Los avances en digitalización y tecnologías de la información se han propagado a una velocidad inimaginable y hoy en día ocupan los más diversos espacios de la vida cotidiana. Y vivimos esta realidad en muchos ámbitos con total naturalidad y, en otros, con resquemores y desconfianza.

Por ejemplo, hace apenas 20 años nos comunicábamos con nuestros seres queridos que estaban fuera de nuestra ciudad mediante las costosas llamadas DDN (discado directo nacional) o las costosísimas llamadas de DDI (Discado directo internacional). La masificación de los smartphones y la aparición del WhatsApp en 2009, el Telegram en 2013 y más recientemente otras apps con mejores niveles de privacidad, como Signal, han facilitado y abaratado la comunicación interpersonal enormemente.

Las redes sociales nos permiten conectarnos, mantenernos conectados y conectadas con nuestros intereses y fijaciones, y el internet es una fuente ilimitada de información y educación, incluso hay cursos enteros de nivel universitario que son gratuitos.

Pero también hay un mundo de desinformación rampante, teorías de la conspiración de diversa laya y problemas severos de suplantación de identidad.

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El reto consiste en que la población cuente con canales que faciliten la mejor selección posible de contenidos y la sociedad en su conjunto cuente con medidas confiables y universalmente aceptadas de reconocimiento de la identidad digital. Es un reto enorme, pero vale todo el esfuerzo.

Por otro lado, los avances de la digitalización han dado lugar a nuevos tipos de negocios —como las dark kitchens— y nuevos tipos de oficios, como los influencers. Por cierto, sobre esto último, no solo se trata de ser fotogénico o telegénica, lo más importante es saber contar una historia en el poco tiempo que la audiencia dedica a cada post de sus redes sociales.

Las grandes empresas han desarrollado nuevos tipos de servicios y han generado innovaciones revolucionarias en nuevos productos. La forma de trabajar está experimentando cambios permanentes y eso exige una actualización constante de las competencias profesionales.

El reto, de nuevo, está en el ámbito educativo y de la formación profesional. La adaptación de la malla curricular educativa puede ser un evento anual y la adopción de nuevas modalidades y nuevos contenidos en la formación profesional no debería tener un ritmo menor.

Pero, por otro lado, en empresas muy grandes la adaptación permanente tiene el reto de gestionar el impacto emocional del cambio —más importante aún: del cambio permanente—. La gente se resiste a ser cambiada, nos es difícil adoptar una nueva identidad. Y el oficio “de toda la vida” requiere adaptarse a los cambios permanentes que implican la adopción acelerada de las nuevas tecnologías. Los últimos avances en neurociencia aplicados a la transformación organizacional traen prometedoras soluciones al tema.

En Bolivia, los servicios públicos han logrado hitos interesantes en ciudadanía digital, pagos mediante plataformas virtuales y digitalización parcial o total de algunos trámites. El reto ahora consiste en masificar las modalidades virtuales, universalizar el acceso y hacer converger las velocidades del cambio. La masificación de la digitalización de los trámites ahorra tiempo y aporta en transparencia. Generar acceso universal nos remite de nuevo a programas educativos; de otra manera, las beneficiadas y beneficiados con las nuevas modalidades serán las mismas personas que desde su nacimiento contaron con los recursos para acceder a niveles de educación y formación que el sistema público no proporciona. Y en relación a las velocidades del cambio, es importante cerrar la brecha entre, por ejemplo, las interfaces de registro de ingreso internacional en la sala de migración de Viru Viru con el registro manual del punto de ingreso del Desaguadero.

(*) Pablo Rossell Arce es economista

En las últimas semanas el precio del petróleo ha bordeado los $us 30 por barril, generando movimientos de infarto en los mercados financieros. El precio del crudo es clave para ese 46% de nuestras exportaciones que representa el gas, así que es importante tomar en cuenta que precios más bajos significan menores ingresos por exportaciones y menores ingresos fiscales.

La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó la ley que pone en vigencia el Plan General de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PGDES), presentado por el Presidente a fines de 2015. Dicho plan tiene como horizonte la Agenda Patriótica 2025 y marca la hoja de ruta de las políticas públicas en el próximo quinquenio. En un entorno en el que nuestras proyecciones de exportaciones y de resultado fiscal ya no serán las de la década pasada, el Ejecutivo está apostando por una inyección de inversiones del orden de $us 48.000 millones en el quinquenio; se potenciará la inversión como motor del crecimiento.

La inversión proyectada está dirigida al potenciamiento de nuevos sectores productivos (energía, litio, economía del conocimiento) y a cerrar paulatinamente la brecha de infraestructura de nuestro país. Es cierto que en tiempos de crisis esta inyección masiva de inversiones requerirá endeudamiento y generará algún nivel de déficit fiscal, y al mismo tiempo exigirá un esfuerzo más sistemático por concretar los compromisos de inversión extranjera directa efectuados el año pasado en Nueva York.

La inversión pública proyectada está claramente orientada a apoyar el aparato productivo nacional y a sembrar las bases de una Bolivia posgasífera. Por lo tanto, los cuentos de terror que algunos colegas están propagando en la prensa escrita, sugiriendo que el Gobierno no tiene capacidad de gestión para estos tiempos de crisis internacional no tienen fundamento.

Los creadores del maquillaje del déficit fiscal excluyendo el gasto de la reforma de pensiones quieren ahora empobrecer los logros del Gobierno en gestión económica, inflando las cifras del déficit fiscal “sin ingresos por hidrocarburos”. Tal ejercicio es fútil. Sin importar quién esté en función de gobierno, nuestra economía tiene una base gasífera importante y la tendrá en los próximos lustros.

El endeudamiento y el déficit que se han proyectado en el PGDES se fundamentan en un esfuerzo del país para salir de la crisis fortaleciendo la estructura productiva. La alternativa consiste en realizar un ajuste social para cuadrar las cuentas macro, dejando vacío el espacio de las políticas productivas. Esa historia ya la conocemos, y el actual Gobierno no la repetirá.

Es economista, asesor económico de la Vicepresidencia.

Como ya hemos podido escuchar de analistas, comentadores y gurús de medios de comunicación en general, la economía mundial enfrenta este 2015 un panorama de franco estancamiento: las economías europeas y el Japón tienen proyecciones de crecimiento muy modestas; EEUU queda como una solitaria potencia que crecerá más que el promedio. La China y la India, hasta hace poco motores del crecimiento de los países exportadores de materias primas, han dejado atrás la época de vacas gordas.

En este contexto de estancamiento global, el Banco Central Europeo (BCE) anunció una flexibilización cuantitativa en su política monetaria, para inyectar un trillón de euros mediante la compra de bonos soberanos en el mercado secundario. La preocupación del BCE se concentra en el peligro de deflación de la eurozona, deflación que es un indicador de los serios problemas del estancamiento económico, que se reflejan en los mercados de consumo.

Los analistas han observado con cautela las medidas del BCB. Algunas voces indican que el ambicioso programa de política monetaria no convencional puede fácilmente llevar a inflar una burbuja de activos financieros sin que ello tenga una repercusión económica real. Por otro lado, puede no tener efecto en la medida en que el BCB está impedido de hacer compras directas de bonos soberanos; esto implica un efecto nulo en la capacidad de los países endeudados de ganar margen fiscal a pesar de la inmensa creación de dinero.

A este lado del Atlántico, mientras el nivel de comercio internacional decae, a los países como Bolivia (especializados en exportación de hidrocarburos) nos toca enfrentar un entorno de pronóstico reservado: Brasil y Argentina, dos de nuestros principales mercados de exportación, enfrentan problemas económicos serios. Por ello nuestro país se debe preparar con medidas que no son ningún secreto para nadie, pues economías como la nuestra, con tan escaso margen de diversificación, no tienen muchas alternativas de acción.

Sin embargo, la posición macroeconómica de nuestro país permite en el corto plazo pensar con calma la implementación de las medidas que de todos modos tendremos que considerar. En primer lugar, un incremento en los volúmenes de exportaciones, acción que enfrentará límites tarde o temprano. En segundo lugar, acelerar la inversión pública en infraestructura, que tiene un impacto inmediato en el empleo. En tercer lugar, se debe apurar los megaproyectos que podrían sustituir las divisas que van a dejar de llegar por efecto de la caída del precio del crudo: energía eléctrica, litio y a más largo plazo, el Mutún. Si las condiciones económicas no mejoran, incluso habría que prever un programa intensivo de empleo en infraestructura local para las regiones más afectadas.

La pieza que falta en este panorama es la contribución del sector privado. En unos días más, el Gobierno sostendrá una cumbre con los empresarios para analizar salidas a la coyuntura internacional actual. El Ejecutivo entrará a las salas de negociación en franca desventaja, pues no existe información sistematizada de la inversión privada sectorial, ni de la cantidad de capital que fuga del país para inversiones en el resto de Sudamérica, hacia los bancos de inversión globales o directamente hacia Miami, en inversiones inmobiliarias. Controlar estas variables es clave para una política equilibrada de premios y castigos que maximice el aporte de los privados al desarrollo del país, habida cuenta de que la época de bonanza les ha beneficiado con una relativa prosperidad.

Es economista.

En inmediaciones de lo que alguna vez fue el cerro más rico del mundo, algo más de 100 mujeres sobreviven en una situación de pobreza difícil de imaginar. Ellas cuidan las entradas a los parajes que han sido entregados a los cooperativistas mineros. Son las “guarda-bocaminas”.

Las guarda-bocaminas trabajan para las cooperativas mineras; pero no se engañe, estimado lector, estimada lectora: el 94% de ellas no son socias de ninguna cooperativa. En el mejor de los casos están contratadas por salarios que van desde los Bs 400 a los 800 al mes. No tienen horario de trabajo, pues deben quedarse el año redondo cuidando los parajes, no tienen seguridad social, ni vacaciones ni un aguinaldo (imposible soñar con un segundo aguinaldo, por supuesto). Viven y trabajan en instalaciones por demás precarias, que en muchos casos fungen como vivienda y a la vez como depósito de explosivos para el trabajo en interior mina. Las viviendas prácticamente no tienen acceso a servicios básicos: más de la mitad de las familias de las guarda-bocaminas consume agua de pozo.

Esta es la situación del eslabón más débil de la cadena de producción cooperativa minera; nos referimos a la capa humana menos favorecida del sector,  que en los últimos años ha recibido apoyo estatal como nunca en la historia, pues las inversiones que el Estado destinó para maquinaria, ingenios y préstamos para el sector cooperativo, se valoran en varios millones de dólares.

Y aquí vemos nomás cómo las condiciones de discriminación y explotación van bajando como en una pirámide: los de arriba, con un poco más de recursos y un poco más de prosperidad, adoptan la lógica de comprimir los costos hasta el mínimo posible y de excluir de cualquier beneficio laboral a las de más abajo, bajo una racionalidad que, al menos en parte, se fundamenta en una idea de distinción social que justifica los beneficios para los de arriba y los sacrificios para las de abajo… casi como una estratificación natural de la vida.

Este lamentable ejemplo nos muestra cómo los humanos necesitamos tan poco para establecer jerarquías sociales, y de las jerarquías pasar rápidamente a la asignación de méritos para asignar beneficios o excluir del goce de beneficios, todo fundamentado en esa pirámide imaginaria que nos muestra capas de seres humanos esencialmente desiguales. Y como la imaginación es infinita, de la asignación de beneficios pasamos a la exclusión de derechos, en un rango que puede llegar con una facilidad sorprendente a la definición de quién tiene derecho a la vida y quién no

Afortunadamente el caso que hoy ocupa esta columna no llega a ser tan drástico. Estamos hablando del cumplimiento simple y llano de los derechos laborales de la gente trabajadora. Hace poco vimos a un dirigente de la poderosa Central Obrera Boliviana sugiriendo que el doble aguinaldo debería llegar a la clase trabajadora incluso si no se lograban las metas de crecimiento económico que hacen viable este beneficio. Me gustaría escucharlo defendiendo el derecho mínimo de las guarda-bocaminas a tener un aguinaldo y una vacación. No dos.

Si logramos un mínimo piso de derechos laborales, nuestra Bolivia será un país más equitativo. Necesitamos derribar las pirámides mentales que hacen valer distinto a los de piel más clara que a los de piel menos clara, que hacen que quienes tienen un poco más, puedan comprar los derechos a los que no acceden los que tienen un poco menos, y que hacen que quienes tienen un poquito de poder subordinen a los que no lo tienen. La mitad del problema está en nuestras mentes; allí es donde se construyen las pirámides imaginarias. La otra mitad, la mitad que se palpa y que se ve, la debe resolver el Estado.

Los resultados de la última encuesta de Ipsos, aplicada entre el 8 y el 23 de septiembre, muestran una consolidación de las tendencias que se manifestaron en julio y agosto. En la primera encuesta de esta misma compañía se reflejó que el presidente Evo Morales, candidato a la reelección por el  MAS, mantiene una cómoda posición en el primer lugar de las preferencias electorales a escala nacional y también en cada uno de los departamentos del país.

Los departamentos donde más cómoda podría ser la victoria masista, son Cochabamba, Potosí, Oruro y La Paz. Estas son las regiones en las que el MAS tiene mayor intención de voto, incluso superando el 60%. Mientras tanto, en Chuquisaca y Pando, el partido oficialista ha logrado un nivel interesante de intención de voto, superior al 50% en ambos casos.

En esta elección, la novedad ha sido el vuelco que ha dado Santa Cruz hacia el oficialismo, dado que hasta 2009 era uno de los más duros bastiones de la oposición a Morales. Ipsos destaca que, a septiembre de este año, el MAS lograría un 50% de intención de voto en ese departamento.

El margen de indeterminación, en ese sentido, es relativamente escaso y básicamente se circunscribe a aquellos departamentos en los que el oficialismo no ha logrado indicadores de preferencia electoral que se acerquen al 50%: nos referimos a Tarija y Beni.

En Tarija, la diferencia entre las oposiciones y el MAS es de 10 puntos porcentuales, con un 21% de indecisos; la situación en el Beni presenta una diferencia entre las oposiciones y el MAS de tres puntos porcentuales, con un 13% de indecisos. En otras palabras, aún se podría presenciar alguna sorpresa en estas dos regiones.

Por supuesto, el escenario regional en Tarija y Beni sería cualitativamente superior para una oposición de centro-derecha unida, pues la distribución de preferencias electorales entre Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina muestra signos de un comportamiento mutuamente excluyente entre ambos contendientes, de modo que incluso si las oposiciones de derecha pudieran captar dos tercios y el MAS un tercio de la votación de los indecisos, el efecto final sería, de todos modos, una primera mayoría para el candidato Morales.

Aunque el panorama podría cambiar a último momento, las condiciones actuales dan pie para suponer que el ingreso en competencia de varias oposiciones fragmentadas —particularmente, las oposiciones de centro derecha— ha disminuido sus posibilidades de posicionarse incluso en regiones que tradicionalmente eran opositoras. Esto tiene consecuencias y riesgos directos para la fortaleza de una bancada opositora en Asamblea Legislativa Plurinacional en la gestión 2015-2020.