Conmemoramos este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un país lleno de contradicciones. Lo único que no cambia son las cifras visibles de la violencia: cerca de 30.000 denuncias por violencia familiar o doméstica; más de 5.000 denuncias por violación, abuso deshonesto y estupro (de las cuales, 1.288 son cometidos en niños y niñas); 127 denuncias por acoso y violencia política y 105 feminicidios, cada vez con más crueldad y saña. Y detrás de estas cifras, miles de historias de impunidad en el sistema de justicia que desnudan que, en Bolivia, a pesar de todas las leyes favorables, las cosas no cambian y más bien empeoran.

Tratando de denunciar este recrudecimiento de la violencia contra las mujeres y demandando acción al Estado, las feministas volvimos a las calles, lugar de protesta que nunca debimos abandonar. Así, a pesar de la pandemia, diversos colectivos autoconvocados salieron a las calles en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro y El Alto. Con pañuelos lilas y verdes, miles de jóvenes portaban sus pancartas haciendo suyas las palabras de Vivir Quintana en su Canción sin miedo: Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo/ Si un día algún fulano te apaga los ojos/ Ya nada me calla, ya todo me sobra/ Si tocan a una, respondemos todas.

Los medios tradicionales no reflejaron la protesta, obnubilados por la muerte de Maradona. Fueron las redes sociales las que ampliaron la voz de miles de mujeres. Con la consigna «La Policía no me cuida/ me cuidan mis amigas» las marchas protestaban en las puertas de la Fiscalía, los Tribunales de Justicia y en la UTOP, instituciones símbolo de la falla estructural del Estado en la protección de la vida de las mujeres.

Y justo el 25N muere Maradona, provocando la primera contradicción. ¡Qué difícil es asumir que los ídolos de pueblo, los que emocionan multitudes, nuestros caudillos y líderes son casi siempre hijos saludables del patriarcado! Y las feministas argentinas tuvieron que preguntarse: ¿Se puede ser feminista y llorar a Diego Maradona? Recogemos las palabras de Natu Maderna en esa contradicción: “Maradona conmovió a un pueblo entero, ¿por qué los feminismos se van a alejar de un fenómeno que logró igualar a les argentines en una felicidad inconmensurable? Yo soy feminista, no busco ser perfectamente feminista (…) Maradona es un montón de cosas que no nos gustan…que no nos gustan de él y de un montón de hombres más. Problematizarlo solo en él, no tiene sentido alguno. La batalla está en otro lugar y la estamos dando”.

Y la segunda gran contradicción que nos golpea este 25N es la detención domiciliaria de un feminicida. El vocal de la Sala Penal dos, Willy Arias, que beneficia con detención domiciliaria a William Kushner Dávalos, quien el pasado septiembre había sido sentenciado a 30 años de presidio. Para acceder a ese beneficio, Kushner pagó una fianza de Bs 50.000 que podría ser utilizada, según Arias, para su recaptura. Es la tercera vez que el juez Arias beneficia con detención domiciliaria a un acusado de feminicidio. Lo hizo también en septiembre de este año con Cidal Ch., uno de los acusados por la muerte de la premilitar Carmen Rosa Mollo Ayllón, y en mayo, también determinó dar detención domiciliaria a Franklin Q. F., presunto autor de la muerte de Grisel C. P.

Así, el sistema de justicia continúa fallando a las mujeres y se presenta como el principal cómplice del patriarcado. Su mensaje reiterativo y pedagógico es que la violencia contra las mujeres no se castiga, pues frecuentemente el feminicida encuentra un juez que facilita la impunidad.

De qué más podemos hablar en estos días si no es de la pandemia global provocada por el coronavirus COVID-19. A la hora de escribir esta columna, la cifra mundial de personas contagiadas con la enfermedad ascendía a 250.000 casos en 169 países, y más de 10.000 fallecidos. Pero en los contextos de precarización generalizada como la latinoamericana, la cuarentena está generando tantas víctimas como el propio virus. Como toda crisis, las consecuencias golpean de manera distinta, según el nivel socioeconómico de las personas. En el caso de Bolivia, y sin menospreciar a los enfermos, podemos enumerar a las otras víctimas de este desastre.

Partimos por lo más obvio. Al declarar una cuarentena en Bolivia estamos pidiendo más sacrificio a quienes menos tienen. Nuestra economía, de acuerdo con datos de la OIT, tiene los indicadores más altos de la región en empleo informal, llegando al 83% de los trabajadores. Si bien la informalidad no es sinónimo de pobreza, estas personas, sin acceso a redes de protección social, son las que mayor vulnerabilidad enfrentan. Según estimaciones, 4 millones de personas en Bolivia forman parte de una familia donde si no se trabaja hoy, no se come mañana. Por ello, el control policial o militar de la cuarentena, con represión y violencia, viola los derechos humanos de la gente que sale a las calles no por irresponsabilidad, sino por sobrevivencia.

Un segundo colectivo de víctimas de la pandemia, incluso si gozan de buena salud, son los dueños de pequeños negocios. Para muchos de ellos, no contar con ingresos durante una quincena implica el riesgo de cerrar definitivamente su negocio que, además de sostener a su familia, brinda empleo a tres o cinco personas. “Si estoy sana, estaré aquí para atenderla”, me decía mi peluquera que ha perdido cerca del 60% de sus clientes. Los amigos y dueños de mi cafetería favorita han decidido suspender operaciones, porque las tres mesas que logran atender no justifican sus costos salariales. Seguramente recurrirán a un préstamo para pagar el alquiler de fin de mes y tendrán que pagar diferido a sus proveedores.

Por último, cabe mencionar los desafíos que las mujeres de Bolivia enfrentan con un incremento, si esto es posible, de las formas de violencia estructural que enfrentan. Las mujeres son las enfermeras en la primera línea de atención de casos de coronavirus, y el impacto que esto tiene en su salud física y emocional nadie lo considera. Las mujeres son quienes ocupan la mayor parte del trabajo informal, y la cuarentena las coloca en mayor riesgo de perder su precario ingreso.

Las mujeres son quienes asumen con mayor responsabilidad las cargas de cuidado que se incrementan en momentos de crisis, teniendo por ello que renunciar a puestos de trabajo y oportunidades de estudio, profundizando su precariedad. Si celebramos que cerca al 80% de los enfermos de coronavirus podrán recuperarse en sus casas, liberando con ello al sistema sanitario, ¿nos hemos preguntado quiénes serán sus cuidadoras y a qué costo? También son las mujeres quienes asumen la mayor carga de los hijos e hijas cuando las escuelas están cerradas, teniendo ellas que encargarse de las tareas para que no haya retrasos en la educación.

El Gobierno recomienda quedarse en casa y disfrutar de la familia, con una visión idílica de ese refugio contra el coronavirus. Sin embargo, se ha comprobado que la casa es el lugar más peligroso para las mujeres, quienes viviendo el encierro domiciliario obligado en entornos machistas se exponen aún más a situaciones de violencia exacerbada.

Nada de esto parece estar en la cabeza de quienes toman decisiones sobre las políticas públicas para enfrentar la pandemia, y solo parece ocuparles el cálculo del costo electoral de sus acciones pensadas en el corto plazo. Tenemos mucho que aprender de aquellos países que están enfrentando mejor la crisis, abriendo nuestras mentes más allá de consignas ideológicas.

Celebramos la presentación en días pasados del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, ya que pone en mesa el proyecto de país sobre el que podemos discutir en el próximo referéndum. Ya no se trata, como expresó el Presidente del Estado, de la definición de nuestro voto en torno al amor o desamor hacia él, sino en imaginar una propuesta de desarrollo y adscribirnos o no a ella. Esto sin duda cualificará una campaña que ha sido poco atractiva y vacilante desde ambos frentes.

Escuchar la exposición de la propuesta ya fue un ejercicio de disciplina y paciencia. El aparato comunicacional del Estado no se compadece suficientemente de su audiencia para buscar una forma pedagógica de difundir el plan, sin someternos a una danza de cifras y datos que dura horas y confunden al propio Presidente. Esperamos que en las próximas semanas contemos con una serie de material didáctico que nos permita conocer a profundidad las ideas y discutirlas.

Pero vayamos a la propuesta. Dos datos parecen encabezar un horizonte optimista de futuro: hasta 2020 se prevé un crecimiento económico del 5,8% que logrará disminuir la pobreza extrema a 9,5%. Los principales instrumentos para impulsar estas metas son la inversión estatal, sobre todo en infraestructura; la posible atracción de mayor inversión extranjera directa (IED); y el compromiso del sector privado que en este plan parece tener un protagonismo mayor.

En el campo social se prioriza la educación y la salud como una apuesta al capital humano que requiere la anhelada diversificación productiva. Sin embargo, todavía la propuesta se centra en el hardware y no lo suficiente en el software, cuyo análisis tanto se requiere. El gran ausente es un abordaje integral y renovado de la crisis en el sistema de justicia, así como una visión de resiliencia y sostenibilidad ambiental que son demandas sociales ya instauradas.  

El plan presenta una serie de indicadores macroeconómicos y sociales ambiciosos que dejan una gran interrogante sobre cómo alcanzarlos. En un contexto internacional de bajos precios de las materias primas y un desempeño triste de la productividad nacional, con muy poca diversificación y agregación de valor, los caminos para alcanzar la meta requieren de un liderazgo estatal potente.

La apuesta demanda una verdadera revolución institucional y voluntad política de los actores económicos, que en el actual contexto no se visibiliza. La energía de los sectores productivos y los territorios todavía parece estar concentrada en disputarse la torta del IDH que se imagina inagotable. Transmitir la visión del desarrollo propuesto y un sentido de responsabilidad compartida pueden ser los desafíos más grandes que enfrenta este plan, ya que no lo imagino sin la concurrencia de las entidades autonómicas subnacionales y los actores económicos privados.

Por otro lado, desde el Gobierno nacional este plan requiere de una batería de políticas sectoriales articuladas y una institucionalidad eficiente en la implementación. Todo esto acompañado de una voluntad de diálogo intersectorial con los actores del desarrollo que implica una transformación en la cultura de la gestión pública. ¿Será posible construir esta estatalidad en la próxima década? El desafío es grande y desde la sociedad tenemos mucho por discutir para, con base en lo planteado, construir en diálogo el desarrollo que queremos.

La semana pasada, el presidente Evo Morales anunciaba con júbilo el compromiso asumido por China de otorgarnos $us 7.000 millones en deuda. Inmediatamente este anuncio fue interpretado de dos maneras opuestas, según visiones sobre el endeudamiento externo. Por un lado, algunos celebraron la capacidad de endeudamiento del país, producto de su estabilidad económica y crecimiento sostenido, bajo la idea de que “cuando te va bien, más dinero te permite crecer y, por tanto, generar más dinero”. Otras voces, más desconfiadas de esa visión, se plantearon “si nuestro crecimiento económico está blindado como dicen, ¿para qué necesitamos prestarnos dinero?”. Ambas ideas han sido discutidas desde distintas voces que nos podrían ayudar a celebrar o criticar la reciente medida.

Asumamos que el fantasma del sobreendeudamiento heredado del periodo de las dictaduras todavía nos hace asumir una actitud conservadora. Recordemos que la crisis de la deuda en los años 80 alcanzó a un porcentaje de endeudamiento del 90% del PIB boliviano. La memoria de costosos créditos para construir elefantes blancos, sin ningún impacto en el crecimiento económico, nos obliga a recibir la información del aumento de deuda con extrema precaución. Para salir de esta crisis fueron determinantes los procesos de condonación de países pobres muy endeudados (HIPC) y la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (IADM), resultado de la movilización de la sociedad civil en diversos lugares del mundo. No queremos volver a someternos a los condicionamientos que estos procesos implican.

Algunos analistas nos alejan de esos tiempos, recordando que Bolivia tiene un buen soporte económico reflejado en sus Reservas Internacionales Netas, que nos permitiría una mejor capacidad de negociación de las condiciones de los créditos. Sin embargo, como en una familia, adquirir un crédito no solo depende de la posible capacidad de respaldo financiero y de pago, sino fundamentalmente del destino que se le da al crédito.

La información que tenemos es que la inversión propuesta al Eximbank (Banco de Importaciones y Exportaciones de China) está contenida en 11 proyectos que serían negociados individualmente, y necesariamente aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto nos permite entender que en los próximos meses podremos conocer una adecuada evaluación de la necesidad del endeudamiento y el destino de esos recursos, considerando que serán compromisos de pago con fondos públicos. Así, comprendemos que el monto revelado finalmente como de $us 7.500 millones no vendrá de una vez “en paquete”, sino dependiendo de la negociación de cada uno de los proyectos y la capacidad de ejecución. Permítanme afirmar en ese sentido que no me cabe duda que la integración caminera planteada es absolutamente estratégica; sin embargo, dudo mucho que la construcción de un estadio para los Juegos Odesur en Cochabamba tenga la misma prioridad.

Recordemos que el Art. 322 de la Constitución Política del Estado menciona que la estrategia de financiamiento del país con nuevos créditos debiera optar por las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y las condicionalidades que debemos comprender en cada uno de los proyectos propuestos. Esto implica que la sociedad civil boliviana tiene el desafío de poner atención al nuevo endeudamiento para poder discutir, proyecto a proyecto, la necesaria sostenibilidad y responsabilidad de nuestro endeudamiento.

En ese sentido, la Fundación Jubileo, en su nota de prensa Deuda externa en Bolivia, sostenibilidad y responsabilidad, nos plantea que es importante velar por mantener el nivel de sostenibilidad de deuda alcanzado por el país, y para ello es importante evaluar el impacto de los créditos, a través de un análisis de sostenibilidad de deuda con proyecciones que muestren el comportamiento previsto de los indicadores de deuda en su aporte al desarrollo.

La semana pasada hemos constatado que tres nuevas figuras políticas han tomado en serio su competencia para proyectarse en el futuro escenario político. Por un lado, Félix Patzi, acompañado de una folklórica representación del retorno de Túpac Katari, inicia sus funciones como gobernador del departamento de La Paz. A su vez, Soledad Chapetón, mostrando mano dura contra la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), inicia una flamante gestión en la Alcaldía de El Alto. Por último, Luis Revilla retorna al municipio de La Paz en segunda gestión, luego de la corta pero sentida pesadilla del gobierno transitorio de Omar Rocha. Los tres tienen ambiciones de proyectarse políticamente en el largo plazo en un territorio que hasta hace poco era dominado por el partido oficialista. La Paz, con una votación por la candidatura de Evo Morales del 69%, será un territorio difícil de conquistar. La propuesta de las tres candidaturas parece girar en torno a una gestión basada en la eficiencia administrativa.

Veamos los perfiles de los tres actores políticos. Félix Patzi nació en la provincia paceña de Aroma y reivindica su origen aymara. Sociólogo de profesión, fue ministro de Educación en 2006, en el primer gobierno de Evo Morales. Su proyecto político, Integración para el Cambio (IPC), tiene raíces muy cercanas al proyecto del MAS (él mismo proviene de estas filas), y tal vez su gran desafío es llegar a las ciudades con una propuesta indígena moderna y una interpretación menos folklórica de los valores, usos y costumbres de las comunidades ancestrales.

Por otra parte Soledad Chapetón ha irrumpido en la arena política con mucha fuerza y, a decir de muchos, no gracias a su partido político, Unidad Nacional (UN), sino más bien a pesar de él. Nacida en El Alto, de padres aymaras, estudió pedagogía en la Universidad Mayor de San Andrés. Esta warmi alcalde representa la nueva generación alteña que plantea “el Alto no es un problema, somos una oportunidad”. Su carrera política tiene como referencia su desempeño en la Asamblea Constituyente, además de su éxito en las elecciones de 2010, cuando sorprendió con un segundo lugar, muy cercano al candidato masista, Édgar Patana.  

Por último, la joven promesa del MSM, Luis Revilla, que ante el pésimo desempeño electoral de su partido ha continuado su carrera política bajo la sigla Sol.bo (Soberanía y libertad para Bolivia). Todavía está por verse si se trata de la continuidad del MSM bajo otro nombre o se inicia una nueva propuesta política del “ala” revillista del MSM. Este joven alcalde, nacido en La Paz, de profesión abogado, se enorgullece de haber liderado la “revolución administrativa y ética” que convirtió al municipio paceño en uno de los más eficientes de Bolivia.

Los tres han iniciado sus funciones con una señal muy clara: la única forma de competir con Evo Morales es demostrando eficiencia y transparencia en la gestión pública. Para ello han apostado a un equipo técnico, en su mayoría joven, que busca la profesionalización de la gestión pública. Frente a un partido de gobierno que muestra serias deficiencias en la administración estatal y que no ha logrado contar con ningún liderazgo que destaque por su gestión en las gobernaciones y municipios, los nuevos políticos apuntan a dejar de lado las figuras simbólicas y mostrar que la meritocracia puede ser nuevamente valorada. La ciudadanía luego de un largo periodo de despliegue simbólico, saluda este nuevo viraje de la política local y espera resultados concretos en su vida cotidiana.