El penoso caso del asambleísta golpeador de la ciudad de La Paz está a punto de convertirse en un pésimo precedente en la lucha contra la violencia a la mujer, alentando la impunidad y dejando en evidencia las fallas de nuestro sistema de justicia para implementar la Ley 348.

Recordemos que, en diciembre de 2015, el presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Marín Sandoval (MAS), fue denunciado por su propio correligionario Gustavo Torrico de haber agredido a su pareja. Las fotografías difundidas por los medios, de la afectada con la cara destrozada, impactaron a la ciudadanía. Unos días después, el asambleísta fue suspendido de sus funciones y posteriormente aprehendido por el Ministerio Público y derivado a celdas policiales. Durante el proceso se denunció que Marín Sandoval es un agresor reincidente.

Con todos estos antecedentes, nos sorprendió que en días pasados, la fiscal de Violencia Contra la Mujer, Karina Cuba, propiciara una audiencia de conciliación. Después emitió la resolución en la que tácitamente las partes conciliaron y la madre de la víctima retiró la denuncia. Posteriormente, la fiscal solicitó la extinción de la acción y el archivo de obrados. En un tiempo récord, la resolución de la fiscal Cuba fue homologada por el juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Enrique Morales, que dio lugar a la libertad de Sandoval. Así las cosas, el agresor ahora se dispone a solicitar su reincorporación en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz como si nada hubiera ocurrido.

En primer lugar, este caso nos demuestra que, en lugar de buscar la justicia, el Ministerio Público alienta la impunidad de delitos amparados en triquiñuelas jurídicas. De ninguna manera se puede extinguir una acción jurídica contra un delito de acción pública, menos aún propiciar una conciliación en un caso de violencia cuando el agresor es reincidente.

Por otra parte, demandamos que la Asamblea Departamental asuma una posición ética y no acepte la reincorporación de un personaje que públicamente burla las leyes nacionales. Si el Sr. Marín Sandoval asume nuevamente su posición como representante departamental, ¿podremos las mujeres confiar en que esta instancia defenderá nuestros derechos? Los índices de feminicidio que enfrentamos en el departamento merecen que nuestros representantes den una señal clara de lucha contra la violencia hacia las mujeres. La destitución del Sr. Marín de su puesto de representante es un imperativo para la legitimidad institucional de la Asamblea.

Recordemos que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene el control de la Asamblea de La Paz con 25 legisladores de 42 diputados departamentales; por tanto, también el partido debe asumir su responsabilidad en este caso. Sobre esto el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, sostuvo: “el hombre que golpea a una mujer es un delincuente y tiene que ir a la cárcel”. Por su parte y en su momento, diversos miembros de la propia Asamblea repudiaron ese hecho y afirmaron que no permitirán una autoridad con esos antecedentes. Esperemos que estas posiciones no hayan cambiado.

Luego de los ingratos hechos ocurridos en El Alto que involucran a Braulio Rocha, un dirigente social vinculado al MAS, y Wilmer Giovanny Sarzuri, excandidato a concejal del partido oficialista, demandamos una posición clara del partido de gobierno: ¿aceptará entre sus filas a un asambleísta golpeador de mujeres? Mañana lo sabremos.