Las últimas semanas de 2015 implicaron cambios en la dinámica política de un continente hegemonizado en la última década por gobiernos progresistas. La alternancia electoral ocupa un lugar preponderante en esta nueva etapa de América Latina, que en menos de 30 años viró radicalmente de dictaduras brutales a democracias en proceso de consolidación. La llegada al Gobierno argentino de Mauricio Macri el 10 de diciembre; la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de Venezuela el 6 de diciembre, con la correspondiente pérdida de la mayoría parlamentaria; y el pedido de juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff constituyen los hechos recientes más notorios que marcan la nueva coyuntura continental. En la cual la resolución político-negociada del conflicto colombiano aparece como una posibilidad cada vez más real luego de medio siglo de guerra interna.
Alternancia en Argentina. La nueva coyuntura argentina lacrada en las urnas el 22 de noviembre del año pasado e institucionalizada con la asunción del presidente Mauricio Macri, “aunque inesperada, puede darse en el marco de un sistema político basado en el recambio democrático”, explica el profesor en comunicación social Eduardo Seminara.
Exvicerrector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y diputado nacional del ahora opositor Frente para la Victoria (FpV), Seminara considera que algunas de las primeras medidas tomadas por el nuevo Gobierno “ponen en riesgo la legitimidad democrática al imponer decretos ejecutivos”. Como pasó con la “designación presidencial de dos nuevos miembros en la Corte Suprema de Justicia sin contar con el aval del Senado”, medida que causó tantas resistencias que fue finalmente pospuesta. O los ataques, también a través de decretos ejecutivos, contra leyes que habían sido debidamente aprobadas por el poder legislativo, como la Ley de Medios.
En el caso de mantenerse esta metodología de acción ejecutiva sin “respetar los instrumentos parlamentario-constitucionales (…) es muy probable y casi inevitable que en 2016 se abra un ciclo de mucha conflictividad social”. Especialmente si esas decisiones “afectan derechos y logros sociales, instalados durante los últimos 12 años de los gobiernos kirchneristas”, que incluyó un periodo de Néstor Kirchner y los dos últimos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “La gente no va a aceptar una vuelta al ajuste neoliberal al tipo de lo que se vivió en los años 90”, enfatiza. Evaluando que en los últimos 12 años se consolidó “un modelo de producción y crecimiento con inclusión y soberanía tanto en materia económica como en la ampliación de los derechos civiles y sociales”.
Para asegurar la dinámica futura argentina, “muy emparentada a la de Brasil y a la de otros países de la región dado el intenso esfuerzo integrador regional que se dio en la última década, dependerá de la gobernabilidad”, es fundamental que el nuevo Gobierno no cargue contra el andamiaje social existente. “Desmantelarlo provocaría resistencia social con métodos novedosos y con el aporte de las redes y medios sociales”, augura el diputado opositor. Quien insiste en el alto nivel de movilización ciudadana en su país, tal como se expresó en diciembre con múltiples manifestaciones de “aguante”, es decir, de resistencia contra medidas antipopulares.
Gobernabilidad amenazada en Brasil. La solicitud de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, promovido en el Congreso en la primera semana de diciembre de 2015, “constituye el termómetro de una crisis institucional significativa” en Brasil, señala Beat Wehrle, teólogo suizo que vive desde hace años en Sao Paulo y se desempeña como Coordinador de Tierra de Hombres /Alemania para el Cono Sur.
Dos mil dieciséis va a comenzar marcado por la disputa política en torno a este juicio (pospuesto para principio de febrero) y con las tensiones legislativas producto de acusaciones contra dirigentes de la oposición por escándalos de corrupción, anticipa Wehrle: “Es muy difícil predecir cómo van a concluir estos procesos. Aunque considerando el fracaso de las movilizaciones contra Dilma convocadas en diciembre y viendo la fuerte respuesta de los movimientos sociales en actos masivos en las calles en el mismo mes en contra de un posible golpe ‘a la paraguaya’, es posible que la Presidenta supere esta fase infernal de su gobierno; aun a pesar de tener que consensuar con un Parlamento en el cual su partido es minoritario, y que es el más conservador que haya existido desde la última dictadura militar”.
Incluso si el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) supera esta crisis, será un año “políticamente difícil, ya que la oposición tratará de convertir las elecciones municipales de octubre de 2016 en un verdadero plebiscito contra el Gobierno en un momento de agotamiento económico” que sacude las bases mismas de la primera potencia latinoamericana y la séptima mundial. Con el agravante que dada la compleja situación económica actual del país “los avances sociales logrados por los sucesivos gobiernos del PT se están debilitando aceleradamente. Propició un fuerte ajuste presupuestario que redujo la capacidad de inversión del Estado en áreas sensibles como salud y educación. El desempleo volvió a crecer; la inflación supera el 10% y los sectores beneficiados por los programa sociales se ven amenazados con caer de nuevo en la pobreza o incluso a la miseria”, enfatiza Wehrle.
Si observamos el marco de lo que se vive en Brasil y los cambios institucionales recientes en Argentina y Venezuela, concluye Wehrle que se percibe un “proceso de regresión política; cierto agotamiento de algunas formas tradicionales de lucha social y un cierto debilitamiento de lo que denominábamos primavera latinoamericana”.
La paz en Colombia al alcance de la mano. Con una dinámica propia, en la cual no parecen incidir directamente los cambios políticos regionales, las negociaciones de paz que se llevan adelante en La Habana parecen anticipar que en 2016 podría darse la firma de acuerdos entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), subraya Jean-Pierre Gontard, exprofesor universitario y experto en Colombia.
Gontard, quien fungiera como facilitador entre los mismos actores en las negociaciones anteriores realizadas en El Caguán (1999 a 2002), reconoce que quedan “puntos difíciles a resolver”. Entre ellos qué va a pasar con las armas y municiones de la guerrilla; cuál va a ser la actitud del Gobierno con relación a la otra organización guerrillera, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); qué va a suceder con los grupos paramilitares y también cuál va a ser la reacción de otras bandas armadas implicadas en los diversos tráficos (cocaína, combustible, esmeraldas). Sin embargo, hasta ahora, este proceso “es ya ejemplar” dada la magnitud que alcanzó el conflicto, subraya, con el corolario de 220.000 muertos, más de 6,5 millones de desplazados y cerca de 7,5 millones de víctimas de todo tipo. Tanto los diplomáticos, los políticos, los militares y en el futuro los historiadores deberán estudiarlo de muy cerca, enfatiza el profesor suizo.
Entre las particularidades de este conflicto armado se inscriben: negociaciones largas y secretas de una agenda precisa antes del anuncio público del proceso; la inexistencia de una hoja de ruta rígida como quieren en general los diplomáticos extranjeros cuando se trata de un conflicto interno; facilitación discreta e inteligente de un pequeño número de gobiernos y organizaciones internacionales; y equipos de negociadores que integran representantes de los actores del conflicto (combatientes, víctimas, Policía, Gobierno, Iglesia, empresarios), enumera Gontard.
Analizando la nueva realidad continental, Gontard, quien se define como “un ser profundamente optimista”, no piensa que los cambios internos en países como Venezuela o Argentina puedan incidir en el proceso de diálogo y negociación colombiana. Y reivindica, para concluir, “la alternancia como un pilar fundamental de la democracia”; y por lo tanto, un aporte al reforzamiento de la vida democrática en el continente latinoamericano.