Ellas danzan solas, cantó Sting en la década de los 80 para contar la historia de las mujeres chilenas sobrevivientes a la tortura, desaparición y muerte de sus seres queridos a manos de la dictadura del general Augusto Pinochet.

En 2013, se aprobó en Bolivia la Ley 348, una de las normas más avanzadas para proteger a las mujeres. Ahí se incorporó el término “feminicidio” para tipificar un delito excepcional y dejar en claro que el asesinato de una mujer por alguien cercano a ella es mucho más que un asesinato. Para dejar en claro que esa violencia es recargada por el solo hecho de ser mujer. Por eso, se impuso la pena máxima de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, y esta semana se habló incluso de añadirle la categoría de “crimen de lesa humanidad”, uno de los  peores e imperdonables crímenes.

Han pasado más de cinco años desde la aprobación de la Ley 348 y más de 620 mujeres han sido víctimas de feminicidios, según las cifras oficiales facilitadas por las instituciones que se preocupan por el tema. En lo que va de este año ya son 72. Estas son estadísticas oficiales, las que llegan a conocimiento de las autoridades, quienes toman nota, registran y suman. Quienes saben dicen que hay otras muertes no registradas oficialmente, que escapan a las estadísticas.

Según los informes oficiales, de los casos remitidos a conocimiento de la Justicia solo el 1,13% terminó en sentencia. La regla, dicen, es que cada asesinato llega precedido por un rosario de violencias: económicas, psicológicas, golpes y discusiones que casi siempre son de conocimiento de vecinos, parientes y amigas. La culminación es la muerte. Después de eso, de nada sirven los arrepentimientos con los silencios, por solo haber acompañado, desde lejos, el calvario.

La Ley de 2013, se supone, fue elaborada con la colaboración de expertos. Se cuidó cada detalle y experiencia internacional y local para garantizar que los errores no se repitan, se copiaron las virtudes de otras normas y se crearon nuevas. Pero la ley no se cumple. Un ejemplo: el 80% o más de las municipalidades no cumplen su obligación de desplegar toda la estrategia de protección a las potenciales víctimas. No tienen casas de acogida para las mujeres víctimas de violencia ni nada. Empedrar una calle o construir un puente da más rédito político que instalar la infraestructura para la prevención de la violencia, dicen las activistas. El remedio parece simple: al alcalde que no cumple la ley, no se le desembolsa presupuesto. Pero nada se hace para que eso ocurra; ni esta presión, ni ninguna otra.

Y, ¿los jueces? Cuando hay una decisión política, se detiene, encarcela y procesa a los magistrados por una mala actuación; por ejemplo, en casos notorios de narcotráfico. Si solo un juez fuese sancionado por actuar de manera negligente en un caso de feminicidio, los otros al menos quedarían advertidos. Y a la sociedad le quedaría clara la gravedad del feminicidio. La actuación de los jueces queda escrita, es muy sencillo establecer qué hacen o qué dejan de hacer; pero “nada”, como dicen los futbolistas.

La indefensión de las víctimas no es otra cosa que una tremenda soledad, la cual me recuerda el “bailan solas” de Sting. Más de 600 muertas en cuatro años. Más de 70 en lo que va de éste. Si se las juntara en un funeral, serían 70 ataúdes, o más de 600; si no estuviesen solas.

Una muy buena noticia para los periodistas bolivianos ha pasado desapercibida: la sentencia de dos años y medio de cárcel contra un periodista por ejercer su trabajo fue anulada por la Corte Suprema de Justicia. La buena noticia llega tras cinco años de excesos (incluso de dirigentes del periodismo), acoso judicial y un rosario de irregularidades que debió padecer Rogelio Peláez, director y propietario del mensuario Larga Vista.

En la edición de abril de 2010, Peláez reveló un extraño caso judicial. En uno de los procesos contra Dante Escóbar por el desfalco del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap), el Estado reclamaba la devolución del dinero. Posteriormente 285 contribuyentes se sumaron al proceso para reclamar la devolución de sus aportes al Focssap-FREP (Fondo de Retiro del Empleado Público).

El juicio fue ganado por el Estado y por los 285 contribuyentes. El juez Aníbal Vicente Miranda fijó los montos a devolver: al Focssap Bs 141.065.304,99 (demanda del Ministerio de Finanzas) y a los 285 contribuyentes, Bs 3.247.177,33. Pero el juez Miranda hizo algo más: fijó el honorario profesional del abogado contratado por los contribuyentes en Bs 3.283.798 . Es decir que los aportantes recuperaron en conjunto Bs 36.621 menos que su abogado. En otras palabras, si los contribuyentes tuviesen que pagar los honorarios de su abogado tendrían que darle todo lo recuperado, y le quedarían debiéndole Bs 36.621.

El juez Miranda calculó los honorarios profesionales del jurista a partir de un porcentaje de los más de tres millones de dólares recuperados por los contribuyentes y los más de 141 millones de dólares recuperados por el Estado. Con este cálculo determinó casi medio millón de dólares  de honorarios para el abogado. Rogelio publicó este hecho y el beneficiado decidió iniciarle un proceso, además de ejercer medidas de presión sobre él y su trabajo. Por ejemplo, el fiscal Marcos Vidal amenazó a los canillitas para que no vendan el mensuario Larga Vista, porque “era un periódico clandestino” (atentado contra la prensa nunca antes visto).

El abogado además planteó más de cuatro juicios con los mismos cargos contra Peláez (la norma jurídica y la Constitución establecen que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo supuesto delito), y al final obtuvo una sentencia condenatoria de 2,6 años de cárcel contra el periodista. Sentencia torcida, porque el juez René Delgado Ecos aumentó un delito por su cuenta y riesgo: el de “propalación de ofensas”. Además, el demandante nunca presentó la prueba de la supuesta calumnia (el ejemplar del periódico donde se denunció el extraño caso).

Antonio Vargas, presidente de los periodistas de La Paz, a través de Radio Fides, aplaudió la sentencia, porque demostraba que los periodistas no eran impunes. Las organizaciones de periodistas le dieron la espalda a Rogelio hasta el 10 de septiembre de 2012; entonces acudieron ante el vicepresidente Álvaro García para hacerle notar las irregularidades contra Peláez. Pero el 3 de diciembre de 2012 firmaron un vergonzoso acuerdo con el abogado, en el que le piden disculpas, retiran la denuncia y aceptan sus reprimendas.

Apelada la sentencia por Rogelio, la Corte Departamental de Justicia de La Paz la anuló. El caso fue a Sucre, donde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la anulación de la sentencia el 28 de abril. Es previsible que el abogado continúe abriendo procesos y amenazando a quien no se humille como lo hicieron los dirigentes de las asociaciones de periodistas. Pero esta vez hay un nuevo elemento: la apertura de proceso contra el juez Aníbal Vicente Miranda, quien hizo la magia para que el abogado cobre más que sus clientes. Una comisión de fiscales anticorrupción, el 24 de enero, imputó al juez e instruyó su arraigo y detención domiciliaria. Buena noticia para el Estado.