Voces

Monday 28 Nov 2022 | Actualizado a 09:40 AM

Cuentos de peluquero

El caballito de batalla que continúa en carrera es la corrupción en el Fondo Indígena

/ 6 de febrero de 2016 / 04:00

Es tan patética como la imagen del náufrago desesperado que en medio del océano se aferra a lo que sea. Así aparece, por lo menos hasta ahora, buena parte de la campaña por el No para el referéndum del 21 de febrero próximo. Es una pena, porque quienes la promueven afirman que es un movimiento ciudadano, ¿sin liderazgo visible? Y es una pena porque hasta dan ganas de llorar por tanta mediocridad.

Se ha usado la declaración jurada de bienes del Presidente. Que por qué había aumentado tanto su patrimonio en 10 años. Este incremento fue presentado como un hecho escandaloso, con sugerencia implícita de gran corrupción. Fue tan tirado de los pelos, con tan mala intención, que no duró más de 48 horas.

Se intentó crear un escándalo con la presentación de la libreta de servicio militar con supuestos seis o diez días de demora de Álvaro García Linera a la entonces Corte Electoral, uno de los requisitos para habilitarse como candidato hace diez años, en 2005. Desde entonces hasta ahora se han realizado más de seis consultas nacionales, entre ellas tres elecciones donde participó el Vicepresidente y nunca había sido tan importante para la oposición ese detalle que motivó titulares de periódicos, debates y sesudos análisis.

En el informe decenal de gestión, el Presidente del Estado dio cuenta de más de 6.000 viajes realizados al interior del país y menos de 200 al exterior en dos años.

También se intentó prender el fuego con estimaciones sobre cuánto costaron esos viajes, con qué resultados, cuánto se podría comprar para resolver los problemas de los pobres si ese dinero se hubiese destinado a causas mejores. El resultado de esos viajes, dentro y fuera del país, es tan contundente en lo positivo que mejor ahorramos tinta. 

En la cumbre del ridículo figura la factura de corte de cabello junto a un masaje capilar del presidente Evo Morales por Bs 1.400. Otro escándalo que hizo crecer innecesariamente el hígado a quienes desean que este gobierno se acabe. Era otra manipulación, otro escándalo de mentira. La factura es falsa. El costo real fueron Bs 200; el ridículo y la mala fe multiplicados por 100.

El caballito de batalla que continúa en carrera y ha logrado el mayor de los éxitos es el de la corrupción en el Fondo Indígena. El problema es que buena parte de quienes lo promueven no lo hacen con la buena intención de acabar con la corrupción, sino de solamente acabar con Evo Morales. Buena parte de quienes predican, desde los medios, su horror por esa corrupción, callaron, fueron cómplices de la corrupción, también de fondos públicos, cuando estuvieron en función de gobierno. Y peor, muchos también se corrompieron.

El mínimo equilibrio, además, recomienda comparar cómo se actuaba frente a la corrupción antes y cómo se actúa ahora; quiénes y cuánto robaron antes, y quiénes y cuánto roban ahora; cuánto se hizo antes para enfrentar este mal y cuánto ahora. La respuesta fácil de los repentinos gladiadores contra la corrupción es que uno pretende justificar y echar tierra a la corrupción de ahora. Argumento tan mentiroso como la factura del peluquero.

Lo extraordinario es la impunidad de los mentirosos y manipuladores. Por lo menos ellos creen que su producción de basura no genera asco. En mi pueblo, cuando se conocían mentiras tan groseras se decía: —Son cuentos de peluquero, para que al cliente, al escucharlas, se le ericen los pelos y el estilista pueda cortar mejor.

Es periodista.

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Un estreno sin aplausos

/ 12 de julio de 2022 / 01:38

Empiezan a correr los créditos del documental. El ambiente es iluminado por velas. No hay aplausos, el silencio se extiende hasta volverse incómodo. Terminan más de dos horas de estreno del documental Senkata, memorias de una masacre. El público, en esta premier, en su gran mayoría son también actores. Son familiares y sobrevivientes de la masacre. En la capilla de Senkata una vez más se han visto contando su tragedia y han visto otra vez, baleado, al hijo o esposo. En esta capilla, donde un día después de la matanza del 19 de noviembre de 2019, entre la bruma del dolor y la angustia, veían y escuchaban la labor de los tres equipos forenses, la sierra cortando el esternón, el corte horizontal en la frente para levantar la piel del rostro como si fuese una máscara para observar el cráneo…

El documental pone énfasis en la ya varias veces constatada mentira del gobierno de Jeanine Áñez para justificar la masacre, de que quienes repudiaban el golpe de Estado utilizaban dinamitas para hacer explotar la planta de hidrocarburos de YPFB. Muestra que varias personas empujaron y el muro cedió. Que no hubo una sola explosión de dinamita. Luis Fernando López, ministro de Defensa de Jeanine Áñez, dijo: “Hordas en estado inconveniente pretendieron ingresar a la planta de Senkata con cachorros de dinamita, decidieron voltear paredes con cachorros de dinamita”. Hasta la investigación del GIEI lo desmintió, pero aún hay periodistas y medios que repiten la falacia que, en esos días, acompañaron hasta el hartazgo con imágenes de la explosión de una planta de hidrocarburos en México, con la versión de que se pretendía matar a los habitantes de 20 cuadras a la redonda de Senkata, versión distribuida por el gobierno y que calzaba con el “salvajes” que espetaba Jeanine Áñez contra la gente de piel morena. Juan Carlos Mamani, uno de los dos directores del documental, lo simplifica: “No es posible aquello, porque nosotros vivimos aquí, sería un autoatentado”.

Franks Bautista, el otro director del documental, dice que pretenden “interpelar la conciencia de la opinión pública, (que) esto no vuelva a pasar y se haga justicia”.

El documental ingresó a la casa de las víctimas. El anciano Prudencio Jamachi, en el centro de su humilde dormitorio, huérfano de su hijo Edwin rompe en llanto. “Nos llamaba todo el tiempo para preguntarnos cómo estamos. Ahora, ¿quién nos preguntará cómo estamos?”

El 19 de noviembre de 2019, Alison y Calixto compartieron junto a sus dos bebés el desayuno. Calixto, joven de profesión costurero, hizo cuentas: Ya no tenemos dinero para comer. Iré hasta la Ceja de El Alto a buscar cierres para hacer chamarras, y tú vas y vendes, aunque sea en 20 pesos. Alison asintió. Calixto respondía a Alison de inmediato en el celular. Ese día no. La mujer insistió hasta que le contestó un paramédico, quien le dijo que Calixto tenía una herida de bala en la cabeza y que en ningún hospital lo aceptaban. Agonizó seis días.

El documental no deja dudas de que la masacre fue preparada. Muestra órdenes de despliegue de militares “satinadores” (entrenamiento en operaciones especiales) de Sanandita. Contrasta la versión oficial de que “no salió un solo disparo de los militares”, con imágenes de militares disparando. Y recupera una transmisión del canal estatal, en vivo, en el homenaje de Jeanine Áñez a esos militares, cuando su ministro de Defensa, Luis Fernando López, dice: “Frente a ustedes está la Fuerza 10, que yo los llamo los héroes de Senkata, que tiene por misión organizar, planificar, entrenar y ejecutar acciones de acción directa…” El gobierno de Áñez, el 14 de noviembre, aprobó el Decreto 4078 que instruye a las FFAA emplear “todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos…” para garantizar el bienestar… y en el artículo 3 los exime “de responsabilidad penal”. Un día después fue la masacre en Cochabamba. Con ese decreto arropó y transportó a “satinadores” por 1.135 kilómetros, entre Sanandita-Tarija y El Alto.

Me acerco a Alison micrófono en mano. Se excusa con un movimiento de cabeza. Avergonzado insisto. Me recuerda que estamos “en la casa del Señor donde fueron velados los muertos”. Dice que siente un nudo en la garganta y se deja vencer por el llanto. Cuenta que sus hijos recuerdan a Calixto y que siente “desesperación al no encontrar justicia, al seguir peregrinando por justicia”. Aquí no caben aplausos. Los asesinos siguen impunes.

Freddy Morales es periodista.

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Que el diablo escoja

/ 6 de junio de 2022 / 01:35

La derecha siempre lo tuvo claro. Las movilizaciones de 2019 contra Evo Morales eran para sacar del gobierno a Morales y al Movimiento Al Socialismo (MAS), no por la democracia. Tres meses antes Carlos Mesa, candidato, afirmó en un desayuno con medios internacionales que Morales “no es, ni será candidato”. Luis Fernando Camacho, a cargo del Comité Cívico pro Santa Cruz y otros comités cívicos anunciaron mucho antes de la votación que no aceptarían el resultado. Los medios y periodistas afiliados a la derecha y empeñados mucho antes en la desestabilización del gobierno de Morales, habían pronosticado con dos meses de anticipación que habría fraude. La noche del domingo 20, de elecciones, Carlos Mesa confirmaba las predicciones periodísticas: “se produjo un fraude monumental”. (*)

Se desbordaron las acciones terroristas de la derecha con grupos paramilitares hasta llegar a la toma de rehenes y quema de viviendas de gente cercana al gobierno de Morales. Caso emblemático el de Víctor Borda, presidente de Diputados, cuyo hermano, Marco, fue tomado rehén, torturado, obligado a caminar descalzo calles de Potosí, su vivienda incendiada y con fijación de hora para “ejecutarlo” si Víctor no renunciaba. Todo transcurría bajo el amparo del “motín” policial que dejaba hacer.

Tras la renuncia de Morales, los principales cabecillas entraron a una competencia sobre quién había conspirado más. Luis Fernando Camacho contó cómo su papá “arregló” con la Policía “para que no salga”. Solo entonces, el valiente Luis Fernando dio plazo para que Morales renuncie y le llevó la carta para que la firme (como hizo Luis García Meza con Lydia Gueiler en 1980). El “macho Camacho” publicó en las redes videos suyos vestido de policía para presumir el pacto de su papá y contar cómo caminaba, protegido, para conspirar.

Otro concursante fue Jorge Tuto Quiroga. Pregonaba que se convirtió en “agente de viajes” de Evo Morales, porque fue quien autorizó que ingrese el avión mexicano que lo llevó al exilio: “Yo hablo con la gente de la Fuerza Aérea, les digo que den el permiso para pacificar el país y también, no voy a negar, porque el hecho de que suba al avión mexicano, se vaya al asilo, significaba dejación del cargo, abandono de funciones y efectivizaba la sucesión constitucional”. Anunciaba a los “hermanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua” que iría a liberarlos y en Bolivia los liberados le agradecían: “En el canal donde trabajaba la esposa del ex Vicepresidente, yo llegué y todos me decían gracias. ¿Por qué?, porque también se han liberado de tener que estar sometidos. Imagínense que la esposa del Vicepresidente sea la que dé las noticias en un canal independiente. Así pasaba en mi país”.

En esa disertación en México, Quiroga intentó “legalizar” que Jeanine Áñez se hubiese proclamado presidenta sin quorum aludiendo la sucesión constitucional de 2005: “…renuncian a la sucesión el presidente del Senado, renuncia el que lideraba diputados y acabamos con un juez, Rodríguez Veltzé, él es posesionado en una sesión donde no había quorum ni por asomo porque había dinamitas, problemas, dificultades y se procedió a hacer la sucesión porque así mandaba la Constitución, no decía con quorum, sin quorum”.

No es difícil suponer que esa misma historia manejaron Quiroga, Carlos Mesa, un grupo de obispos católicos y de embajadores para ofrecerle la presidencia a Áñez y evitar el ingreso de parlamentarios del MAS para que no haya quorum en el único lugar donde legalmente se debía resolver la crisis. La señora Áñez ante la Fiscalía contó que Ricardo Paz, operador político de Carlos Mesa, desde la Universidad Católica, durante la reunión que sustituyó al Legislativo, le ofreció ser presidenta y del trato de jefa del Estado que le dispensaron Policía y Fuerzas Armadas antes de que tome el gobierno. Es fácil suponer quiénes daban las órdenes a la Policía y, en este caso, otra vez, a la Fuerza Aérea.

Demasiado obvio que una conspiración tan prolongada y minuciosa no tenía como objetivo devolver la democracia y el gobierno al Movimiento Al Socialismo tras la anulación de Evo Morales. Y lo dejó claro uno de los cabecillas, el 9 de noviembre, un día antes de la renuncia: “El tema de la sucesión, con todo respeto. Leamos la Constitución, entre Evo Morales, García Linera y sus presidentes de Cámara que venga el diablo y escoja. Yo no quiero decir cuál masista se queda”.

(*) El gobierno de Jeanine Áñez abrió 10 procesos por fraude electoral. En su año de gestión ni Mesa, ni nadie presentó una sola prueba, al extremo que los 10 procesos se cerraron “por falta de pruebas”.

Freddy Morales es periodista.

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Un mar de papeles

/ 7 de abril de 2022 / 01:23

Soraya, Azucena y Carmen se sienten solas pese a que existen siete convenciones, protocolos, declaraciones y recomendaciones internacionales que las protegen. Otras cuatro leyes, seis decretos y un reglamento bolivianos también las protegen del acoso y la violencia política.

Soraya Destre, concejala de Riberalta, inauguró su calvario cuando cuestionó el alza del precio de la carne y lo empeoró tras su denuncia de un presunto sobreprecio en el intento de compra de una planta generadora de oxígeno. Es víctima de un tal Miller, que se atribuye dirigir un comité cívico. Un mal día, tras un periodo de “ablandamiento” con amenazas y conatos de agresiones físicas, los concejales municipales de Potosí (en la anterior gestión), expulsaron a su colega Azucena Fuertes, sin que hubiera sentencia judicial o prueba en su contra. Azucena logró una orden judicial para retomar el cargo, pero sus colegas se lo impidieron. Hoy es asambleísta departamental y también por denunciar irregularidades en la gobernación, otra vez, es perseguida. Carmen Vásquez, presidenta del Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara, provincia Villarroel de La Paz, tiene sobre su cabeza una resolución de la Central Agraria, tramitada por el alcalde, para que renuncie a su cargo, por haber denunciado nepotismo e ítems fantasma. Tiene miedo caminar por las calles de su pueblo.

Es que ni las leyes universales ni las bolivianas les garantizan nada. Veamos solo una. La ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (2012) no disimula su intención de no hacer nada. Su artículo 17 divide las faltas administrativas o disciplinarias en leves, graves y gravísimas. Las gravísimas van de los incisos i) al q) del artículo 8 e incluyen discriminación, presión y engaños para obligar a la renuncia al cargo e imponen como sanción máxima “suspensión temporal del cargo sin goce de haberes hasta treinta (30) días”, para el violento y acosador. Pero no hay que alegrarse. El inciso II del artículo 17 aclara que, para imponer la sanción máxima deben concurrir, además, agravantes como atentar contra una mujer embarazada, mujer mayor de 60 años, sin instrucción, discapacitada, “si el abuso es cometido por dos o más personas” o, si “como resultado de los hechos, se hubiere producido el aborto”. Ya que el agresor casi siempre es un macho, se puede afirmar que es imposible contar con una ley más blandengue.

La vocal Dina Chuquimia, del Tribunal Electoral, en la Cumbre contra el acoso y la violencia política reveló que “no existe una instancia interna que ventile estos casos ni en las asambleas departamentales ni en los concejos municipales. Es decir, no hay un protocolo o comisión o comité de ética que sean el filtro de denuncias que tanto concejalas y asambleístas departamentales puedan hacer de forma inicial, antes de ir a la Policía o a la Fiscalía o al Órgano Electoral.” De lo que nos enteramos 10 años después.

Claro que la misma ley dice que la agredida puede denunciar ante la Fiscalía, donde en un juicio ordinario se podrán imponer penas de entre dos y ocho años de cárcel. Pero en 10 años, solo un caso concluyó en la Justicia Ordinaria. Y no es por falta de denuncias. En esta década, se presentaron 677 denuncias por acoso, presiones, agresiones psicológicas y físicas contra autoridades mujeres elegidas. Son 185 los casos de violencia y 150 renuncias. Este año ya van cinco denuncias y cinco renuncias.

Según la conquistada “paridad”, si una mujer va de titular un varón va de suplente y viceversa. Sin embargo, hay “acuerdos” para que a mitad de gestión el suplente herede la titularidad. Y si no es de a buenas, el suplente será titular a las malas. Según la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, esto se conoce como acuerdos de gestión compartida que “lastimosamente solo han servido para que las mujeres titulares sean obligadas a renunciar, pero, extrañamente, los hombres titulares no. Ni siquiera bajo esos compromisos de lealtad o esos acuerdos políticos”. Las 18 leyes, convenciones y decretos que protegen a las mujeres del acoso y violencia política están publicadas en un libro de 296 páginas, que dejan claro que también se puede perecer en un mar de papeles escritos con declaratorias de paz, equidad y amor.

Freddy Morales es periodista.

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La carta

/ 7 de diciembre de 2021 / 00:40

Con fecha 25 de noviembre, el Alcalde de La Paz envió una carta al Ministro de Gobierno, con el título Medidas de seguridad. El texto dice que “Evo Morales, líder del MAS, indicó que la marcha convocada por su partido político es solo ‘un calentamiento’ y que ‘va a reventar La Paz’ cuando la caminata llegue este lunes (Los Tiempos 23.12.21), solicito a usted pueda instruir a la Policía Boliviana el resguardo a los ciudadanos paceños, de las edificaciones públicas, monumentos, parques y equipamiento de nuestra ciudad”. Y en el tercer y último párrafo dice que paceños y paceñas recibiremos a los marchistas con banderas blancas.

Se criminaliza al dirigente político por haber dicho que la marcha es un “calentamiento” y se manipula el término “reventar” (los hechos confirmaron el anuncio como sinónimo de colmar, de lleno completo: “El teatro está reventando”). La carta fue el apoyo que necesitaban algunos medios de comunicación y periodistas que ya habían desplegado su campaña racista basada en el miedo, dando a entender que estábamos inermes ante esa amenaza, esos bárbaros que se dirigían hacia la civilización, con el concepto de “hordas” bajo la manga (como lo decían explícitamente sus entrevistados de derecha).

El firmante de la carta fue ministro de Estado de la señora Jeanine Áñez, quien realizó una sostenida campaña contra “los salvajes”. Colegas de gabinete del firmante de la carta anunciaban “cacería” (para dejar sentado que los cazados no eran seres humanos sino animales, y además peligrosos). Y otro de sus colegas, en función de ministro de Defensa, advirtió a un ciudadano señalándole a un militar: “Éste te puede hacer desaparecer en 10 segundos”. El mismo ministro que advirtió con “desaparecer” a un ciudadano fue quien justificó la masacre de Senkata señalando a los muertos y heridos, a las víctimas, como “drogadictos y alcohólicos”. Socio político, del firmante de la carta, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, calificó a esos innombrables como “bestias humanas”.

El gobierno del que formó parte, el firmante de la carta, bajo el liderazgo del entonces director de Migración, realizó operativos y masivas gasificaciones con centenares de policías en la frontera con Chile para evitar el ingreso de ciudadanos bolivianos que intentaban volver tras ganarse unos pesos en la cosecha de frutas en ese país. El argumento fue que volvían para desestabilizar. Los gobiernos regionales de Chile, fronterizos con Bolivia, debieron montar campamentos para cobijar a esos bolivianos. Tan grosera, inhumana y cruel la actitud del gobierno del firmante de la carta que luego bajó el tono, y usaron el pretexto de la pandemia e instalaron campamentos de cuarentena en el lado boliviano.

Que la Policía resguarde a los ciudadanos paceños, sus edificios públicos, sus monumentos, sus parques y equipamiento. Y que ondeen banderas blancas. Solo faltó en la carta “y que, si todo eso no funciona, que Dios, la Virgen y los Santos en su extrema bondad nos protejan y que todo sea, finalmente, su voluntad”.

El firmante de la carta avaló las atrocidades que cometió su gobierno, de modo que mantiene una coherencia. Lo que resulta bochornoso es el papel de algunos medios de comunicación y algunos periodistas que promueven, alientan y echan gasolina a la hoguera racista (es obvio que la obligación es apagarla). La carta, es prueba y acusa, no solo al remitente.

Freddy Morales es periodista.

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Una plaza, un monumento

/ 23 de noviembre de 2021 / 00:53

Por presión internacional, el gobierno de Jeanine Áñez instruyó los dos únicos procesos abiertos (en la justicia ordinaria) por las masacres de Sacaba y Senkata (2019). Esa fue la recomendación 13 del informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 2019, a poco más de 20 días de las masacres. El país seguía convulsionado y esa investigación de la CIDH y la presencia de Jean Arnault, negociador internacional, enviado personal del secretario general de la ONU, António Guterres, demostraban el esfuerzo por reducir la tensión. Las fiscalías de Cochabamba y La Paz abrieron los procesos en los que este año una decena de exjefes militares y policiales fueron “cautelados”. La situación de ambos procesos es un misterio. Están declarados en reserva.

Los familiares y víctimas fueron convocados a declarar y presentar pruebas. Allí dejaron todos sus originales de certificados de nacimiento, forense, médico, etcétera, que piden fiscales, abogados y jueces. Intentaron luego constituirse en parte civil para empujar el carro de la Justicia y se les negó porque “deben demostrar que son víctimas”.

La democracia no abrió un solo juicio por las masacres, pero firmó compromisos. Por ejemplo, plantear, mediante el Ministerio de Justicia, una nueva demanda de juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez que debe ser autorizado por dos tercios de votos que el MAS no tiene y, la oposición legislativa, cuyos jefes participaron activamente en el golpe de Estado de 2019, anunció que no apoyará.

La Justicia en democracia es una caja de sorpresas. Para concretar la nueva demanda de juicio de responsabilidades, el Ministerio de Justicia exige a las víctimas demostrar que son víctimas con documentos originales (que tienen los fiscales de los procesos ordinarios).

La Majestad de la Justicia es complicada para quien la busca. La esposa del asesinado debe presentar certificado de matrimonio o probar que vivió con él más de dos años. Si convivieron menos de 24 meses no puede reclamar nada. Papelitos cantan, y los heridos tienen que presentar facturas de medicinas, atenciones médicas, hospitalización, etc., en un periodo en que ser herido era un estigma. Las por lo menos seis investigaciones nacionales e internacionales, la última del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), confirmaron que en los hospitales eran sometidos a torturas para que confiesen “cuánto te pagó Evo Morales” (para salir a protestar). En las cárceles, a buena parte de los 1.800 detenidos les aplicaron todo el recetario de torturas y también les exigen certificado médico forense. No es nuevo: a las mujeres víctimas de violación durante las dictaduras militares, para incluirlas en los planes de reparación, 30, 40 años después, les exigían certificado forense que pruebe la violación sexual.

Hay una fórmula que nunca falla tras cada masacre: las víctimas están divididas. Hay tres grupos: el que confía en David Inca, de Derechos Humanos de El Alto; el de un Comité Impulsor de Juicios cercano a la exdiputada del MAS Lidia Patty, y otro que confía en el Ministro de Justicia. Cada uno desconfía y habla pestes de los otros dos.

Dos años después las masacres pasaron desapercibidas. En El Alto, la Alcaldía les construye una plaza y un monumento a dos cuadras de donde ocurrió la matanza. Pero la plaza no honrará solo a los de Senkata (11 muertos), sino también a los 64 asesinados en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, a quienes tampoco se ha hecho justicia. Allí, en esa plaza aún sin nombre, se reunió una parte de las víctimas, para compartir una comida comunitaria (apthapi). Apenas restituida la democracia, allí se pintó un mural con la leyenda “Senkata no olvida”. Habría que añadirle: “La justicia y la democracia sí”.

Freddy Morales es periodista.

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