En febrero se cumplieron 10 años de la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado, la cual, más allá de lo que puedan aducir sus cultores o sus detractores, constituye un documento histórico que cambió la configuración estructural, política y administrativa del Estado boliviano. Su gestación se produjo a través de un proceso constituyente refundacional, que tenía sus raíces históricas en un cúmulo de luchas encarnadas en el seno de los movimientos sociales, pueblos indígena-originario-campesinos y las poblaciones de las áreas urbanas.

La Constitución presenta un nuevo desafío orientado hacia el desarrollo del “Vivir bien” en el país, el establecimiento de derechos, la redistribución de la riqueza y una nueva relación entre sociedad y Estado, a través de la implementación de procesos autonómicos, la participación de la sociedad en la actividad estatal, y la descolonización del Estado y de sus instituciones.

La CPE impulsó la construcción de una nueva gestión pública, que entre otros objetivos buscaba integrar el pluralismo institucional emergente de las nuevas estructuras del Estado, así como generar espacios de participación e inclusión. Este nuevo escenario constitucional ha permitido dar un salto cualitativo en cuanto a gestión pública, al superar el paradigma meramente administrativo del Estado tradicional y centralizado que había caracterizado la gestión de las últimas décadas, para ingresar en una etapa de la gestión holística que integra la administración a otros componentes de la gestión pública.

Hoy vemos en la gestión el desarrollo de contextos innovadores como la implementación de procesos de gestión para el largo, mediano y corto plazo, eliminando paulatinamente la gestión cortoplacista. Los diferentes niveles de gobierno pueden desarrollar su gestión, su legislación y sus regulaciones, desde sus ámbitos territoriales y desde sus ámbitos competenciales a través de procesos autonómicos, superando el excesivo centralismo.

Por primera vez en nuestro país podemos hablar del reconocimiento y la inclusión formal de una gestión de los gobiernos autónomos indígena originario campesinos, que incorporan sus normas, procedimientos, instituciones y autoridades propias; y también hablamos de un gobierno autónomo regional que permite a una determinada región del país desarrollar sus potencialidades y hacer su gestión conforme a sus demandas regionales.

La sociedad civil forma parte activa de la gestión a través de la participación y control social así como con la rendición pública de cuentas. Pero más allá de lo señalado, la Constitución conlleva el reto de seguir construyendo una nueva gestión pública plurinacional.

* Abogado.

Revisando la historia, se hacen lejanos aquellos tiempos oscuros en los cuales los fenicios, cartagineses y sirios rendían culto a un dios llamado Moloch Baal (Moloc). Personificado con una enorme estatua de bronce hueca con la boca abierta, niños y bebés eran ofrendados a este dios, quienes morían en el fuego que ardía en el vientre de su estatua, ante la mirada fría de un pueblo que tenía prohibido llorar el sacrificio de sus niños. Entre los horrores de la historia se relata que al caer Cartago, los nobles, creyendo haber disgustado a Moloc, ofrendaron 300 niños que murieron estérilmente para tratar de salvar a un pueblo que prontamente perecería.

Hoy, el mundo moderno celebra los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se construyen extensos discursos sobre los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción, contemplados y garantizados por la ley; y en particular sobre los derechos de los niños, del interés superior de los menores como un conjunto de acciones y procesos orientados a garantizarles un desarrollo integral y una vida digna. Estos discursos vienen además acompañados por toda una logística normativa e institucional.

Sin embargo, más allá de los discursos, el crecimiento demográfico en las ciudades, los hacinamientos poblacionales y el incremento del consumismo han impulsado una vorágine comercial que ha distorsionado los valores, convirtiendo al hombre en lobo del hombre. En este contexto, hoy somos testigos de cómo en nuestra ciudad (una agonizante asociación de personas denominada “Jockey club La Paz” que se debate entre la agonía y legalidad desde hace décadas, apoyados por intereses comerciales de terceros y al amparo de un derecho espurio) se pretende sacrificar a cerca de 600 niños estudiantes del Colegio Loretto, al privarlos de su derecho humano a la educación, despojándolos de su centro educativo. ¿Dónde queda el mandato establecido en el Art. 26 de la Declaración de Derechos Humanos respecto a que “toda persona tiene derecho a la educación”? ¿Y qué del mandato instituido en el Art. 77 de nuestra Constitución Política que asegura que “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado”? No hay respuesta, solo un profundo silencio.

Ante este gris panorama, se evidencia que el sanguinario dios Moloc hoy se ha transmutado en un monstruo comercial, el cual si bien ya no es alimentado con holocaustos de niños, no duda en sacrificarlos arrojándolos a la calle, desconociendo sus derechos fundamentales, ante el silencio indolente de la sociedad y de las autoridades que, como en el pasado lejano, no sueltan lágrima alguna y continúan sacrificado a sus niños para satisfacerse a sí mismas y a sus propios intereses.

* Padre de familia.

En el siglo IV antes de Cristo se registró en Atenas un movimiento filosófico-social integrado por “maestros” de la retórica, que utilizaban el arte de la persuasión para obtener éxitos en los ámbitos públicos de la ciudad. Este movimiento fue criticado por Sócrates y posteriormente por Platón, quien calificó su actuar como la “captura de almas”, pues conseguían que los argumentos más débiles parecieran sólidos y fuertes, convenciendo a las personas de la certeza de sus razonamientos. Con el devenir de la historia, los métodos utilizados por este movimiento se replicaron en otros pueblos y en otras culturas.

Señalo esto para contextualizar algunas situaciones, puesto que en días pasados el señor Juan Antonio Morales publicó un artículo titulado “Los alquimistas”, en el cual señala que el déficit fiscal surge cuando los gastos son mayores a los ingresos, y que en este contexto el sector público estaría gastando más dinero del que genera.

La hipótesis que sostiene Morales utiliza un patrón de razonamiento incorrecto, pues al hablar de déficit fiscal no separa el “gasto corriente”, es decir, gastos por concepto de salarios, adquisición de bienes y servicios, y demás gastos para el funcionamiento del sector público, del “gasto en inversión”, que es toda erogación de recursos de origen público para crear, incrementar, mejorar o reponer el capital público, y que tiene por finalidad ampliar la capacidad económica productiva del país.

Igualmente, en esta lógica errática el autor no menciona al hecho de que la principal causa del déficit fiscal de las últimas gestiones son las inversiones públicas, y no así el gasto corriente como ocurrió en tiempos pretéritos. En ese contexto, este tipo de déficit no debería ser motivo de zozobra, como lo pretende el señor Morales, pues el mismo concluirá cuando las inversiones terminen aparejadas con los réditos económicos respectivos, en contraposición a un déficit proveniente del gasto corriente, que además de no generar réditos económicos para el Estado tiene un carácter recurrente y de crecimiento progresivo en el tiempo.

Conforme con lo anterior, se hace evidente que el profesor Morales, al igual que aquellos antiguos “maestros de la retórica” atenienses (sofistas), lo único que pretende es construir una trampa dialéctica en la opinión pública, puesto que en su artículo solamente complica su retórica, pero no ataca los asuntos de fondo, derivando necesariamente en una conclusión errónea con apariencia de razonamiento correcto.

En ese sentido, no es necesario ser muy docto en materia de economía para entender que aquello que tanta preocupación le causa a don Juan Antonio en referencia al déficit fiscal no está siendo abordado con “alquimia”, sino simplemente con iniciativa y sentido común.

En pasados días, se promulgó el DS 3246, que pone en vigencia la nueva Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), disposición normativa que se presenta como un instrumento necesario para la gestión del sector público, pues permite reorientar la planificación de corto plazo de las entidades públicas en la lógica conceptual del actual Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), contenido en la Ley 777.

Para contextualizar un poco lo señalado, hay que entender que el SPIE determina una forma de planificación estatal, articulada y contenida en planes de largo, mediano y corto plazo, aplicables a la pluralidad institucional del Estado, delimitando además las estructuras, contenidos y criterios a utilizarse en su formulación y construcción.

Así, la nueva NB-SPO permite que la planificación de corto plazo, a través del Plan Operativo Anual (POA) de cada entidad del sector público, pueda materializarse a través de lo que se denomina “acciones de corto plazo”; las cuales son programadas para una gestión fiscal, de manera articulada, concordante y consecuente con la planificación de mediano plazo contenida en el Plan Estratégico Institucional (PEI), de carácter quinquenal y que es formulado a su vez en el marco de la planificación de largo plazo.

Por otro lado, los resultados esperados de las acciones de corto plazo deben ser medibles y cuantificables a través de indicadores, que necesariamente deben contribuir a los objetivos establecidos en la planificación de mediano plazo a través del PEI.

A su vez el POA se articulará con el presupuesto anual (que deviene igualmente de una proyección plurianual), vinculando una a una las acciones de corto plazo con los programas de la estructura programática del presupuesto. Las entidades del sector público deben emitir en forma periódica la información de ejecución del POA por cada acción de corto plazo, de acuerdo con las condiciones y periodicidad establecidas previamente.

Finalmente, se realizan evaluaciones periódicas en el marco de una valoración cuantitativa y/o cualitativa, recolectando la mayor cantidad de información posible mientras se ejecutan las acciones de corto plazo. Así, en caso de detectarse desviaciones en la ejecución respecto a la programación, la propia entidad puede disponer de las medidas correctivas que correspondan, a efecto de su reorientación oportuna, asegurando el logro de los resultados esperados.

De esta manera, la nueva NB-SPO, más allá de ser una norma que regula algo técnico, desarrolla en sí misma un contexto conceptual que le permite ir erradicando de la gestión pública esa vieja lógica cortoplacista, apuntalando desde lo anual, el logro de lo previsto en el mediano y largo plazo.

En días anteriores llamó mi atención la lectura de un artículo titulado Contrastes e Inconsistencias, escrito por el economista Juan Antonio Morales, en el que su autor, en una especie de comparación con el actual modelo económico boliviano, hacía una apología del Decreto Supremo 21060, recordando, entre otras cosas, que aquel decreto en su momento había recibido una gran atención en los medios académicos mundiales de mayor reputación y que hubieron publicaciones acerca del mismo en las revistas científicas más prestigiosas del planeta, mientras que el modelo económico social comunitario y productivo que reemplaza al 21060, no habría recibido atención alguna por parte de los economistas extranjeros de prestigio.

Más allá de entrar a un debate sobre el tema, y dejando de lado las exquisiteces teóricas y doctrinales de la ciencia económica, se debe recordar que esta “joya normativa” de la academia llamada 21060, en su momento fue una norma económica de shock que demandó del pueblo boliviano un fuerte costo social que se lo tuvo que arrastrar por casi tres décadas, en razón de que esta “joya” nunca fue pensada para el pueblo boliviano y sus necesidades, sino que fue pensada justamente para la academia, para la opinión de los economistas extranjeros, para las revistas científicas y para aquellos círculos de intelectuales que viven encerrados en la farándula de la erudición.

La crítica a la economía boliviana desde la pretendida exquisitez intelectual que realiza el citado economista, me recuerda a las críticas que los académicos en otro tiempo le hicieran al escritor, novelista, y periodista argentino —hijo de inmigrantes— Roberto Arlt, al cual le reprochaban que en sus obras no utilizaba adecuadamente el lunfardo, jerga que era común en Argentina entre delincuentes, inmigrantes y gente de clases económicas deprimidas, a lo que el autor respondía con ironía: “Sabe qué pasa, que yo me crié en Villa Luro, entre malevos y gente pobre, y la verdad que no tuve tiempo de estudiar esas cosas”.  

Conforme a lo que precede, las añoranzas académicas recordadas por el autor de referencia, me evoca aquella lógica platónica que habla de un idealismo, en el que las ideas constituyen un nuevo mundo fuera del ser humano, un mundo suprasensible que trasciende a la realidad. Sin embargo, en ese mismo ámbito, tampoco habría que olvidar que Aristóteles, quien fuera el más representativo alumno de Platón, será quien posteriormente negará que “la idea” pueda tener una existencia independiente de la realidad sensible.

En ese sentido, mientras don Juan Antonio Morales se pierde en los laberintos del idealismo y de la farándula intelectual, existe un común de los bolivianos que vive en su “día a día” en un mundo sensible hecho de realidades, y que es a éstos a los que les toca hoy construir ese Estado en el que van a poder vivir.