Según informó el Fiscal General del Estado, en 2015 fueron destituidos 67 fiscales, de un total de 500, por hechos de extorsión, incumplimiento de plazos y la demora en la presentación de las imputaciones, entre otras irregularidades.
Si bien esta exclusión constituye un gran avance en la lucha contra la corrupción, no deja de llamar la atención la gran cantidad de fiscales que se aprovechan de su cargo para enriquecerse, al extremo de que decenas de ciudadanos decidieron conformar, en Oruro, la Asociación de Víctimas de la Injusticia, con el propósito de articular esfuerzos en contra de los abusos que se cometen en los tribunales. De allí la importancia de identificar y remover a los fiscales que cometen irregularidades de manera pronta y efectiva, pero también de adoptar acciones que incrementen los costos de ser corrupto y a la vez fortalezcan la institucionalidad y la transparencia del Ministerio Público; medidas tanto más importantes por cuanto la corrupción en el Órgano Judicial puede destruir la capacidad de las instancias gubernamentales para articular la relación entre el Estado y los ciudadanos, al menoscabar la confianza de la población en las autoridades; además de mermar el patrimonio y el bienestar de cientos de individuos y familias.