Marín Sandoval, protagonista de un caso ejemplar de abuso de poder y de ejercicio de violencia de género, solicitó regresar a su curul como asambleísta departamental de La Paz, luego de pasar una corta temporada en la cárcel y conciliar judicialmente con su víctima. De ocurrir tal cosa, se sentaría nefasto precedente, pues el exasambleísta está inhabilitado por ley.
En efecto, los colectivos de mujeres se han manifestado en contra de que Sandoval regrese a la función pública, debido a que la Asamblea Departamental daría a la población el mensaje que un delito penado por ley puede quedar impune. De hecho, las movilizaciones de las mujeres exigen que Sandoval renuncie, respaldadas en la Constitución, en su juramento como autoridad y en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348). Esta norma penaliza toda forma de agresión a las mujeres debido a que en Bolivia la violencia en razón de género es una patología social, con consecuencias devastadoras para las mujeres que la sufren y, cuando se llega al extremo del feminicidio, para las familias de las asesinadas.
El caso de Marín no es el único. Lamentablemente, la violencia contra las mujeres aún es parte estructural de la cultura de manejo de poder en algunos segmentos de la sociedad, tanto en el ámbito público como en el privado. Cotidianamente se informa de casos de maltrato y abuso en contra de las mujeres. Solo en los dos primeros meses de este año se han cometido una veintena de feminicidios; la relación estadística entre crímenes cometidos y responsables efectivamente encarcelados señala una ruta con alta probabilidad de escape para los agresores, a la vez que muestran un calvario para las familias de las víctimas: hasta la primera semana de diciembre de 2015 se registraron 93 casos de feminicidio, pero solo tres causas abiertas tenían sentencia condenatoria.
En el campo político hay espacios en los que el hecho de que una mujer sea una figura política se ha vuelto un factor de riesgo; ejemplo lamentable de ello es el caso de la concejala Juana Quispe, asesinada hace varios años. Su calvario empezó el momento mismo en el que fue posesionada, pues sus rivales promovieron su desconocimiento mediante las organizaciones sociales y, finalmente, su suspensión. Quispe pudo retomar su curul, pero fue asesinada poco tiempo después. La anterior semana, los imputados en el caso fueron liberados.
A tres años de la Ley 348, una evaluación de su aplicación muestra serias falencias en el sistema judicial y en la Policía; pero más aún, se puede observar que la violencia hacia la mujer es un problema que proviene de una tolerancia basada en factores culturales que es necesario enfrentar con firmeza. La voluntad política que muchas autoridades dicen tener para solucionar el tema aún no se ha manifestado en acciones concretas.