INFORME

La situación de “iliquidez” por la que atraviesa el mercado cambiario en Bolivia preocupa tanto a la población, a los agentes económicos, analistas, a las calificadoras de riesgo y a los medios de comunicación nacional e internacional.

La versión oficial es que es una situación transitoria, agravada por comentarios especulativos que han impulsado una demanda de divisas más alta que en los tiempos normales. Así, el Banco Central ha señalado que ha tomado las medidas correctivas para facilitar el acceso a la moneda extranjera, dar una mayor liquidez a las reservas internacionales con la conversión de la Tenencias Oficiales de Derechos Especiales de Giro (DEG) a divisas, apurar los créditos externos que están en trámite en la Asamblea y acelerar la aprobación de la “ley del oro”, que permitiría fortalecer las reservas internacionales.

El indicador de desequilibrio externo es la disminución persistente del nivel de las reservas internacionales netas del Banco Central (RIN), que desde un nivel en enero de 2020, antes de la crisis del COVID-19, de $us 6.374 millones, equivalente a un 14% del PIB (considerado un nivel normal de adecuación de reservas), bajó en febrero de 2023 a $us 3.538 millones, un 8,6% del PIB.

El gran problema de los economistas es determinar si el desequilibrio externo es transitorio, de tal manera que se restituirá a la situación anterior una vez que haya pasado el shock externo, o si más bien es de carácter estructural y está relacionado con los fundamentos económicos.

Indudablemente, el shock externo ha estado relacionado con la “pluricrisis” mundial caracterizada por la simultaneidad de efectos adversos de la guerra de Rusia y Ucrania, la fragmentación económica mundial, la subida del precio de los combustibles y alimentos y en especial con el alza abrupta y considerable de las tasas de interés que ha contribuido a una mayor inflación, a una recesión económica mundial, a una posible crisis de deuda y ha gatillado la crisis bancaria en EEUU.

En el caso de Bolivia, si se mide el desequilibrio externo por la Balanza de Pagos en Cuenta Corriente se observa que en 2020 tenía un déficit de -0,5% del PIB, en 2021 registró un superávit de 2,5% del PIB y hasta el tercer trimestre de 2022 todavía tenía un superávit de 0,9% del PIB, es decir, no había presentado un deterioro de balanza de pagos propio de un desequilibrio externo.

Sin embargo, Bolivia, que había registrado superávit comercial en 2021 de $us 1.500 millones equivalente a un 3,7% del PIB, terminó el año con un superávit de 1,4% del PIB. El problema de fondo es que a partir de agosto de 2022 empezó a registrar déficits mensuales en su balanza comercial y hasta febrero de 2023 serán ocho meses de déficit consecutivos. Esta es la señal de alarma que las autoridades deberían haber detectado oportunamente (Gráfico 1).

Adicionalmente, la subida de las tasas de interés internacional a partir de septiembre de 2021, que ha significado cuatro puntos porcentuales de incremento en promedio, habría posiblemente gatillado una probable salida de capitales atraída por mayores rendimientos frente a bajas tasas en moneda extranjera en el sistema financiero boliviano. De hecho, las transferencias financieras al exterior a través del Banco Central aumentaron en un 50%, desde $us 1.407,7 millones en 2021 hasta $us 2.145 millones en diciembre de 2022, según la última Información Estadística Semanal del BCB al 8 de febrero de 2023.

Asimismo, el alza de las tasas de interés internacionales subió los costos del servicio de la deuda externa para los países de la región y aumentó el riesgo financiero en medio de las turbulencias financieras con la ampliación del spread de los bonos de los países de la región frente a los bonos del Tesoro de EEUU.

Es así que el tipo de manejo de la política económica en Bolivia había podido enfrentar la crisis pos COVID-19, pero empezó a tener problemas especialmente a mediados de 2022 con la guerra, la subida del precio de los alimentos y combustibles, y especialmente la elevada alza de las tasas de interés internacionales. Y el problema es que la pluricrisis continuará por lo menos en todo 2023.

Sin embargo, el problema de fondo es que Bolivia había generado un nivel de reservas internacionales récord equivalente al 45,5% del PIB en 2014 y que a partir de la caída de los precios del petróleo empezó a bajar significativamente. Además, los ingresos fiscales se alimentaban en gran medida de la Renta de Hidrocarburos que le permitía subvencionar los combustibles y los alimentos. El problema es que ahora Bolivia es un importador neto, importa más de lo que exporta y tiene un déficit comercial de combustibles al 2022 de $us 1.276,6 millones, equivalente a 2,9% del PIB.

Podemos concluir entonces que el déficit comercial de combustibles explica los ocho meses de déficit comercial mensuales consecutivos y lo que antes era el pilar del sector externo y fiscal se ha convertido en el talón de Aquiles de la política actual del Gobierno.

Por otra parte, la renta de hidrocarburos había contribuido a financiamiento interno de las inversiones públicas, las cuales antes de 2006 se financiaban tres cuartas partes con recursos externos y que en los últimos años se revirtió hasta alcanzar el financiamiento interno un 75% de la inversión pública.

El problema que surge es que a partir de 2014, el balance fiscal empezó a registrar déficits en forma consecutiva y creciente hasta alcanzar en 2020 un récord de 12,7% del PIB para disminuir en 2022 a un 7,2% del PIB. El problema es que el Gobierno ha logrado prácticamente eliminar el déficit corriente, de un 6,1% a un -0,3% del PIB en 2022 y, por lo tanto, el déficit que registra actualmente es el de la cuenta capital, es decir, debido a las inversiones públicas, con nivel del 7% del PIB. La política económica vigente se centró en el motor de las inversiones públicas, pero actualmente ya no cuenta con los ingresos fiscales de antes y debe recurrir al déficit fiscal.

En conclusión, si se analizan los fundamentos económicos se observa la alta relación entre pérdida de reservas internacionales y el déficit del sector público (Gráfico 2).

Lo paradójico de esta historia es que en 2022 estamos volviendo al punto de partida del cambio de la política económica en 2006, es decir, a la situación de vulnerabilidad que se tenía en 2002 con un alto déficit fiscal (8,8%) y un déficit en cuenta corriente (-4,4%) y un nivel de reservas internacionales (6,8%), con la diferencia que la economía era dolarizada y las RIN representaban una cuarta parte de los depósitos en dólares en el sistema financiero. Parece que hemos retrocedido 20 años a la crisis en los tiempos del neoliberalismo.

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) entregó recientemente, de un solo golpe, los datos mensuales hasta diciembre de 2015 del Índice Global de Actividad Económica (IGAE), del PIB trimestral y del PIB anual, todos los cuales señalan que la tasa de crecimiento de la economía del país fue de 4,85% en 2015.

No obstante la meritoria labor que está realizando el Director del INE, lo recomendable es que para un adecuado seguimiento de la economía, sobre todo para determinar los efectos del shock externo que nos está afectando, esa información nos sirva según la periodicidad para la cual fue establecida, es decir, tener lo antes posible el indicador mensual (IGAE), puesto que el último dato publicado era el correspondiente a agosto; y disponer del indicador del PIB al tercer trimestre antes del dato del PIB de todo el año.

Lo importante es que la economía boliviana ha seguido creciendo, es decir, registra tasas positivas. Pero falta agregar, como les comento a mis alumnos cuando analizan el comportamiento de las variables económicas, que cuando preguntan “cómo está tu mujer”, siempre contesto: ¿comparada con quién?, con la vecina, con las Magníficas o con la reina del Gran Poder.  

Así, la tasa de crecimiento del 4,85% del PIB boliviano ha sido la más alta de los países de América del Sur y solamente Panamá nos gana, con ayuda de sus “papers” del paraíso fiscal, con una tasa de crecimiento del 5,8%, la más alta entre los países de América Latina. Ahora, si comparamos la tasa de la economía boliviana con la de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, que crecieron en 4%, también les ganamos, pero no así a los países emergentes del Asia, que en promedio crecieron en 6,6%.    

El mismo ejercicio podemos hacer al interior de nuestra propia evolución económica reciente. La tasa del PIB en 2015 ha sido menor a la registrada el año pasado, que fue de 5,5%; y menor a la tasa de crecimiento promedio de los últimos cuatro años, es decir del periodo 2011-2014, que fue de 5,7%. Ahora, si la comparamos, con la tasa del modelito neoliberal, como a algunos les gusta, durante 1989-2005 que fue de 3,6%, la tasa del 4,85% es más alta, aunque inferior al récord del gobierno de Jaime Paz de 5,3% en 1991, y a los dos años del boom de la capitalización en 1997 (4,95%) y en 1998 (5,03%), durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.    

Pero en lugar de realizar comparaciones que resultan odiosas, es más importante identificar un primer efecto del shock externo en la actividad económica, como son las tasas negativas de crecimiento de los hidrocarburos (petróleo y gas) y los minerales, de -1,4% en 2015, correspondientes al sector de la industria extractiva. Para alegría de los antiextractivistas, este sector ha disminuido su participación en el PIB de 13,2% en 2014 al 10% en 2015, pero ha tenido una incidencia negativa de -0,2% en la tasa de crecimiento del PIB, con lo cual se hubiera superado la meta del 5%, comparada con la incidencia positiva cercana al 1% que tuvo este sector en 2014.

La otra forma de medir el impacto del shock externo es por el lado de los componentes del gasto del PIB, como son las exportaciones de bienes y servicios. En términos de volumen, es decir sin considerar el efecto de los precios, la demanda externa tuvo una incidencia negativa de 2% en la tasa del PIB de 4,85%. De no haber ocurrido el shock externo, hubiéramos alcanzado una tasa de crecimiento del 6,8%, como la registrada en 2013. Por tanto, los datos del INE, aunque retrasados, confirman los efectos del shock externo en el sector real de la economía boliviana.

 

El área del euro, o eurozona como también se la conoce, mostró un anémico crecimiento de 0,3% del PIB en el último trimestre de 2015 respecto al trimestre anterior; y aunque uno esperaría que Alemania, como lo ha hecho políticamente, esté liderando su recuperación, curiosamente registró igual tasa de incremento del PIB. Este magro crecimiento promedio esconde las recesiones de Grecia, de Finlandia y posiblemente de Dinamarca, con dos trimestres continuos de crecimiento negativo.

Adicionalmente, a una situación prácticamente de estancamiento económico (con tasas cercanas a cero), le acompaña una inflación también cercana a cero, como la tasa anualizada a enero de 2016 de 0,4%. Y la cereza que redondea este panorama desolador del área del euro fue la tasa de desempleo del 10,4% a diciembre de 2015, que esconde una Alemania casi de pleno empleo con 4,5% y una Grecia y España por encima del 20%. 

La buena noticia es que la eurozona registró en 2015 un récord en su superávit comercial de € 246.000 millones ($us 274.000 millones) debido a un buen crecimiento de sus exportaciones de 5%, mientras que sus importaciones crecieron en 2%. Y tal vez la explicación que estaríamos buscando de por qué a Alemania se le considera el motorcito del área del euro es porque ha alcanzado un superávit superior a la eurozona de € 252.000 millones ($us 280.000 millones). Sin embargo, el superávit de la zona encubre a los países deficitarios como España, Francia, Grecia y Portugal; en cambio Italia, que formaba parte de los PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), es el país con el tercer superávit más alto después de Holanda.

El problema de fondo es que un área monetaria común, con el euro como moneda, no significa que los países tienen que tener un superávit ni un déficit comercial común. Empero, como los países individualmente no pueden mover su tasa de cambio, no pueden realizar su ajuste externo incentivando exportaciones y contrayendo importaciones. Sin embargo, el euro, desde junio de 2014 (cuando la Reserva Federal de Estados Unidos amenazó con subir su tasa de interés, que terminó con una mini subida en diciembre de 2015) se depreció de $us 1,4 a $us 1,10 por un euro a fines de 2015, reflejando una devaluación del 20%. Y el impacto de esta devaluación en la balanza comercial de cada país de la eurozona fue diferenciado, puesto que las exportaciones crecieron a distinta velocidad en la mayoría de los países, con excepción de Grecia y Finlandia, cuyas ventas al exterior cayeron en 5% y 4%, respectivamente.

El mito de que Alemania se aprovecha de la eurozona para beneficiarse a sí misma parece que no es tan claro en materia del comercio de bienes. Casi dos tercios del superávit comercial de Alemania en 2015 fueron logrados con los países europeos ajenos a la Unión Europea o del resto del mundo.    

Por tanto, los países de la eurozona tienen potencialidades y limitaciones que van más allá de la excusa de la camisa de fuerza del euro, es decir, un problema de productividad. De no tener una moneda común, cada país, como lo hicieron en Sudamérica los bancos centrales periféricos, hubiera depreciado su moneda en un juego muy lejos del fair play y que recuerda a las devaluaciones competitivas después de la gran depresión de 1929 y la crisis financiera de 2008.

Además, como bien dijo el Ministro de Finanzas de Finlandia al The New York Times: “La devaluación es como el dopaje”, caricaturizando que los beneficios que ofrecería serían apenas temporales. Bolivia debería acusar a la FIFA el doping cambiario de algunos países vecinos.

Es ex-presidente del Banco Central de Bolivia (BCB).

Al igual que el año pasado, Oxfam, que es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan junto a organizaciones sociales y comunidades locales en más de 90 países, presentó un informe sobre la riqueza y desigualdad en el Foro Económico Mundial, encuentro que se realiza anualmente en Davos, Suiza, con la participación de aproximadamente 2.500 líderes políticos y de negocios de 100 países, y cuyo tema este año se llamó “Dominando la Cuarta Revolución Industrial”.   

La entrada para ingresar a este foro cuesta $us 20.000, y una estadía corta en Davos puede costar otros $us 20.000. Tan solo el ticket de entrada para este evento representa 100 veces más que el ingreso per cápita de Malawi, según los indicadores del Banco Mundial, por lo que es un poco difícil que los participantes del  Foro de Davos entiendan, o por lo menos escuchen, el informe de Oxfam, que este año se titula: Una economía al servicio del 1%.

En general los informes sobre la desigualdad económica son bien recibidos por todo el mundo, en especial por la comunidad académica, como el best seller de Thomas Piketty El capital en el siglo XXI, que hizo que los economistas digamos: “todos somos Piketty”. Sin embargo, tras su publicación no pasa nada con la realidad, no cambiamos de actitud ni de enfoque para enfrentar el problema de la desigualdad hasta que un nuevo informe nos vuelve hacer remecer, como en esta oportunidad,  y volvemos a decir “todos somos Oxfam”.

Los datos de este estudio son aterradores. Solo 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, las que constituyen la mitad de la población más pobre. El problema es que después de la gran crisis financiera de 2008, resulta que la riqueza en manos de esa minoría se incrementó en 44% en cinco años; mientras que la riqueza de esa mayoría de pobres se desplomó en 41%. Desde principios de siglo, el 50% de la población se ha beneficiado solo del 1% del incremento de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa nueva riqueza ha ido a parar al 1% de la población.

Esta es la mejor forma de demostrar que las políticas de ajuste y de austeridad del FMI, destinadas a salvar a los países en crisis, beneficiaron a los más ricos y desfavorecieron a los más pobres. Tremendo déficit fiscal y endeudamiento público para no solo rescatar, sino beneficiar a ese 1%. 

El quid del asunto está en que el problema de la desigualdad aparece como un problema ético y moral y no como un problema económico; además figura especialmente como un resultado, deseado o no, de las políticas de ajuste y austeridad aplicadas. Los que tienen que leer el Informe del 1% son los organismos internacionales que asesoran a los países, recomendando reformas estructurales. Así, primero exigen que flexibilicen el mercado de trabajo, para tener bajos salarios y aumentar la competitividad. Segundo, devaluar la moneda para aumentar la competitividad de las exportaciones, logrando que todos devalúen.

Tercero, vender las empresas públicas a precios irrisorios para dar paso a los nuevos emprendedores, sobre todo extranjeros. Después, sugieren bajar los impuestos para fomentar la inversión privada extranjera, resultando que todos los países compiten ofreciendo incentivos tributarios. Terminan recomendando bajar los costos o los gastos de pensiones, aumentando la edad para la jubilación o recortando los beneficios adquiridos. Y al final del día se sorprenden que aumente la concentración del ingreso y que se beneficie a ese 1% a costa de la mayoría de la población. Pareciera que algunos economistas realmente están al servicio de ese 1%.

Es ex-presidente del Banco Central de Bolivia (BCB).