Tras el secuestro, tortura y asesinato del padre Luis Espinal Camps, el 22 de marzo de 1980, su cuerpo fue sometido a una autopsia de ley y luego se realizaron exámenes de laboratorio a las balas que se le extrajeron, así como a su sangre, contenido gástrico y prendas de vestir, entre otros. Todo ello fue documentado por la División de Homicidios de la extinta Dirección de Investigación Nacional (DIN). Existen al menos 12 informes que documentan la tortura y el asesinato. ¿Esos documentos no son prueba suficiente que acredite la forma en que murió el sacerdote?

El padre Osvaldo Chirveches, Superior Oficial de la Compañía de Jesús en Bolivia, orden a la que pertenecía el clérigo, y representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) consideran que esa información sí respalda la certeza del crimen que se cometió contra Espinal, por lo que a casi 37 años de su muerte no se justifica la exhumación de sus restos para hacer otros análisis.

Versión. Contraria es la posición de la parte acusadora, esto es del coronel Roberto Melean, excomandante segundo del Regimiento Topáter de Oruro, sentenciado por la desaparición de Renato Ticona, cuyo abogado es Frank Campero, quien también es defensor del exdictador Luis García Meza (1980-1981).

Si bien este jurista reconoció como legales los informes emitidos en esa época, no los consideró válidos para la investigación actual, porque no fueron certificados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), ni los especialistas fueron reconocidos por esa institución.

La autopsia de ley practicada al cadáver de Espinal fue realizada en el Hospital del Tórax el 22 de marzo de 1980 y de ese acto procesal participaron 21 personas, entre ellas los médicos forenses Rolando Costa Arduz y Félix Romano Ramírez, el comandante general de la Policía, coronel Julio Lara Salazar, Ives Ortiz Suñiga, subsecretario de Justicia, (más datos al respecto en la página 10).

Se determinó como causa de la muerte “hemorragia aguda por múltiples lesiones esquelético viscerales, provocadas por paso de proyectil de arma de fuego”. Y añadió que se identificaron “signos de violencia traumáticas contusas (golpes) de significación, como por ejemplo la fractura del hueso esternal (parte frontal del cuerpo), lesiones que obedecen a traumas provocados en vida”.

La autopsia, además, determinó la existencia de 16 orificios en las partes ventral (vientre) y dorsal (espalda) y la extracción de dos proyectiles y un casquillo, que luego, a través del examen del Laboratorio Criminalístico Nacional, se estableció eran de arma automática calibre nueve milímetros.

Se precisó que, por ejemplo, las balas hicieron estallar costillas, el pulmón derecho, el lóbulo derecho del hígado y el diafragma. En cuanto a las extremidades se dio cuenta de una fractura en la pierna derecha.

El periódico Hoy publicó en su edición del 23 de marzo los detalles de la autopsia y, tomando como fuente la versión de uno de los representantes de la Compañía de Jesús, informó sobre “fuertes golpes de arma contundente” en la humanidad de Espinal “que le dejaron un profundo hematoma en forma de cruz, precisamente en el pecho”.

“¿Para qué van a exhumar?, no entendemos esa parte, ¿para qué?, no hay motivos, están las pruebas fehacientes en estos documentos”, enfatizó Edith Montecinos, secretaria ejecutiva de Asofamd, quien relató que aquel 22 de marzo de 1980 vio el cadáver del reverendo, pues ella y un grupo de estudiantes fueron a cuidar que no desaparezca. “He visto el cuerpo desnudo, tapadito”, afirmó.

En su portada del 23 de marzo, Hoy publicó la foto del cadáver de Espinal, desnudo, cubierto con una sábana de la cintura para abajo. En la foto se observa orificios en el lado derecho del cuerpo, a la altura del abdomen. La nota titula: “Fue asesinado director del Semanario ‘Aquí’; Luis Espinal fue torturado antes de ser acribillado a balazos”.

“Sí hay aquí (copias de los exámenes), hay un original y estamos dispuestos a mostrar la documentación”, aseveró la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos.

Entre los archivos de esa organización no solo está una copia del protocolo de autopsia, sino la lista de las 21 personas que participaron en ese acto, así como el comunicado que fue emitido tras ese análisis. Así también están las solicitudes de los exámenes de laboratorio de las muestras de sangre y contenido gástrico, de las prendas de vestir y también el pedido de evaluación de los dos proyectiles y un casquillo, así como los resultados emitidos por el Laboratorio Criminalístico Nacional.

DOCUMENTOS. Todos esos legajos y otros fueron en su momento parte de la investigación iniciada por la muerte de Espinal, pero también fueron adjuntados como pruebas en el juicio contra García Meza y Luis Arce Gómez.

El padre Chirveches consideró que las evidencias existen, pero además que su certificación puede ser solicitada a las personas que estuvieron presentes en la autopsia. “Todas las pruebas necesarias para confirmar la muerte del padre Espinal ya existen, por eso consideramos que no es necesaria la exhumación”, dijo.

¿Por qué hacerlo a casi 37 años del hecho?

En criterio de Campero es indispensable tener pruebas y un certificado médico forense que avale la muerte del padre en el marco del proceso iniciado por Melean. Este exoficial denunció ante el Ministerio Público, en 2015, a seis militares de la época como los autores de la muerte del reverendo, por lo cual el fiscal Genaro Quenta abrió una causa que está en investigación. “Ni nosotros ni el fiscal Quenta tenemos certeza de la muerte, es decir, no hay un certificado médico forense que avale y dé la legalidad”, insistió el jurista.

Y detalló que es necesario llevar adelante un estudio pericial criminalístico, de laboratorio, de hematología, química, biología, genética, residuos, disparo, toxicología, estudios periciales médicos legales, de informática y auditoría “para fundamentar una posible sentencia de asesinato como delito de lesa humanidad (…) Con qué documentación sentenciaríamos a 30 años sin derecho a indulto a una persona si no tenemos un certificado médico forense que legalice la muerte de ésta”.

Argumentó que el protocolo de autopsia practicado en 1980 no es válido porque no equivale a un certificado médico forense. “Se hace una autopsia normal común y corriente, pero tiene que estar legalizada a través de un médico forense”, aunque al mismo tiempo reconoció que “es un documento legal”.

¿Y los dos médicos forenses que intervinieron no avalan el mismo? se le preguntó a Campero; respondiendo éste: “No, porque los médicos que ahí se ponen como forenses no han sido reconocidos por el IDIF, ésa es la traba que se tiene, por qué no se lo hizo con la legalidad correspondiente (…) Hemos solicitado al IDIF inclusive (si) estas personas tenían la posibilidad de dar esa categoría, pero no están registradas como corresponde”, afirmó Campero.

¿Cómo podían esos profesionales estar registrados en el IDIF en 1980, si éste recién fue creado en el marco de la Ley 1970, Nuevo Código de Procedimiento Penal, en 1999?

Campero insistió en que se realice un examen antropológico forense porque esa será la prueba para sancionar al principal responsable de la muerte de Espinal que, según el coronel Melean, es Jaime N. G. Q. Por ello, según él, el protocolo de autopsia, los exámenes de laboratorio y otros documentos practicados tras la muerte del sacerdote jesuita “simplemente llegarían a ser indicios” en esta indagación porque, además, las normas del país cambiaron a lo largo de 36 años. “Hoy estamos con otras normas en las cuales nos dicen que todo tiene que ser mediante prueba idónea obtenida mediante el IDIF”.

INVESTIGACIÓN. Dado que el interés de su cliente es esclarecer la muerte del reverendo, Campero dice no entender por qué de la oposición de los jesuitas. “Lamento que estos señores estén contra una investigación que quiere dar con la verdad histórica”.

El padre Chirveches, de la Compañía de Jesús, aseguró que no hay oposición a una investigación. Reconoció que tras el asesinato del sacerdote Espinal, esta orden decidió no impulsar una indagación, “no por cobardía, sino porque se decidió esperar un juicio mayor”, posición que cambió. No obstante, explicó que la investigación debe dar continuidad a la que fue iniciada hace años y no abrirse una nueva causa, como la actual, porque en ésta no se quiere dilucidar la muerte del clérigo. “Eso sí nos interesaría, por eso es que con este proceso en el que se busca la exhumación no estamos de acuerdo, porque es una demanda paralela cuya preocupación principal no es lo que pasó con él (Luis Espinal)”.

Y la pregunta que ronda entre los jesuitas, entre los familiares de las víctimas de dictaduras y en Remberto Cárdenas, quien trabajó con el sacerdote fallecido en el Semanario Aquí, es: ¿qué está detrás del proceso que inició Roberto Melean?

“No sabemos por qué después de 36 años es necesario remover estas cosas, y justamente es un proceso que no tiene nada que ver con la vida y la memoria del padre Espinal, porque todo llega a partir de un proceso ajeno a su vida, ajeno incluso a las causas reales de su muerte, por eso nuestra extrañeza que ahora aparezcan estas solicitudes”, respondió el padre Chirveches.

Para Montecinos, la denuncia tiene el fin de liberar a los responsables de la dictadura, García Meza, Arce Gómez y el propio Melean, porque la muerte de Espinal fue parte de la preparación del golpe de julio de 1980. Llanos remarcó que si el militar (Melean) quisiera coadyuvar con el esclarecimiento de estos hechos, comenzaría por revelar dónde están los restos de Ticona.

El periodista Cárdenas añadió que la denuncia del exoficial “parece destinada a liberar de responsabilidad o que por lo menos se dude de que no habrían sido García Meza ni Arce Gómez. Cuando habla un reo no se le cree nada y a Melean, que es un reo, se le cree, ¿qué busca realmente?”.

Además manifestó que se busca desinformar y favorecer a García Meza, porque cuando la denuncia fue publicada, éste tramitaba su libertad. “En el ámbito judicial el detalle importa, y eso no era para conmovernos a nosotros sino a quienes atendían el asunto o por lo menos para que se diga (que) ellos no son los autores”.

Ante ello, el abogado de García Meza insistió: “Por qué exonerarlo a García Meza si él no ha sido sentenciado por esa muerte, de qué lo vamos a exonerar si él ni siquiera era presidente, el 21 y 22 de marzo estaba Lidia Gueiler. De qué podemos exonerar a personas que no tienen responsabilidad legal, ahora, si estamos hablando del aspecto social escapa a nuestras manos que la sociedad sabrá juzgar”.

El golpe de Estado encabezado por Luis García Meza, para entonces comandante de las Fuerzas Armadas, y Luis Arce Gómez se produjo cuatro meses después del asesinato de Luis Espinal, el 17 de julio de 1980, pero quienes demandan justicia lo vinculan.

La investigación está en curso y el fiscal Quenta determinó que la exhumación se la haga a fines de enero. Una vez que se tengan los restos, el IDIF se encargaría de hacer las pericias de antropología forense.

Consultada al respecto, la antropóloga argentina Silvana Turner, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), especialista en ese tipo de casos, explicó que dependiendo de las condiciones de los restos y de cuál es la presunta causa de la muerte es posible encontrar indicios. “Si uno lo que está recuperando son restos óseos tiene que haber una causa de muerte o por lo menos la hipótesis sobre la causa de muerte y tiene que haber un rastro a nivel óseo, tiene que haber afectado los restos que tenemos para evaluar”, dijo y añadió que “cada caso debe ser analizado en particular de acuerdo con todos los antecedentes, que yo en este momento desconozco”.

El EAAF, que encontró los restos de Ernesto Che Guevara y lo identificó, así como de otros desaparecidos en el periodo dictatorial, no fue requerido para las pericias con relación a Espinal. Empero, los especialistas llegarán al país para buscar e identificar otros restos como los de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Renato Ticona y Juan Carlos Flores Bedregal. En su momento fueron requeridos, según información de Página 12, por las limitaciones que tiene el IDIF.

Tras el secuestro, tortura y asesinato del padre Luis Espinal Camps, el 22 de marzo de 1980, su cuerpo fue sometido a una autopsia de ley y luego se realizaron exámenes de laboratorio a las balas que se le extrajeron, así como a su sangre, contenido gástrico y prendas de vestir, entre otros. Todo ello fue documentado por la División de Homicidios de la extinta Dirección de Investigación Nacional (DIN). Existen al menos 12 informes que documentan la tortura y el asesinato. ¿Esos documentos no son prueba suficiente que acredite la forma en que murió el sacerdote?

El padre Osvaldo Chirveches, Superior Oficial de la Compañía de Jesús en Bolivia, orden a la que pertenecía el clérigo, y representantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) consideran que esa información sí respalda la certeza del crimen que se cometió contra Espinal, por lo que a casi 37 años de su muerte no se justifica la exhumación de sus restos para hacer otros análisis.

Versión. Contraria es la posición de la parte acusadora, esto es del coronel Roberto Melean, excomandante segundo del Regimiento Topáter de Oruro, sentenciado por la desaparición de Renato Ticona, cuyo abogado es Frank Campero, quien también es defensor del exdictador Luis García Meza (1980-1981).

Si bien este jurista reconoció como legales los informes emitidos en esa época, no los consideró válidos para la investigación actual, porque no fueron certificados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), ni los especialistas fueron reconocidos por esa institución.

La autopsia de ley practicada al cadáver de Espinal fue realizada en el Hospital del Tórax el 22 de marzo de 1980 y de ese acto procesal participaron 21 personas, entre ellas los médicos forenses Rolando Costa Arduz y Félix Romano Ramírez, el comandante general de la Policía, coronel Julio Lara Salazar, Ives Ortiz Suñiga, subsecretario de Justicia, (más datos al respecto en la página 10).

Se determinó como causa de la muerte “hemorragia aguda por múltiples lesiones esquelético viscerales, provocadas por paso de proyectil de arma de fuego”. Y añadió que se identificaron “signos de violencia traumáticas contusas (golpes) de significación, como por ejemplo la fractura del hueso esternal (parte frontal del cuerpo), lesiones que obedecen a traumas provocados en vida”.

La autopsia, además, determinó la existencia de 16 orificios en las partes ventral (vientre) y dorsal (espalda) y la extracción de dos proyectiles y un casquillo, que luego, a través del examen del Laboratorio Criminalístico Nacional, se estableció eran de arma automática calibre nueve milímetros.

Se precisó que, por ejemplo, las balas hicieron estallar costillas, el pulmón derecho, el lóbulo derecho del hígado y el diafragma. En cuanto a las extremidades se dio cuenta de una fractura en la pierna derecha.

El periódico Hoy publicó en su edición del 23 de marzo los detalles de la autopsia y, tomando como fuente la versión de uno de los representantes de la Compañía de Jesús, informó sobre “fuertes golpes de arma contundente” en la humanidad de Espinal “que le dejaron un profundo hematoma en forma de cruz, precisamente en el pecho”.

“¿Para qué van a exhumar?, no entendemos esa parte, ¿para qué?, no hay motivos, están las pruebas fehacientes en estos documentos”, enfatizó Edith Montecinos, secretaria ejecutiva de Asofamd, quien relató que aquel 22 de marzo de 1980 vio el cadáver del reverendo, pues ella y un grupo de estudiantes fueron a cuidar que no desaparezca. “He visto el cuerpo desnudo, tapadito”, afirmó.

En su portada del 23 de marzo, Hoy publicó la foto del cadáver de Espinal, desnudo, cubierto con una sábana de la cintura para abajo. En la foto se observa orificios en el lado derecho del cuerpo, a la altura del abdomen. La nota titula: “Fue asesinado director del Semanario ‘Aquí’; Luis Espinal fue torturado antes de ser acribillado a balazos”.

“Sí hay aquí (copias de los exámenes), hay un original y estamos dispuestos a mostrar la documentación”, aseveró la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos.

Entre los archivos de esa organización no solo está una copia del protocolo de autopsia, sino la lista de las 21 personas que participaron en ese acto, así como el comunicado que fue emitido tras ese análisis. Así también están las solicitudes de los exámenes de laboratorio de las muestras de sangre y contenido gástrico, de las prendas de vestir y también el pedido de evaluación de los dos proyectiles y un casquillo, así como los resultados emitidos por el Laboratorio Criminalístico Nacional.

DOCUMENTOS. Todos esos legajos y otros fueron en su momento parte de la investigación iniciada por la muerte de Espinal, pero también fueron adjuntados como pruebas en el juicio contra García Meza y Luis Arce Gómez.

El padre Chirveches consideró que las evidencias existen, pero además que su certificación puede ser solicitada a las personas que estuvieron presentes en la autopsia. “Todas las pruebas necesarias para confirmar la muerte del padre Espinal ya existen, por eso consideramos que no es necesaria la exhumación”, dijo.

¿Por qué hacerlo a casi 37 años del hecho?

En criterio de Campero es indispensable tener pruebas y un certificado médico forense que avale la muerte del padre en el marco del proceso iniciado por Melean. Este exoficial denunció ante el Ministerio Público, en 2015, a seis militares de la época como los autores de la muerte del reverendo, por lo cual el fiscal Genaro Quenta abrió una causa que está en investigación. “Ni nosotros ni el fiscal Quenta tenemos certeza de la muerte, es decir, no hay un certificado médico forense que avale y dé la legalidad”, insistió el jurista.

Y detalló que es necesario llevar adelante un estudio pericial criminalístico, de laboratorio, de hematología, química, biología, genética, residuos, disparo, toxicología, estudios periciales médicos legales, de informática y auditoría “para fundamentar una posible sentencia de asesinato como delito de lesa humanidad (…) Con qué documentación sentenciaríamos a 30 años sin derecho a indulto a una persona si no tenemos un certificado médico forense que legalice la muerte de ésta”.

Argumentó que el protocolo de autopsia practicado en 1980 no es válido porque no equivale a un certificado médico forense. “Se hace una autopsia normal común y corriente, pero tiene que estar legalizada a través de un médico forense”, aunque al mismo tiempo reconoció que “es un documento legal”.

¿Y los dos médicos forenses que intervinieron no avalan el mismo? se le preguntó a Campero; respondiendo éste: “No, porque los médicos que ahí se ponen como forenses no han sido reconocidos por el IDIF, ésa es la traba que se tiene, por qué no se lo hizo con la legalidad correspondiente (…) Hemos solicitado al IDIF inclusive (si) estas personas tenían la posibilidad de dar esa categoría, pero no están registradas como corresponde”, afirmó Campero.

¿Cómo podían esos profesionales estar registrados en el IDIF en 1980, si éste recién fue creado en el marco de la Ley 1970, Nuevo Código de Procedimiento Penal, en 1999?

Campero insistió en que se realice un examen antropológico forense porque esa será la prueba para sancionar al principal responsable de la muerte de Espinal que, según el coronel Melean, es Jaime N. G. Q. Por ello, según él, el protocolo de autopsia, los exámenes de laboratorio y otros documentos practicados tras la muerte del sacerdote jesuita “simplemente llegarían a ser indicios” en esta indagación porque, además, las normas del país cambiaron a lo largo de 36 años. “Hoy estamos con otras normas en las cuales nos dicen que todo tiene que ser mediante prueba idónea obtenida mediante el IDIF”.

INVESTIGACIÓN. Dado que el interés de su cliente es esclarecer la muerte del reverendo, Campero dice no entender por qué de la oposición de los jesuitas. “Lamento que estos señores estén contra una investigación que quiere dar con la verdad histórica”.

El padre Chirveches, de la Compañía de Jesús, aseguró que no hay oposición a una investigación. Reconoció que tras el asesinato del sacerdote Espinal, esta orden decidió no impulsar una indagación, “no por cobardía, sino porque se decidió esperar un juicio mayor”, posición que cambió. No obstante, explicó que la investigación debe dar continuidad a la que fue iniciada hace años y no abrirse una nueva causa, como la actual, porque en ésta no se quiere dilucidar la muerte del clérigo. “Eso sí nos interesaría, por eso es que con este proceso en el que se busca la exhumación no estamos de acuerdo, porque es una demanda paralela cuya preocupación principal no es lo que pasó con él (Luis Espinal)”.

Y la pregunta que ronda entre los jesuitas, entre los familiares de las víctimas de dictaduras y en Remberto Cárdenas, quien trabajó con el sacerdote fallecido en el Semanario Aquí, es: ¿qué está detrás del proceso que inició Roberto Melean?

“No sabemos por qué después de 36 años es necesario remover estas cosas, y justamente es un proceso que no tiene nada que ver con la vida y la memoria del padre Espinal, porque todo llega a partir de un proceso ajeno a su vida, ajeno incluso a las causas reales de su muerte, por eso nuestra extrañeza que ahora aparezcan estas solicitudes”, respondió el padre Chirveches.

Para Montecinos, la denuncia tiene el fin de liberar a los responsables de la dictadura, García Meza, Arce Gómez y el propio Melean, porque la muerte de Espinal fue parte de la preparación del golpe de julio de 1980. Llanos remarcó que si el militar (Melean) quisiera coadyuvar con el esclarecimiento de estos hechos, comenzaría por revelar dónde están los restos de Ticona.

El periodista Cárdenas añadió que la denuncia del exoficial “parece destinada a liberar de responsabilidad o que por lo menos se dude de que no habrían sido García Meza ni Arce Gómez. Cuando habla un reo no se le cree nada y a Melean, que es un reo, se le cree, ¿qué busca realmente?”.

Además manifestó que se busca desinformar y favorecer a García Meza, porque cuando la denuncia fue publicada, éste tramitaba su libertad. “En el ámbito judicial el detalle importa, y eso no era para conmovernos a nosotros sino a quienes atendían el asunto o por lo menos para que se diga (que) ellos no son los autores”.

Ante ello, el abogado de García Meza insistió: “Por qué exonerarlo a García Meza si él no ha sido sentenciado por esa muerte, de qué lo vamos a exonerar si él ni siquiera era presidente, el 21 y 22 de marzo estaba Lidia Gueiler. De qué podemos exonerar a personas que no tienen responsabilidad legal, ahora, si estamos hablando del aspecto social escapa a nuestras manos que la sociedad sabrá juzgar”.

El golpe de Estado encabezado por Luis García Meza, para entonces comandante de las Fuerzas Armadas, y Luis Arce Gómez se produjo cuatro meses después del asesinato de Luis Espinal, el 17 de julio de 1980, pero quienes demandan justicia lo vinculan.

La investigación está en curso y el fiscal Quenta determinó que la exhumación se la haga a fines de enero. Una vez que se tengan los restos, el IDIF se encargaría de hacer las pericias de antropología forense.

Consultada al respecto, la antropóloga argentina Silvana Turner, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), especialista en ese tipo de casos, explicó que dependiendo de las condiciones de los restos y de cuál es la presunta causa de la muerte es posible encontrar indicios. “Si uno lo que está recuperando son restos óseos tiene que haber una causa de muerte o por lo menos la hipótesis sobre la causa de muerte y tiene que haber un rastro a nivel óseo, tiene que haber afectado los restos que tenemos para evaluar”, dijo y añadió que “cada caso debe ser analizado en particular de acuerdo con todos los antecedentes, que yo en este momento desconozco”.

El EAAF, que encontró los restos de Ernesto Che Guevara y lo identificó, así como de otros desaparecidos en el periodo dictatorial, no fue requerido para las pericias con relación a Espinal. Empero, los especialistas llegarán al país para buscar e identificar otros restos como los de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Renato Ticona y Juan Carlos Flores Bedregal. En su momento fueron requeridos, según información de Página 12, por las limitaciones que tiene el IDIF.

Encaminada la constitución de la Comisión de la Verdad, la primera en el país que investigará lo ocurrido en la época de la dictadura, entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, ahora toca definir quiénes la conformarán para garantizar imparcialidad y capacidad profesional, entre otros requisitos; según el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, esa tarea estará en manos del Presidente del Estado, lo que no preocupa a las organizaciones de víctimas y familiares de desaparecidos; lo que sí demandan es que sean ellas y las agrupaciones de derechos humanos las que sugieran los nombres.

Y es que la futura norma no establece quiénes propondrán a estas personalidades, aunque el proyecto inicial presentado por las organizaciones de mártires de la represión y familiares de desaparecidos les daba esa facultad. Otro tema en cuestión está referido a la “reparación integral” que fue cambiaba por “satisfacción”. También intranquiliza que no se establezca “el estricto cumplimiento” de las recomendaciones, tal como fue sugerido. Y de igual manera se observa que no se haya considerado la totalidad de delitos que propusieron.

Es la primera vez que el país tendrá una instancia de estas características, aunque, ya recuperada la democracia en 1982, el expresidente Hernán Siles conformó una Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzados.  Dicha instancia estableció que durante los gobiernos dictatoriales se produjeron unas 150 de-sapariciones forzadas entre noviembre de 1964 y octubre de 1982; que hubo 50 desaparecidos en Argentina y en Chile. Encontró los restos de 14 personas desparecidas en la dictadura de Hugo Banzer y se estableció que ese régimen fue parte del Plan Cóndor.

Ahora bien, independientemente de que la futura ley faculte al presidente Evo Morales a designar a los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad, quienes trabajarán entre dos años y dos años y medio ad honorem, es decir, sin un salario asignado más que el reconocimiento de pasar a la historia como quienes develaron los horrores de la dictadura, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) y la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, dos de las organizaciones que elaboraron un proyecto de ley base, coinciden en que deben ser éstas las que los sugieran.

Así lo postula la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos: “Vamos a hacer lobby, cabildeo para que los nombres elegidos sean realmente como se había planteado, es decir, personalidades destacadas, idóneas, comprometidas con una sociedad respetuosa de los derechos humanos”.

La secretaria ejecutiva de esa agrupación, Edith Montesinos, apeló a la apertura mostrada por el presidente Morales, quien “a veces escucha a las organizaciones sociales; por ahí también acepta las sugerencias que nosotros vamos a hacer”.

Entretanto, el presidente de la Plataforma de Luchadores Sociales, Julio Llanos, dijo que este punto debe estar claro en la norma, por lo que en las observaciones que se hizo llegar al Senado, su agrupación pide que se cambie la redacción del parágrafo II del artículo 3 para que el nombramiento que haga el Mandatario sea “exclusivamente de los nombres postulados, propuestos por las organizaciones de derechos humanos y por las víctimas”, tal como lo plantearon.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, garantizó que las personalidades que el Mandatario “propondrá al país serán personas que van a poner la verdad, la justicia por encima de la impunidad, que generen la confianza en la población de que van a construir de manera responsable, ética y comprometida, con la verdad, su informe final, y eso uno no lo gana a través de un examen técnico, esto uno lo gana con una vida comprometida, con la lucha social, con los derechos humanos, la democracia, etcétera”.

Consultada sobre la posibilidad de que las agrupaciones de derechos humanos, mártires y familiares de desaparecidos sugieran a esas personas, Montaño respondió: “Siempre es posible, en una sociedad democrática como la nuestra, generar opinión en torno a este tipo de temas”.

PERFIL. Llanos dijo que los comisionados deben cumplir los requisitos de idoneidad y compromiso con los derechos humanos porque ello será garantía de su trabajo. Montaño insistió en que el presidente Morales designará a las mejores personas porque “durante toda su vida y toda su historia personal ha sido un defensor de los derechos humanos”. Afirmó que el Jefe del Estado comparte, con las víctimas que defendieron la democracia, la lucha social, por lo que la designación será confiable y no cabe sospecha de parcialidad con los victimarios.

El hecho de que sea el Presidente quien nombre a las cinco personalidades no los hace dependientes de éste, sostuvo Ruth Llanos de Asofamd. Y si bien el artículo 1 del proyecto inicial especificaba que la Comisión es independiente, lo cual fue suprimido en el proyecto aprobado por Diputados, dijo que los miembros de ésta deberán aclarar ese precepto en su reglamento. Empero, no ve riesgos sobre su accionar. “Creemos que va a depender mucho de estas cinco personas, la Comisión y su reglamento, y de la labor que como organizaciones de sociedad civil vamos a realizar para hacer seguimiento a su funcionamiento, a su rendición de cuentas”, expresó.

Y alberga la esperanza de que al no ser una tarea sencilla, es decir, estar sometidos a la presión de escuchar los testimonios, a la prensa y a la sociedad en su conjunto, éstos no aceptarán imposiciones, más bien aseguró que al no recibir remuneración alguna demandarán condiciones para desarrollar su trabajo.

La única dependencia de la Comisión de la Verdad será administrativa, a efectos de rendir cuentas al Ministerio de Justicia sobre el presupuesto que recibirá y así lo prevé la futura normativa en el artículo 4. Y si bien los comisionados no recibirán ninguna retribución económica, sí se dispondrá de recursos para pagar al personal técnico que será contratado para acompañar todo el proceso. El mismo artículo en el parágrafo II precisa que la “Comisión podrá solicitar la contratación de servicios de especialistas en medicina forense, comunicación u otra área específica”.

Por la experiencia en otros países, Ruth Llanos de Asofamd manifestó que será necesario contratar psicólogos, trabajadores sociales, abogados y forenses, entre otros.

La norma garantiza que los comisionados gozarán de inviolabilidad personal y no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones por las acciones asumidas en la investigación.

FINALIDAD. Esta Comisión, según el artículo 2 del proyecto de ley, tendrá, entre otros objetivos, que “investigar y recabar información y documentación que permita establecer indicios de responsabilidad civil y penal de los posibles autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores en los casos de grave violación de derechos humanos”. Las responsabilidades que vayan a emanar de su labor serán derivadas al Ministerio Público para que se abran los procesos que correspondan.

Entre otros fines sugerirá “el diseño de políticas públicas de prevención y no repetición de violaciones graves a derechos humanos y las medidas de satisfacción a las víctimas”.

Este último objetivo, referido a la satisfacción, preocupa a la Plataforma de Luchadores Sociales. Julio Llanos cuestionó que se haya reemplazado la reparación integral a los mártires, que fue propuesta por ellos.

“La resolución (60147 de Naciones Unidas) dice que se debe hacer conocer la verdad a las víctimas, sancionar a los responsables, dar satisfacción y las garantías de no repetición. Y como está el proyecto solo están tomando una parte de la obligación que tiene el Estado”, señaló.

No obstante, según Ruth Llanos en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas les explicaron que ese término es mucho más amplio. “Eso no hemos tenido tiempo de revisar (…) Acá decía políticas de reparación, pero van a tener que dar una satisfacción y eso tendrá que discutirse en el reglamento, qué tipo de satisfacción se va a dar”, argumentó.

No lo cree así Julio Llanos y considera que la actual redacción demuestra la falta de voluntad política para cumplir las obligaciones del Estado. ¿Y por qué, según este representante, es importante incorporar el concepto de reparación integral? Porque ello permitirá que no solo la persona afectada pueda ser beneficiada, sino también sus familiares.

“Como ejemplo debe tomarse las reparaciones que se hicieron en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, donde han cubierto la deuda que tienen con las víctimas de la violencia política y hoy día gozan de beneficios sociales, de una renta vitalicia, tienen atención médica hasta su tercera generación, atención psicológica, prótesis; aun así la satisfacción no es plena, porque quién va a estar satisfecho de que le hayan quitado a su madre, de que su padre haya de-saparecido”, indicó Julio Llanos.

Igual opinó Victoria López, secretaria general de esa organización, quien afirmó que por más reparación económica que puedan recibir “jamás van a poder subsanar el daño que nos han ocasionado”.

Otro tema en cuestión, según Asofamd, es que las recomendaciones de la Comisión no son de “estricto cumplimiento” como establecía su propuesta; el artículo 13 del proyecto aprobado dice: “Las autoridades y los servidores públicos deberán realizar las acciones necesarias para adoptar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad”. Y su preocupación no es para menos. La presidenta de esa agrupación, Ruth Llanos, recordó que en otros países se hicieron “buenos informes, dieron muy buenas recomendaciones, pero su cumplimiento fue la parte más difícil”. Espera que este punto se incluya en el reglamento.

LÍMITES. Otra de las observaciones está referida al artículo 1, en cuanto a los delitos que serán esclarecidos. Victoria López de la Plataforma informó que propusieron el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos como “persecución política sindical, prisión, detenciones arbitrarias, lesiones e incapacidades calificadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, exilio, destierro, residenciamiento político, muerte por violencia política y todo hecho de violencia política”. Empero, el proyecto aprobado por Diputados habla de esclarecer “asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual”.

Precisó que la norma debería considerar todos los hechos que fueron identificados por los mártires y sus familiares, pues su participación en la defensa de la democracia y en la resistencia a la dictadura fue diferente, por lo que el sufrimiento que les ocasionaron también fue distinto.

Esa misma observación la hizo Asofamd. Ruth Llanos expresó que el artículo 1 no debe ser “tan restrictivo” y debe “incluir diversas formas de violaciones graves a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial”. Puso como ejemplo la masacre de la calle Harrington, así como lo ocurrido con los guerrilleros de Teoponte o con las masacres mineras.

Hay otras observaciones, como el hecho de que el proyecto dispone que la desclasificación de archivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, entre otros, se hará de acuerdo con reglamentaciones internas de cada entidad, pero Asofamd considera que debe hacerse de manera irrestricta para que ninguna autoridad se ampare en ese precepto para no entregar la documentación requerida.

Según esas organizaciones, Bolivia es el único país en Sudamérica que no conformó una instancia para investigar los hechos de la dictadura. En ese fin  avanzaron Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Brasil, todos ellos miembros o que colaboraron del Plan Cóndor, una red transnacional que operó en Sudamérica para perseguir a los detractores de los gobiernos militares.

Estas agrupaciones ya remitieron sus observaciones al Senado. Empero, en la Cámara Alta aún no se dio lectura al proyecto remitido por Diputados, por lo que no fue derivado a una comisión, comunicó el senador René Joaquino (MAS). No obstante, explicó que si las observaciones de esas agrupaciones son estructurales y atendibles, pues se incorporarán modificaciones, en cuyo caso el proyecto tendrá que retornar a la Cámara Baja, donde se originó el debate.

Asofamd espera que las observaciones no demoren la aprobación de esa norma, que comenzó a ser trabajada en 2014. “Lo mejor, en nuestros sueños más grandes, hubiera sido que se apruebe tal como estaba la ley que hemos propuesto, pero como la experiencia de otras leyes muestran, la sociedad civil propone y son los legisladores los que discuten y consensúan las distintas posiciones”, consideró Ruth Llanos.

Julio Llanos de la Plataforma asegura que es necesario debatir todos los puntos observados porque “es preferible hacer bien las cosas, aunque nos lleve un tiempo más”.

Y advierte que en caso de que el Senado no considere su solicitud de modificación acudirá a organismos internacionales para que se respeten sus derechos y que la “Comisión de la Verdad realmente dé al pueblo boliviano el derecho de conocer lo que ha ocurrido durante tanto tiempo y por qué se hizo eso”.

Encaminada la constitución de la Comisión de la Verdad, la primera en el país que investigará lo ocurrido en la época de la dictadura, entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, ahora toca definir quiénes la conformarán para garantizar imparcialidad y capacidad profesional, entre otros requisitos; según el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, esa tarea estará en manos del Presidente del Estado, lo que no preocupa a las organizaciones de víctimas y familiares de desaparecidos; lo que sí demandan es que sean ellas y las agrupaciones de derechos humanos las que sugieran los nombres.

Y es que la futura norma no establece quiénes propondrán a estas personalidades, aunque el proyecto inicial presentado por las organizaciones de mártires de la represión y familiares de desaparecidos les daba esa facultad. Otro tema en cuestión está referido a la “reparación integral” que fue cambiaba por “satisfacción”. También intranquiliza que no se establezca “el estricto cumplimiento” de las recomendaciones, tal como fue sugerido. Y de igual manera se observa que no se haya considerado la totalidad de delitos que propusieron.

Es la primera vez que el país tendrá una instancia de estas características, aunque, ya recuperada la democracia en 1982, el expresidente Hernán Siles conformó una Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzados.  Dicha instancia estableció que durante los gobiernos dictatoriales se produjeron unas 150 de-sapariciones forzadas entre noviembre de 1964 y octubre de 1982; que hubo 50 desaparecidos en Argentina y en Chile. Encontró los restos de 14 personas desparecidas en la dictadura de Hugo Banzer y se estableció que ese régimen fue parte del Plan Cóndor.

Ahora bien, independientemente de que la futura ley faculte al presidente Evo Morales a designar a los cinco integrantes de la Comisión de la Verdad, quienes trabajarán entre dos años y dos años y medio ad honorem, es decir, sin un salario asignado más que el reconocimiento de pasar a la historia como quienes develaron los horrores de la dictadura, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) y la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, dos de las organizaciones que elaboraron un proyecto de ley base, coinciden en que deben ser éstas las que los sugieran.

Así lo postula la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos: “Vamos a hacer lobby, cabildeo para que los nombres elegidos sean realmente como se había planteado, es decir, personalidades destacadas, idóneas, comprometidas con una sociedad respetuosa de los derechos humanos”.

La secretaria ejecutiva de esa agrupación, Edith Montesinos, apeló a la apertura mostrada por el presidente Morales, quien “a veces escucha a las organizaciones sociales; por ahí también acepta las sugerencias que nosotros vamos a hacer”.

Entretanto, el presidente de la Plataforma de Luchadores Sociales, Julio Llanos, dijo que este punto debe estar claro en la norma, por lo que en las observaciones que se hizo llegar al Senado, su agrupación pide que se cambie la redacción del parágrafo II del artículo 3 para que el nombramiento que haga el Mandatario sea “exclusivamente de los nombres postulados, propuestos por las organizaciones de derechos humanos y por las víctimas”, tal como lo plantearon.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, garantizó que las personalidades que el Mandatario “propondrá al país serán personas que van a poner la verdad, la justicia por encima de la impunidad, que generen la confianza en la población de que van a construir de manera responsable, ética y comprometida, con la verdad, su informe final, y eso uno no lo gana a través de un examen técnico, esto uno lo gana con una vida comprometida, con la lucha social, con los derechos humanos, la democracia, etcétera”.

Consultada sobre la posibilidad de que las agrupaciones de derechos humanos, mártires y familiares de desaparecidos sugieran a esas personas, Montaño respondió: “Siempre es posible, en una sociedad democrática como la nuestra, generar opinión en torno a este tipo de temas”.

PERFIL. Llanos dijo que los comisionados deben cumplir los requisitos de idoneidad y compromiso con los derechos humanos porque ello será garantía de su trabajo. Montaño insistió en que el presidente Morales designará a las mejores personas porque “durante toda su vida y toda su historia personal ha sido un defensor de los derechos humanos”. Afirmó que el Jefe del Estado comparte, con las víctimas que defendieron la democracia, la lucha social, por lo que la designación será confiable y no cabe sospecha de parcialidad con los victimarios.

El hecho de que sea el Presidente quien nombre a las cinco personalidades no los hace dependientes de éste, sostuvo Ruth Llanos de Asofamd. Y si bien el artículo 1 del proyecto inicial especificaba que la Comisión es independiente, lo cual fue suprimido en el proyecto aprobado por Diputados, dijo que los miembros de ésta deberán aclarar ese precepto en su reglamento. Empero, no ve riesgos sobre su accionar. “Creemos que va a depender mucho de estas cinco personas, la Comisión y su reglamento, y de la labor que como organizaciones de sociedad civil vamos a realizar para hacer seguimiento a su funcionamiento, a su rendición de cuentas”, expresó.

Y alberga la esperanza de que al no ser una tarea sencilla, es decir, estar sometidos a la presión de escuchar los testimonios, a la prensa y a la sociedad en su conjunto, éstos no aceptarán imposiciones, más bien aseguró que al no recibir remuneración alguna demandarán condiciones para desarrollar su trabajo.

La única dependencia de la Comisión de la Verdad será administrativa, a efectos de rendir cuentas al Ministerio de Justicia sobre el presupuesto que recibirá y así lo prevé la futura normativa en el artículo 4. Y si bien los comisionados no recibirán ninguna retribución económica, sí se dispondrá de recursos para pagar al personal técnico que será contratado para acompañar todo el proceso. El mismo artículo en el parágrafo II precisa que la “Comisión podrá solicitar la contratación de servicios de especialistas en medicina forense, comunicación u otra área específica”.

Por la experiencia en otros países, Ruth Llanos de Asofamd manifestó que será necesario contratar psicólogos, trabajadores sociales, abogados y forenses, entre otros.

La norma garantiza que los comisionados gozarán de inviolabilidad personal y no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones por las acciones asumidas en la investigación.

FINALIDAD. Esta Comisión, según el artículo 2 del proyecto de ley, tendrá, entre otros objetivos, que “investigar y recabar información y documentación que permita establecer indicios de responsabilidad civil y penal de los posibles autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores en los casos de grave violación de derechos humanos”. Las responsabilidades que vayan a emanar de su labor serán derivadas al Ministerio Público para que se abran los procesos que correspondan.

Entre otros fines sugerirá “el diseño de políticas públicas de prevención y no repetición de violaciones graves a derechos humanos y las medidas de satisfacción a las víctimas”.

Este último objetivo, referido a la satisfacción, preocupa a la Plataforma de Luchadores Sociales. Julio Llanos cuestionó que se haya reemplazado la reparación integral a los mártires, que fue propuesta por ellos.

“La resolución (60147 de Naciones Unidas) dice que se debe hacer conocer la verdad a las víctimas, sancionar a los responsables, dar satisfacción y las garantías de no repetición. Y como está el proyecto solo están tomando una parte de la obligación que tiene el Estado”, señaló.

No obstante, según Ruth Llanos en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas les explicaron que ese término es mucho más amplio. “Eso no hemos tenido tiempo de revisar (…) Acá decía políticas de reparación, pero van a tener que dar una satisfacción y eso tendrá que discutirse en el reglamento, qué tipo de satisfacción se va a dar”, argumentó.

No lo cree así Julio Llanos y considera que la actual redacción demuestra la falta de voluntad política para cumplir las obligaciones del Estado. ¿Y por qué, según este representante, es importante incorporar el concepto de reparación integral? Porque ello permitirá que no solo la persona afectada pueda ser beneficiada, sino también sus familiares.

“Como ejemplo debe tomarse las reparaciones que se hicieron en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, donde han cubierto la deuda que tienen con las víctimas de la violencia política y hoy día gozan de beneficios sociales, de una renta vitalicia, tienen atención médica hasta su tercera generación, atención psicológica, prótesis; aun así la satisfacción no es plena, porque quién va a estar satisfecho de que le hayan quitado a su madre, de que su padre haya de-saparecido”, indicó Julio Llanos.

Igual opinó Victoria López, secretaria general de esa organización, quien afirmó que por más reparación económica que puedan recibir “jamás van a poder subsanar el daño que nos han ocasionado”.

Otro tema en cuestión, según Asofamd, es que las recomendaciones de la Comisión no son de “estricto cumplimiento” como establecía su propuesta; el artículo 13 del proyecto aprobado dice: “Las autoridades y los servidores públicos deberán realizar las acciones necesarias para adoptar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad”. Y su preocupación no es para menos. La presidenta de esa agrupación, Ruth Llanos, recordó que en otros países se hicieron “buenos informes, dieron muy buenas recomendaciones, pero su cumplimiento fue la parte más difícil”. Espera que este punto se incluya en el reglamento.

LÍMITES. Otra de las observaciones está referida al artículo 1, en cuanto a los delitos que serán esclarecidos. Victoria López de la Plataforma informó que propusieron el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos como “persecución política sindical, prisión, detenciones arbitrarias, lesiones e incapacidades calificadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, exilio, destierro, residenciamiento político, muerte por violencia política y todo hecho de violencia política”. Empero, el proyecto aprobado por Diputados habla de esclarecer “asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual”.

Precisó que la norma debería considerar todos los hechos que fueron identificados por los mártires y sus familiares, pues su participación en la defensa de la democracia y en la resistencia a la dictadura fue diferente, por lo que el sufrimiento que les ocasionaron también fue distinto.

Esa misma observación la hizo Asofamd. Ruth Llanos expresó que el artículo 1 no debe ser “tan restrictivo” y debe “incluir diversas formas de violaciones graves a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial”. Puso como ejemplo la masacre de la calle Harrington, así como lo ocurrido con los guerrilleros de Teoponte o con las masacres mineras.

Hay otras observaciones, como el hecho de que el proyecto dispone que la desclasificación de archivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, entre otros, se hará de acuerdo con reglamentaciones internas de cada entidad, pero Asofamd considera que debe hacerse de manera irrestricta para que ninguna autoridad se ampare en ese precepto para no entregar la documentación requerida.

Según esas organizaciones, Bolivia es el único país en Sudamérica que no conformó una instancia para investigar los hechos de la dictadura. En ese fin  avanzaron Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Brasil, todos ellos miembros o que colaboraron del Plan Cóndor, una red transnacional que operó en Sudamérica para perseguir a los detractores de los gobiernos militares.

Estas agrupaciones ya remitieron sus observaciones al Senado. Empero, en la Cámara Alta aún no se dio lectura al proyecto remitido por Diputados, por lo que no fue derivado a una comisión, comunicó el senador René Joaquino (MAS). No obstante, explicó que si las observaciones de esas agrupaciones son estructurales y atendibles, pues se incorporarán modificaciones, en cuyo caso el proyecto tendrá que retornar a la Cámara Baja, donde se originó el debate.

Asofamd espera que las observaciones no demoren la aprobación de esa norma, que comenzó a ser trabajada en 2014. “Lo mejor, en nuestros sueños más grandes, hubiera sido que se apruebe tal como estaba la ley que hemos propuesto, pero como la experiencia de otras leyes muestran, la sociedad civil propone y son los legisladores los que discuten y consensúan las distintas posiciones”, consideró Ruth Llanos.

Julio Llanos de la Plataforma asegura que es necesario debatir todos los puntos observados porque “es preferible hacer bien las cosas, aunque nos lleve un tiempo más”.

Y advierte que en caso de que el Senado no considere su solicitud de modificación acudirá a organismos internacionales para que se respeten sus derechos y que la “Comisión de la Verdad realmente dé al pueblo boliviano el derecho de conocer lo que ha ocurrido durante tanto tiempo y por qué se hizo eso”.