticas públicas al promover soluciones creativas y adaptativas para los problemas sociales, económicos y ambientales, lo que fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.

Existen varios enfoques de innovación, por un lado, en la formulación de políticas públicas la innovación se puede aplicar en estrategias innovadoras para abordar problemas sociales complejos, como la pobreza, el cambio climático y la desigualdad. Por otro lado, administrativamente se puede mejorar la eficiencia y la efectividad de los procesos y procedimientos de las instituciones públicas. Asimismo, la profundización en la tecnología, así como la utilización de herramientas como la inteligencia artificial, el blockchain y el análisis de datos pueden mejorar la prestación de servicios públicos.

Existen numerosos ejemplos de innovación pública que evidencian su potencial, desde ciudades inteligentes, becas en áreas de ciencias, transporte público, salud universal, alfabetización, seguridad alimentaria, plataformas en línea de atención al público, gestión documental, automatización de procesos administrativos, gestión y analítica de datos, presupuestos basados en resultados, colaboración interinstitucional, etc.

Para fomentar la innovación en el sector público, es indispensable crear un entorno propicio que promueva la creatividad, la colaboración y el aprendizaje organizacional. Esto requiere un liderazgo visionario que respalde y promueva la innovación, una cultura organizacional abierta al cambio y dispuesta a asumir riesgos calculados, y colaboración efectiva.

A pesar de la importancia y el potencial de la innovación pública hay muchos desafíos que pueden obstaculizar su implementación, por ejemplo, la resistencia al cambio dentro de las estructuras organizacionales tradicionales que pueden dificultar que surjan nuevas ideas y prácticas innovadoras. Por otro lado, la disponibilidad de recursos financieros y capacidades especializadas, también pueden limitar la capacidad para implementar proyectos de innovación a gran escala. Ni qué decir de la complejidad regulatoria y los problemas de gobernanza que pueden obstaculizar la implementación de cambios significativos en el sector público.

La colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil puede fortalecer la co-creación de soluciones innovadoras, evidencia de ello son los presupuestos participativos, elaboración de programas operativos anuales y otras formas de participación ciudadana para identificar necesidades y preocupaciones de los ciudadanos.

La innovación pública nos permite creer que un futuro más inclusivo y eficiente para los gobiernos y las sociedades es posible. Es importante mantenernos atentos a las nuevas tendencias y las oportunidades de mejora continua en áreas clave como la tecnología, políticas públicas, investigación y desarrollo, buenas prácticas internacionales e incluso tendencias sociales y culturales. La innovación pública no es solo un desafío, sino una responsabilidad compartida para un mejor futuro.

(*) Wilmer Alavi Argandoña es analista económico financiero

Una de las distinciones que realiza Norberto Bobbio, en su libro Derecha e Izquierda, se refiere a la diferencia entre estos dos términos en sus expresiones y derivas políticas. Para Bobbio, la diferencia se encuentra en la manera en la que se trata la idea de “desigualdad”. Si se considera que la mayoría de las desigualdades entre los hombres son construcciones sociales, políticas, económicas y, ante todo, históricas, se admite que frente a ellas se pueden desarrollar iniciativas sociales, políticas y económicas para desmantelarlas, y así arribar en distintos tiempos a una igualdad. Si se piensa así estamos en la llamada izquierda, que varía entre los métodos para lograr la igualdad y los matices de lo que se entiende por igualdad. Por otro lado, si se considera que la mayoría de las desigualdades, por no decir todas, son naturales y, en consecuencia, vienen dadas por la suerte o una especie de lotería natural, se admite que por mucho que se intente cambiarlas el ser humano no puede ir contra natura, es decir, las desigualdades son y serán imposibles de eliminar, al punto que ni siquiera se debe perder el tiempo en pensar en políticas y alternativas para lograr la imposible igualdad, sino en fórmulas para la convivencia entre desiguales. Si se piensa así, estamos en la derecha, que varía entre los métodos para lograr la convivencia entre desiguales y los matices de lo que se entiende por desigualdad.

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Una idea similar la encontramos en la historia que se cuenta sobre el acto de ocupar la izquierda o la derecha. Se dice que en la sala de la asamblea francesa, en agosto de 1789, los conservadores y leales al rey que defendían las desigualdades que no deberían cambiar, entre ellas la sobrevivencia de la monarquía, la nobleza y el clero, se sentaron a la derecha, en cambio, los revolucionarios que consideraban que se debía llevar a cabo un cambio radical que tenía como horizonte la igualdad de todos los hombres, se sentaron a la izquierda. Es curioso que la expresión “hombres”, en 1789 aún excluía a las mujeres, y no era un término genérico que las incluía. Sin embargo, la idea de la izquierda, si bien aún patriarcal, buscaba la eliminación de las distinciones sociales y se abría al cuestionamiento de la desigualdad.

La tarea de la izquierda, si se siguen las distinciones de Bobbio y las sugeridas por los revolucionarios franceses del siglo XVIII, sería la de denunciar las desigualdades existentes y naturalizadas y proponer las formas y procedimientos para desmantelarlas y superarlas, por ello, en distintos momentos, la izquierda encontró alianzas y traducciones de sus demandas de igualdad en las reivindicaciones feministas, indígenas, inmigrantes, del precariado laboral y de varios otros grupos humanos que viven en desigualdades naturalizadas.

(*) Farit Rojas es docente investigador de la UMSA

Un día de febrero de 1924, hablando de México, pero que podría aplicarse a cualquier país latinoamericano, el exsecretario estadounidense Robert Lansing dijo: «México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente. Debemos abandonar la idea de instalar a un ciudadano estadounidense en la presidencia mexicana, ya que eso solo nos llevaría, una vez más, a la guerra. La solución requiere más tiempo: debemos abrir las puertas de nuestras universidades a mexicanos jóvenes y ambiciosos y hacer el esfuerzo por educarlos en el estilo de vida estadounidense, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y, con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes y eventualmente tomarán posesión de la presidencia misma, y sin que Estados Unidos tenga que gastar un solo centavo o disparar un solo tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radicalmente de lo que nosotros mismos podríamos haber hecho”.

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La descripción de esos “jóvenes ambiciosos” encaja perfectamente en Daniel Noboa, presidente de Ecuador. No solo porque desde niño se educó en escuelas y universidades estadounidenses, sino porque nació en territorio estadounidense, Miami, hace 36 años. Millonario, hijo y nieto de millonarios y con escasa experiencia política, llegó a la presidencia tras una serie de hechos, un magnicidio incluido que, ahora se ve, no fue producto de accidentes, sino de un manual de operaciones de lo que el ejército de Estados Unidos llama “guerra no convencional”. Una estrategia en la que —para  desestabilizar y dominar a un país— ya no se usan tanques y aviones, sino el caos y el miedo a través de una guerra psicológica, con tecnología cibernética y la intervención de agencias como la CIA y la USAID.

En solo seis años, Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica a ser el más peligroso del mundo, con “bandas de narcoterroristas”, temor en sus calles y caos en la política. Exactamente como lo planifica el manual de esta guerra. A principios de agosto de 2023, la carrera para la presidencia estaba encabezada por Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, seguida por otros dos candidatos, Fernando Villavicencio en cuarto lugar y en un lejano sexto sitio, Daniel Noboa. Luego del asesinato de Villavicencio, el 9 de agosto, su cónyuge acusó por radio y televisión a Rafael Correa y a su candidata de ser los autores intelectuales y en las elecciones del 20 de agosto… Noboa brincó del sexto a un segundo lugar. Meses después, ganó en la segunda vuelta.

En sus operaciones clandestinas, la CIA trata de no dejar huellas ni testigos comprometedores. En el asesinato de Villavicencio hay elementos que aún no han sido aclarados: 1) Ya había sido víctima de agresiones y amenazas y por eso tenía guardias y un vehículo blindado. El día del crimen, a plena luz del día, sus custodios no lo rodearon, no usaron el vehículo blindado y lo subieron a una pequeña camioneta que no tenía chofer ni otro guardia que cuidara los flancos. Una vez adentro, le dispararon a la cabeza. 2) Luego de los disparos, un sicario fue herido y, en vez de trasladarlo a un hospital para curarlo y que después declarara, lo llevaron a la Fiscalía, donde murió desangrado. 3) Capturaron a otros siete implicados que, nueve días antes de la segunda vuelta de las elecciones, aparecieron muertos en la cárcel donde estaban recluidos. 4) El teléfono celular de Villavicencio sigue sin aparecer.  

La guerra no convencional estadounidense tiene varios objetivos: el control de un país y de sus recursos naturales, pero también el de una plataforma de operaciones contra otros países. El presidente Noboa solicitó la intervención de Estados Unidos y la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ya estableció en Ecuador su cuartel regional. De ahí salió la orden de invadir la embajada mexicana y dinamitar de ese modo los intentos de integración. De ahí saldrá el golpe final. ¿Se acuerda que hace unos meses Richardson habló de la urgencia estadounidense de tener el dominio sobre el agua dulce, petróleo, gas, litio y otros recursos del área? Pues esa es la siguiente misión del hombre de Washington que, debiera saber, que así como los usan, los desechan cuando ya no les sirven.

(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista

La economía mundial se encuentra afrontando un problema encima de otro. Primero, la pandemia que perturbó a la humanidad, con su propagación y producción de variantes aún más contagiosas y letales, causando nuevos trastornos y profundizando la divergencia entre los países ricos y pobres. Segundo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha devastado a distintos países, con repercusión en el mundo entero.

Las consecuencias económicas de la guerra se propagaron a los países vecinos y más allá, golpeando con especial dureza a los segmentos más vulnerables de la población mundial. Millones de familias ya estaban luchando con un bajo nivel de ingresos y el encarecimiento de la energía y los alimentos, amenazando con profundizar la desigualdad.

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Tercero, el conflicto constante en Ucrania y Palestina ha seguido generando repercusiones negativas en materia económica. Cuarto, las turbulencias en el sistema bancario de los Estados Unidos, que tensionaron el sistema financiero mundial, así como el aumento histórico de tasas de interés, restringieron las condiciones de financiamiento.

Estos cuatro aspectos principalmente ocasionaron una desaceleración en las economías de los países y las tensiones geopolíticas ralentizaron los volúmenes de comercio exterior, desencadenando en mayores tasas de pobreza y desempleo, esto acompañado de altas presiones inflacionarias, generando hasta la actualidad incertidumbre e inseguridad en la población mundial.

Por otra parte, opinadores económicos y exautoridades han estado generando zozobra en la ciudadanía, señalando de manera irresponsable que nuestro país está en crisis económica. Al respecto, este tipo de crisis se caracteriza por el decrecimiento constante y considerable de una economía, reflejando inestabilidad de precios, por los cambios bruscos en la oferta y demanda de bienes/servicios, además de afectar negativamente a los indicadores económicos.

Es importante recordar que Bolivia sufrió una contracción de su economía de 8,2% en 2020, con terribles impactos en la economía y en la calidad de vida de la población. No obstante, a partir del restablecimiento de los pilares basados en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) y, a la cabeza del presidente Luis Arce, el Gobierno viene implementando políticas económicas y sociales para la reconstrucción y la reactivación de la economía, conjuntamente el trabajo y esfuerzo del pueblo.

En este sentido, manifestar que Bolivia está en crisis económica es una falacia. Esto se sustenta a que el Producto Interno Bruto en 2023 creció alrededor del 3%. Con este nivel de crecimiento registrado, Bolivia se mantendría entre las economías con mejor desempeño a nivel de la región.

Asimismo, con relación a la inflación, el Gobierno garantizó la estabilidad de precios, manteniendo el poder adquisitivo y cuidando los bolsillos de las familias, logrando una tasa de inflación de 2,12% al cierre de 2023 y, a marzo de 2024, el indicador registró un porcentaje del 0,74%, uno de los más bajos del continente. Respecto a la pobreza moderada, disminuyó de 39% en 2020 a 36,4% en 2023. Respecto al mercado laboral, se recuperó en la pospandemia, destacando a nivel regional con una baja tasa de desempleo, con 3,6% al tercer trimestre de la gestión pasada.

Finalmente, las familias pueden descartar la falsa crisis económica, por cuanto el MESCP permite tener una economía resiliente ante shocks externos e internos, por lo que para 2024 se prevé crecimiento económico con una inflación baja y controlada, profundizando el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, a fin de dar continuidad a las políticas de redistribución de excedentes que coadyuvarán al incremento del ingreso, reduciendo la pobreza, el desempleo y la desigualdad económica.

(*) Fernando Chuquimia es especialista financiero

El 5 de abril, el gobierno del Ecuador realizó un operativo con sus fuerzas de seguridad rompiendo la inviolabilidad de las instalaciones de la embajada de México, agrediendo físicamente al subjefe de misión, Roberto Canseco, e interceptando las comunicaciones de estas instalaciones. Todo ello, para llevarse por la fuerza al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien gozaba de derecho de asilo para preservar su seguridad e integridad personal conforme a la larga tradición jurídica latinoamericana. Hechos que ameritan una reflexión seria, ya que han generado un precedente nefasto tanto para el derecho diplomático como el derecho de asilo, invitando a otros gobernantes arbitrarios a usar la fuerza por sobre las tradiciones más consagradas de nuestra región.

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La primera cuestión estriba en soslayar el valor jurídico de todas y cada una de las justificaciones políticas del presidente ecuatoriano, quien, por ejemplo, validó dicho accionar señalando “mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados”. Lo cierto es que la Convención de Viena del Derecho de los Tratados de 1969 (de la que Ecuador es parte desde 2005) señala que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Principio consuetudinario que hace inviable cualquier justificación de orden interno para violar estas instituciones internacionales. Lo que es más curioso es que el gobierno de Noboa ha ignorado la propia Constitución ecuatoriana, que en su artículo 41 consagra el derecho al asilo y de la no devolución. En todo caso, este accionar está íntimamente relacionado al próximo referéndum constitucional que decidirá reformas en Ecuador.

Dicho aquello, ¿cuál es el valor de las instituciones internacionales violadas por la incursión del gobierno ecuatoriano a la misión mexicana? Debemos decir que esenciales a nuestra historia y costumbre regional. En primer lugar, el derecho al asilo nacido en el siglo XIX y consolidado en el siglo XX debido a la persecución política que las sangrientas dictaduras de nuestras Américas ejecutaron sobre sus disidentes, se ha consagrado como una verdadera costumbre en la que el Estado asilante (México) tiene el derecho de calificar, si el procesamiento o condena emitida por el otro Estado (Ecuador) se considera una persecución política. Caso contrario, el Estado que persigue podría escudarse en cuestiones de orden interno (como sucede en este caso) para justificar lo injustificable.

En lo particular, México posee una larga tradición en su práctica. Recordemos que en los años 1973 y 1974 su embajada en Chile acogió a cerca de 800 personas perseguidas, procesadas y condenadas sumariamente por Pinochet. Caso en el que, incluso, este dictador se vio compelido a respetar la misión y dar los salvoconductos necesarios. Dada su importancia, en el siglo XXI, el asilo ha resurgido con mucha fuerza, recordemos el asilo del expresidente de Honduras Manuel Zelaya en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, el asilo en la embajada de Ecuador en Londres al periodista Julián Assange, y en 2019 el asilo a varios ministros de Estado en la embajada de México en La Paz, Bolivia. Por otra parte, el derecho diplomático que protege a las misiones y su personal también forma parte esencial de la convivencia pacífica de los Estados y su trasgresión pone en riesgo la paz y la seguridad internacional. Recordemos que la inmunidad de jurisdicción de sus servidores e inviolabilidad de misiones, comunicaciones y archivos son costumbres internacionales que van más allá de la Convención de Viena de 1961 sobre esta materia. Casos como la toma de la embajada de EEUU en Teherán en 1979, han marcado un hito sobre su valor y la reciente resolución de la Organización de los Estados Americanos que ha condenado enérgicamente su trasgresión. Sin duda, abrir la puerta a cualquier justificativo de este tipo de incursiones significa poner en riesgo a todas las misiones diplomáticas del mundo.

Al cierre de estas líneas, México acudió a la Corte Internacional de Justicia para pedir que Ecuador reconozca su grave falta, una reparación de daños y compromisos de no repetición en un caso que será emblemático y en el que los países de la región debieran plegarse en una tercería coadyuvante a México, para evitar que otros gobernantes usen este precedente nefasto, el cual nunca se debe consentir ni repetir.

(*) Juan Lanchipa Ponce es fiscal general del Estado