Días atrás, los afiliados del transporte pesado se granjearon el repudio de la población por protagonizar un bloqueo de carreteras interdepartamentales nada menos que durante el Carnaval y los días previos a esta festividad, una de las épocas de mayor demanda para viajar dentro del país, así como también para la llegada de turistas extranjeros.
De igual manera su principal demanda —recibir prerrogativas fiscales y la anulación de la reducción del 30% del crédito fiscal establecida para la gasolina y el diésel— fue rechazada por propios y extraños, y en particular por aquellos que pagan sagradamente sus obligaciones fiscales y están conscientes de la importancia de los impuestos para el funcionamiento del Estado.
Sin embargo, hubo un reclamo ampliamente compartido por la ciudadanía que la protesta de los transportistas puso nuevamente en la palestra, a saber, las deficiencias que imperan en el actual Código Tributario que les permite a los funcionarios del Servicio Nacional de Impuestos (SIN) cometer excesos contra los contribuyentes. Por caso, ha dejado de ser noticia el estrangulamiento que sufren no pocos contribuyentes con sanciones económicas de carácter retroactivo por faltas u omisiones que en la mayoría de los casos desconocen, y se llegan a enterar de su existencia después de que las multas alcanzan cifras astronómicas, debido a los intereses y otras sanciones que se van sumando progresivamente.
Lo lógico sería que si una persona ha cometido alguna vulneración a la norma, por ejemplo en el llenado de algún formulario, se le advierta oficialmente de esta irregularidad y se le permita presentar sus descargos y/o se le dé un tiempo prudente para corregir los errores. Sin embargo, en la actualidad las multas son aplicadas directamente desde el mismo día en que son detectadas las supuestas irregularidades. Hecho que vulnera el derecho al debido proceso de los supuestos infractores, a quienes se les aplica las sanciones sin darles la oportunidad de defenderse. Además, convenientemente los funcionarios del SIN tampoco les advierten sobre las multas y demás intereses que deben pagar y que cada día se incrementan geométricamente.
Con esta política coercitiva y poco informativa, el SIN evidentemente está logrando elevados niveles de recaudación nunca antes vistos, lo que está contribuyendo a compensar parcialmente la reducción de los ingresos públicos por la caída de las exportaciones. Sin embargo, como ya antes se mencionó en este mismo espacio, a largo plazo esta política, que vulnera el derecho al debido proceso de los contribuyentes, va a resultar contraproducente, pues en lugar de alentar la universalidad del tributo está impulsando la informalidad en la economía.