Voces

jueves 4 mar 2021 | Actualizado a 05:55

Decodificando la visita de Gaspar

Esa frase podría convertirse en el umbral de un proceso de negociación entre los dos Estados

/ 8 de enero de 2016 / 07:11

Sorpresiva, así fue la visita a nuestro país de Gabriel Gaspar (el embajador que nombró el Gobierno de Chile para explicar la postura de Santiago en el diferendo con Bolivia). Su breve estancia en Santa Cruz y La Paz le permitió explicar, a través de los medios de prensa, que su visita obedecía a una labor de coordinación con el Consulado de su país, aunque ese tipo de tareas se concreta normalmente convocando al cónsul a las oficinas de su Cancillería, en Santiago.

¿Cuál era entonces el verdadero propósito de José Miguel Insulza, el nuevo agente chileno en el litigio que radica en La Haya, para enviar a Gaspar a Bolivia? Conocemos de sobra la postura oficial de Chile. Desde aquel dislate histórico que afirmaba que Bolivia “nunca tuvo mar”, pasando por “los tratados son intangibles” (frase colocada ahora en el baúl de los recuerdos luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia a propósito del caso de los límites marítimos con Perú), al actual “Bolivia tiene acceso al mar” no hacen sino develar el hondo conflicto de derecho internacional que los dos Estados han mantenido desde hace más de un siglo.

La posición del país vecino ante la demanda interpuesta por Bolivia ante la CIJ pidiendo que esta Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con el país un acceso soberano al mar ha sido reactiva. El propio nombramiento de Gabriel Gaspar en el cargo que actualmente ocupa es parte de ese intento por contener el ímpetu y fuerza de la causa boliviana en el contexto mundial. Chile había apostado firme y decididamente a impugnar la competencia de la CIJ bajo otra de las frases harto conocidas: “Chile no tiene asuntos pendientes con Bolivia”. La CIJ, por 14 votos contra dos rechazó la objeción preliminar y se declaró competente para conocer la demanda boliviana y fijó para julio de este año la presentación de la contramemoria por parte de Chile.       

Tras el fallo relativo a la competencia de la CIJ, el 24 de septiembre se produjeron varios hechos relevantes en Santiago. Renunció el agente Bulnes (su reemplazante es precisamente el ex Secretario General de la OEA), se designaron a tres personeros que refuerzan el equipo de comunicación (entre ellos Gabriel Gaspar), y el canciller Heraldo Muñoz dejó de ser el vocero de la causa litigiosa. Por eso resulta importante intentar decodificar la reciente visita de Gaspar, un hombre sensato, de una enorme sensibilidad respecto a la cuestión marítima boliviana y con experiencia diplomática acreditada por su paso como embajador de su país en La Habana y Bogotá.

Conocí a Gabriel cuando él ejercía como subsecretario en el Ministerio de Defensa de Chile (en el anterior Gobierno de la Concertación), pero del plano formal llegué a entablar con él una verdadera amistad mientras ejercía como Cónsul General de Bolivia en Santiago (2010-2011). Esos años Gaspar se encontraba en la oposición al gobierno de Sebastián Piñera y dejó traslucir su postura crítica a la conducción que la Cancillería de entonces dio al manejo de la relación con el Perú bajo el criterio de las “cuerdas separadas”. Como se recordará, el 23 de marzo de 2011 el presidente Evo Morales anunció que Bolivia llevaría la demanda marítima boliviana a tribunales internacionales ante la negativa chilena de presentar una propuesta concreta, útil y factible para resolver este diferendo. Gaspar y muchos otros intelectuales asumieron entonces una postura de auténtica preocupación por el desmoronamiento de la construcción de confianzas. Desde la Fundación Chile 21, que presidía Carlos Ominami, se organizó una visita a La Paz para intentar apoyar el restablecimiento de canales de diálogo. La visita se produjo en octubre de 2011 y fue notable que asistiera Marco Enríquez-Ominami, el excandidato presidencial de Chile proclive a llegar a un entendimiento con Bolivia. 

A la iniciativa de Chile 21 se unió la fundación alemana Frederich Ebert y al autor de esta columna le tocó el rol de coordinar la visita y generar un espacio de diálogo en un céntrico hotel de esta ciudad. El corolario fue la entrevista de los amigos chilenos con el Presidente de Bolivia en el mismo Palacio de Gobierno. La prensa cubrió dicho evento y con seguridad Gabriel Gaspar recuerda nítidamente esa notable ocasión. Hoy gobierna Chile nuevamente la presidenta Bachelet y Gabriel forma parte de ese gobierno. Acaba de manifestar que su país ofrece restablecer las relaciones diplomáticas “aquí y ahora”, parafraseando a don Ricardo Lagos, y quizás esa frase podría convertirse en el umbral de un proceso de negociación, que más temprano que tarde se instalará entre los dos Estados, para resolver el centenario enclaustramiento de Bolivia.

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Rompiendo los eufemismos del FMI

/ 3 de marzo de 2021 / 03:45

Hace días varios opinadores económicos salieron en medios de comunicación al estilo de “cuenta cuentos”, aseverando que el Gobierno cometió un error al devolver el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) pactado durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, entre ellos Alberto Bonadona, quien asegura que el préstamo no se trataba de un crédito en sí y que se trata de una medida política y no económica.

Empecemos con la primera opinión errónea por parte de los “cuenta cuentos”, el préstamo realizado por el FMI en abril de 2020 por $us 327 millones se trataba de un crédito, ya que éste generaba pago de capital e intereses; es importante señalar que acá y en China, por no decir en cualquier parte del mundo, cualquier pago que contemple intereses y comisiones tiene la definición de crédito. Y no así como pregonan los opinadores económicos.

Por otra parte, llama la atención el pánico que tratan de transmitir estos políticos disfrazados de “analistas” al mencionar que se cometió un error en la devolución de dicho crédito; denominemos esta acción como “doble moral” ya que el año pasado varios de estos opinadores mencionaban que el crédito debería ser devuelto o fue un error contraer deuda con el FMI, y ahora en un intento de búsqueda de fama de cinco minutos aseveran que la medida fue errónea.

Es necesario señalar nuevamente que el crédito del FMI gestionado por las exautoridades autoproclamadas se encontraba en la ilegalidad al no cumplir con la Constitución Política del Estado (CPE) y poner en riesgo la libertad y soberanía económica del país; si leemos la CPE en sus artículos 158 y 322, nos damos cuenta de que cualquier préstamo/crédito que el país solicite debe ser aprobado para su desembolso y ejecución por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), acción que no se dio durante el gobierno transitorio, aceptando el desembolso sin el visto bueno de la ALP durante abril de 2020, y además incurriendo ya en costos financieros al pagar la comisión por desembolso impuesta por el FMI de $us 1,6 millones.

Si realmente dicha operación no se trataba de un crédito y Bolivia no se estaba endeudando con el FMI, ¿por qué se empezó a cobrar comisión e intereses?, ¿por qué la expresidenta autoproclamada en reiteradas ocasiones pedía a la ALP que apruebe el desembolso de dicho crédito? Son preguntas cuyas respuestas dejan en “jaque” a los opinadores económicos y exautoridades de transición.

Y por si fuera poco, en un intento de engaño a la población boliviana, las exautoridades de facto en el Banco Central de Bolivia ocultaron la operación de deuda con el FMI del registro de estado mensual de deuda externa que publicaba la Gerencia de Operaciones Internacionales de la entidad en cuestión, engaño que salió en los medios de comunicación el 12 de agosto de 2020 y acción por la cual no se hicieron responsables ni dieron explicación alguna; queda claro entonces que las exautoridades autoproclamadas buscaron los medios para encubrir la ilegalidad de la deuda contraída con el FMI.

Por último, el exministro José Luis Parada y el expresidente del Banco Central de Bolivia Guillermo Aponte en ningún momento tuvieron la intención de explicar a la población boliviana el condicionamiento del crédito del FMI, el cual claramente se encontraba escrito en el acuerdo de deuda entre Parada, Aponte y el FMI, donde se mencionaba que “Bolivia considerará un cambio gradual hacia mayor flexibilidad del tipo de cambio en el mediano plazo”. ¿Esto qué quiere decir?, que Bolivia iba a presentar cierto “entreguismo” en materia fiscal, monetaria y financiera hacia el FMI, perdiendo así la libertad económica y aceptando las viejas recetas del FMI que años atrás trajeron desigualdad y crisis económica al país.

Para que los opinadores económicos logren entender la gravedad del asunto y lo acertado de la devolución del crédito del FMI, les pondré un ejemplo de novela donde una madre interesada obliga a su hija a casarse con un hombre solo por su dinero, donde la hija se encuentra obligada a aceptar todas las condiciones del hombre solo por su dinero; el lector sabe quiénes son los personajes.

   Miguel Clares es economista.

 

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El desairado fin de Lava Jato

/ 3 de marzo de 2021 / 03:37

Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia. El anterior mes, el grupo de trabajo a cargo de la operación Lava Jato fue disuelto por el Procurador General de Brasil. El fin de la operación anticorrupción, cuya acción cambió la historia de Brasil y de América Latina, pudo haber suscitado una reacción encendida: para unos se trata de uno de los pocos esfuerzos contra la impunidad a políticos y empresarios que debe seguir activa y para otros es un ejemplo más de politización de la justicia que nació con severas fallas de origen.

Se esté a favor o en contra de la operación, queda clara una cosa: el tejemaneje entre corrupción y política sigue estando al orden del día. El mismo día en el que se anunció la disolución de la operación, Arthur Lira, un político investigado por posibles actos de corrupción, fue electo presidente de la Cámara de Diputados. Pero ni en las calles ni en las redes sociales, ninguno de los dos anuncios generó mayor indignación. El inmenso capital político y social acumulado por Sergio Moro, el célebre juez que inició Lava Jato, y los procuradores se ha ido evaporando en los últimos años. Y esto lleva a otra conclusión: en lugar de ayudar a erradicar la corrupción, lograr mayor transparencia en la política y fortalecer la democracia, la famosa operación contribuyó al caos que hoy vive Brasil. Se vendía como la mayor operación anticorrupción del mundo, pero se volvió el mayor escándalo judicial de la historia brasileña.

Su desairado fin nos dice mucho sobre el descrédito en el que cayó después de la victoria de Jair Bolsonaro, impulsada en buena medida por la indignación social provocada por el “lavajatismo”. También permite esbozar una reevaluación del legado de la operación y de la manera en la que entrará en los libros de historia, en particular tras la publicación reciente de nuevos diálogos vía Telegram entre Moro y los procuradores, que confirmaron su carácter eminentemente político. Para defender su obra, los procuradores de Lava Jato han presentado una serie de cifras, que dan muestra del tamaño descomunal de esta operación. En siete años, se libraron 1.450 órdenes de aprehensión, 179 acciones penales, 174 condenas de empresarios y políticos del más alto nivel, incluyendo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pero, para conseguirlo, los procuradores cayeron en violaciones al debido proceso sin que por ello la corrupción haya disminuido.

Si bien era conocido desde hace tiempo que Moro había condenado a Lula da Silva por “actos indeterminados” y cargos dudosos, ahora se sabe que fue el propio Moro quien dirigió la construcción de la acusación contra el expresidente, violando el principio jurídico de no ser juez y parte al mismo tiempo.

Moro se ufanó en sus conferencias de las sumas de dinero recuperadas a favor de las arcas públicas, pero omitió decir que el 50% del dinero proveniente de las multas impuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Petrobras y Odebrecht tendrían como destino una fundación de derecho privado, cuyos gestores serían los propios miembros de Lava Jato, junto con dirigentes de oenegés. En 2019, la Corte Suprema suspendió la fundación.

Si usamos los criterios del juez Moro para juzgar las acciones del ciudadano Moro, estos diálogos revelan actos ilegales. Ante estas revelaciones, Moro y los procuradores continúan negando la veracidad de los diálogos. El inconveniente de ese argumento es que fue la propia Policía Federal brasileña, bajo las órdenes de Moro, cuando era ministro de Justicia, que llevó a cabo una revisión de los mensajes, y consideró que eran verdaderos.

En 2019, los periodistas de The Intercept recibieron 43,8 gigabytes de datos que originaron más de un centenar de artículos sobre Lava Jato. Hasta ahora, solo 10% de 7 terabytes han sido analizados, con lo que se espera que sigan apareciendo fallas e ilegalidades en la operación. Pero incluso con ese pequeño porcentaje revisado, los diálogos confirman que esta operación pervirtió la Justicia, vulneró el Estado de derecho de Brasil y fue un factor fundamental en la construcción de la distopía que vive el país, con una crisis política exacerbada y con el segundo lugar mundial de más fallecidos por la pandemia.

Hay, dentro de todo, buenas noticias para Brasil: no todas las instituciones han sido cooptadas. Algunas han denunciado estos atropellos, haciéndose eco de las voces de la sociedad civil que exigen el restablecimiento del Estado de derecho, empezando por la restitución de los derechos políticos de Lula. Es necesario continuar fiscalizando y denunciando estas arbitrariedades y reevaluar de manera crítica el significado de la operación Lava Jato para la Justicia y la democracia de Brasil.

Lo anterior no quiere decir que no sea imprescindible la actuación firme de la Justicia en contra de la corrupción. Por el contrario, es necesario reforzar los instrumentos para terminar con la relación incestuosa entre el dinero y la política.

Gaspard Estrada es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París.

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Vida silvestre

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/ 3 de marzo de 2021 / 03:24

El tema Born to Be Wild (Nacido para ser salvaje) de la banda Steppenwolf se ha mantenido vigente y con éxito porque apela a nuestros instintos básicos. Ciertamente lo silvestre nos hace bien, el contacto con lo salvaje nos renueva. Ha sido ampliamente demostrado que los humanos tenemos una tendencia innata a buscar conexiones con la naturaleza. Tenemos una afinidad natural a los animales, plantas y otros organismos no domesticados, que se encuentran en todos los hábitats, incluso en las ciudades. Un estudio científico reciente del Centro para la Investigación Integrada de la Biodiversidad de Alemania, concluye que hay una correlación muy fuerte entre la biodiversidad de aves y la sensación de bienestar de la gente. En otras palabras, cuanta más variedad de pájaros libres vemos, mejor nos sentimos. El estudio incluso cuantifica que vivir en entornos que tienen 14 especies más de aves supone el mismo incremento de bienestar que tener un sueldo un 10% superior.

Este 3 de marzo, que celebramos el Día Mundial de la Vida Silvestre, recordamos la importancia de emprender acciones para conservarla y la necesidad urgente de combatir las actividades que la destruyen. Este 2021, las Naciones Unidas propone el tema «Los bosques y los medios de subsistencia: sustentar a las personas y preservar el planeta», pues además de la conexión con el bienestar humano, se reconocen lazos valiosos entre el estado de la vida salvaje y la preservación de los millones de medios de vida que dependen directamente de este alrededor del mundo.

En Bolivia, un par de ejemplos de la importancia de la vida silvestre en los medios de vida y el bienestar de la población son el aprovechamiento de la castaña y el ecoturismo. La castaña proviene de árboles del mismo nombre que existen en abundancia en los bosques amazónicos. Su recolección y transformación es la principal actividad económica en el norte de Bolivia, generando trabajo para miles de familias. Su importancia es tal, que es una de las cinco exportaciones bolivianas no tradicionales principales, incluso por delante de la quinua. A pesar de la pandemia, su venta llegó a $us 126 millones en 2020.

El ecoturismo, por otra parte, es un sector con gran potencial en Bolivia. Este tipo de turismo nos brinda la oportunidad para reconectarnos con la naturaleza, a la vez de impulsar nuestra economía con la generación de trabajo local en diversos rubros como el transporte, alimentación, alojamiento, operadores turísticos, sin contar los trabajos indirectos. Solo para citar algunos destinos tenemos los mundialmente conocidos Parque Nacional Madidi así como el Parque Nacional Amboró. La diversidad de flora y fauna de estos lugares es maravillosa.

Estamos entre los 15 países con mayor biodiversidad; somos afortunados en cuanto a vida silvestre, lo que nos brinda la oportunidad de mejorar la calidad de vida de nuestra población tanto al generar trabajo como al reconectarnos con ella. Tomemos acciones para conservarla.

      Ruth Delgado es gerente de Proyecto de la FAN.

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Mitomanía y desesperación electoral

/ 2 de marzo de 2021 / 07:33

He dedicado mis últimas columnas (Encuestas hoy aún sin ‘encuestitis’, 02/02/2021, y De encuestas y elecciones subnacionales, 16/02] para la pedagogía de entender las encuestas, lo que en cada período electoral reitero y que motivó varios de mis libros (Cómo ganar elecciones, Plural 2019; Manual para ganar elecciones, Palibrio 2013; De encuestas y elecciones en Bolivia 2009, KAS 2010; Encuestas, medios y elecciones, KAS 2003, y Manual para campañas electorales, UCB 2002]. Pareciera que, más que “no entenderlas” el quid es “no querer entenderlas”, lo que hace pensar en pobres entendederas o graves despechos —sobre todo de políticos que parecen los “aprendices de brujo” de Goethe y Dukas y no de Nilsson.

Sin entrar en números, solo un estudio autorizado y verificado por el Tribunal Supremo Electoral (Ciesmori, 24/01) tuvo un alcance cuasi nacional con las intenciones de voto para las candidaturas habilitadas en las nueve gobernaciones y en las alcaldías de las ciudades capitales del eje central y El Alto; otras tres siguientes (Ciesmori 11/02 y 25/02 y Focaliza 21/02) se centraron en las tres gobernaciones del eje central y en las alcaldías de sus ciudades capitales más El Alto, priorizando el criterio de que en los tres departamentos está el 73,2% de los electores habilitados (5.217.985 de los 7.131.075 habilitados en todo el país) y, a su vez, en las ciudades investigadas está el 41,5% de todos el padrón nacional habilitado (2.957.523, encabezados por Santa Cruz de la Sierra con el 15,2% y El Alto con el 9,9%). Los dos estudios de intenciones de voto de Captura Consulting (05/02 y 25/02) se centraron en el departamento de Santa Cruz y su ciudad capital; lamentablemente, hasta hoy, a dos días inclusive de iniciar el silencio electoral, no hay otras investigaciones autorizadas por el TSE o los TED que hayan sido difundidas, como puede encontrarse en el blog www.encuestaseleccionesbolivia.bo.

La falta de otras investigaciones autorizadas se entiende por la dificultad de financiarlas, tanto tras dos procesos nacionales seguidos (2019 y 2020) y la reducción de financiamientos por la pandemia, lo que ha provocado que estemos en nebulosas respecto a los probables comportamientos electorales en seis de los departamentos del país, con casi el 27% de los electores habilitados.

Me referiré ahora a otra faceta de la “desinformación”: Un interesante artículo de Iván Bustillos (La incomodidad de las encuestas, 24/02] insiste claramente en lo que señalé al inicio de esta columna: la incredulidad (sobre todo en los políticos si no les favorecen, apostillo yo) sobre las encuestas”, cuestionamiento y suspicacia que en este período parte de declaraciones del expresidente Morales acusando “a las encuestadoras de ‘instalar en 2020 la idea de una inevitable segunda vuelta’ (sic) entre Luis Arce y Carlos Mesa”, incurriendo en el común error de obviar los llamados “votos residuales” que aparecen en las intenciones de voto totales —prorrateados y proyectados todos estos “residuales” a votos válidos, aunque funcionan con casi nula moderación cuando los residuales son altos, como sucedió al proyectar las 34,0% intenciones totales para un candidato a gobernador de Cochabamba con el 42,4% de residuales para dar un poco creíble 59,0% de intenciones “válidas”.

La lectura de requisitos y salvaguardas que la Ley N° 026/2010 “Del Régimen Electoral” define en su Sección VI “Estudios de Opinión en Material Electoral” evitaría a políticos angustiados incurrir en festinadas recomendaciones de “auditorías” y propuestas de algún “proyecto de ley que busca regular la labor de las encuestadoras, para que no generen ‘desinformación’” (Bustillos) porque lo único que hacen —amén del ridículo por desconocimiento— es cuestionar al ya vapuleado Órgano Electoral.

José Rafael Vilar es analista y consultor político.

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Bolivia se nos muere

/ 1 de marzo de 2021 / 01:07

Bajo esta sentencia, Paz Estenssoro en 1985 anunció el fin de la época de la minería, una actividad que dio gloria a Potosí y situó a Bolivia como principal productor de estaño. La marcha fúnebre de la minería estatal fue algo que se preparó desde la época de la misma nacionalización de las minas, ya que los mineros insurrectos habían impuesto la medida, frente a la vacilación del MNR.

Esta actitud de los neoliberales no era nueva: la lucha permanente de la nación contra la anti-nación. Lucha que se retrotrae a la época de la colonia, cuando concesionarios mineros buscaban liberarse de la tutela española y negociar libremente con el capitalismo inglés, o la Guerra del Pacífico donde un impuesto de 10 centavos fue tomado como agresión a la libre empresa. Tanto los conservadores de la plata como los liberales del estaño tenían una misma lógica cuando se trataba de apropiarse de la riqueza de los bolivianos y, a título de libre tránsito, renunciaron a la salida al mar. El nacionalismo del MNR ha dejado enterrada la memoria de Busch y Villarroel, cuyas trágicas muertes se originan en el control de las divisas de la minería por parte del Estado.

Quince años resistió el proletariado minero la agresión de 1985. Con resultado trágico, la fuerza laboral asalariada en la minería se redujo de 50.000 a menos de 2.000. Los yacimientos rentables y los proyectos en marcha de la Comibol fueron entregados a las transnacionales, que hoy se vanaglorian de “sus” proyectos: Manquiri, Bolívar, Porco, San Vicente, Choroma, Caracoles, Colquiri, Huanuni. Las minas conflictivas o marginales se las dieron a las cooperativas, que caen en la bolsa de las transnacionales al vender sus concentrados. Además, se suprimió la regalía minera, que es un derecho de las regiones por la explotación de un recurso natural.

Hoy la minería está pujante. En 2019 fue el principal rubro de exportación, con cerca de $us 4.000 millones anuales de valor exportado —concentrados, lingotes, joyas y desperdicios— , por lo que supera ampliamente a los hidrocarburos y la agroindustria. Sin embargo, Bolivia no vive de los minerales, exportar es simplemente sacar, sin que su valor vuelva al país. La renta minera no llega a 10%. Las operaciones mineras se han ensanchado y el Estado es incapaz de controlar la explotación ilegal y el juqueo; el surgimiento de comercializadoras privadas la viabiliza. Se mantiene la libre exportación de capitales, los exportadores no entregan las divisas al Banco Central. Se ha superado la monoproducción del estaño, se ha diversificado la minería, sin embargo se ha paralizado el proceso de fundición e industrialización. La fuerza laboral llega a 150.000 trabajadores, el 90% informal. Es la época del libre mercado: dejar hacer, dejar pasar, sin importar el costo.

¿Podemos esperar otra cosa? La esperanza nunca muere. El pueblo luchó contra el neoliberalismo, se forjó una nueva Constitución (2009) y recuperó su ajayu. “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”. “El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”. “La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas”. ”Industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una base económica productiva, en el marco del desarrollo sostenible”.

Se atacó lo inmediato, lo irritable, la venta del gas: con la nacionalización, los hidrocarburos son de los bolivianos en boca de pozo, la renta petrolera es del 82% y se avanzó en su industrialización.

En el caso de la minería se formuló la Ley Minera 535 (2014) que cambia el régimen de concesiones por el de contrato administrativo minero, que no da derecho propietario, el dueño sigue siendo el Estado; los contratos deben aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tiene como objetivo lograr el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz productiva minera, el desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos. Los contratos de asociación que suscriba deben garantizar una participación igual o mayor al 55%. La empresa estatal deja de tener obligaciones de subvención con las cooperativas.

La Ley 535 fue promulgada en 2014, pero al presente no acaba de ponerse en vigencia. ¿Por qué? Mientras tanto golpea la consciencia el legado de Busch, Villarroel, Lechín, López, Édgar Ramírez.

   José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.   

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