La economía nacional no está blindada, pero dispone de ciertas circunstancias que proporcionan algún tiempo para deliberar sobre las respuestas racionales a la crisis. Menciono en primer lugar el monto excepcional de las reservas internacionales; en segundo lugar, la informalidad del mercado laboral; y por último, la opinión pública profesional que se expresa regularmente en los medios de prensa. Cada uno de estos aspectos repercute de manera diferenciada sobre las decisiones de las autoridades gubernamentales, por un lado, y respecto de las conductas inmediatas y expectativas a mediano plazo de los agentes económicos, por otro.
A los efectos de interpretar la naturaleza de la presente coyuntura es preciso hacer referencia también a las principales vulnerabilidades de la economía. Entre ellas destaca sin duda la elevada dependencia de las exportaciones de hidrocarburos, minerales y productos agroindustriales, que se traduce en una enorme volatilidad de los términos del intercambio. Estos tres componentes primordiales de la canasta de exportaciones generaron en efecto un monto inédito de divisas mientras duró el ciclo favorable de precios internacionales. Cuando se revierte dicho ciclo, caen los precios internacionales de las materias primas y el valor de nuestras exportaciones se derrumba en una magnitud inédita de 30% en un solo año. El monto de las reservas acumuladas en la fase previa de bonanza externa es tan grande que una disminución superior al 10% no se considera todavía preocupante. En consecuencia, las autoridades han optado por usar las reservas como soporte de un ambicioso plan de inversiones públicas.
En lo que hace al segmento informal de la economía, conviene hacer notar que en los 10 años pasados las actividades que lo caracterizan se han ampliado notablemente en términos sectoriales y regionales, se han entrelazado con los circuitos ilegales de la economía, y se han convertido en un sector que demanda más divisas de las que genera, si se excluye el narcotráfico.
En su origen, la informalidad expresaba la insuficiencia de las inversiones reproductivas, capaces de proporcionar empleo a la fuerza de trabajo que se añadía año tras año a los mercados de trabajo urbanos, como consecuencia del crecimiento demográfico y asimismo debido a la creciente migración del campo a las ciudades. Con el paso del tiempo, la informalidad ha pasado de ser un problema económico a resolver mediante la transformación productiva, a ser un factor de la mayor importancia en términos sociales y, sobre todo, en el cálculo político-electoral. En consecuencia, lejos de generar autónomamente sus ocupaciones e ingresos como ocurría en alguna medida en el pasado, ahora las actividades informales se han convertido en importantes demandantes de recursos económicos, servicios públicos y favores gubernamentales. En el ciclo previo de bonanza externa, la afluencia de divisas y el aumento espectacular de los ingresos fiscales permitió atender sus demandas reales e inventadas mediante la redistribución directa que trae consigo lealtades clientelares. La posibilidad de negociar por sectores tendría que contribuir a distensionar el ambiente.
Todos estos temas son materia de debate y controversia entre los profesionales que hacen pública su opinión desde diversas perspectivas ideológicas. En lugar de embestir contra ellos, las autoridades gubernamentales tendrían que examinar con seriedad los argumentos que han colocado a debate, aunque solo fuera porque su única coincidencia consiste en que nadie propone medidas traumáticas, y recomiendan, en cambio, un programa gradual de ajustes y correctivos. Diferentes en todo lo demás, contribuyen en conjunto a apaciguar los espíritus para que el viraje necesario disponga del tiempo político necesario para una auténtica reflexión colectiva.